En efecto, la llegada al poder de Kast ha estado marcada precisamente por la centralidad de ese discurso securitario y represivo como únicas respuestas al conflicto social. Desde la campaña presidencial hasta el momento mismo del cambio de mando, el eje dominante ha sido la promesa de restablecer el orden mediante una política de fuerza frente a lo que se describe como un escenario de “caos” o “amenaza interna”. Esta retórica no es nueva en la historia política chilena. A lo largo del siglo XX, cada vez que el bloque dominante ha buscado recomponer su autoridad frente a una crisis social profunda, ha recurrido a la construcción de un enemigo interno al que se atribuye la responsabilidad de la inestabilidad política. El anticomunismo ha sido históricamente el lenguaje privilegiado de esa operación.

El atentado contra Rojas Vade debe leerse, por tanto, en el marco de esa atmósfera política. La violencia que lo acompaña no surge en el vacío, sino en un clima de legitimación discursiva de la represión. El mensaje escrito en su cuerpo no solo identifica a los agresores con una posición política determinada, sino que reproduce el núcleo ideológico de esa retórica: la idea de que la izquierda constituye una amenaza que debe ser eliminada o castigada. Cuando la política institucional instala esa lógica como eje del debate público, abre inevitablemente el espacio para que sectores reaccionarios intenten llevarla a sus consecuencias más extremas.

El propio escenario que acompañó la instalación del nuevo gobierno refuerza esta interpretación.

El despliegue policial masivo en el centro de Santiago durante el cambio de mando no tuvo el carácter de celebración popular. Por el contrario, la ciudad fue convertida en un espacio fuertemente militarizado, con controles policiales extensivos y un dispositivo de seguridad que evocaba más la lógica de una operación de control territorial que la de una fiesta democrática. La imagen que emergió de esa jornada fue la de un poder que se instala no mediante la adhesión popular, sino mediante la administración preventiva del miedo.

Esto es lo que hace especialmente sospechoso el atentado configurándolo como algo coherente con la lógica política dominante, porque ambos fenómenos participan de la misma atmósfera ideológica: la normalización de la violencia contra quienes son identificados como expresión de la protesta social.

La historia enseña que cuando el discurso público legitima la idea de que determinados sectores sociales constituyen un peligro para la nación, siempre aparecen actores dispuestos a convertir esa retórica en acción directa.

En ese sentido, la violencia política expresada en el atentado contra Rojas Vade busca mostrar lo que puede ocurrirle a quienes se identifiquen con determinadas posiciones políticas. El mensaje escrito en su cuerpo no estaba dirigido únicamente a la víctima, sino al conjunto de la sociedad. Se trata de una advertencia que busca reinstalar el miedo como mecanismo de regulación política.

La experiencia histórica demuestra que este tipo de episodios no se detiene mediante llamados abstractos a la moderación ni mediante la simple delegación del problema en las instituciones. La violencia reaccionaria se alimenta precisamente de la pasividad social que produce el miedo. Cuando el espacio público es abandonado por la movilización popular, el terreno queda libre para que la intimidación y el terror se conviertan en herramientas políticas eficaces.

Por esa razón, la única respuesta capaz de impedir la repetición de actos terroristas como el sufrido por Rodrigo Rojas Vade es la recuperación activa del espacio público por parte del movimiento popular. La historia de Chile demuestra que los periodos en que la violencia política reaccionaria ha sido contenida han coincidido siempre con momentos de fuerte organización popular.

La defensa de las libertades democráticas no ha sido nunca el resultado de concesiones desde arriba, sino de la capacidad de la sociedad para defenderlas desde abajo.

Recuperar la calle, fortalecer las organizaciones sociales y reconstruir la capacidad de movilización colectiva no constituye únicamente una respuesta política al nuevo ciclo gubernamental. Es también la condición indispensable para impedir que la violencia intimidatoria se convierta en un instrumento cotidiano de disciplinamiento social. Frente al terror que busca sembrar el miedo, la respuesta histórica de los pueblos ha sido siempre la misma: organización, solidaridad y movilización. Solo así puede impedirse que la sombra de estos cobardes actos terroristas vuelva a proyectarse sobre la vida política del país.

*Fuente: ElPorteño