aborto terapéutico – piensaChile

Carta a la Comunidad: Objeción de Conciencia y Proyecto Ley Aborto Tres Causales

Redacción piensaChile — Sun, 25 Jun 2017 02:32:08 +0000

Santiago, 24 de junio, 2017

ABORTO: PERSONAJES PÚBLICOS Y ACADÉMICOS EXIGEN QUE OBJECIÓN DE CONCIENCIA SE APLIQUE SOLO AL MÉDICO

Dos Premios Nacionales y tres ex ministros firmaron junto a otras personas una carta para rechazar la idea de extender la objeción a todo el personal de la Salud, luego de que el Gobierno se abriera a esa posibilidad debido a presiones de la DC.

Bajo el título “Objeción de conciencia y Proyecto de Ley Aborto por Tres Causales”, 62 personas de los más diversos sectores firmaron una carta en rechazo a las intenciones políticas de limitar los derechos de las mujeres a interrumpir su embarazo.

La misiva, coordinada por el la Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles), surgió en respuesta a las exigencias de la Democracia Cristiana de extender la objeción de conciencia a todo el personal que trabaje en un recinto de salud, medida que estaría contando con el respaldo del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

En efecto, fue la propia ministra de la Mujer, Claudia Pascual, quien dijo que «,si hay un espacio que nos permita seguir teniendo una mejor mayoría estamos dispuestos a explorar” la demanda de la Democracia Cristiana.

En este contexto, 62 dirigentes sociales y gremiales, artistas, periodistas, académicos, médicos, abogados, sociologos y psicólogos levantaron la voz para advertir que “el derecho a la libertad de conciencia y religión no puede ser suspendido, pero la libertad de manifestar su propia creencia puede ser limitada”.

“Solicitamos que sea solamente el médico quien pueda expresar, firmando un documento, que es objetor de conciencia”, señalaron para alertar que todo intento por extender tal derecho a otro personal de la salud violenta la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité CEDAW.

Entre otros firmaron la misiva el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Horacio Croxatto, los/as ex ministros/as Jorge Arrate, Laura Albornoz y Natalia Riffo, así como la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román.

Claudia Dides
Directora Miles
Cel.: 9 980 10 215

Carta a la Comunidad

Objeción de Conciencia y Proyecto Ley Aborto Tres Causales

Santiago, junio de 2017

Los abajo firmantes quisiéramos dar a conocer al país nuestra posición frente a la objeción de conciencia en el marco del debate del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, que se está discutiendo actualmente en el Senado. Nuestra posición se basa en el Sistema Universal e Interamericano de protección de los Derechos Humanos.

El derecho a la objeción de conciencia establece que los profesionales de la salud tienen la legítima opción de ser objetores. No obstante, este derecho no puede implicar un daño a terceros ni vulnerar los derechos humanos concurrentes de otra persona. Además, la objeción de conciencia es siempre personal, opera expost, es decir, no hay objeciones previas generales y, por último, la debe probar quien la alega.

El derecho a la libertad de conciencia y religión no puede ser suspendido, pero la libertad de manifestar su propia creencia puede ser limitada.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer y el Comité CEDAW, han focalizado su atención en la objeción de conciencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, manifestando su preocupación referente a que los Estados puedan mantener un equilibrio entre el derecho a manifestar la libertad de conciencia y el derecho de las mujeres de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que sean seguros y legales, potenciando así su derecho a la autonomía y libertad reproductiva.

Es necesario dejar en claro, también, que la objeción no procede en casos de urgencia o cuando el costo que debe asumir la mujer que es perjudicada por esta objeción es excesivo y hace muy costoso el ejercicio de sus derechos.

Por estos días hemos escuchado a personeros públicos solicitando que la objeción de conciencia sea para todo el equipo de salud (médicos, matronas, trabajadoras/es sociales, psicólogas/os, etc.) y también que la objeción de conciencia pueda tener carácter institucional. Esperamos que los legisladores no cedan a las presiones y mantengan una interpretación de la objeción de conciencia consistente con las reglas y principios del derecho internacional de los derechos humanos.

Entender de manera tan amplia la objeción de conciencia, impone limitaciones desproporcionadas a un proyecto de ley sumamente debatido y que generaría obstáculos graves para que realmente se cumpla, en la práctica, el espíritu de la ley. Por lo tanto, solicitamos que sea solamente el médico quien pueda expresar, firmando un documento, que es objetor de conciencia puesto que es él o ella quien está a cargo del equipo médico y quien practicará la interrupción del embarazo en las tres causales.

Claudia Dides, Socióloga, Directora Corporación Miles
Natalia Valdebenito, Actriz Comediante
Manuel Antonio Garretón, Sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales
Dr. Horacio Croxatto, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas
Jorge Arrate, ex Ministro de Estado
Diamela Eltit, Escritora
Luis Villavicencio Miranda, Abogado, Universidad de Valparaíso
Laura Albornoz, Abogada Ex Ministra Servicio Nacional de La Mujer
Natalia Riffo, Psicóloga, Ex Ministra del Deporte
Anita Román, Presidenta Colegio de Matronas
Karen Doggenweiler, Periodista
Talia Flores, Matrona
Claudia Pérez, Actriz y directora teatral
Carlos Ruz Coordinador General Fundación Maule Scholar
Evelyn Horning, Comunicadora
Malucha Pinto, Actriz Directora Aracata
Jaime Bassa, profesor de derecho, Universidad de Valparaíso
Pamela Prado, profesora de derecho, Universidad de Valparaíso
Daniela Marzi, profesora de derecho, Universidad de Valparaíso
Ximena Gauche, profesora de derecho, Universidad de Concepción
Fernando Muñoz, profesor de derecho, Universidad Austral de Chile
Yanira Zúñiga, profesora de derecho, Universidad Austral de Chile
Karin Berlien, Doctora en Economía, Universidad de Valparaíso
Leslie Bridshaw, profesora, Universidad de Valparaíso
Fernanda Marín Rey, Cientista Política, Corporación Miles
Inés Robles, profesora de derecho, Universidad de Valparaíso
Marcela Aedo Rivera, Investigadora CIFDE, Universidad de Valparaíso.
Rolando Jiménez, Encargado Derechos Humanos, MOVILH
María Antonieta Saa, Presidenta Directorio Corporación Miles
Alejandra Zúñiga, Abogada, Universidad de Valparaíso
Leslie Power, Psicóloga Clínica
Carolina Carvacho, Magister en Biología Cultural
Kemy Oyarzun, Académica, Universidad de Chile
Isabel Castillo Le Bert, Antropóloga, Corporación Miles
Gonzalo Rubio, Médico Gineco-Obstetra, Hospital San José, Consejero Colegio Médico de Chile.
Guillermo Galán, Médico Gineco Obstetra, Corporación Miles
Ana María Gazmuri, Directora Fundación Daya
José Luis Guzmán, Profesor de Derecho, Universidad de Valparaíso
Domingo Lovera, Profesor Investigador, Programa Derecho Constitucional, Universidad de Portales.
Sergio Lastra, Publicista
Soledad Falabella, Directora ONG ESE:O
Dominique Truan, Médica Obstetra, Universidad de Chile
Rodrigo Silva Guzmán, Abogado PUC
Nicol Muslow, Colectivo Todas
Bessy Prado, Licenciada en Cs. Jurídicas y Sociales, Universidad de Las Américas
Constanza Fernández, Socióloga, Corporación Miles
Eduardo Soto, Matrón
Estefania Andahur, Psicóloga, Corporación Miles
Alejandra Pozo, Abogada.
Natalia Bozo, Socióloga, Universidad Diego Portales
Eduardo Chia, Abogado, Instituto Igualdad
Oscar Rementeria, Vocero MOVILH
Verónica Ponce, Matrona
Viviana Gysling, Matrona, Universidad de Santiago
Claudio Obando, Matrón, Académico Salud Pública Facultad de Medicina Universidad La Frontera
Verónica Flandes, Matrona y Académica Universidad de Santiago
Rene Castro, Médico Gineco Obstetra, Universidad Diego Portales
Paulina Norambuena Mella, Publicista Corporación Miles
Denisse Araya Castelli, Directora Ejecutiva Corporación ONG Raíces-Chile
Adriana Hevia, Socióloga y Bioeticista, Universidad de Las Américas
Lidia Casas, Universidad Diego Portales
Juan Pablo Mañalich, docente Universidad de Chile

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Aborto: respeto a la dignidad y decisión de las mujeres

Redacción piensaChile — Fri, 13 Jan 2017 23:43:54 +0000

DECLARACIÓN PÚBLICA

Aborto: respeto a la dignidad y decisión de las mujeres

Tras dos años de debate legislativo del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales, el Senado de la República se apronta a debatir y votar en general esta iniciativa que debería permitir avanzar en el reconocimiento del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres. En enero de 2015, el proyecto presentado por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet elimina la prohibición total del aborto heredada de la dictadura cívico militar, siendo parte de los compromisos asumidos con las mujeres del país.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional en marzo de 2016, y actualmente en debate en el Senado mantiene: la despenalización en las tres causales (riesgo vital, inviabilidad fetal letal y violación); el carácter voluntario del acompañamiento a la mujer y el respeto a su decisión, sin intentar disuadirla e incorpora la interrupción del embarazo, por alguna de las causales, en las políticas y programas sociales y de salud existentes en la institucionalidad pública. Además, concibe la objeción de conciencia como una potestad individual que recae exclusivamente en médicos y médicas y no en las instituciones ni demás integrantes del equipo de salud.

Sin embargo, la Cámara de Diputados modificó y eliminó del proyecto de ley aspectos esenciales, lo cual pone en entredicho al compromiso asumido de avanzar en el respeto y garantía de los derechos de las mujeres, modificando una legislación que vulnera su derecho a la vida y dignidad. Por demasiados años, con la penalización total del aborto, el Estado de Chile ha incumplido con las normas básicas del Estado de Derecho y de la vida democrática, además de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La norma que apruebe finalmente el Senado debe mantener las tres causales, y sin duda alguna, aquella que permite interrumpir una gestación que es producto de la violencia sexual contra una niña, una adolescente o una mujer adulta.Todas las encuestas de opinión arrojan el amplio y transversal apoyo que concita en la ciudadanía legislar en favor de las afectadas, dándoles derecho y autonomía en la decisión de continuar o no con un embarazo forzado y que jamás fue deseado.

En 2014 hubo 852 niñas entre 10 a 14 años de edad que fueron madres, en su mayoría, porque vivieron violencia sexual reiterada por parte de hombres que debían darles seguridad y protección. El proyecto de ley debe garantizar el efectivo acceso al aborto a niñas y adolescentes, otorgando plazos suficientes para acceder a esta prestación de salud y poder recurrir a autorización judicial subsidiaria en ausencia de sus representantes legales. Cuando las víctimas son mujeres mayores de 18 años, la ley debe respetar su decisión de denunciar o no la violencia sexual sufrida y garantizar confidencialidad por parte del equipo de salud a aquellas que requieren atención por complicaciones derivadas de un aborto.

El proyecto de ley en debate en el Senado prohíbe al Estado de Chile informar a las mujeres sobre las prestaciones de salud relativas a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta disposición, introducida por la Cámara de Diputados, inhibe el cumplimiento de una obligación estatal elemental y vulnera el derecho a la protección de la salud de las mujeres contenido en la Constitución.

A dos años de presentado el proyecto de ley, las mujeres en Chile exigimos a quienes nos representan legislar, garantizando nuestros derechos, y al Gobierno que ponga las urgencias necesarias para cumplir con el compromiso asumido con el 52% de la población.

Mesa Acción por el Aborto Legal

en Chile

Amnistía Internacional

APROFA

Académicas de la Universidad de Chile y Universidad Diego Portales

Corporación Humanas

Colectivo Lemebel

Frente de Género Revolución Democrática

Fundación Alquimia

Fundación Instituto de la Mujer

Observatorio de Género y Equidad

Adhieren

Colectiva Las Patiperras La Serena

#NiunaMenos Coquimbo

Olla Revuelta La Serena

Red de mujeres y Feministas Coquimbo

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El Presidente del Colegio Médico de Chile y la ley sobre aborto

Redacción piensaChile — Sat, 24 Jan 2015 01:42:57 +0000

21 de enero de 2015
«Aunque me van a criticar porque me han dicho que no puedo dar opiniones personales, en este tema lo voy a hacer. Creo que si una mujer adulta y con discernimiento, que ha sido violada, pide la interrupción de su embarazo… hay que aceptarlo».
De esta manera, el doctor Enrique Paris, presidente del Colegio Médico, se desmarca de la postura oficial de su gremio sobre el proyecto de ley de aborto terapéutico que el Gobierno comprometió presentar antes de fin de mes.
Pese al hermetismo del Ejecutivo, se sabe que la iniciativa contempla despenalizarlo en casos de riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.
El tema volvió al centro del debate luego de que el lunes tres ministros de Estado se marginaran del primer seminario sobre la materia que organizó el Congreso.
En ese foro, el Colegio Médico informó que apoyaría la despenalización sólo por inviabilidad fetal y riesgo de la madre. En situaciones de violación, propone el desarrollo de un embarazo normal con acompañamiento especial (apoyo médico, clínico mental y económico) de la madre y su familia.
Y aunque Paris tiene una opción personal distinta, dice que como líder gremial debe representar a todos los médicos. «Entre los colegiados existen diferencias, muchos están en contra y otros a favor del aborto en caso de violación».
-¿Y usted?
-Mi opinión personal es que una mujer violada, forzada y atacada de manera salvaje, se le debe dar la posibilidad de decidir (abortar). ¿Cómo se va a obligar a tener un niño que es hijo de un violador, de un delincuente? Hay que respetar su opinión, así como se le respeta a la mamá que quiere tener al niño a toda costa.
-¿Eso aplica para una menor de edad?
-Es diferente, porque ella no puede determinar interrumpir su embarazo, pero sí su mamá o papá. Yo apoyo la decisión de esa familia, sea seguir con el embarazo o interrumpirlo. A esa menor no se la puede dejar abandonada a su suerte.
Pero advierte que «desgraciadamente un alto número de violaciones ocurren al interior de las familias. Y si el violador es el papá o el padrastro, esto tiene un sesgo muy peligroso porque querrá que la niña aborte para que no lo descubran. En estas situaciones, el Estado debe tomar las medidas necesarias para apartar a esa niña del violador».
Según las últimas cifras del Sename, entre 2012 y 2013, cerca de 60 menores resultaron embarazadas producto de una violación.
-¿Prima el derecho a elegir de la mujer por sobre la vida de un feto?
-El origen de la vida está todavía en discusión. Separando esto, la mujer tiene derecho a decidir, si tiene facultades mentales normales y está capacitada para ello. En los casos de violación está en juego la libertad de la mujer. ¿Por qué se la va a obligar? Ese es el problema de tener penalizado el aborto en este caso, porque si no estuviera penalizado la persona podría hacerlo en forma segura, en lugares adecuados y sin poner en riesgo su vida.
-¿Es partidario de legalizar el aborto en todo evento?
– No, no creo que haya que legalizar el aborto, sino despenalizarlo en estas tres causales.
Paris defiende su posición, avalado en su trayectoria profesional de más de 40 años como médico pediatra en el sector público y privado.
-¿Va a dar la pelea porque su posición sobre el aborto en caso de violación se imponga al interior del gremio?
-Cuando hablo a título personal me critican porque dejo al departamento de ética del Colegio Médico en una posición complicada, pero como presidente del gremio tengo que representar a todos los médicos de Chile.
Y aclara: «El departamento de ética es la voz oficial del gremio y como integrante de la mesa directiva sólo les puedo pedir que sigan estudiando el tema, analizando estudios y escuchando opiniones».
El clamor de las mujeres
Enrique Paris critica cómo el Gobierno ha abordado este tema: «Este secretismo ha sido pésimo. Ha sido un error que se establezcan plazos para presentar este proyecto. Hay que legislar bien y con calma porque es un tema gravitante».
Dice que quedó impresionado con la actitud que vio en las mujeres asistentes al seminario. «Me impresionó mucho cómo expresaron sus puntos de vistas. (…) Ellas, muchas veces, no se sienten interpretadas por los médicos, por la opinión que dan los hombres sobre el tema. Hay que escuchar ese clamor», advierte.
-Muchos médicos no están a favor de despenalizar el aborto.
-Si un médico no está de acuerdo, en esa misma clínica u hospital debe haber una lista de especialistas a favor de practicarlo. A la mujer no se le puede dejar sin tratamiento.
– El autor, Dr. Enrique Paris, es Pediatra de la Universidad de Católica, dirigente gremial desde 2005 y actual presidente del Colegio Médico de Chile. Fundador del Centro de Información Toxicológica (Cituc) en 1992. Pertenece a la Sociedad Chilena de Pediatría y Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos de Ecuador.
*Fuente: Reflexión y Liberación

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Mujeres, aborto y derecho a la vida

Redacción piensaChile — Sun, 15 Jun 2014 06:13:34 +0000

Declaración

12 de junio de 2014
La inminente presentación por el Gobierno de un proyecto de ley que autoriza legalmente el aborto consentido por la mujer embarazada en caso de contarse con el pronóstico de un peligro de muerte o grave daño para ella, o con el diagnóstico de graves malformaciones del feto o con la constatación de un embarazo forzado, viene a satisfacer una condición elemental de justicia entre nosotros.

Los adversarios del proyecto lo objetan porque desconocería la calidad de personas de los embriones o fetos anidados. Lo cierto es que los embriones y los fetos aún no son personas titulares de derechos jurídicos. Eso es claro bajo el Código Civil y lo es también bajo la Constitución de 1980, por más que algunos abogados católicos se hayan empeñado estos 40 años en tergiversar el sentido de sus reglas.

La comparación de esta conclusión con la institución de la esclavitud constituye una falacia. La situación genuinamente semejante a la esclavitud es aquella en la que se coloca a las mujeres cuando no se les reconoce el derecho a decidir acerca de la continuación de un embarazo que implica para ellas un sacrificio o un peligro que excede las cargas y riesgos normales que conlleva todo embarazo.

La idea de que las mujeres deben soportar cualquier costo en interés de otro es una idea esencialmente injusta. Ningún hombre tiene que soportar ese costo en interés de un embrión o feto. Nunca nadie debe soportar un costo semejante en interés de un ser humano nacido. Ellas son las esclavas.

Por eso, ni aun si se considerara al embrión o feto como una persona, sería legítimo que el Estado obligara a las mujeres a tolerar toda clase de embarazos. Del derecho a la vida no se deduce un derecho a usar cualquier medio para sobrevivir ni a imponer a otros cualquier costo para lograrlo. No advertir este dato elemental es ser ciego a la justicia respecto de las mujeres.

Ciego a la justicia respecto de las mujeres es también el argumento de que el aborto terapéutico ya no sería técnicamente necesario. Ese argumento supone que quien decide acerca de la asunción del riesgo para la mujer es el médico y no la mujer. Eso implica un trato moralmente inaceptable de la mujer como una cosa, como un instrumento más a disposición de una profesión.

Nada de lo dicho es extraño en el mundo. La inmensa mayoría de los países de Occidente tiene leyes semejantes a la que propondrá el proyecto anunciado por el Gobierno. En la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y los tribunales internacionales de derechos humanos se reconoce el derecho de la mujer a decidir acerca del embarazo en casos extremos.

Chile siempre reconoció el aborto terapéutico, expresándolo formalmente en la ley en 1931, hasta que una decisión de última hora de la dictadura militar, promovida por el empecinamiento de un sector que la conformaba y aceptada a regañadientes por el resto, impuso en el país un estado de deshonestidad vergonzoso.

Porque la ley chilena no permite el aborto, pero este se practica en Chile. Sin control. Sin seguridad legal y judicial por parte de los profesionales de la salud para el adecuado manejo de la interrupción médicamente indicada del embarazo. Y con una distribución desigual del riesgo clínico y legal: porque las mujeres que tienen que ser atendidas por complicaciones médicas y terminan procesadas o presas solo son las mujeres pobres. Ellas son las esclavas.

Quien tenga un sincero compromiso moral con la protección de la vida humana prenatal no puede conformarse con la situación actual. En materia de aborto en Chile hoy la conformidad es hipocresía.

Daniela Accatino
Jaime Bassa
Antonio Bascuñán
Lidia Casas
Jorge Contesse
Eduardo Chia
Pablo Contretas
Juan Pablo Cox
Matías Guiloff
José Luis Guzmán
María Inés Horvitz
Domingo Lovera
Daniela Marzi
Eduardo Morales
Juan Pablo Mañalich
Fernando Muñoz
Constanza Salgado
Christian Viera
Luis Villavicencio
Verónica Undurraga
Alejandra Zúñiga
Yanira Zúñiga

Los firmantes son abogados y profesores de Derecho en diversas universidades del país.

*Fuente: Reflexión y Liberación

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¿Qué más tiene que pasar en Chile para que legislen sobre aborto terapéutico?

Redacción piensaChile — Wed, 27 Nov 2013 11:20:39 +0000

26 de noviembre de 2013
Indignación y rabia produce la nueva noticia sobre un abuelo de 66 años que viene constantemente violando a su nieta desde pequeña y hoy con 13 años está embarazada. ¿Hasta cuándo? Según datos del Ministerio Público del 2010 en Chile, un promedio de 17 personas son violadas diariamente y 34 son víctimas de otros abusos sexuales. Indica además que, de las 52 víctimas que estos delitos dejan diariamente, 38 son menores de edad.
Diversas investigaciones desarrolladas en Chile y en América Latina plantean la necesidad de legislar en este país. El aborto terapéutico es una deuda democrática de los gobiernos de la Concertación y de este gobierno de derecha. Pareciera que a ningún gobierno, independientemente de su signo político, le importa el sufrimiento de adolescentes y mujeres. Sólo un pequeño grupo de legisladores han sido capaces de alzar la voz y actuar. Sin embargo, el conservadurismo en estas materias de la gran mayoría de sus colegas les impide materializar esas iniciativas.
La niña violada por un pariente tiene derecho a decidir, con información y contención. Lo que está en juego es su proyecto de vida y también el de su familia. Por esto, la noción acuñada por los países del mundo bajo tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos implica refundar la relación entre lo público y lo privado. Se trata de un cambio de paradigma en el campo de la vida sexual y reproductiva.
En Chile tuvimos aborto terapéutico desde 1939 hasta 1989. Pero en las postrimerías de la dictadura un puñado de hombres, sin consultar a nadie, decidió por nosotros y por nuestros derechos. Al retorno de la democracia los gobiernos sucesivos fueron incapaces de dar cumplimiento a los acuerdos y llamados de atención internacionales. Es así como al aborto terapéutico lo han venido caracterizando como un tema “valórico”. ¿Por qué antes no fue llamado así? A mi juicio, porque en los últimos tiempos se ha venido imponiendo una ola conservadora y fundamentalista en torno a una vasta gama de temas, que no es privativa de la derecha tradicional sino que va más allá, llegando incluso a sectores de la izquierda tradicional.
La hegemonía valórica católica se impone de múltiples maneras. Se hace caso omiso al hecho de que el Estado se separó de la Iglesia en nuestro país en 1925, año de la última Constitución elaborada en democracia y no entre cuatro paredes y sin participación ciudadana, como lo fue la que nos rige actualmente desde 1980 y que un Presidente hizo suya por el mero hecho de poner su firma en ella, dejando intacta su esencia libremercadista y conservadora.
No se puede seguir llamando temas valóricos a situaciones que tienen que ver con el derecho a decidir que tenemos los seres humanos. A los liberales de todo signo hasta aquí les llega su liberalismo y su abogacía por la libertad de decidir. El derecho a decidir es un acto básico de la democracia, es una acción que tiene un componente individual y también colectivo.
La niña violada por un pariente tiene derecho a decidir, con información y contención. Lo que está en juego es su proyecto de vida y también el de su familia. Por esto, la noción acuñada por los países del mundo bajo tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos implica refundar la relación entre lo público y lo privado. Se trata de un cambio de paradigma en el campo de la vida sexual y reproductiva. Se definen como derechos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, sin discriminación, y que permiten adoptar libremente, sin ningún tipo de coacción o violencia, una amplia gama de decisiones sobre aspectos consustanciales a la vida humana, como son la sexualidad y la reproducción. Implica contar con información y acceso a los servicios y medios que se requieren para ejercer estas decisiones, para lo cual es fundamental la acción del Estado, cuya obligación es crear las condiciones para que las personas puedan efectivamente ejercer sus derechos.
En el mundo moderno la mayoría está de acuerdo en la igualdad de derechos principalmente económicos, sociales, culturales, laborales y políticos, aunque sepamos que igualdad la mayoría de las veces se queda en el tintero, especialmente para aquellos que tienen menos recursos. Sin embargo, aún no hay acuerdo en los derechos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Por un lado, hay una tendencia al reconocimiento de que estos están en el ámbito de los derechos individuales mientras, por otro, hay una tendencia que se expresa como un temor al cambio de paradigma de convivencia social en este ámbito y, por tanto, busca fórmulas de control que permitan mantener el statu quo, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas como de las prácticas privadas.
Esta tendencia conservadora se manifiesta en diferentes actores en nuestra sociedad, que se mueven en realidad en todo el espectro ideológico, por convicción o conveniencia. En torno a situaciones específicas emergen discursos contrapuestos y muchas veces irreconciliables, como ha sido la discusión sobre el aborto en Chile. Mientras tanto, y en un contexto de promesas presidenciales y parlamentarias, mujeres y niñas chilenas siguen siendo abusadas sexualmente y terminan con un embarazo no deseado, que en muchos casos arruina sus vidas y las de sus familias. Es tiempo más que suficiente para poner término a esta situación, salir de los discursos y promesas y actuar, legislando de una vez sobre ello.
– La autora, Claudia Dides, es Directora del Centro de Estudios Sociales y Opinión Publica, Universidad Central de Chile. Socióloga, Magister Estudios de Género Universidad de Chile.
*Fuente: El Mostrador

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