El nuevo caso de abuso policial del puente Pío Nono, donde un menor de edad fue empujado por un efectivo policial al río Mapocho, ahondó los problemas de legitimidad de Carabineros, cuya imagen sigue deteriorándose. Así lo dejó en evidencia una nueva encuesta del Monitor de Seguridad de la Fundación Chile 21, que reveló que la desaprobación a la institución llegó a un peak de 62%, la cifra más alta desde el inicio de esta medición mensual.

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El sondeo reveló además que un 38% considera que Carabineros de Chile actúa en forma autónoma del Poder Ejecutivo, es decir, toman sus propias decisiones sin consultar a las autoridades civiles de Gobierno.

Consultado al respecto, Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, dijo que “el deterioro de Carabineros va en aumento y se encuentran al borde del precipicio. Lamentablemente ya no basta con una reforma para impedirlo. La responsabilidad de esta situación es del Gobierno y es este el que tiene la oportunidad volver a gobernar la seguridad y el futuro de la institución antes que sea demasiado tarde”.

El sondeo se conoce en momentos en que la presión opositora para la salida de Mario Rozas va in crescendo, y a esto se suma la acusación constitucional interpuesta en la Cámara de Diputados contra el ministro del Víctor Pérez, precisamente por su falta de control sobre la institución policial.

En ese sentido, Vergara se preguntó “¿hasta cuándo el Gobierno espera que la situación empeore para hacer algo? Pero lo que se debe clarificar sobre todo es si está o no dispuesto a seguir sacrificando la integridad de las personas e incluso el plebiscito con su inacción”.

Hasta la fecha, las únicas acciones concretas emprendidas por el Gobierno han sido convocar este viernes a la Comisión Nacional de Reforma de Carabineros, instalada en marzo y que hasta la fecha no había tenido ningún avance. «Llegó el momento de tomarnos en serio y ser consecuente con lo que la gente nos está pidiendo», dijo tras la cita el Presidente Sebastián Piñera, quien aprovechó de pedirle «encarecidamente» al Congreso que acelere la puesta en marcha de las iniciativas tendiente a reformar Carabineros, en un intento de traspasar la responsabilidad al Legislativo.

El emplazamiento de Piñera fue calificado como “francamente insólito” por Vergara, sobre todo considerando que “no hay reforma”. “Vuelve a perder una oportunidad. Todo sigue igual, en el mes más conflictivo que podamos tener”.

Plebiscito y 18-O

El contexto hace urgente avanzar en una reforma, advierte Vergara, al indicar que “octubre está siendo un mes decisivo para la seguridad en Chile y particularmente para el futuro de la relación que el Estado por medio de los policías tiene con la ciudadanía. Casi la totalidad de las personas creen que para el aniversario del estallido social que se aproxima tendremos incidentes, e incluso más de la mitad cree que los tendremos también para el plebiscito”.

En este sentido, un 52% considera que Carabineros no está mejor preparado para enfrentar la eventual reactivación de la protesta social de cara al primer aniversario del estallido social el próximo 18 de octubre, lo que contrasta con lo declarado reiteradamente por el Gobierno y por la misma institución.

En ese contexto, un 90% considera que el aniversario del estallido social se desarrollará con algún grado de incidentes y un 27% asegura que serán de “extrema gravedad”.

En tanto, sobre el plebiscito del 25 de octubre, el 57% asegura que se desarrollará con incidentes. Sin embargo, respecto a la medición pasada esta sensación baja 9 puntos de 66%.

Otros datos

En esta misma línea, gran parte de los consultados percibe que las policías discriminan según clase social (70%), que las policías son ineficaces en el control del narcotráfico (62%), y que Carabineros es ineficaz en la lucha contra el crimen y la protección de la población contra la inseguridad (61%).

Asimismo, la encuesta revela que pese a la implementación del plan cuadrante, 77% de la población opina que la policía uniformada no se coordina nunca o casi nunca con los vecinos de su barrio.

*Fuente: El Mostrador

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Pero sin duda su mayor dedicación la tuvo en Haití, con varias estadías en dicho país en el marco de la ONU. Fue allí, cuando trabajando en las oficinas centrales en Puerto Príncipe, en un edificio que había sido previamente un hotel, aquel se desplomó cobrando numerosas vidas, entre ellas la de Andrea. Tuve la suerte de conocerla y de poder valorar sus profundos sentimientos humanitarios; amén de su simpatía, inteligencia y excelencia profesional. Más dolorosa fue su partida siendo tan temprana, a sus 44 años. Entre otras funciones, recuerdo particularmente que ella trabajó mucho tiempo en la capacitación en derechos humanos de la policía haitiana, labor crucial para esperar una evolución positiva del respeto de los derechos fundamentales de la población.

Notablemente, el decenio de su temprana partida coincide con la revelación de graves violaciones de los derechos de la mujer y de las niñas cometidas a lo largo de varios años por militares miembros de la “Misión de la ONU para la Estabilización de Haití” (Minustah). Ellas consistieron en centenares de estupros, efectuados a cambio de alimentos o pagos para haitianas muy pobres y que dejaron multitud de embarazos y niños abandonados. E involucran particularmente a militares brasileños, uruguayos y chilenos; de acuerdo a un estudio académico dirigido por Sabine Lee (Universidad de Birmingham) y Susan Bartels (Universidad de Queen, en Canadá), y cuya reseña fue publicada por “The Washington Post” y “The New York Times”.

En concreto, los casos de niños generados por estupros cometidos por militares chilenos serían 20, lo que todavía no es posible de confirmar dado que faltan los análisis de ADN correspondientes, los que –de acuerdo al informe- ¡habrían sido negados por la propia ONU! No hay duda que Andrea Loi sería hoy la primera en movilizarse para aclarar este escándalo que compromete el honor de la misma ONU; y de las instituciones armadas y de los países involucrados; entre ellos, obviamente, el del Ejército chileno y de nuestro propio país. Andrea, por su compromiso con los derechos humanos y como mujer, tenía una especial sensibilidad por las violaciones y abusos cometidos en contra de mujeres, niñas y niños.

Esperemos que las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos se movilicen como corresponde a un caso de esta gravedad. Y que también lo hagan los gobiernos y parlamentos del mundo; particularmente los que tienen nacionales implicados en estos delitos, incluyendo –por cierto- los de nuestro país. Es digno de encomio, en este sentido, la iniciativa ya expresada  por el diputado Jaime Naranjo de solicitar la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para abordar esta materia. Y dada la vergonzosa actitud que ha tenido –de acuerdo al informe- la propia ONU, sería fundamental que nuestro gobierno, parlamento, fuerzas políticas y ONG de derechos humanos le soliciten también a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que haga que la organización mundial enmiende aquella aberrante conducta y, no solo permita, sino que encabece una acuciosa investigación en la materia y persiga todos los eventuales delitos cometidos. Con ello, además de cumplir con nuestro deber, estaríamos honrando especialmente la memoria de Andrea.

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Como parte de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos, la articulación “Memorias de Rebeldías Feministas” invita a la comunidad a participar el próximo sábado 14 de diciembre de un encuentro que contará con música y teatro, instancia en la cual se reparará la pieza memorial instalada en septiembre de este año que fue recientemente atacada.

“No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, ni tranZamos”. Esta es una de las consignas desplegadas por la articulación “Memorias de Rebeldías Feministas”, instancia que conmemorará el próximo sábado 14 de diciembre un nuevo Día Internacional de los Derechos Humanos, esta vez con la reconstrucción de una pieza memorial ubicada en el ex centro de tortura “Venda Sexy”.

Instalada en septiembre de este año, parte de la “baldosa por la memoria” fue destruida por desconocidos, por lo cual las integrantes de esta organización, entre las que se encuentran mujeres sobrevivientes de este recinto, realizarán su reparación e instalarán otras piezas de memoria.

“Resistiremos, tal como hemos resistido la violencia patriarcal expresada mediante la violencia política sexual. Lo hicimos en dictadura, en la mal llamada democracia y en el estado represivo que vivimos actualmente”, indicaron las organizadoras de la actividad, quienes convocaron a la comunidad a sumarse llevando flores y velas y otras creaciones dedicadas a recordar y homenajear a las caídas y sobrevivientes de dicho lugar.

El encuentro, que comenzará a las 18:30 hrs., contará con la participación de la Orquesta de Mujeres, así como una presentación escénica de la Colectiva La Jauría.

EVENTO EN FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/431526577739668/

CONTACTO DE PRENSA

Francisca Palma +56 9 8911 8501

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Para entender el texto recitado por las muchachas, es necesario decir que en el himno oficial del Cuerpo de Carabineros de Chile, en su 5. estrofa dice:

«Duerme tranquila, niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
que por tu sueño dulce y sonriente
vela tu amante carabinero.»

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https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas

Chile: Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas. Uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes; graves abusos en detención

(Santiago, Chile, 26 de noviembre de 2019) – Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch se reunió con el Presidente Sebastián Piñera el 26 de noviembre para hacerle entrega de un informe que incluye evidencia sólida de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes y recomendaciones orientadas a prevenir abusos de Carabineros y a fortalecer sus mecanismos de supervisión. Desde que comenzaron las manifestaciones y hasta el 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Ministerio Público 442 querellas en representación de víctimas de presuntas lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad.

“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”.

Las protestas comenzaron como una reacción frente al aumento en las tarifas del transporte público y han continuado durante más de un mes, reflejando un descontento masivo por profundas deficiencias en los servicios públicos y la desigualdad económica.

El 18 de octubre, el Presidente Piñera declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, desplegando a los militares para asegurar su cumplimiento. El estado de emergencia, que incluyó un toque de queda y restringió la libertad de circulación, fue levantado el 28 de octubre. Si bien la mayoría de los manifestantes actuaron de manera pacífica, algunos grupos cometieron graves actos de violencia, como ataques a carabineros y a comisarias con piedras y bombas Molotov, saqueos y quema de bienes públicos y privados. El 21 de noviembre, la Dirección General de Carabineros indicó que más de 1.896 agentes resultaron heridos entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre, y que cerca de 127 de estos presentaban lesiones graves.

Human Rights Watch entrevistó a más de 70 personas en Santiago y Valparaíso en noviembre. Algunas víctimas fueron heridas por perdigones disparados por escopetas o por el impacto directo de cartuchos de gases lacrimógenos disparados con armas antidisturbios; otras señalaron haber sufrido abusos policiales en las calles o en comisarías. Human Rights Watch también entrevistó a carabineros, algunos de los cuales habían sido heridos por manifestantes, así como también a médicos, abogados, académicos, representantes de la sociedad civil y altas autoridades, incluidos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros, y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y Justicia.

Human Rights Watch recabó pruebas consistentes que Carabineros utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no. Los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 11.564 personas heridas relacionadas a las manifestaciones entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre, informó a Human Rights Watch el Ministerio de Salud. De estas, más de 1.100 presentaban lesiones moderadas o graves.

Una cuestión particularmente alarmante es el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto, indicó Human Rights Watch. La escopeta antidisturbios causó más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses.

El 19 de noviembre, Carabineros suspendió en forma provisoria el uso de escopetas antidisturbios durante manifestaciones, mientras no se determine la composición de los perdigones. Debido a la falta de precisión propia de estas armas, su impacto indiscriminado y las pruebas de las graves lesiones que han causado, su uso debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias, hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan, sotuvo Human Rights Watch.
Miembros de Carabineros también golpearon ferozmente a manifestantes, dispararon con municiones llamadas “bean bag” (que consisten en perdigones de plomo dentro de una bolsa de tela) o con cartuchos de gases lacrimógenos dirigidos directamente a los manifestantes, y atropellaron a algunos con vehículos o motocicletas oficiales.

La Fiscalía Nacional está investigando 26 muertes. Entre ellas está el caso de un manifestante que murió después de presuntamente recibir una golpiza de carabineros en la calle, tres personas que habrían recibido disparos letales con armas de fuego por militares y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de Marina, según información de la Fiscalía Nacional.

Personal médico indicó que un manifestante con una afección cardíaca murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo. La Fiscalía Nacional también está investigando la muerte de dos hombres bajo custodia de carabineros, que actualmente consideran suicidios.

Human Rights Watch tomó conocimiento de al menos otras 18 personas que murieron en incendios durante los saqueos, fueron atropelladas por vehículos particulares durante las manifestaciones, o murieron por otras causas sin que haya pruebas, hasta el momento, de que estuvieran implicados agentes del Estado.
Carabineros detuvo a más de 15.000 personas y cometió abusos contra algunas de ellas.

De las 442 querellas presentadas por el INDH en representación de víctimas de abusos, 341 se refieren a señalamientos de torturas y trato inhumano, y 74 a denuncias de abusos sexuales. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente por carabineros. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamientos se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo de 2019 pero todavía ocurre, y ocurría incluso antes de las manifestaciones.

Los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch. Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa.

Los abusos durante el período de detención y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros, que ya existían antes de las manifestaciones del último mes, observó Human Rights Watch.

Para más información sobre las recomendaciones de Human Rights Watch y sus hallazgos, ver abajo: Chile – Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas

Reformas recomendadas

• Revisar las facultades de detención por control de identidad de los carabineros para que haya garantías contra el uso arbitrario de la facultad de interceptar y detener personas, y que haya rendición de cuentas por su uso;
• Asegurar que existan mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros;
• Reformar el sistema de disciplina de Carabineros para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada, y cerciorarse de que el personal que trabaja en asuntos internos no tenga que trabajar con aquellos a quienes ha investigado o sancionado, ni quedar subordinado a ellos;
• Adoptar un protocolo junto con las autoridades de salud para que los detenidos sean sometidos a revisiones forenses independientes, que no se realicen frente a carabineros y ocurran a una distancia en la que no puedan ser escuchados;
• Hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica;
• Instalar cámaras en todas las áreas de todas las comisarías, tomando medidas para garantizar la privacidad de los detenidos, y establecer un sistema de almacenamiento de grabaciones que pueda ser empleado por autoridades judiciales o de otro tipo;
• Suspender cualquier uso de perdigones —no solo durante manifestaciones— hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos;
• Estudiar el uso de equipos menos letales alternativos que minimicen las lesiones;
• Reforzar el entrenamiento de todos los carabineros relacionado con armas menos letales para el control de manifestaciones, incluidas las Fuerzas Especiales, entre otras; y
• Cerciorarse de que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra.

Además, el Ministerio Público y la Defensoría Pública deberían monitorear de cerca y regularmente el papel de Carabineros, por ejemplo, instruyéndoles a fiscales y defensores que inspeccionen periódicamente las comisarías y entrevisten a los detenidos.

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