PRESENTACIÓN

En noviembre del pasado año, ante el escaso interés de la ‘élite política’ de tratar el tema de la seguridad ciudadana y el crecimiento exponencial de la delincuencia, advertimos la necesidad de impulsar la reforma a la policía uniformada. Pero eso era ya imposible. Por eso, señalamos:

“La reforma (o refundación, en su caso) de la fuerza pública (policía, tanto uniformada como civil) —que constituía una de las materias prioritarias del sexto gobierno de la Concertación—, parece haber sido convenientemente archivada”[1].

Por lo demás, nuestra intención no era sino recordar a la coalición gobernante que era aquella una materia contemplada en el Programa de Gobierno del Frente Amplio, cuyo texto incorporaba, como tarea importante para la nueva administraciòn, lo que pasó a denominarse “seguridad ciudadana, persecución del delito y refundación de carabineros”[2].

Pero eso no sucedió en los meses siguientes. Y si así ya ha ocurrido, tampoco parece que vaya a ser de manera diferente en los que se aproximan. No habrá reforma a Carabineros ni, mucho menos, refundación de esa institución. Será otra de las promesas incumplidas del Programa de Gobierno de la coalición Apruebo Dignidad. Es más: creemos nosotros que el frenesí legislativo, característico de la fase política actual, pondrá punto final al debate con la aprobación de los proyectos de ley que hace un tiempo atrás presentó la oposición.

Podemos indicar, a modo de premisa previa, que el sexto gobierno de la Concertación se encuentra en extremo debilitado y, en cierta medida, a merced de la representación política natural de las clases y fracciones de clase dominante. Puede ello deberse a múltiples causas, entre otras, a una estrategia política. Incluso, al temor.

“Pude ser que lo sucedido a Salvador Allende haya inhibido a quienes después de Pinochet gobernaron en el constante miedo a que los militares abortaran su gestión, dejando de realizar un cúmulo inmenso de compromisos asumidos ante el pueblo”[3].

Cualquiera sea la razón, es eso lo que ha hecho convertir una tragedia —como lo ha sido el alevoso crimen perpetrado por la delincuencia en la persona de la suboficial mayor de Carabineros Rita Olivares—, en una suerte de trampolín para ciertos sujetos inescrupulosos que desempeñan cargos de representación en algunas instituciones del Estado y, de esa manera, acceder a mejores posiciones políticas[4]. Esta conducta no es sorprendente; por el contrario, ha pasado a formar casi parte integrante del comportamiento de la ‘élite política’ nacional, ejemplo de lo cual es ese

“[…] alcalde (que) abandona su lugar de trabajo para ir a figurar en un funeral en Quilpué”[5].

Para colmos, Chile vive, sin exagerar, una verdadera apoteosis parlamentaria y la referida ‘élite’ no parece haber experimentado mejores tiempos que éstos: en el horizonte no se vislumbra nubarrón alguno que pueda amenazarla. Puede, en consecuencia, continuar haciendo barbaridades. Un analista se pregunta si acaso ha existido un Parlamento más deplorable e inepto que el actual[6].

No deja de ser lamentable que ningún sindicato o Federación de Sindicatos (para qué hablar de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile), se pronuncie sobre el futuro de la nación; ninguna de esas organizaciones anuncia huelga alguna en apoyo a las reivindicaciones de sus asociados ni, mucho menos, pone en tela de juicio al sistema vigente. Los movimientos sociales están solos y tremendamente disminuidos. La situación es en extremo favorable para el imperio absoluto de los sectores dominantes. Y para toda clase de maquinaciones palaciegas. Así, no debe extrañar que suceda lo que sucede.

LAS PREOCUPACIONES DE LA ‘ÉLITE POLÍTICA’

En consecuencia, el campo está igualmente propicio para que la ‘elite política’ se fortalezca y llegue a acuerdos consigo misma sobre seguridad ciudadana, sin considerar para nada a los sectores populares, como hasta ahora ha sucedido. De hecho, así está ocurriendo y volverá a ocurrir. Porque su seguridad es directamente proporcional al aumento o disminución de las facultades y recursos que ha de brindarle el Estado a la policía uniformada para la persecución de los delitos y de los delincuentes. Así se dice. Y como la representación política natural de los sectores dominantes ha sido siempre partidaria de aplicar la violencia institucional a la comisión de los delitos, impulsará cualquier iniciativa que se oriente a esa finalidad. La propondrá, o la desarchivará, si ésta se encuentra durmiendo en alguno de los rincones del Parlamento. Como ya lo ha hecho con los proyectos de ley Naín y Retamal. Por eso, los ha refundido en un solo texto y, de esa manera, agiliza sus trámites legislativos.

El Gobierno no está en contra de esa iniciativa, lo que es grave. Solamente intenta poner límites a la facultad de ejercer la ‘legítima defensa privilegiada’— para los uniformados que usen su arma de servicio en determinadas circunstancias—, y propone, en apoyo a sus pretensiones, que, en caso de existir trasgresión a los derechos humanos, puede emplearse para el resguardo de la policía uniformada un texto similar al que existe para las FFAA en el Código de Justicia Militar impidiendo su remoción, suspensión de sueldo y uso de su arma de servicio para quienes han sido acusados de uso excesivo de la fuerza contra la población. En eso parece consistir la manida ‘refundación’ prometida en el Programa de 2021.

Eso es lo que se presenta ante la opinión pública; pero a nosotros nos parece que el núcleo del problema no radica en tales discursos.

UNA CURIOSA CONCEPCIÓN DE ‘DELITO’

En las conclusiones que ha hecho pública la ‘élite política’, el concepto de ‘delito’ aparece como categoría universal. Es decir, como si los elementos que lo componen fuesen todos de la misma clase. Del mismo modo, delito y delincuente aparecen considerados en un mismo plano, como pertenecientes a una sola tipología.

De esa manera, delito y delincuente aparecen como conceptos execrables, aborrecibles en todo sentido, además de considerarse a sus perpetradores en el carácter de acreedores a toda sanción. De lo cual se colige que la fuerza pública debería contar con toda la potestad requerida para reprimir esos actos.

La doctrina nos enseña, no obstante, que los delitos no son iguales. Ni siquiera similares; tampoco los delincuentes. Como todo lo que existe en la naturaleza, la realidad es más rica en matices que una mera presunción de la representación política natural de las clases y fracciones de clase dominantes.

Por eso, podemos empezar estableciendo la primera gran división entre delitos comunes y delitos políticos para concluir que los delitos comunes son aquellos que se cometen en contra de las personas o de las cosas; los delitos políticos son, aunque parezca de Perogrullo, aquellos que se perpetran por razones o motivaciones políticas. Detengámonos en esta parte, porque lo que de aquí se desprende no es por simple casualidad.

EL INTERÉS DE LAS CLASES Y FRACCIONES DE CLASE DOMINANTES

El delito político, a pesar del reconocimiento que la doctrina hace de su existencia, es una piedra en el zapato del Estado. Implica reconocer que quien busca su transformación o la alteración de su naturaleza no es una persona a quien se puede asimilar al que mata o roba. Es un personaje que tiene intereses superiores. Y puesto que ningún Estado tiene vocación suicida, la tendencia que presentan todos ellos es a no reconocer la existencia de los delitos políticos.

Por lo mismo, también al Estado chileno le conviene que exista, siempre, la posibilidad de aplicar una sanción a quien osa violar su ordenamiento. Y, más, aún: que ese ordenamiento jurídico no tipifique esa conducta como ‘política’ sino en el carácter de ‘común’, a fin de asimilarla a las demás transgresiones y, de esa manera, aplicarle un tratamiento similar al que se le da al delincuente común. Se infiere, de lo expuesto, que puede el Estado usar la fuerza pública en contra de un concepto genérico —‘delincuente’—, sin importarle si el acto cometido es o no de naturaleza política. Porque el delito político se asimila al delito común.

La ‘élite política’, en consecuencia, tiene un interés específico: que el ‘delito político’, en modo alguno, sea considerado en el ordenamiento jurídico. El ‘delito político’ debe quedar fuera de aquel, a fin de considerar ‘delincuentes’ a todos los que trasgreden el orden establecido: todos deben ser ‘delincuentes’. Todos han de tener igual tratamiento. De esa manera, la fuerza pública puede ser enviada a reprimir cualquier intento de hacer pública una protesta social. ¿Afirmación osada? No. No lo es. Así lo expresa abiertamente una columnista cuando señala que la «legítima defensa privilegiada», es una

“[…] figura que molesta a quienes utilizan la violencia como un modo válido de hacer política”.
Chile no aguanta más violencia y necesita orden, esperemos que la agenda de seguridad sea la unión que el país necesita, esa unión sensata que aísle a quienes no quieren la paz, que aísle a esos que no son democráticos, ya que nadie que valide la violencia puede jactarse de serlo[7]. 

 Y, como lo señala más directamente otro analista:

“[…] esta es una ley pensada para reprimir movilizaciones y protestas sociales. Es una ley pensada para asegurar impunidad a los miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad que cometen atentados graves contra los derechos humanos de los manifestantes. Es una ley completamente innecesaria porque cuando existen las circunstancias de hecho que permiten afirmar la legítima defensa, no hay obstáculo alguno para la absolución del imputado”[8].

Así, el problema que se discute no es la simple delincuencia sino la ‘delincuencia política’. Y puesto que no puede reconocérsela como tal, no se la nombra. Se la ignora.

Por lo mismo, las odiosas y continuas referencias al ‘Matapacos’, al octubrismo (del que me siento parte), y a los carabineros que fueron heridos durante las protestas, muestran la inequívoca y perseverante intención de los sectores dominantes de fortalecer al máximo las instituciones policiales con la aviesa intencionalidad de volver a emplearlas cuando sientan amenazado su modo de vida.

La senadora Yasna Provoste también advirtió ese hecho poco antes de la votación en el Senado. Por ello señaló:

“La tramitación de este proyecto se ha hecho sin expertos, sin organizaciones de derechos humanos, sin las policías y esto es muy curioso porque se dice que es un proyecto que busca protegerlos, pero nosotros estamos convencidos de que es un mal proyecto en materia de derechos humanos, va a amparar la impunidad y es un mal proyecto respecto del propósito de proteger a las policías”[9].

 EL ROL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El delito político, ignorado como tal por la legislación positiva, integra hoy, en la práctica, la categoría de los delitos comunes. No por otro motivo, quienes han incurrido en la comisión de este tipo de transgresiones, se ven obligados, en no pocas oportunidades, a hacer largas huelgas de hambre orientadas a lograr que se les reconozca su calidad de ‘presos políticos’. En esa situación, el concepto de derechos humanos se ha convertido en el más óptimo de los salvavidas para quienes cometen delitos políticos. Por lo mismo, la Iglesia Católica, consciente de este hecho, no ha vacilado en reconocer a los derechos humanos, a través de su organización ‘Fundalatin’, como “los derechos de los oprimidos”[10].

Los derechos humanos son rechazados por las clases dominantes, precisamente, porque quien los invoca se encuentra reducido a una condición tal que le ha sido menester reclamar por su calidad de ser humano frente a quienes tienen la plenitud de los derechos y, por lo mismo, dominan en la sociedad.

CONCLUSIÓN

La discusión que realiza la ‘elite política’ no es pertinente. Pero, sí, retrata en forma fidedigna lo que es esa ‘elite’ y sus instituciones. Muestra la abismante indigencia intelectual de gran parte de los miembros del Congreso, la misérrima condición en que se encuentran los partidos políticos cuya militancia, a febrero del presente año no se elevaba por sobre las 433 mil personas, de las cuales, aproximadamente y si somos generosos, un 10% participa activamente en política. Puede, así, señalarse que 43 mil personas (probablemente, menos) determinan el destino de 14 millones de votantes, deciden por ellos lo que han de hacer, lo que les conviene y lo que no les conviene. Hoy, disponen que la fuerza pública tenga la facultad de disparar contra quien protesta sin que nada ni nadie pueda impedírselo; y disponen la naturaleza de la constitución que conviene al sector mayoritario de la población sin preocuparse de las sanciones que puedan aplicarles los organismos internacionales por violar acuerdos que el mismo Estado ha suscrito. Fantástico. Como debe ser una democracia perfecta.

¿Ignorancia? ¿Conveniencia? Creemos que ambas cosas, a la vez. Si, suponemos aquello; porque el Parlamento es, de por sí, incompetente. Y puede actuar impunemente cuando un gobierno aterrado se comporta como hasta ahora lo ha hecho este sexto gobierno de la Concertación. Un gobierno con crisis de pánico. Una coalición que repta sigilosamente, atemorizada, cuidando no hacer ruido para no molestar a la oposición. No por algo ha señalado, al respecto, otro analista:

“La ciudad pánico sirve para justificar el populismo penal de la elite y mostrar unanimidad en torno a una voluntad política de gobernanza de la seguridad, que en realidad no se tiene. Porque nada de lo que se está decidiendo de manera apresurada apunta a las grandes falencias institucionales y claridad de objetivos compartidos. Culpa no es lo mismo que responsabilidad, y el problema es que nadie se siente responsable del punto de inseguridad estratégica y humana en que se encuentra el país.
Así, Chile está viviendo la teoría del vaso roto. ¿Quién lo quebró? Nadie. Se quebró solo. O sea, el animismo factual de una elite política incompetente y sin sentido de responsabilidad por lo actuado”[11].

Santiago, abril de 2023

Human Rights Watch: Llamado urgente a una reforma policial tras las protestas

Notas:

[1] Acuña, Manuel: “Enfrentando una reforma policial”, artículo publicado en noviembre de 2022.

[2] Véase el Programa de Gobierno del Frente Amplio, disponible en INTERNET, páginas 212 a la 218.

[3] Cárdenas, Juan Pablo: “¿Obedecer ciegamente al pueblo?”, ‘El Clarín’, 04 de abril de 2023.

[4] Neira, Cristián: Carter arriba a funeral de sargento Rita Olivares en Quilpué y recibe críticas”, El Desconcierto, 27 de marzo de 2023

[5] Celis Vilchez, Esteban: “Ley Naín-Retamal: una locura pandémica”, ‘El Desconcierto’, 05 de abril de 2023.

[6] Véase el art. de Alvaro Ramis “Ni idea de legislar”, ‘Le Monde Diplomatique’, abril de 2023.

[7] Merbilháa, Magdalena: “De los arrepentidos es el reino de los cielos”, ‘’, 04 de abril de 2023.La negrita es del original.

[8] Celis Vilchez, Esteban: Art. citado en (5). La negrita es del original.

[9] Redacción:” Yasna Provoste y proyecto Naín-Retamal: “Lo que busca la derecha es impunidad”, Diario UChile martes 4 de abril 2023. La negrita es del original.

[10] Véase de Fundalatin su documento de 1982 ‘Los derechos humanos son los derechos de los oprimidos’.

[11] Redacción: “Chile: el país pánico”, ‘El Mostrador’, 05 de abril de 2023.

El articulo Policía chilena: Una reforma o refundación que jamás se hará apareció primero en piensaChile.

Quiero expresar mi solidaridad con @Maurmass y el grupo de abogados de la coordinadora de DDHH de San Felipe, atacados con gas pimienta por @Carabdechile mientras intentaban otorgar defensa a un grupo de detenidos. @gblumel, cuando detiene esto? pic.twitter.com/gAQTW19BVQ

— Gabriel Ascencio (@G_Ascencio) March 10, 2020

El articulo Carabineros, sin haber motivo lanza gas pimienta a abogados de la Coordinadora de DDHH de San Felipe. ¡Matones! ¡Cobardes! apareció primero en piensaChile.

Carabineros de Chile, como siempre atentos, detectaron a este hombre, que camuflándose de organillero, andaba mirando que se podía saquear en los próximos días y le hicieron de inmediato control de identidad, alcoholemia (control de respiración), nivel de ruido de su instrumento. documentos que demuestren que es propietario del artefacto que conduce y otros. El parte deberá cancelarlo a la Municipalidad. Con esta forma efectiva de control, podemos sentirnos totalmente seguros.
 

Justicia p’a los otros

El articulo "A los saqueadores les aplicaremos todo el rigor de la ley" apareció primero en piensaChile.

Somos seres frágiles, imperfectos, llenos de pulsiones que se materializan en acciones injustas, ofensivas y groseras.

La Iglesia Católica fue una gran recicladora de mierda, si me permiten la expresión, a través del mecanismo de la confesión.  Pero los que trabajan con esos elementos, son seres que al estar en tanto contacto con la suciedad, le pierden el respeto, la absorben y se revuelcan en la basura de la cual se alimentan.

Por el momento, los dardos están dirigidos contra la casta sacerdotal pervertida. que burocráticamente ha tenido procedimientos para reciclar la basura, tirándola bajo la alfombra como cualquier ama de casa lo puede hacer cuando no le alcanza el tiempo.

Además esta casta sacerdotal está compuesta por hombres célibes llenos de testosterona, machos humanos con todas sus pulsiones, refugiados en sus polleras y su soledad, hablando con este Dios mudo e invisible, cuya imagen forman en sus cabezas y al cual atribuyen cualidades o enojos, pero que al fin del día están solos, y son víctimas de sus demonios y pesadillas.

Como mujer me doy cuenta de que la Iglesia ha sido el brazo derecho del machismo y de la reducción del 50% de la humanidad a la calidad de segundona en el reparto de bienes, y  objeto de uso, abuso y aprovechamiento de los amos del mundo.

Porque la esclavitud no solo se trataba de trabajo no remunerado para producir dinero, sino del aprovechamiento de los cuerpos de los esclavos para uso personal de los amos. De hombres, mujeres y niños, no nos hagamos los tontos.

Y en los lugares donde no hay esclavitud, los machos dominantes ejercen en la penumbra de los hogares, en las empresas y por supuesto en las organizaciones de beneficencia y partidos políticos que tanto nos gustan. Y no hablemos de las organizaciones armadas en tiempos de represión.

Por el momento la casta sacerdotal está siendo el blanco preferido, debido a que mostraban un aspecto de hogar protector para los frágiles seres humanos en busca de ayuda y cobijo en este paseo por el mundo, que es como un mar encrespado al que nos echan sin remos y sin saber nadar y  que procedían a atacar cuando la víctima bajaba la guardia y se entregaba a sus cuidados.

Queda claro que en este caso, se trata de una organización perversa, pues no consideró que una casta cerrada con acceso al poder, con las llaves del cielo en sus manos, no solo podía abusar de mujeres y niños, sino hacer escuela de estos abusos contaminando a sus propios miembros exigiéndoles fidelidad y silencio. Y esto fue respaldado por la sociedad civil que permitió que estuvieran exentos de leyes civiles reguladoras.

Digamos honestamente que todos hemos sido encubridores de vicios e irregularidades, por no meternos en líos.

“Los trapos sucios se lavan en casa”, solían decir los adultos cuando llegábamos a ventilar alguna queja de parte de algún menor amigo nuestro, o alguna mujer apaleada.

Además las nociones de comportamiento del siglo 20 no son las mismas que ahora.  Lo que un hombre creía que podía hacer en ese entonces, no es lo mismo que lo que la cultura actual considera posible.  Y muchas de las cosas que los hombres hacían habitualmente, para ellos eran tan habituales y sin importancia, que no se daban cuenta que al otro lo humillaban o herían profundamente como está saliendo ahora a la luz.

Ni las mujeres se atrevían a abofetear públicamente al que les daba un pellizco en una cena de gala, ni a un tío de manos largas, ni las empleadas domésticas se atrevían a defenderse hasta que era muy tarde.

El aprender a decir NO en las mujeres que desde su infancia fueron enseñadas a someterse a la voluntad paterna o religiosa, es un avance.

Hasta la ley exige para dirimir entre abuso y violación, el que la víctima se defienda a puñetazos y le puedan romper la cara en la pelea o la dejen parapléjica.

Ahora le toca a un Obispo de 103 años, al que conocí en mi juventud, que fue  amigo y que tiene la mala suerte de ser tío de nuestro presidente, por lo cual va a cosechar más publicidad de la que quizás realmente merece.

Hombre inteligente y correcto, seguramente en sus 103 años se mandó un par de numeritos que no tenía presupuestado y  los cuales, me imagino, capaz que se haya hasta olvidado.

Un toqueteo por aquí, un refregón por allá, que dejó huellas que no se borraron con confesiones  ni padrenuestros y las cuales no borró buscando el perdón y sepultó en su conciencia.

Me apena profundamente porque no es un mal hombre.  Es solamente humano, y si   pecó fue no solo por su acción sino también  por no buscar el perdón de su indiscreción mostrando su arrepentimiento al  afectado o los afectados y en no denunciar las indiscreciones bastante subidas de tono, de su colega en La Serena.

Porque la Iglesia lavaba los trapos sucios en su propia casa, como norma interna.

Quizás cuantos dirigentes políticos, héroes nacionales, científicos y maestros, van a salir a la palestra por este tipo de abusos que para los hombres del siglo 20 eran comportamientos normales de un macho que se preciara de serlo.

Hace un tiempo atrás me encontré una tarde de domingo que salí a caminar, con un ex novio que no veía hace 50 años.  Conversamos un rato, y a poco andar me pidió perdón por los comportamientos abusivos que había tenido conmigo y que yo había enterrado en mi memoria.

También me pidió disculpas un ex esposo.  Y aunque les dije que ya la vida había pasado y lo que estaba hecho no se podía deshacer, valoro el que hayan hecho la reflexión y tenido el coraje de reconocer su comportamiento, aunque preferiría que las cosas no hubieran sido como fueron.

No creo que esta explosión de información y de juicios vaya a acabar con la tendencia humana al abuso del poder.  Estamos a años luz de un comportamiento medianamente decente, y los pecados van cambiando de envase y presentación, porque Satanás es un innovador en materias de presentación y propaganda.

Así es posible que pueblos enteros ejerciendo su derecho a voto, elijan a pervertidos notables que pregonan ser abusadores por todos los medios de comunicación, y no reparen que es lo que están eligiendo. Tipos que hacen alarde de su machismo o que tienen acusaciones por maltrato, o cuyos dineros los tienen en paraísos fiscales y sus negocios tienen oscuras relaciones con la droga y la prostitución.

Antes de tirar las primeras piedras, podríamos hacer una repasada acerca de las ca…das que nos hemos mandado en nuestra existencia, y podríamos comunicar a nuestra víctima  que hemos hecho conciencia de ellas y que deseamos su perdón, si es que nos lo quieren dar.

No sea que a los 103 años, cuando ya no queremos más guerra, aparezcan las facturas pendientes.

El articulo El machismo, la fragilidad humana y las facturas pendientes apareció primero en piensaChile.

https://www.facebook.com/PeriodicoElCiudadano/videos/723873431382365/

*Fuente: Regionalista

Más sobre la violencia de organismos del estado:

El articulo Antofagasta: Video muestra violento «rito de iniciación» en el Ejército apareció primero en piensaChile.

Santiago, 04 de agosto de 2019

Su excelentísima señoría, Ministro Haroldo Brito Cruz, en el marco del respeto pleno que le debo a su altísima investidura, en mi condición de estudiante de Ciencias Jurídicas (Leyes) y amparado en el derecho que me asiste en cuanto ciudadano de la República (invoco aquí la Constitución Política, Capítulo III: De los Derechos y Deberes Constitucionales, Artículo 19, Inciso 14º)  de “… presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”, me dirijo a usted con el fin de rogarle pueda instruir la revisión urgente de los antecedentes y las razones que llevaron al señor Ministro Carlos Enrique Carrillo González y a la señora Fiscal Jeannette Scarlett Valdés Suazo –miembros ilustres, ambos, de la Segunda Sala de la excelentísima Corte de Apelaciones de Talca-, a pronunciar un FALLO que rechaza el Recurso de Protección que presentó una persona –persona modesta y sin redes de contactos de influencia, cualidad que caracteriza a la gran mayoría indefensa de este país-  en este altísimo Tribunal el día 16 de abril de este año.

Con el máximo respeto, y pensando en todas las personas que en Chile no se pueden defender frente a las instituciones y órganos de poder de nuestra República, y luego de examinar exhaustivamente el caso que expongo a su consideración, apelo a su señoría para denunciar que este FALLO constituye una verdadera aberración desde todo punto de vista pues los errores y omisiones que subyacen en su redacción son de tal magnitud que, inclusive, si un niño de 5º Básico lo revisara no podría sino concluir que dicho FALLO se traduce literalmente como un acto de denegación flagrante de justicia en contra de la persona por la cual saco la voz en esta carta, persona que recurrió con angustia a mí para que la ayudara.

Pues, tal aberración “jurídica” -lo digo con todo respeto-, en tanto y en cuanto FALLO, inexcusablemente injusto, pronunciado por uno de los más altísimos Tribunales de la Judicatura de nuestra República, reclama, suplica, su señoría, un pronunciamiento inmediato de parte suya.

A saber:

El Recurso de Protección que cito más arriba denuncia un OPERATIVO POLICIAL Y MUNICIPAL   llevado a cabo en Talca el 09 de abril del año que corre en contra del ciudadano D.E.B., RUT  9.293.271 – 0, de nacionalidad chilena, hombre de 57 años, domiciliado en San Bernardo, de nacionalidad chilena, abuelo, de recursos económicos básicos, de salud bastante desmejorada, viajante, y cuyo único medio de sustento consiste en la compra y venta, legal, personalizada de artículos digitales que entrega a pedido en residenciales, hoteles y negocios afines en algunas zonas de nuestro país.

Le escribo para denunciar que, en momentos en que esta persona se dirigía a un hotel a entregar un pedido, fue retenido por personal policial y municipal por el solo hecho de haberse detenido por un momento en la peatonal del centro de Talca, operativo en el cual se le imputó la infundada acusación de que ejercía comercio ambulante en esta ciudad ese día; operativo en el que se le retiene y se le traslada bajo amenaza, sin su consentimiento, en un furgón municipal (nótese: municipal) a la  3ª Tenencia Oriente de Talca, recinto en el cual, además, se le despoja de su único capital de trabajo (cuyo avalúo es de $1. 500.000), capital que hasta hoy no recupera.

Pues bien, le informo a usted, su señoría, que tal operativo -operativo policial y municipal en que tuvieron protagonismo directivo el Sargento de Carabineros Alejandro Chamorro y el Inspector Municipal Ramón Olea Álvarez, ambos de Talca, operativo en el cual basa su FALLO la Segunda Sala de la excelentísima Corte de Apelaciones de Talca-  quedó legalmente categorizado como un operativo viciado, ilegal, ilegítimo e inconstitucional, exactamente el día 19 de julio recién pasado de este año (2019) nada más y nada menos que por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE CARABINEROS DE CHILE.

Al respecto, textualmente reproduzco dicha resolución de sanción disciplinaria. Cito:

CARABINEROS DE CHILE CONTRALORIA GENERAL DEPTO. RECLAMOS Y SUGERENCIAS

Santiago, 19 de julio de 2019

RRN  R0049110-2019 Estimado (a)

Sr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX RUT  CI 9.293.271 – 0

Comuna Talca

Región del Maule

Presente.-

“De mi consideración:

De los antecedentes recabados y de las diligencias practicadas por el Oficial a cargo, se determinó la existencia de Responsabilidad Administrativa del personal Institucional vinculado a los hechos a los que Ud. hace referencia en su reclamo, razón por la cual, el Mando de la Tenencia Talca Oriente determinó aplicar las correspondientes Medidas Disciplinarias”.

“Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

ANITA CAROLINA SERRANO TELLO

Coronel de Carabineros

JEFE DE DEPARTAMENTO”

El citado documento legal, que da cuenta de un operativo policial y municipal viciado y sancionado administrativa y disciplinariamente por parte de la CONTRALORÍA DE CARABINEROS DE CHILE lleva a cualquier persona, incluso a quien posea un mínimo de inteligencia, a preguntarse:

¿Entonces por qué la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca RECHAZA el Recurso de Protección que presentó la modesta persona que aquí defiendo?

Y aún más, ¿por qué en la redacción del aludido FALLO se individualiza (¿erróneamente, falazmente, tramposamente?) únicamente  a la persona del Inspector Municipal Ramón Olea Álvarez siendo que  el operativo viciado en el que participó este Inspector Municipal lo co-dirigió con el Sargento de Carabineros don Alejandro Chamorro, de la 3ª Tenencia de Talca Oriente (carabinero omitido en ese FALLO), carabinero que, como queda acreditado aquí, FUE SANCIONADO DISCIPLINARIAMENTE POR LA PROPIA CONTRALORÍA DE CARABINEROS DE CHILE, precisamente, a causa ese operativo viciado?  [Nota de la Redacción: Al momento de editar este texto, cometimos el error de insertar un signo de apertura interrogación, que el autor no había previsto.  Así se veía esa frase: ¿a causa ese operativo viciado?. Asumimos nuestra responsabilidad y pedimos disculpa al autor.]

Y sobre los plazos, es menester recordar, excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema de la República de Chile, que el Recurso de Protección que presentó mi defendido a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca fue recepcionado el día 16 de abril del presente año por este Tribunal, y que pese a que nuestra legislación prescribe, normativamente, que los plazos de respuesta que exige un Recursos de Protección son fatales e inexcusablemente improrrogables, estos plazos fueron desatendidos por este ilustre Tribunal de Apelaciones de Talca,  dando numerosas facilidades y prórrogas de plazos inentendibles a los denunciados (Nótese: denunciados en el Recurso, en plural) para responder a este Recurso, toda vez que el día 25 de julio de este año  (luego de tres largos meses) recién se le responde el Recurso que presentó mi defendido a esta alta Corte de Justicia de la República, respuesta incomprensible y que, como usted notará, su señoría, prolonga hasta hoy la  necesidad insatisfecha de justicia de mi defendido, por tanto prolonga la vulneración de sus derechos, su salud económica y su patrimonio, así como su salud psíquica, pues aún sigue retenido su capital de trabajo en la ciudad de Talca, sin mencionar, además, que el día que mi defendido deba viajar desde Santiago a esta ciudad a recuperar lo que le pertenece se le aplicará una alta tarifa por el “bodegaje” de un bien que es de su propiedad, cobro por el cual aquí también apelo pues, en virtud de los antecedentes que hasta aquí he sometido a su consideración, a mi defendido no le correspondería pagar bajo ningún término, máxime si además se toma en cuenta que las consecuencias de ese procedimiento u operativo policial y municipal ilegal lo forzaron a permanecer a su pesar en Talca por varios días, lo cual le implicó quedar literalmente a la deriva; alimentándome de formas dramáticamente precarias, empeñando su celular para sobrevivir en residenciales de mala muerte, endeudándose hasta hoy,  incluso durmiendo por algunas noches en un sitio eriazo.

Pregunta, absolutamente respetuosa, su señoría: ¿Quién repara a esta persona que no detenta poder ni contactos de influencia ni recursos económicos por todo ese daño causado en su contra?

A propósito de esto último, cierro la presente apelación en favor de mi defendido con un parafraseo lógico (y una cita textual) del siguiente principio jurídico, el cual es al mismo tiempo un principio moral, irrenunciable, especialmente para quien tenga bajo su responsabilidad el imperativo de hacer justicia en Chile:

El ciudadano que sea perjudicado a causa de una acción ilegal o viciada y que (cito) “la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia”.

A modo de conclusión, el medio de prueba que presento ante usted, su señoría, de que mi defendido fue víctima, en términos absolutos, de una acción injustificadamente errónea y arbitraria es simplemente el que reitero a continuación:

La sanción disciplinaria y administrativa que se le aplicó al carabinero Chamorro por parte de la CONTRALORÍA DE CARABINEROS DE CHILE por comandar un operativo legalmente viciado, carabinero que actuó vulnerando ese 09 de abril en Talca los derechos y dignidad de mi defendido, operación que tuvo como coautor material al Inspector Municipal Ramón Olea Álvarez (del Municipio de Talca), procedimiento viciado a causa del cual fue precisamente sancionado el carabinero Chamorro. Espero que no se soslaye este demoledor medio de prueba.

En consideración a los méritos de la presente apelación, y a las razones y evidencias aquí aportadas, y esperando que ninguna persona modesta y sin recursos de Chile sea abusada en su dignidad y derechos en la forma en que ha sido vulnerada la persona que aquí defiendo, suplico  a su excelentísima señoría que en uso de su altísima investidura ordene hoy mismo la devolución íntegra de las especies de las que mi defendido fue despojado  -su único capital de trabajo-, especies que hasta hoy están retenidas en Talca,  y que, si usted calibra la gravedad de los daños morales y económicos de que éste ha sido víctima, instruya en consecuencia, por favor, las correspondientes reparaciones civiles.

Haciéndole a usted presente mis respetos máximos, y esperando su intervención urgente en el asunto precedentemente expuesto, el cual cita una vulneración impresentable de los DDHH de un ciudadano humilde de nuestra República, me despido con toda cordialidad.

Juan Rojas Alemparte
Estudiante de Derecho

REFERENCIAS
CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES, LEY N° 7421, y CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

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Este sábado se llevó a cabo la ordenación episcopal de Alberto Lorenzelli como obispo auxiliar de Santiago. En pleno Vaticano, la ceremonia presidida por el Papa Francisco -en la Basílica de San Pedro-, contó con la participación de los ex arzobispos de Santiago Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz.

Frente a esto, el periodista Juan Carlos Cruz reaccionó en duros términos frente al nombramiento y no se guardó nada contra la Iglesia.

“Estos infelices y delincuentes cardenales Errázuriz, Ezzati y su banda de obispos @episcopado_cl q se vayan a la casa o a la cárcel preferentemente. Si seguimos así, aunque se ordenen nuevos obispos, la iglesia nunca saldrá adelante. Criminales!», dijo a través de su cuenta de Twitter.

Recordemos que, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por encubrimiento de abusos sexuales, están involucrados los religiosos Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz.

Durante la ceremonia, el Papa Francisco señaló que un obispo es “un siervo, pastor, padre, hermano, nunca un mercenario”.

*Fuente: El Mostrador

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El Juzgado de Garantía de Rancagua fijó para el próximo 26 de abril la formalización inédita en la historia del Poder Judicial chileno, de un ministro de corte de apelaciones, para Emilio Elgueta.

El acusado es titular del tribunal de alzada de Rancagua, quien está siendo investigado por el fiscal Sergio Moya por el delito de prevaricación y enriquecimiento ilícito.

En noviembre pasado el Fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, pidió a la Corte Suprema una investigación contra el magistrado por la denuncia que presentó una trabajadora social que detectó presuntas irregularidades en los nombramientos de suplencia, los que habrían favorecido a una hija del ministro.

El persecutor lo hizo en el marco de la tramitación de recursos por el caso de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, donde precisamente la sala que integraba Elgueta mantenía paralizada su investigación.

En forma paralela se abrió una investigación administrativa a cargo de la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi, y otra penal en manos del jefe de la unidad de alta complejidad de la fiscalía regional de O´Higgins, Sergio Moya.

Este último pidió audiencia en el Juzgado de Garantía de Rancagua para formalizar al ministro Elgueta por enriquecimiento ilícito y prevaricación, es decir, la aplicación torcida de la ley.

Además de esto, el pleno de la Corte Suprema suspendió por cuatro meses al magistrado hasta que se dicten eventuales cargos por tráfico de influencias en su contra. El vocero del tribunal máximo del país, el ministro Lamberto Cisternas, explicó que este sumario es por irregularidades en el nombramiento de funcionarios del poder judicial en Rancagua y por presuntas negociaciones con abogados de las partes.

El abogado Hugo Rivera, representante del cardenal Ricardo Ezatti en el caso de los abusos sexuales de curas, calificó como “preocupante” la situación en torno al juez. Otro de los litigantes en este caso, el abogado Juan Pablo Hermosilla, cuestionó las evaluaciones que se hacen entre los jueces.

El polémico historial del juez.

En 2010 el magistrado fue investigado por tráfico de influencias, y bajo estos mismos cargos fue suspendido esta jornada por la Corte Suprema por 4 meses. El mismo año recibió una insignificante amonestación por escrito en el 2010, en el marco de una denuncia de violencia intrafamiliar que interpuso en contra de su esposa, pues intentó presionar a un juez de garantía y a un fiscal del Ministerio Público para que la mujer fuera detenida, intentando saltarse las formalidades procesales.

El mismo ministro en enero del 2014 enfrentó otro sumario y una investigación penal que no tuvieron mayores efectos, luego de que su esposa, Alejandra Rebolledo, irrumpiera con un cuchillo y ácido en la ceremonia de matrimonio de una funcionaria del poder judicial con el fin de agredirla, nada menos que en el altar de la iglesia.

El mismo año fue acusado de acoso telefónico por su expareja, por llamados y mensajes de texto provenientes del teléfono institucional financiado con el presupuesto del Poder Judicial. El sumario por este caso fue finalmente sobreseído por la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Fuente: BioBio Radio

Fiscal detenida y en prisión preventiva: la investigan por inventar pruebas en caso de abuso sexual.

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Aunque la opinión pública ya estaba en antecedentes de la existencia de esta propiedad en lago Caburga y seguramente de que contaba con acceso al lago, no existía mayor información acerca de sus instalaciones. A la fecha ya existe constancia de que, entre la propiedad de Sebastián Piñera y el lago existe una franja de terreno que corresponde a un bien nacional de uso público en donde se construyeron algunas instalaciones, las cuales datan desde los años 1990, 2001 y 2007 [2]; las que se realizaron sin autorización de algún organismo público, es decir de forma ilegal.

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No debe sorprendernos la existencia de edificaciones y/o instalaciones sin regularizar, ya que se trata de una situación bastante común y de uso reiterado en diferentes ámbitos de la actividad en nuestro país, particularmente en el empresarial. Aunque lo señalado suele ocurrir dentro de los límites de cada propiedad, es decir dentro de los límites del espacio privado. Mientras que este caso es diferente, ya que se trata de un espacio que es dominio de todos los chilenos y su uso nos pertenece a todos [3].

Para seguir avanzando en este breve análisis, me he tomado la libertad de aventurar una hipótesis con el objeto de encontrar una explicación a lo sucedido. Es bastante probable que en algún momento se haya establecido una estrategia de ocupación del espacio público, la que consta básicamente de dos fases:

La primera consistió en establecer una forma de ocupación para la playa, lo que implicaba desplegar sobre el espacio público-playa varias instalaciones y/o edificaciones, de tal forma de cubrir la mayor superficie posible y con ello impedir a toda costa el uso de dicho espacio por parte de terceras personas (uso público). Para ello se optó por ubicar sobre el espacio-playa instalaciones y construcciones de naturaleza náutica (rampas y hangar), así como también otras destinadas a esparcimiento privado (quincho y cancha de tenis). Claramente las instalaciones no relacionadas con la navegación tendrían que haberse ubicado dentro de los límites legales del predio y tratándose de parcelas de agrado, es poco probable que existan restricciones de espacio que no se pudiera resolver con la realización de algún movimiento de terreno y/o de muros de contención. Dentro de esta ocupación del espacio público llama la atención la ubicación estratégica que se le ha dado a la cancha de tenis, considerando su importante tamaño y su disposición a tan poca distancia del agua, teniendo en cuenta que para la práctica de cualquier deporte se requiere de una concentración que no va mucho más allá de los límites del campo de juego. Resulta un total contrasentido observar la implementación de una cancha de tenis con vista preferencial y ubicada a pasos del lago Caburga. Esto sólo se explica por una decisión previa de cubrir la mayor parte del espacio público posible con actividades destinadas al uso privado y de paso restringir al máximo cualquier posibilidad de uso del espacio restante por parte de “extraños” ajenos al entorno inmediato del propietario.

La segunda corresponde a la decisión de establecer un mecanismo para regularizar las instalaciones ejecutadas ilegalmente, para así contar con un respaldo legal que las validara. De tal forma que el uso del espacio público realizado inicialmente “de hecho”, una vez obtenidos los permisos correspondientes se consolidara legalmente y desde ese momento realizarlo “en derecho”, por parte de los dueños del terreno anexo.

Sebastián Piñera asume su primer período presidencial el 11 de Marzo del 2010 y luego, con fecha 19 de Abril de 2011 se presenta una solicitud de concesión marítima por el “sector Renahue Km. 2,4 Lago Caburga, comuna de Pucón”, ante el Departamento de Asuntos Marítimos dependiente del Ministerio de Defensa, con el objeto de “implementar un proyecto de apoyo náutico a la propiedad” mediante la regularización y uso de mejoras fiscales, consistentes en las siguientes instalaciones:

–      dos rampas (plataformas para ingresar embarcaciones al lago)

–      varios muros (muros de contención y/o de apoyo para las instalaciones)

–      un hangar (para resguardo de las embarcaciones)

–      un quincho

–      una escala, una vereda, una terraza, una losa

–      una cancha de tenis

Cabe señalar que al iniciarse el proceso la autoridad que ejercía funciones como ministro de defensa era el actual senador RN Andrés Allamand, correligionario de Sebastián Piñera.

Las concesiones las otorga el estado con el propósito de que un particular o una empresa puedan administrar los derechos para explotar algunos de sus bienes o servicios durante un plazo de tiempo determinado. Por ello es que las concesiones se solicitan con fines de tipo comercial, para que los beneficiados puedan obtener una compensación económica.

Uno de los documentos técnicos que se adjuntan al expediente es un “Anteproyecto Vorizado de las Obras“ en donde los principales argumentos que se esgrimen para solicitar la concesión son los siguientes:

“El proyecto rescata el valor de las infraestructuras, equipos y recursos humanos estimados al servicio de los propietarios. Las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, esto nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”.

Es un contrasentido solicitar una concesión para una infraestructura, equipos y recursos humanos cuando ellos se destinarán únicamente al servicio de sus propietarios. Es evidente que, en estricto rigor, no se trata de una concesión. También es contradictorio pretender realzar el “encanto natural” de un sector que cuenta con una ubicación paisajística tan estratégica, por medio de la implantación de una serie de instalaciones dentro de sus límites.

No hay que ser muy suspicaz para percatarse que no todas las instalaciones que se incluyeron en la solicitud tienen relación con lo que se puede entender como “apoyo náutico”. El quincho y la cancha de tenis no aplican en ningún caso para ese propósito e incluso la edificación destinada al hangar podría ubicarse fuera de los límites del bien de uso público, es decir dentro del terreno privado. Indudablemente se requirió de una interpretación bastante “sui generis” del conjunto para considerarlo íntegramente bajo esa categoría, para lo cual se requirió de una actitud muy condescendiente por parte de la autoridad encargada de revisar y autorizar la solicitud en cuestión.

En Junio de 2017, luego de algo más de seis años el proceso culmina con la aprobación de la concesión para el bien de uso público por un período de diez años, la cual es formalizada con la emisión de un decreto supremo. Esto aconteció durante el segundo período presidencial de Michelle Bachelet (iniciado en Marzo del 2014) y con José Antonio Gómez del PRSD como Ministerio de Defensa. El espacio adjudicado corresponde a una superficie de 879,61 m2 de playa y se contemplaron todas las instalaciones existentes a esa fecha.

Debemos consignar que no entendemos como un despropósito la ocupación del espacio público por parte de quienes poseen un terreno adyacente a las riberas de mar, ríos o lagos, cuando se utiliza para acceder a las aguas con fines de navegación, esparcimiento u otros similares. Pero cuando se observa que la ocupación del espacio público se realiza con el objeto de “marcar un territorio” y así impedir su utilización por parte de otros ciudadanos, estamos en presencia de un acto en donde prevalecen el egoísmo y la falta de sensibilidad social. Además de que, como en este caso, constituye una falta de consideración hacia el paisaje, teniendo en cuenta las características del entorno natural que constituye al Lago Caburga.

Por otra parte, resulta sorprendente constatar la falta de fiscalización por parte de las autoridades encargadas de velar por la conservación y la seguridad de los territorios que constituyen los bordes de lagos. Y cabe preguntarse si ¿la falta de rigor que logramos apreciar en este proceso para dar curso a la autorización para concesionar un bien nacional de uso público, sólo se debe a que el beneficiario en cuestión era el presidente de la república?

Claramente no es una buena señal para el resto de los ciudadanos.

Ricardo Riquelme Alvaro
Arquitecto
Monseñor Muller N°54 Of.03 Providencia
Fono (56-2) 2204 5892                                                                         

NOTAS:

[1] Camilo Carreño – El Dínamo, 11 de febrero de 2019:  “Cómo Piñera consiguió una playa concesionada de 800m2 en Lago Caburgua”

[2] Informe Técnico Julio de 2011. Capitanía de Puerto de Villarrica:
“El Sr. Piñera Echeñique, hace ocupación del sector de interés y de las mejoras fiscales existentes, de acuerdo al siguiente detalle:
Rampa, sector N°4: A contar del año 1990
Rampa, sector N°1: A contar del año 2001
Hangar, sector N°2: A contar del año 2001
Otras construcciones: A contar del año 2007

[3] Art. 589 del Código Civil:

Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos.

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales

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