Agua y Alimentos – piensaChile

¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la «industria» salmonera

Redacción piensaChile — Fri, 10 Jul 2026 10:35:08 +0000

10 de julio de 2026

Hace ya 20 años estabamos junto a los que denunciaban la destrucción del Medio Ambiente en las limpias aguas del Sur Austral. Los gobiernos no escuchan. Los congresistas se dejan sobornar para no legislar o legislar a favor del gran capital. ¿Hasta cuándo?

¡Callar es ser complice!

La Miopía de los Salmoneros

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Cuba: Propongo abrir un debate sobre introducción del mercado

Redacción piensaChile — Thu, 21 May 2026 20:56:26 +0000

21 de mayo de 2026

Estoy convencido que llevar a cabo este debate es imprescindible y estratégico.

Si realmente aspiramos al Socialismo hay que debatir a fondo lo que habría que hacer para romper las amarras del inmovilismo burocrático y comenzar a introducir el mercado que nos conduzca, guiado por la planificación, a una economía realmente socialista.

No hay que inventar. Comencemos por donde lo hizo Deng Xsiaoping, en China, hace poco mas de 40 años: por la agricultura, en que además de salvar del hambre a ese inmenso país, creo las bases para que en ese breve periodo histórico, su economía haya superado a la primera potencia mundial capitalista. Y detrás Vietnam también decidió introducir el mercado en la economía de un país, que había concluido y ganado una guerra que lo había dejado desvastado. Con una agricultura casi totalmente manual, decidieron introducir el mercado, y en poco más de 30 años se han convertido en una economía exportadora, que construye el Socialismo basado en los principios de la teoría científica de Marx y Lenin.

Tendríamos que respondernos la pregunta: que es lo que ha impidido que la economía cubana no haya dado aún el paso decisivo para avanzar en el camino, que en su momento dieron China y Vietnam? En mi opinión responde a un déficit teórico importante en la dirección política que no ha sabido interpretar y asumir la experiencia internacional en la construcción del Socialismo.

Y la necesidad que tendremos de asumirla, es lo que pretendo debatir, con los que se incorporen, en el momento quizás más peligroso y complicado de nuestra historia revolucionaria.

No tenemos derecho los revolucionarios cubanos de evadir un debate a fondo sobre la imperiosa necesidad de introducir ordenadamente, pero sin temor y pausa, los principios del mercado en nuestra economía, comenzando por la agricultura.

Si se deseara debatir teóricamente, ahí están la Crítica del Programa de Gotha de Carlos Marx y los escritos de Lenin fundamentando la necesidad de la NEP en la economía rusa, que Stalin logró hacer desaparecer al morir este.

Esa fue, en mi opinión, la causa profunda de que el Socialismo en la URSS haya desaparecido.

Y es a su vez la causa profunda del estancamiento productivo en la economía cubana y de su fracaso para producir alimentos para alimentar a nuestro pueblo sin necesidad de importarlos. Si fuéramos capaces de disponernos a producir 4 millones anuales de toneladas de azúcar, introduciendo desde la siembra de la caña los principios y mecanismos del mercado, la exportación del azúcar a los precios actuales en el mercado mundial facilitaría la obtención del financiamiento para modernizar la agricultura y la introducción de maquinaria para lograrlo.

La burocracia no podrá jamás producir alimentos en la agricultura con órdenes desde arriba. Sólo los mecanismos del mercado aplicados con inteligencia podrá lograrlo.

El Gobierno debe ser capaz de organizar en cada municipio la concurrencia de productores estatales, cooperativas y privados con el comercio estatal y las Mipymes, con la participación del banco, en que acuerden los precios de cada producto entre los productores y los comerciantes, y la garantía bancaria de que el productor cobrará el dinero correspondiente a la entrega del producto.

Se acabarían los precios únicos de compra a los agricultores, y el comercio tendría que aprender a negociar con los productores para lograr buenos precios. El banco tendría que aprender a negociar crédito con los agricultores para que puedan introducir mejores técnicas que les permitan incrementar sus producciones. El Gobierno, a cualquier nivel, no tendría que involucrarse en ese proceso. Su papel sería organizarlo y cuidar que se cumplan las reglas legales establecidas. El socialismo no es el Estado. El Estado es el organizador del mercado y garante del socialismo. La Planificación es el regulador macroeconómico. No impone: regula, utilizando mecanismos e instrumentos económicos indirectos, entre ellos los impuestos, que tienen un papel importante.

Introducir el mercado en la agricultura y la comercialización de los alimentos producidos por esta, tendría como efecto inmediato la elevación del precio de los alimentos producidos en el Pais. Paralelamente el Gobierno tendría que establecer un Programa de subsidios en dinero para las personas vulnerables económicamente, poniendo énfasis en los ancianos y en los jubilados y pensionados por la seguridad social. La fuente financiera principal sería la supresión de la importación de alimentos para entregarlos subsidiados para toda la población, a través de la Libreta de Abastecimientos.

Lo que propongo es rediseñar todo el esquema vigente desde la década de los años 60, por la introducción del mercado en la producción nacional de alimentos y en su comercialización, protegiendo con subsidios en dinero a toda la población que no puede trabajar, para que adquiera, comprándolos, los alimentos que producen los productores agropecuarios nacionales. Apostar, a fondo, porque la economía cubana sea capaz de producir y comercializar sus alimentos a través del instrumento de la utilización del mercado; en que la financiación de la producción y comercialización sea realizada por vía bancaria y que de la protección de la población vulnerable económicamente se encargue el Presupuesto del Estado.

5/20/2026

*Fuente: Segunda Cita

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Argentina está entregando su agua, hoy de propiedad pública, a otra empresa pública, pero israelí

Redacción piensaChile — Tue, 04 Nov 2025 11:09:20 +0000

04 de noviembre de 2025

La empresa estatal israelí, denunciada por limitar el acceso al agua en la Franja de Gaza tiene una extensa relación con el estado argentino y los gobiernos provinciales, con planes de manejo de agua que no se hicieron públicos, y ya asesora a AySA.

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Pero este proceso no es nuevo, no comenzó con Milei, sino que viene desarrollándose desde hace años

Decimos que este proceso viene desarrollándose desde hace años. El siguiente video lo demuestra, pues data del año 2012!

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Alfombra roja para data centers: sin evaluación ambiental pero con mapa para invertir

Redacción piensaChile — Wed, 17 Sep 2025 07:31:24 +0000

17 de septiembre de 2025

Mientras en buena parte del mundo se encienden alarmas por el impacto de la masiva construcción de data centers en el consumo de energía y agua, Chile apuesta por aprovechar la promesa del boom de la inteligencia artificial. El gobierno minimiza las exigencias e incluso prepara un mapa para que las empresas tecnológicas puedan invertir rápido y sin inconvenientes en polos tecnológicos de Antofagasta y Magallanes. Fuente: Labot, 12 de septiembre de 2025.

Llegar y enchufar. Esa sería la traducción no literal de lo que el gobierno espera que puedan hacer las empresas de data centers cuando se instalen en el país. “Plug and play” son las palabras en inglés que usó la entonces ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, en una entrevista con La Tercera. Para eso, el gobierno diseñó un plan. Incluirá guías de trámites y un mapa de inversiones en que se les dice a las empresas qué terrenos pueden comprar para que tengan acceso a la energía que requieren, buena calidad de fibra óptica y autorización para construir. Y, en paralelo y silenciosamente, se les abrió la posibilidad de construir sin necesidad de pasar por el molesto trámite de la evaluación ambiental, que además de ser burocrático, los exponía a tener que responder preguntas difíciles de la ciudadanía sobre cuánta energía o agua van a consumir o cuánta mano de obra local van a contratar.

La alfombra roja regulatoria con que se está recibiendo a los inversionistas tecnológicos se ha visto pocas veces en Chile. Es un proceso que se arrastra desde gobiernos anteriores, pero que se aceleró en la administración Boric, en línea con la competencia de los países de la región por cosechar los prometidos beneficios del auge de la inteligencia artificial. En esa carrera, el que ha llegado más lejos es Brasil, que agregó beneficios tributarios al menú de la oferta, según ha podido comprobar La Mano Invisible de las Big Tech, una investigación transfronteriza de Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, junto con LaBot y otros 16 medios de comunicación.

En Chile, desde el año 2011 se han aprobado 23 data centers a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde en la actualidad hay un proyecto en trámite. Algunas de las empresas dueñas son bastante desconocidas para la ciudadanía, como Ascenty, Equinix, Odata o Scala, pero también están presentes las principales “Big Tech”, como Amazon, Microsoft o Google, que son las que han generado más rechazo de los vecinos. En realidad, muchos de los data centers más anónimos también alojan a estas y otras empresas trasnacionales, como Huawei. Utilizan un sistema denominado “colocation”, en que una compañía instala sus servidores al interior de un data center que no es suyo En esta modalidad es el dueño del data center el que requiere las autorizaciones burocráticas y aparece públicamente, sin que se conozca quiénes operan desde sus instalaciones.

Desde 2011 se han aprobado 23 proyectos de data centers en el sistema de evaluación ambiental. Uno de *Ascenty está en evaluación y uno de **Google en Cerrillos fue desistido luego de que un tribunal ambiental cuestionara su aprobación. Infografía: Constanza Rojas

Dos iniciativas de alta visibilidad pública y protagonismo gubernamental han sido anunciadas en los últimos meses, aunque se fraguaron durante varios años. En mayo, Amazon anunció que invertirá US$4.000 millones en una “región” de data centers y en junio Microsoft echó andar la suya, con tres data centers interconectados. Al primer evento asistió el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, mientras que al segundo fue nada menos que el presidente Gabriel Boric junto a Marcel y las ministras de Ciencia y Bienes Nacionales. “Muchas gracias, Microsoft por esta tremenda inversión”, dijo Boric en un discurso celebratorio.

Aún antes de que el actual gobierno desplegara sus esfuerzos para atraer a los data centers, las empresas tecnológicas ya veían con interés a Chile y a lo largo de la última década han venido poniendo sus fichas en el país. Para poder llevar a cabo sus planes de inversión necesitan infraestructura digital en el Cono Sur y, en comparación con sus vecinos, Chile parece más estable, tiene la matriz energética más “limpia” de la región y posee buena cobertura de fibra óptica.

Para potenciar esas características, el gobierno lanzó en diciembre de 2024 un Plan Nacional de Data Centers (PData), que tiene como primer objetivo “promover el crecimiento de la industria”, además de que esto se haga de manera descentralizada y sustentable, y que fortalezca las capacidades de investigación en el país, por ejemplo, entrenando modelos propios con IA. Pocos días antes de que se anunciara el plan había nacido la Asociación Chilena de Data Centers (Chile Data Centers), creada por las empresas de la industria para tener un interlocutor común ante el gobierno.

En diciembre de 2024 la entonces ministra de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, Aisén Etcheverry, lanzó el Plan Nacional de Data Centers en las instalaciones de Equinix. Foto: Ministerio de Ciencia

La relación entre ambas partes se ve alineada en los actos públicos que comparten y en la sintonía de sus discursos. Por eso se sintió un contraste en la presentación sobre los data centers del principal asesor de la entonces ministra Etcheverry, Sebastián Díaz Howard-Allmand, en un foro organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid, al que asistió por videollamada en junio pasado. Ahí describió de manera bastante descarnada el impacto de los data centers en Chile. En un ambiente en que los otros expositores tenían una mirada crítica a la industria, Díaz contó que cuando empezaron a recibir información de las empresas para poder armar el PData, de pronto se encendió una alarma:

—Y la alarma es que de ninguna forma la Región Metropolitana puede aguantar un crecimiento como este teniendo el nivel de consumo energético que tienen. Y no solo el nivel de consumo energético, sino que el impacto que estas infraestructuras tienen en el territorio. Estas son infraestructuras que no se comunican con el entorno en lo absoluto. Son cárceles, son bunkers de cemento con cables y fierros y nadie sabe lo que ocurre ahí adentro. Hasta un cierto punto tiene sentido porque muchas de estas infraestructuras conservan datos que son muy críticos, pero al mismo tiempo demuestran un desafío enorme.

Ese desafío, continuó, es que “no solo están consumiendo mucha energía y mucha agua, sino que tampoco hablan con el entorno, no hablan con las comunidades y no se siente que existe un beneficio real a la hora de instalar estas infraestructuras aquí. Pero esa es la realidad que tiene Chile. Y esa misma realidad es la que nos justifica a nosotros como gobierno para poder generar un plan”. Esa lógica explica que una de las prioridades del plan del gobierno sea pavimentar el camino para que los data centers se instalen en regiones. Según dijo Díaz, se están preparando “visores territoriales” que permitan georreferenciar la forma en que debiera crecer la industria. Fuera de Santiago, el itinerario del gobierno es Antofagasta, Valparaíso y Magallanes. Luego, el gobierno añadiría Atacama.

Antofagasta es el foco del gobierno para atraer inversiones de data centers. También se promociona a Atacama y Magallanes en la nueva guía de inversiones, aunque anteriormente se había mencionado Valparaíso, donde ya está Scala y llegará el cable submarino de Humboldt. Infografía: Guía de inversión para data centers en Chile

Tras el lanzamiento en diciembre de los lineamientos del plan, comenzaron a correr plazos para la ejecución de los distintos anuncios. Se creó un comité “multiactor” —gobierno, empresas y sociedad civil—, en cuya primera reunión, que se llevó a cabo en mayo, se comunicaron los avances el plan. Por ejemplo, respecto a la elaboración de una “herramienta digital para el crecimiento orgánico” se identificaron 71 variables territoriales y en el corto plazo el trabajo de concentrará en la Región de Antofagasta, donde también se espera construir un “campus de IA” operado por una empresa pública.

Tania Rodríguez, dirigente del Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio (Mosacat), fue la única representante de la sociedad civil que asistió a esa la primera (y hasta ahora única) reunión del comité multiactor del PData, junto a funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas, donde se dieron detalles del proyecto de Antofagasta. Su impresión fue que “todos los ministerios estaban trabajando para ellos” (es decir, para las empresas) y que ya les tenían preparados los terrenos donde instalar los data centers, mientras a las empresas lo que les preocupaba era que no les fueran a subir los precios. “Fue absolutamente decepcionante y doloroso el saber que el Estado está trabajando para el empresariado”, se lamenta Rodríguez.

Desde entonces el gobierno ha adelantado a algunos actores el mapa o visor que fomentará la instalación de un hub tecnológico en la región de Antofagasta, donde los nuevos centros de datos se “enchufen” a fuentes de energía solar en terrenos con permisos preaprobados. En la reunión del comité multiactor se informó que se iniciará un estudio de prefactibilidad para la instalación de este “campus” de IA en Antofagasta, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la empresa pública Desarrollo País, la misma que creó una sociedad con Google para construir el cable submarino de Humboldt que unirá Sudamérica con Oceanía.

El 9 de septiembre pasado el Ministerio de Ciencia firmó un acuerdo con Desarrollo País para el proyecto de Antofagasta en el marco de un acto en que se lanzó una “Guía de Inversión para data centers en Chile”. Dicho evento fue cerrado a la prensa —desde el Ministerio se informó que no estaban permitidos los periodistas— y tampoco se adelantó la guía al comité multiactor, que se se reúne desde mayo. Tania Rodríguez dice que su organización ni siquiera fue invitada al evento y según una persona que sí recibió la invitación, los asistentes parecían ser todos ligados al mundo empresarial.

El mayor detalle entregado hasta ahora sobre el proyecto de Antofagasta fue dado a conocer a fines de junio por el suplemento “Chile Tecnológico” de El Mercurio, donde se le definió como un parque de data centers. La gerente de Infraestructura Digital de Desarrollo País, Natalia López, dijo que se habían identificado terrenos públicos, los que serán urbanizados para que se puedan instalar los data centers, ya sea arrendando o comprando los sitios. “Cada empresa interesada construirá su centro de datos; nosotros daremos las facilidades de inversión, justo en un momento en que Chile necesita esa inversión (…). El beneficio es tener un lugar que cuente con certezas de que todos los permisos se obtendrán, además de contar con energía barata y las menores barreras posibles”, agregó el gerente general de la empresa pública, Patricio Rey.

Portada de la Guía de inversión para data centers en Chile lanzada el 9 de septiembre

El proyecto genera duda entre los activistas, pues no se conocen los impactos ambientales de instalar data centers en el desierto, especialmente si se requerirá de desalar agua para enfriarlos.

Fast track

Desde el primer momento, la principal demanda de la nueva asociación gremial de data centers ha sido disminuir o facilitar los trámites que se deben llevar a cabo para instalar un data center en Chile. Y entre esos trámites el más largo y complejo es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). ¿Qué tan largo? Un análisis de esta alianza de los 16 proyectos aprobados desde 2020 da cuenta de que en promedio un proyecto tarda 8,7 meses en recibir su resolución de calificación ambiental (RCA), pero varía entre 5 y 17 meses.

El compromiso original del gobierno en el PData era estandarizar los criterios de la evaluación ambiental para dar más “certeza” a las empresas. El punto llama la atención, porque hasta ahora no hay proyectos que hayan sido rechazados durante la evaluación ambiental. Sí hay varios que se han desistido durante la tramitación y uno, el de Google en Cerrillos, que fue revocado parcialmente en 2024 por un tribunal ambiental luego de haber recibido una calificación favorable.

En mayo, cuando tuvo lugar la primera reunión multiactor del PData, el Ejecutivo mostró el estado de avance de una “guía con criterios técnicos” para la evaluación ambiental y el 5 de junio Sebastián Díaz, el principal asesor de la entonces ministra de Ciencia sobre data centers, desmintió en su presentación en el Colegio de Arquitectos de Madrid que el gobierno pretendiera desregular a la industria.

Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió al día siguiente, cuando una reunión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó varias modificaciones al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que en la práctica permitirá que los data centers se construyan sin ser evaluados ambientalmente. Aunque internacionalmente los data centers despiertan críticas por su alto consumo energético y de agua, en Chile se los evalúa ambientalmente porque almacenan combustible para sus generadores de emergencia. El cambio reglamentario aumenta de 80 toneladas a 1.000 toneladas de combustible el umbral para exigirles evaluación ambiental, poniéndolo sobre el volumen que utiliza la gran mayoría de la industria de los data centers.

De 17 proyectos evaluados desde 2020, sólo dos incluían volúmenes superiores de diésel. Uno, menos de un 10% superior, y el otro porque incluía tres data centers que se implementarían en dos fases. En el futuro se ajustarán al nuevo umbral o avanzarán por fase y no serán evaluados ambientalmente, adelanta Cristián Rivera, de Giza Ingeniería, la consultora que ha preparado más declaraciones de impacto ambiental para grandes data centers, incluyendo el de más alto almacenamiento de combustible.

Pese a la relevancia del cambio, las palabras “data center” no se mencionaron en la reunión del Consejo de Ministros. Tampoco se incluyeron en el comunicado de prensa en que se informó de la reforma. No fue hasta el 16 de junio, cuando LaBot lo reveló en su newsletter, que se hizo pública la modificación que beneficiaría a los data centers (vea aquí ese boletín). La nota incluía la explicación del Ministerio de Medio Ambiente, donde se informó que la decisión se tomó considerando las implicancias para los data centers y que el tema se había conversado con sus pares de Ciencia. Dijeron que, si bien sabían que sería razonable evaluar a los centros de datos que consumieran agua, eso hubiera significado un cambio legal.

La modificación reglamentaria facilita el camino a las empresas y las libera de cualquier cuestionamiento ambiental (en el proceso se evalúa el proyecto en su conjunto, no sólo el almacenamiento de combustible). También pone un manto de opacidad sobre la instalación de data centers, pues en los procesos normales de evaluación de impacto ambiental, el SEIA incluye una página web de acceso público donde se puede conocer el proyecto y hacerle seguimiento. Además, permite a la ciudadanía organizada participar en ciertas circunstancias. De hecho, en el encuentro en España en que participó Díaz, tanto el activista de Quilicura Rodrigo Vallejos como el periodista de El País Pablo Jiménez habían destacado el proceso de evaluación ambiental chileno por la transparencia de su plataforma. No sabían que probablemente llegaba a su fin para los data centers.

Foto de uno de los data centers de Quilicura, en Santiago, la comuna con más data centers en Chile.

Como era esperable, el cambio causó preocupación y enojo entre los actores de la sociedad civil que participan de las conversaciones con el gobierno. Al pedir explicaciones, desde el gobierno les dijeron que la ministra de Ciencia estaba contra el cambio justamente porque liberaba a los data centers de evaluación ambiental y no había asistido al consejo donde se aprobó. De ser así, no se sabe por qué no acudió a votar en contra —Ciencia fue el único ministerio sin representantes en el consejo— ni ha dicho públicamente nada sobre el cambio. Etcheverry, quien fue ministra hasta el 22 de julio pasado, declinó una solicitud de entrevista para este reportaje. También lo hizo su sucesor, Aldo Valle.

“Nosotros somos activistas que nos movemos por la información dura que está ahí (en la plataforma del SEIA). Estamos viendo y tenemos acceso a la información para poder reclamar. Entonces, sin esto nunca hubiéramos sabido que hay data centers en Quilicura”, recalca el activista Rodrigo Vallejos.

Junto a otros dirigentes, se está asesorando con abogados para iniciar acciones legales una vez que la modificación al reglamento se publique en el Diario Oficial —al momento de cerrar esta nota el gobierno aún no lo enviaba a Contraloría para toma de razón—, pues cree que vulnera los acuerdos de Escazú que firmó este mismo gobierno y que exigen acceso a la información ambiental. “Este es un presidente que, en su programa, prometía un gobierno ecologista, y ahora se entrega totalmente a un discurso de permisología«, cuestiona Vallejos, en referencia a las demandas del empresariado por reducir los permisos.

Desde la academia, la arquitecta Linda Schilling, quien estudia el rol de la participación ciudadana en los conflictos ambientales como parte de su tesis doctoral, reafirma el retroceso que significa el cambio regulatorio. “El sistema de evaluación de impacto ambiental es el mejor archivo de cambios territoriales que existe en Chile”, dice Schilling, quien fue una de las curadoras del pabellón chileno en la bienal de arquitectura de Venecia sobre data centers, que está construido en gran parte a partir de los datos del SEIA.

“Mi equipo considera que los data centers deben ser evaluados ambientalmente porque son edificios con huellas tremendas. Claro, están en parques industriales, pero nos cuesta creer desde la arquitectura que no haya un impacto ambiental para edificios de esa magnitud. Si bien puede que no tengan un gran impacto en el consumo hídrico, sí pueden contribuir a fenómenos como islas de calor y eso puede afectar cualquier tipo de ecologías que estén en el sector”, dice la experta. Para la bienal hicieron maquetas de todos los data centers autorizados hasta ahora y pudieron ver cómo la magnitud de los edificios ha ido aumentando en los últimos años.

Incluso el country manager de Amazon Web Services (AWS), Felipe Ramírez, considera que es importante que estos proyectos sean evaluados ambientalmente: “cuando tú haces inversiones de este tipo, que tienen un consumo de energía relevante, que en algunos casos incluso hay un consumo de agua importante, nosotros creemos que debiesen pasar al menos por una revisión que permita garantizar que en el lugar donde estos (data centers) vayan a operar, si es que generan algún tipo de impacto, ese impacto esté controlado o se compense con algo. Podemos discutir si la cantidad de permisos, si la rigurosidad de los permisos hoy día está bien o está mal, eso es más discutible, pero yo creo que una inversión de esta característica sí tiene que pasar por algún proceso”.

Los verdaderos impactos

El agua suele ser la principal preocupación cuando se habla de construcción de data centers. En todo el mundo se han hecho investigaciones sobre el gran consumo que está generando el auge de la inteligencia artificial y se cuestiona la opacidad de las empresas para dar a conocer cuánto utilizan en su operación. Hasta incluir “por favor” cuando se le pide información a ChatGPT consumiría agua, en palabras del gerente de la empresa que lo produce, Sam Altman.

La explicación para el alto consumo de agua es que los data centers son edificios llenos de racks con servidores que funcionan permanentemente, lo que genera calor. Para bajar la temperatura se requiere tener sistemas de enfriamiento de manera constante. El agua es por lejos la alternativa más costo-eficiente para enfriar los data centers, pero también la que genera un impacto más inmediato en el medio ambiente.

Vista aérea del data center de Google en Quilicura. Crédito: Adolfo Mesías, JutMedia

Sin embargo, la situación del agua en Chile puede ser menos apocalíptica de lo que parece. No siempre fue así. Cuando Google instaló su primer data center en Quilicura en 2013 —que no pasó inicialmente por una evaluación ambiental, aunque sí debió evaluar su ampliación— despertó una gran oposición de los vecinos porque extrae agua de las napas y hay un humedal en la zona.

Luego, en 2019, comenzó con los trámites para construir un segundo data center en Cerrillos, donde nuevamente se encontró con un fuerte rechazo porque contemplaba la extracción de agua subterránea de la zona. Pese a la oposición de los vecinos y del municipio, el proyecto de Google fue aprobado ambientalmente en 2020. Los opositores recurrieron entonces a la justicia ambiental.

Fue por esa causa que nació Mosacat, el Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio. Luego de infructuosas gestiones con Google en Chile, lograron iniciar negociaciones directas con la empresa en Estados Unidos, hasta llegar a un acuerdo para cambiar el sistema de enfriamiento por uno que no utilizara agua. La dirigente de Mosacat Tania Rodríguez recuerda que “fueron un par de años que tuvimos conversaciones y ahí ellos detuvieron el proyecto y ese compromiso fue escrito, fue enviado al SEA (Servicio de Evaluación Ambiental)”. Éste organismo estimó que no era necesario hacer cambios al proyecto para modificar el sistema de enfriamiento (ver expediente). De todos modos, 13 de los demandantes y la municipalidad retiraron su acción legal, salvo una vecina que insistió en tribunales.

Protesta de Mosacat contra el data center de Google en Cerrillos. Foto: Mosacat.

Para sorpresa de muchos, en septiembre de 2024 el juicio que había llevado a cabo esa vecina terminó en un fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que consideró que al no incluirse el cambio de sistema de enfriamiento en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el proyecto no se hacía cargo de su impacto en el cambio climático, por lo que revocó parcialmente el permiso. Ante este escenario, Google retiró el proyecto y presentaría uno nuevo, sin consumo de agua.

La pelea de los vecinos de Cerrillos contra el gigante tecnológico estadounidense fue una de David contra Goliat que le valió a Tania Rodríguez ser considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en inteligencia artificial el año pasado, una lista que lidera justamente el CEO de Google, Sundar Pichai (ver nota).

En Quilicura, en cambio, Google construyó mucho antes y no ofreció un cambio de tecnología que no usara agua, sino que ideó un sistema de compensaciones voluntarias, como la implementación de un “bosque urbano”. Se trata de un terreno ubicado justo al frente del cementerio de Quilicura y que seis años después de su inauguración permanece con obras a medio construir y cerrado al público. Se ha transformado en un ícono de la falta de consideración de las empresas de tecnología por las comunidades a las que impactan. Aunque Google sólo se había comprometido a mantener el recinto por cinco años, su nombre sigue ahí, en el “bosque” abandonado.

Parte de las obras abandonadas del “bosque” de Google en Qulicura y la señalética que explica su origen. Permanece cerrado al público

De esta forma, Google ha encabezado dos proyectos que han enfrentado rechazo de las comunidades y que fueron diseñados con un consumo de grandes cantidades de agua. Además, el suyo fue el primer gran data center en construirse en Quilicura, una comuna considerada de “sacrificio” por la alta saturación de industrias y el impacto ambiental que generan. De a poco se transformó en la comuna con más data centers en Chile, pues a Google le siguieron Ascenty (tres proyectos), Cirion y Microsoft, que se levantan entre bodegas industriales y calles llenas de hoyos por los camiones de carga que circulan sin cesar.

En la memoria colectiva, las peleas de los vecinos de Quilicura y Cerrillos contra Google quedan fijadas como una lucha ambiental ante el gran consumo de agua de los data centers. Para la industria, en cambio, el caso de Google parece ser uno de una empresa que no se adecuó a tiempo a la realidad en que se encontraba.

“Siempre supimos que (Google en Cerrillos) estaba presentando ese proyecto con un sistema de refrigeración por agua y que no iba a ser aprobado porque en Chile no existen grandes data centers que tengan sistemas de refrigeración por agua. Todos los sistemas son refrigeración por aire, porque no hay agua suficiente, la sequía es algo que nos está golpeando en Santiago hace 10 años por lo menos”, dice Carlos Leiva, cuya empresa CLK presta servicios de ingeniería en la construcción y mantención de data centers.

De hecho, ninguna de las declaraciones de impacto ambiental que ingresaron después de la de Google usa agua como sistema de enfriamiento. Aunque las tecnologías propuestas por cada empresa no son idénticas, en general se trata de “chillers”, unas máquinas parecidas a aires acondicionados gigantes. Hay algunas compañías que declaran simplemente no usar agua, sólo refrigerantes que se vuelven gaseosos. Otras admiten usar cantidades limitadas de agua potable, que recircula dentro de un circuito cerrado y sólo debe ser recargada en contadas ocasiones.

También hay sistemas de refrigeración como los que usan Amazon y Microsoft, que pese a declarar el uso de tecnología de bajo consumo de agua, admiten que en los días de más calor requerirán sumar enfriadores que usan la evaporación de agua para complementar. En el caso de Microsoft, el cálculo es que este sistema de respaldo operará el 7% del año (600 horas), que es el tiempo que se prevé que la temperatura exceda los 29,4°C. Amazon, en cambio, cree que el sistema a vapor deberá activarse sólo el 3% del año y, para que quede claro que es poca agua, dice que utilizará entre 788 m3 y 5.554 m3 al año, equivalente al consumo anual de 2 y 16 casas chilenas, respectivamente.

El plan de Amazon es, para el 2030, devolver al medio ambiente más agua de lo que consume o ser water positive, como se dice en inglés. En Chile tienen un contrato con una empresa que ayuda a los agricultores del río Maipo a hacer más eficientes sus sistemas de riego. “Esa es la forma de compensar. De hecho, si miras el consumo que vamos a tener de agua en Chile y todo ese ahorro que se genera, vamos a ser súper water positive”, augura el country manager de Amazon.

Para el arquitecto Nicolás Díaz Bejarano, investigador del núcleo Futures of Artificial Intelligence Research (FAIR) y cocurador del pabellón chileno en la bienal de arquitectura de Venecia sobre data centers, las declaraciones de impacto ambiental de las empresas utilizan un “juego retórico” que mantiene la opacidad sobre el verdadero consumo de agua: “En el informe te dicen que es un sistema cerrado de agua que va a tener un primer llenado y va a ir recirculando. Y en algunos momentos van a rellenar esta recirculación. Ya, pero dígame cuánto consume”.

A nivel internacional se usa el término Water Usage Effectiveness (WUE) o efectividad del uso del agua, pero no existe un índice público que permita comparar la eficiencia de los distintos proyectos. Más allá de las dudas y vaguedades sobre estos nuevos sistemas de enfriamiento, la decisión de no ocupar agua aumenta los costos de operación porque utiliza enormes cantidades de energía para funcionar y que se suma al gran consumo que de por sí tienen los servidores, lo que genera un nuevo flanco.

Mega consumo

Los data centers suelen utilizar como métrica principal su consumo eléctrico (megavatios). Esta forma de medir el tamaño de los data centers da cuenta de la centralidad de la energía en su funcionamiento.

Los data centers con grandes capacidades de procesamiento como los que se han construido en los últimos años para trabajar con inteligencia artificial, llamados de hiperescala, en general consumen entre 20 MW y 40 MW, el equivalente al consumo de todo un pueblo.

Extracto de la presentación del gobierno en la reunión del Comité Multiactor

En el ya mencionado foro en España, Sebastián Díaz dijo que actualmente la capacidad instalada de grandes data centers en la Región Metropolitana y Valparaíso es de 300 MW y que se espera que ese número se quintuplique en los próximos años, es decir, que llegue hasta los 1.500 MW. El problema es que el consumo eléctrico tiene limitaciones físicas, tanto de generación como de transmisión y distribución de energía. El funcionario dijo que el gobierno quería evitar la experiencia de ciudades como Amsterdam o Dublín, que vieron saturados sus sistemas eléctricos por la instalación de data centers sin la planificación adecuada.

Ante la enorme necesidad de energía, en otros países las propias grandes empresas tecnológicas han comenzado a invertir en generación para poder cubrir su demanda. El caso más llamativo es el de Google, que llegó a invertir en energía nuclear.

En Chile hace ya varios meses que se comenta que empresas de data centers invertirán en generación, incluso instalando paneles solares junto a sus plantas, sin que hasta ahora se haya concretado algún anuncio en particular. Sobre este tema, Felipe Ramírez, el country manager de AWS, no niega que esa empresa esté preparando o vaya a invertir en el futuro enproyectos energéticos: “Puede ser. No es algo que descarte y no es algo que tampoco te pueda decir que no lo estemos haciendo hoy día. Nosotros, como AWS, no manejamos todo el detalle, toda la información de eso. Eso se maneja de forma centralizada”.

Encontrar terrenos con buen acceso a energía y fibra óptica, que además permitan la instalación de empresas catalogadas como industria molesta (una calificación que el gremio pide eliminar) es lo que explica que se hayan ubicado en lugares como Quilicura, Colina o Pudahuel.

Esta demanda ha hecho surgir un área especializada del corretaje de propiedades, que se dedica a buscar terrenos factibles para las empresas extranjeras que quieren instalar data centers en Chile. Colliers y GPS Property han creado unidades especializadas, publican reportes sobre el sector e incluso se unieron al gremio Chile Data Centers.

“El terreno es un 5% del total de inversión, entonces no les importa el valor, lo compran caro, por decirlo de una forma, y tienen requerimientos de terreno cada vez más grandes. Un data center tiene que tener acceso a mucha energía porque al final es una maquinita que tiene que correr siempre para que nosotros podamos usar los datos y, además, eso tiene que estar conectado a la red de fibra óptica, pero no cualquier fibra óptica, sino una que puede transportar grandes cantidades de datos”, explica Rebecca Emmons, quien al momento de esta entrevista era subgerenta de data centers en Colliers.

Emmons dice que, por ejemplo en Quilicura, que fue la locación favorita de la industria hasta ahora, ya no hay capacidad para conectar más data centers con la infraestructura existente, por lo que cada vez se mira hacia más al norte de la ciudad en busca de nuevos sitios que les permitan instalarse.

Los requerimientos de los data centers son distintos a los de otras industrias. En la eléctrica Enel aún recuerdan cuando a fines de la década pasada se acercó una empresa de nombre Luna que llegó con mucho secretismo y requerimientos muy específicos: pedían una calidad especial y proyectaban un consumo de 40 MW, equivalente a un pueblo pequeño. Luego se enteraron de que era Google, que en este rubro en Chile opera con la sociedad Data Luna, que no quería que se supiera que estaban haciendo un data center.

Para poder operar estas instalaciones requieren tener la máxima seguridad de suministro y por lo tanto se conectan con una línea dedicada —exclusiva — hasta una subestación, que permite convertir la electricidad de alta tensión a la media tensión con la que operan. Por estas razones, en general son las empresas de data centers las que financian la infraestructura eléctrica que utilizan.

En algunos países, la expansión de los data centers ha generado un aumento de precios en las cuentas de luz para los ciudadanos comunes. En Chile, como gran parte de la infraestructura nueva la pagan los data centers, eso no se influye en el cálculo de tarifa, aunque si la distribuidora debe invertir en una subestación que luego sirve a otros clientes, entonces sí podría afectar los precios. En cualquier caso, los expertos consultados creen que un eventual impacto en el precio de la energía sería marginal.

Otro impacto no deseado del alto consumo de esta industria en otros países ha sido que para suplir la demanda de energía se ha recurrido a combustibles fósiles para la generación eléctrica, revirtiendo la tendencia a utilizar cada vez más energía renovable que no contamine o impacte en el calentamiento global. En Chile hay una fuerte presión para que esto no suceda y no sólo desde el gobierno, sino que las empresas utilizan el factor “sustentable” como una importante carta de márketing. Por su consumo, son clientes libres, es decir, que tienen contratos directos con las generadoras y no pagan la tarifa regulada. Eso les permite comprarles, por ejemplo, a una central solar y decir que se abastecen de energía limpia, aunque lo cierto es que una vez que la energía entra al sistema interconectado ya no es posible saber de dónde se está consumiendo. La empresa contratada podría incluso no estar inyectando energía al sistema en ese minuto.

Actualmente cerca del 40% de la matriz energética chilena es renovable, una cifra alta a nivel mundial, y el plan del gobierno es que crezca significativamente. El problema en este momento es que existe un superávit de energía en el Norte Grande, específicamente en la región de Antofagasta, con dos limitaciones técnicas que por ahora impiden aprovecharla: capacidad de almacenamiento y de transmisión hacia los centros de consumo.

Con esa imagen se graficó el futuro Campus AI de Antofagasta en la reunión del comité multiactor.

El gobierno está trabajando en facilitar que los nuevos data centers se construyan en el norte, donde está la energía solar. Sin embargo, no han dado más detalles, ni información específica sobre cómo piensan lograrlo, por lo que abundan las preguntas. Primero está el tema del plazo, ¿para cuándo es realista pensarlo? Porque los data centers necesitan flujos estables de energía 24/7, con garantías de suministro, y aún no parece haber baterías que den esa certeza para las plantas solares. Tampoco existe la infraestructura de fibra óptica adecuada para transmitir los datos hacia el sur.

Luego está el tema de la temperatura. ¿Dónde específicamente esperan instalarlos? ¿Se calentarán más en el desierto que en Santiago? Si es así, será necesario usar agua, que no hay en esa zona, y por lo tanto recurrir a desaladoras, que usan aún más energía. Un círculo vicioso.

Las promesas

El entusiasmo del gobierno ante los recientes anuncios de inversiones de data centers de Microsoft y Amazon se explica por los grandes montos de inversión anunciados. Mientras la primera proyecta US$3.300 en tres años, la segunda prevé invertir US$4.000 en 15 años.

Cómo esas inversiones impactan en el país tiene mucho que ver con la cantidad y el tipo de empleo que generen, pero es una industria poco intensiva en mano de obra. En la primera etapa, durante la construcción, el empleo es mayor. Pero aun así, hay que tomar en cuenta que, en palabras del representante de AWS en Chile, es un tipo de obra que “no tiene mucha ciencia”. Las constructoras locales deben seguir especificaciones técnicas de AWS y luego la instalación de los equipos es la que requiere de cierta especialización, pero como es algo que se hace una vez, hay personal que viaja por el mundo haciendo ese trabajo: “vienen, hacen la instalación y se van a instalar otra en Nueva Zelanda”, resume Ramírez.

Carlos Leiva, de CLK, dice que las empresas como la suya, que hacen proyectos de ingeniería para data centers, no han podido aprovechar el boom de los mega proyectos para inteligencia artificial. “Traen a sus propios expertos y vienen con un modelo ya hecho, no encargan proyectos de arquitectura, han desarrollado ingeniería espectacular en alguna parte del planeta y tienen 20 o 30 modelos que se adaptan a distintos requerimientos”, dice Leiva. Acá necesitan a un ingeniero y un arquitecto que firmen los documentos legales y que ajusten los modelos a las variables sísmicas, pero el grueso del proceso viene de fuera.

Una vez construidos, durante la operación, las necesidades de trabajadores son aún menores. Claudio Rivera, experto en declaraciones de impacto ambiental para data centers, cuenta que en los procesos de participación ciudadana se nota que la gente cree que estas empresas tienen un impacto laboral como el de las grandes mineras, cuando lo cierto es que generan una mínima cantidad de empleos. De acuerdo a lo que informan las propias empresas en las declaraciones, terminada la construcción en general contratan entre 25 y 50 personas, con un máximo de 100 empleados en contados casos.

En el marco de PData, el instituto profesional Inacap (un centro de estudios no universitario) inauguró un “data center” didáctico para capacitar personal para la nueva infraestructura. El tema se tocó en la primera reunión multiactor de PData, en la que se anunció la preparación de cinco perfiles laborales para data centers: operador/a de infraestructura crítica, especialista en redes y comunicaciones, soporte TI y hardware, consultor/a de diseño y comisionamiento, y analista de sostenibilidad y eficiencia.

Según Tania Rodríguez, la única asistente de la sociedad civil, se habló de extender las capacitaciones a otros centros de formación técnica. Ella, que ha visto las cifras de mano de obra que requerirán los data centers, cuestionó la idea. “Dije que me parece una irresponsabilidad de parte del Estado; van a salir un montón de chiquillos, porque van a cambiar las mallas curriculares, y no van a tener trabajo porque esto (los data centers) no da puestos de empleo.”, cuenta Rodríguez.

Sin embargo, cuando se habla del impacto de los data centers se mencionan enormes cifras de empleo que incluyen el uso de la tecnología de la nube, pero no se detalla cómo se generarán. Quizás el caso más llamativo es el de Microsoft, que al lanzar su región de data centers hizo una gran campaña comunicacional que subrayaba los miles de empleos que crearía y su propaganda fue simplemente repetida por las autoridades de gobierno.

En su discurso en ese evento, el presidente Boric mencionó los supuestos 17 mil empleos directos que se crearían en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, además de 80 mil en el ecosistema de data centers. Los datos figuran también en un comunicado del gobierno que entre los “beneficios de contar con el data center de Microsoft en Chile”, menciona “más de 17 mil nuevos empleos calificados”.

LaBot pidió a Microsaroft el estudio en el cual se basan esos datos, que fue realizado por la consultora IDC por encargo de la empresa. El informe de una página detalla que los 17.278 empleos serán generados por “Microsoft, su ecosistema y los departamentos de TI de las empresas clientes”, mientras que otros 81.041 provendrán de puestos directos creados por Microsoft, sus socios y clientes. No dan más detalles, pero sí un desglose de las cifras por sector. El documento entregado por Microsoft (ver aquí) no explica cómo se llega a esas cifras y la empresa no respondió los requerimientos de mayores detalles y rechazó una solicitud de entrevista.

Extracto del estudio de IDC para Microsoft.

En general estos anuncios se basan en cálculos sobre el uso de la “nube”, pero no especifican cómo se hacen ni qué pasaría si los data centers estuvieran en Mendoza o en Tacna y Chile accediera de la misma manera a los servicios de la empresa

Reflexión crítica en Venecia

Curiosamente, entre los académicos que en los últimos años han estudiado y cuestionado el auge de los data centers en Chile destacan arquitectos y diseñadores. Eso explica que este año el pabellón de Chile en la bienal de arquitectura de Venecia tuviera como tema principal la construcción de data centers, con la paradoja de que, mientras a través del Ministerio de Ciencia el gobierno impulsaba un plan para facilitar su instalación en el país, el Ministerio de las Culturas financiaba un pabellón que cuestionaba las políticas del Estado en esta materia.

La mesa-pantalla del pabellón de Chile en la bienal de Venecia, por donde circula información sobre los data centers. A los costados, maquetas de cada uno de los data centers aprobados ambientalmente en Chile. Foto: Cristóbal Palma.

Haciendo caso omiso al tecno-optimismo que irradiaba el tema general de la bienal, “Inteligencia natural. Artificial, Colectiva”, el pabellón chileno lleva el nombre “Inteligencias Reflexivas” y pone el foco en la falta de consideración sobre las comunidades, a partir de las evaluaciones de impacto ambiental de 25 proyectos de data centers.

A través una larga mesa, que en realidad es una pantalla que transmite un video, se ven avanzar los distintos proyectos e incluso el Plan Nacional de Data Centers del Gobierno. “La premisa de este proyecto es clara y contundente: si se pretende construir un futuro tecnológico justo, equitativo y sostenible, lo primero que tenemos que hacer es rediseñar las estructuras y procesos de toma de decisiones que lo hacen posible”, escribieron los curadores en una columna en el diario El País.

La mesa digital es una metáfora que no cuestiona la necesidad de construir data centers, sino la forma en que se hace: “Para imaginar otro futuro, debemos entonces recuperar la mesa, no sólo como metáfora y símbolo, sino como una exigencia de deliberación, participación, responsabilidad y justicia. Donde la realidad de la inteligencia artificial, cargada de minerales, agua y energía, sea confrontada y no ocultada”. Pero mientras esta reflexión tenía lugar en Venecia, en Santiago el gobierno se movía en sentido contrario: eliminando las instancias de participación y deliberación sobre estos proyectos de infraestructura digital, así como la información pública que permitió montar la muestra.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation – IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

*Fuente: Terram

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Alto Mañihuales: Crónica de una contaminación anunciada

Redacción piensaChile — Sun, 01 Jun 2025 04:16:56 +0000

27 mayo, 2025
Graves problemas ambientales y de salud, son el resultado de la contaminación por metales pesados que la explotación y el despojo de la industria Minera ocasiona donde se establece. El problema se hizo manifiesto hace 10 años cuando fallecieron animales y se detectó plomo, mercurio y arsénico en la sangre de varias familias del sector de Mañihuales, en el extremo sur de Chile.

Localización

Ya son 10 años. Una década. Quizás un poco más.

En 1983, durante la dictadura militar, comenzó el proyecto minero subterráneo en lo que hoy es Minera Pacífico del Sur, quien adquirió la propiedad en agosto de 2019, después de estar en manos de diversos consorcios durante 35 años. La minera opera en el distrito subterráneo “El Toqui”, en la región de Aysén, cercano a la localidad de Mañihuales. Según su página web, dice ser el principal proveedor de zinc en Chile, produciendo además concentrados de plomo, oro y plata. En 2024, logró exportar un total de 62.000 toneladas de cinc concentrado destinado al mercado asiático. Este año ha concretado su segundo embarque de concentrado de zinc del año, con destino al puerto de Lianyungang, en China. En total, fueron 12.000 toneladas las que zarparon desde Puerto Chacabuco. “Nuestro objetivo es mantener esta línea de producción y continuar aportando al desarrollo de la industria minera chilena con estándares de calidad y eficiencia”, señalaba a un medio el gerente general de la minera, José Quiroga.
El yacimiento “El Toqui” abarca una extensa área de 1.800 km² y alberga yacimientos clave, como Doña Rosa, Aserradero, Mina Profunda, Altazor, Rosa Oeste, San Antonio Este, Mallín-Mónica, Mallín Sur, Porvenir, Estatuas y Concordia.(datos página web de la compañia)

El 24 de septiembre de 2014 se supo que estaban muriendo animales. Dos vacas en el predio El Mirador fue la primera alerta.

“Detectan plomo y arsénico en vacunos del sector Alto Mañihuales” tituló por esos días El Diario de Aysén. “Presencia de metales pesados en vaquilla muerta activa rigurosa fiscalización” agregaba El Divisadero.

El Colegio Médico de Aysén se sumó a los cuestionamientos, tras realizar sus propios análisis que confirmaron lo que se presumía: varias familias del sector presentaban altos niveles de concentración de metales pesados como plomo y arsénico, incluido zinc. Zinc, el mineral matriz de las operaciones de El Toqui, la compañía que bajo diversas controladoras ha explotado la zona desde mediados de los 80. La que desde 2019 es propiedad de la Sociedad Minera Pacífico del Sur.

Por esos días el gobierno abordó el asunto. Eran los tiempos de Bachelet 2.

El Ministerio de Salud identificó a las familias afectadas -y que estuvieron disponibles para ser parte del proceso- para impulsar un trabajo de atención de salud personalizada. Duró dos años el procedimiento, con controles, medicamentos y la sugerencia de que usaran, permanentemente, mascarillas. Familias que están desde antes de las operaciones mineras.

Como confirmara la señora Raquel este viernes en reunión con las autoridades: “Somos nacidos y criados ahí. No somos de afuera”. Cuando se retiraron del sector aledaño a los relaves, todos sus hijos ya habían sido impactados, incluida la más pequeña de cuatro años que “ya salió contaminada. Y también yo. Y así varios vecinos más”.

Se tomaron muestras al agua, se iniciaron fiscalizaciones, se impusieron sanciones. Todo mientras duró el revuelo. Unos dos años, más o menos.

El gobernador de Coyhaique, Cristian López Montecinos (DC), constituyó una mesa tripartita en el área: gobierno, empresa, vecinos. Como CODESA fuimos parte de las primeras reuniones, al ser una de las organizaciones que viabilizó que se conociera el tema a nivel regional y nacional. Rápidamente la autoridad provincial cerró la posibilidad para que ésta y otras agrupaciones cautelaran el avance del proceso.

Hoy, a más de tres mil kilómetros, López cumple otras funciones. Es ministro suplente en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. En estos años, ha favorecido con sus votos otro proyecto minero: Dominga, en Coquimbo.

El resultado de esa mesa quedó a la vista: Al poco tiempo ya estaba encaminada, con la recurrida práctica transaccional del Estado y ciertas empresas: asistencia económica a cambio de la salud de las personas y la integridad de los ecosistemas. Ahí estuvo el transporte público subsidiado hacia Coyhaique, un curso de alfabetización de adultos, instalación de paneles fotovoltaicos, entre otras medidas.

En esa época, el gerente de la empresa señalaba que “el plan definitivo de encapsulamiento de la corona del tranque está financiado para el año 2016, en enero comenzará el cierre definitivo, y evitar la polución. Esta tendría una inversión de 2 millones de dólares, aproximadamente, cumpliendo con esto el compromiso con la mesa”.

A los pocos años de los hechos de 2014, nos olvidamos. O, mejor dicho, el Estado y las controladoras. Porque desde la sociedad civil se siguió exponiendo el tema. En 2018 se organizó en Puerto Ingeniero Ibáñez el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?”. Por cierto, ninguna autoridad participó. Estábamos en el gobierno de Piñera 2, que un año después sería raudo en apoyar la venta minera a sus actuales dueños, luego de la quiebra de la australiana Laguna Gold.

Lo ocurrido en este verano, con la muerte de una decena de vacunos es, diría alguien, crónica de una muerte anunciada. De varias muertes, más bien. No es que fuera novedad. En la reunión del viernes el SAG confirmó que en 2021 ya se tuvo conocimiento de pérdida de equinos por la misma razón: metales pesados.

En estos años no se ha activado un mecanismo de medición sistemático en el ecosistema del lugar para conocer a ciencia cierta y periódicamente los niveles de contaminación de los suelos, forraje, ganado, agua, hortalizas, no sólo al lado de los relaves sino mucho más allá. La gente lo dice: el polvo vuela hasta Lago Norte, a unos 10 kilómetros del relave Confluencia.

Tampoco, exámenes periódicos a los vecinos y pobladores. Que la logística, que es muy caro, que quizás no es tan grave. La oferta, los exámenes del sistema de salud normal al que accede toda la población. Y que se sabe detectan problemas cuando ya es demasiado tarde.

Y lo que es peor, ninguna medida concreta sobre el tranque de relaves Confluencia, de casi 6 millones de toneladas de material contaminante, que a la intemperie permanece distribuyendo mineral hacia los sectores aledaños.

Desde hace ya cinco años este pasivo ambiental está con orden de someterse a evaluación ambiental, medida que la Superintendencia del Medio Ambiente no ha tenido la voluntad de materializar. El organismo no concurrió a la reunión a la que se convocó el viernes último, a pesar de haber sido formalmente invitado el jefe de la oficina regional Oscar Leal.

En estos años, durante Boric 1, el seremi de Minería Juan Vásquez, paradójicamente militante del partido Federación Ecologista Verde Social (al cual hace un tiempo se integraron en masa múltiples militantes del extinto Partido Ecologista Verde), se ha dedicado a relatar “el liderazgo de la compañía”. A pesar de estar informado de las irregularidades, tampoco concurrió a la convocatoria.

Lo mismo ocurrió con Sernageomin, cuya directora regional Andrea Aguilar fue otra autoridad que se restó.

Ausencias que se notaron. Y que mantienen preguntas sin respuesta. Las mismas que el Estado, en distintos gobiernos, no ha tenido voluntad de zanjar. Y que valida lo que el viernes resumió la señora Raquel: “No hay que dejar que caiga (el tema), porque ahí sí que vamos a perder”.

Contaminación minera en Alto Mañihuales, Aysén

Antecedentes confirman que empresa minera no ha adoptado medida alguna tendientes a impedir o mitigar impactos ambientales y sociales, siendo evidente e incuestionable el vínculo causal entre este actuar ilegal de Minera Pacífico del Sur y la grave contaminación ambiental que afecta el ambiente, la salud y la vida de los habitantes de Alto Mañihuales”.…

*Fuente: PrensaOpal

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Cambio climático, sequía e incendios forestales: todos los caminos conducen a la crisis capitalista

Redacción piensaChile — Thu, 20 Feb 2025 19:47:52 +0000

20 de febrero de 2025

En marzo de 2024, el Ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, visionariamente lideró la Quinta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Sequía (IWG por sus siglas en inglés), mesa de trabajo especializada de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que se realizó en la Región de Coquimbo.

Este IWG, que periódicamente reúne a representantes de todos los continentes, y en la que Chile ocupa un espacio representativo de América Latina junto a Brasil, Honduras y Santa Lucía, es un grupo de trabajo creado para desarrollar políticas efectivas y medidas de implementación para abordar los impactos de la sequía en el contexto de la Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD). A su vez, presenta sus conclusiones y recomendaciones para su consideración por las Partes en los períodos de sesiones de las COP de la CLD, para llevar a cabo su tarea en el contexto de un enfoque holístico e integrado más amplio para la reducción del riesgo de desastres, entre ellos los incendios forestales, y el aumento de la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas.

Su mandato es hacer un balance y revisar los marcos existentes de políticas, implementación y coordinación institucional, sobre preparación y respuesta a la sequía; considerar opciones para políticas apropiadas, medidas de promoción e implementación, en todos los niveles, para abordar la sequía, y sus efectos, de manera efectiva en el marco de la CLD.

Para ser parte de este espacio, los países postularon en 2022 a ocupar una silla en la mesa de trabajo, y por el Grupo Latinoamericano y el Caribe (GRULAC), han participado Santa Lucía, Honduras y Chile (que alterna con Brasil por Sudamérica).

Chile ratificó su adhesión a la CLD en noviembre de 1997, perteneciendo su representación al Ministerio de Agricultura.

La Convención de Lucha contra la Desertificación (CLD)

Una tierra sana es la base del bienestar de los ecosistemas y la biodiversidad del planeta: nos permite producir alimentos, nos protege y constituye la columna vertebral de la economía global.

Cuando la tierra se degrada o se ve afectada por la sequía, pierde su capacidad de sustentar la vida, lo que genera una serie de consecuencias que van desde la pérdida de cosechas hasta la migración, incremento de riesgo de desastres y conflictos. La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD o UNCCD, usando sus siglas en inglés) se estableció en 1994 para proteger y restaurar nuestra tierra y garantizar un futuro más seguro, justo y sostenible, y es una de las tres (3) convenciones nacidas de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, junto a las de Cambio climático (UNFCCC) y la de Biodiversidad (CBD).

La CLD es el único marco jurídicamente vinculante creado para abordar la desertificación y los efectos de la sequía. Hay 197 Partes en la Convención, incluidos 196 países Partes y la Unión Europea. La Convención, basada en los principios de participación, asociación y descentralización, constituye un compromiso multilateral para mitigar el impacto de la degradación de la tierra y proteger nuestra tierra para que podamos proporcionar alimentos, agua, refugio, disminuir riesgos y generar oportunidades económicas a todas las personas.

La Convención une a gobiernos, científicos, formuladores de políticas, el sector privado y las comunidades en torno a una visión compartida para restaurar y gestionar la tierra del mundo. Este trabajo es crucial para garantizar la sostenibilidad del planeta y la prosperidad de las generaciones futuras.

La IWG en camino a Latinoamérica

En la segunda reunión del IWG, que se llevó a cabo en Bonn, Chile ofreció alojar una reunión en Chile.

Para el país, resultaría trascendental realizar dicha reunión en territorio nacional, no solo por la grave y creciente situación de sequía que enfrenta, y la discusión parlamentaria de la nueva Ley de Suelos alojada en el Congreso, sino también porque con este marco científico-político, se habilita para llevar a cabo una conversación que une horizontes de política y futuro que pocas veces se encuentran en el actual debate político nacional e internacional, cual es la compresión de las razones profundas del deteriorado estado ambiental y las causas profundas de las transformaciones del clima a escala global, que solo se explican por el modelo económico imperante, que al tiempo que mantiene en paupérrimas condiciones de vida a miles de millones seres humanos en todos los continentes y también arrasa con la naturaleza y sus especies sin ninguna consideración de presente, y menos de futuro.

El fenómeno de la sequía ha sido considerada como el principal y más devastador efecto del cambio climático en la Sesión Especial del Foro de Ministras y Ministros de Medioambiente de América Latina y el Caribe, en Río de Janeiro, Brasil en septiembre de 2024, un par de meses antes de la COP16 de desertificación, y al mismo tiempo ha sido un obstáculo sin solución en el contexto de avance de dicha convención.

Ya en la COP15 de Abidjan, las Partes habían sido incapaces de avanzar en la resolución del mecanismo global para la lucha global contra este fenómeno, situación mantiene en stand by el estatus de de la CLD, en comparación con las de Cambio Climático y Biodiversidad, que ya avazaron a dicho estatus, con el Acuerdo de París (2015) sobre cambio climático y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022), respectivamente.

Como expresó un representante de GRULAC: el resultado de la COP16 “ha sido una gran derrota. Se ha perdido tiempo, recursos y esperanzas del mundo campesino y rural. No se puede calificar de bueno y positivo algo que terminó en cero avances, y más aun considerando que el multilateralismo se está debilitando cada vez más, tanto en Cali, Bakú como en Riyhad. Tuvimos una oportunidad a la puertas de alcanzarse y se perdió, y los próximos 4 años transcurrirán en el contexto del gobierno negacionista de Trump en Estados Unidos. Para el mundo en vías de desarrollo, esta pérdida de tiempo y oportunidades es especialmente grave, porque enfrentamos desafíos y presiones alimentarias en el presente, en un contexto que se deteriora cada día más”.

Coquimbo es el epicentro de la crisis climática en Chile

Coquimbo se considera la región más afectada por los efectos de dichos fenómenos en Chile, afectando fuertemente a los sistemas de agua potable rural, la disponibilidad de forraje para el ganado caprino y a la capacidad productiva de la economía familiar campesina.

Producto de la crisis hídrica, las autoridades de salud emitieron una resolución que declara zona de riesgo sanitario a toda la región, fundada en el estado de los embalses y de las proyecciones de Meteorología, que prevén precipitaciones bajo lo normal.

Esta medida viene a sumarse a resoluciones previas efectuadas por otras instituciones, como instrumento adicional y complementario a las declaraciones de zona de catástrofe del Ministerio del Interior y de zona de escasez hídrica del Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo que configura un contexto muy complejo para la región.

Desde la perspectiva del mundo académico, también han surgido voces validadas en distintos estudios que dan cuenta de los fenómenos discutidos, destacando un grupo de investigadores de Unesco, que estudió las causas de la extendida sequía en dicha región, demostrando según sus análisis que la sequía en Coquimbo fue provocada inicialmente por el sobreconsumo del vital elemento, indicando que mientras más aumentó la riqueza en la zona, mayor fue la reducción de caudales, pozos y aguas subterráneas.

En el estudio, titulado “Cambio climático y uso excesivo: desafíos de los recursos hídricos durante el crecimiento económico en Coquimbo”, publicado en la revista Sustainability, el 15 de marzo de 2022, revisó los datos disponibles por la Dirección General de Aguas (DGA) desde 1984 a 2018, considerando 43 estaciones pluviométricas, 10 estaciones de flujo de ríos y 11 piezómetros (utilizados para la medición de pozos), demostrando que la falta de agua en la IV Región no ha sido necesariamente creada por el cambio climático, sino por el modelo de consumo productivo y humano.

A su vez, el 72% de la superficie chilena experimenta sequía en diversos grados, y la región de Coquimbo es una de las regiones más afectadas con un déficit de lluvias que alcanza el 85,9%.

Desde Coquimbo hasta la Región Metropolitana, se aprecia la intensificación del riesgo de sequía como consecuencia de la disminución de las precipitaciones y el deterioro de la cubierta vegetacional. Esta tendencia se asocia probablemente al desplazamiento del límite austral del desierto de Atacama.

En las regiones de O’Higgins y de Maule, el riesgo de sequía disminuye, sobre todo por la mayor presencia de vegetación arbórea con cierta resiliencia al déficit hídrico, lo que indica que las acciones que sean posibles de ejecutar en relación con restauración pueden tener un efecto significativo.

A medida que el fenómeno de El Niño se debilita, aumentan las probabilidades del surgimiento de La Niña, planteando el riesgo de una nueva temporada con escasez de agua en el territorio nacional. Hace un siglo, en 1924, se registró una intensa sequía que afectó desde la Región de Valparaíso hasta la de Ñuble, y existe la posibilidad de una repetición exacta un siglo después. Los registros meteorológicos indican que las sequías más severas del último siglo han coincidido con eventos de La Niña.

Una sequía de esta magnitud se considera un desastre con efectos significativos en los ecosistemas naturales y el desarrollo de actividades humanas. Los años más secos están golpeando duramente tres sectores clave de la economía chilena: la minería, presente en trece de las dieciséis regiones del país; la generación de energía eléctrica a través de centrales hidroeléctricas; y la agricultura, que enfrenta un impacto sin precedentes.

Los incendios forestales son efecto de la crisis rural

Adicionalmente a la trascendente problemática de la sequía, hay nuevos desafíos que multiplican los temas de discusión, como por ejemplo las brechas de género y tenencia de la tierra, aun fuertemente relacionadas y que tampoco avanza; a su vez, problemáticas de migración, la situación de los pastizales y tierras de pastoreo, el relevante rol de la agricultura familiar campesina y el conocimiento ancestral de los Pueblos Originarios.

Sin embargo, y pese a todo tipo de preparativos y análisis del “efecto espejo” que se produce entre los hemisferios, la agenda estival del hemisferio sur releva el impacto y ocurrencia de los incendios forestales y la rápida aceleración de las tasas de degradación de la tierra (y emisiones).

Los incendios forestales tienen impactos complejos sobre los procesos ecológicos, debido a la variabilidad de las estructuras del paisaje como a las diferentes respuestas de la vegetación. Los impactos de los incendios van a depender de la intensidad, recurrencia y duración del incendio forestal. Estos efectos pueden ser directos, tales como pérdida de animales, pérdida de la vegetación y degradación del suelo. Los efectos indirectos, por su parte, van desde la erosión del suelo y la contaminación del agua hasta el ensuciamiento de represas y deslizamientos de tierra.

Los efectos en el suelo van a depender de la topografía del lugar, intensidad del proceso de erosión, tasa de regeneración de la cubierta vegetal post-incendio, recurrencia, intensidad y duración del fuego.

Los principales impactos de los incendios forestales son a nivel de las propiedades (físico, químico y biológica) y productividad del suelo. Estos impactos se traducen en: generación de erosión, pérdida de nutrientes, disminución de la materia orgánica y la alteración de la vegetación.

El ciclo hidrológico de una cuenca se puede ver afectada después de un incendio forestal debido a la pérdida de vegetación, disminución de la materia orgánica y los cambios en las propiedades del suelo, las cuales causan una disminución en las tasas de infiltración, disponibilidad de agua y aumento de escurrimiento.

La relación de la vegetación y los incendios forestales se centra en la modificación en su estructura, composición y servicios ecosistémicos. El reemplazo de especies nativas por exóticas provoca los siguientes efectos: menor cantidad de precipitación interceptada, mayor movimiento de la masa de aire y mayor cambio en la temperatura y humedad del suelo.

La modificación de la estructura y composición de la vegetación debido a los incendios forestales puede afectar a los servicios ecosistémicos. Por ejemplo: disminución de la tasa de descomposición de hojarasca, disminución de nichos para invertebrados, alteración al microclima, entre otros.

A su vez, la brecha que existe en las olvidadas prioridades de las economías rurales, que pongan en valor la silvicultura, la agricultura y ganadería regenerativas, la trashumancia e incluso los servicios ecosistémicos, resulta ser una pieza clave para la consecución de paisajes que nos permitan mejorar los niveles de control contra los incendios. Este paisaje en mosaico y diverso podrá ser una realidad solo si se revierten los graves procesos de despoblación rural y recuper los usos y aprovechamientos de la naturaleza, como la agroforestería.

El cambio climático, la degradación ecológica y los derechos de los pueblos indígenas afectan la forma en que se gobiernan las tierras y los recursos.

Específicamente, en la gobernanza de los incendios forestales, la participación individual y comunitaria ha aumentado, lo que la hace más participativa y descentralizada. A pesar de la evidencia de esta tendencia, la gestión de grandes extensiones de paisajes propensos a incendios todavía se centra en la extinción organizada por una burocracia estatal centralizada.

Las actuales políticas de lucha contra los incendios forestales, tanto en climas mediterráneos como a nivel global, son insuficientes para dar cuenta de una creciente, compleja y desafiante tarea. Estas políticas priorizan avanzados dispositivos de extinción, ignorando variables como la carencia de planificación, los efectos del calentamiento global y la acumulación de combustibles (naturales) a escala de paisaje. Además, tienden a sobre reaccionar ante la opinión pública únicamente con una inversión cada vez mayor de recursos financieros, que a su vez son resultado de políticas económicas dominantes que, para efectos de la prevención y combate a los incendios forestalles, constituyen un saco sin fondo dirigido a financiar un potente sistema de extinción que compromete el impulso de una verdadera política forestal – dejada en manos de los monocultivos forestales por sobre el bosque nativo – y la planificación territorial para beneficio de los ciudadanos del mundo rural.

El énfasis puesto en la eficacia de la extinción tiene efectos que, a medio y largo plazo, son perversos. El problema se resuelve en lo inmediato, combatiendo los incendios. Pero en algún momento, como ya ha sucedido y volverá a suceder, habrá una inevitable confluencia de condiciones meteorológicas extremas y acumulación de combustible a escala de paisaje, generando incendios de extraordinaria intensidad, poniendo nuevamente en riesgo vidas, propiedades y ecosistemas.

La extinción de incendios debe seguir desempeñando un papel clave en la protección de vidas y asentamientos humanos. Para ello deben contar con los recursos adecuados, personal bien capacitado y la debida coordinación con el resto de los operativos de protección civil. Sin embargo, ha quedado demostrado que el enfoque no funciona con las actuales tendencias del clima y el contexto de abandono rural y forestal. En estas circunstancias, la frecuencia de los eventos extremos va a aumentar incluso ante el incremento en los presupuestos comprometidos para la extinción de incendios. Es urgente un cambio de foco en la gestión del fuego producto del cambio climático y sus efectos.

Dependiendo del contexto, este cambio de política no equivale a una disminución en el esfuerzo de extinción de incendios, sino a un enfoque orientado a la inversión para recuperar el paisaje heredado. La búsqueda de territorios más resistentes a los súper incendios o incendios de sexta generación, debe perseguir recuperar el tradicional paisaje en mosaico que incluya la apertura de pequeños pastizales, la creación de cortafuegos naturales, la sustitución de monocultivos de paisajes más propensos a la ignición o modificar plantaciones abandonadas por otras más adaptadas al nuevo clima o bien diversificar las masas protectoras compuestas por una única especie. Se suman a este enfoque la restauración ecológica a escala paisaje, limitar las parcelaciones o subdivisiones del ecosistema rural y otras políticas que derivan en la prevención.

Los paisajes, las estructuras y las personas (y, por ende, los Estados) deben hacerse más resistentes a los efectos del fuego, el que jamás desaparecerá. Seguir respondiendo a cada catastrófica temporada de incendios con un gasto cada vez mayor en extinción, sin atender los problemas de fondo tanto de la orientación de la economía (una vez más) como de la vida orientada al consumo (de bienes y de naturaleza), es y será insustentable a largo plazo.

En general, las inversiones dirigidas al desarrollo rural, a la gestión forestal responsable o a la adaptación del paisaje al cambio climático, son testimoniales por parte de los Estados. En los presupuestos públicos poco se considera una prevención real y eficaz que persiga minimizar los impactos de los incendios.

Es clave reconocer que el cambio climático aumenta la frecuencia y gravedad de los incendios forestales catastróficos. Más de 100 estudios revisados por pares, publicados desde 2013 a la fecha, demuestran un fuerte consenso en que el cambio del clima extiende los períodos de riesgo de incendios forestales y aumenta la probabilidad de ocurrencia. El (mal) uso de la tierra y las (malas) prácticas de gestión forestal también son factores contribuyentes, pero no explican completamente la magnitud de los incendios forestales en los últimos años.

Los diversos paisajes y comunidades del país requieren estrategias y acciones adaptadas a cada región, protegiendo a sus comunidades y sus lugares naturales de los impactos de los incendios forestales catastróficos, lo que no se puede lograr mediante una solución estándar que sirva para todos orientada desde el centro de la capital del país.

Los diferentes tipos de vegetación y paisajes (desde las formaciones xerofíticas, el bosque frío y la patagonia) requieren enfoques diferentes. Las inversiones y los programas estatales deben reconocer y permitir soluciones impulsadas a nivel regional y local en asociación con grupos y líderes locales.

La resiliencia ante los incendios forestales catastróficos significa restaurar la salud de nuestros bosques y diversos paisajes en todo el territorio nacional, y fortalecer la preparación contra los incendios forestales desde el interior de las comunidades. Si bien el trabajo debe comenzar en el manejo forestal, una estrategia efectiva para abordar el creciente riesgo de incendios forestales también debe enfatizar las acciones que se deben tomar en hogares, vecindarios y comunidades.

A su vez, se debe comunicar con mayor fuerza a las comunidades que el consenso científico considera que los incendios frecuentes y de baja intensidad pueden ser una fuerza positiva para mejorar la salud forestal y biodiversidad y seguridad de las comunidades forestales. Se deben aprovechar las prácticas de los pueblos originarios, los ganaderos y las comunidades rurales para ampliar las quemas prescritas y llevar estas mejores prácticas a tierras estatales. Los incendios, dentro de la fatalidad, pueden suponer un punto de inflexión para generar paisajes menos inflamables y evitar que vuelvan a quemarse dentro de 20 o 30 años.

Fortalecer los vínculos entre la salud ecológica de los bosques y la salud económica y social de las comunidades rurales debe ser un factor a considerar. Los casos exitosos de gestión forestal y de productos madereros ambientalmente sostenibles son vitales para permitir la prosperidad en las economías rurales forestales, como ha sido desde antes de la dominación global del neoliberalismo.

Rodrigo Andrade Ramírez:

X @randrader I IN www.linkedin.com/in/rodrigoa1 I TkTk @rodrigo.andrade950

Fundador del Diplomado en Cambio Climático en Políticas Públicas para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Profesor de Gobernanza Climática Multilateral para el Diplomado en Cambio Climático de la Universidad de Santiago de Chile (USACH); Ex Director de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile. Columnista y Escritor.

Dr. Guido Asencio Gallardo, Académico chileno

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México: «El agua no es mercancía»

Redacción piensaChile — Wed, 27 Nov 2024 22:13:41 +0000

27 de noviembre de 2024

Presidenta Sheinbaum presenta Plan Hídrico 2024-2030; se ordenarán concesiones de particulares

Los cinco puntos principales del Plan Hídrico son: ordenar las concesiones, la eficiencia en el riego agrícola; un plan maestro que incluye a los municipios, estados y Gobierno federal para que los recursos se pongan a trabajar conjuntamente; los proyectos estratégicos del agua y el saneamiento

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Marruecos y el fin del saqueo económico del Sáhara ocupado; claves para desbloquear el conflicto

Redacción piensaChile — Tue, 09 Apr 2024 17:59:44 +0000

09 de abril de 2024

El camino de la victoria pasa por destruir la economía de colonización marroquí

ECS. Madrid. | El régimen marroquí, vive una crisis estructural sin precedentes, pues jamás durante el reinado de Mohamed VI el país magrebí había acumulado tantos contratiempos simultáneamente, que no hacen sino agudizar su situación; crisis política, social y económica, grave sequía, guerra en el Sáhara Occidental, desavenencias en el Palacio Real por la sucesión del trono, ruptura con Argelia y un rey que gobierna desde la distancia ajeno a la realidad de su Reino. Este peligroso cóctel que puede llevar a Rabat a precipitarse para imponer un nuevo statu quo en la región coincidiendo con el impasse actual en el conflicto, pues en estos últimos meses ha acantonado tropas en distintos sectores en el centro y sur del Sáhara Occidental, así como maquinaria, nuevos aeródromos y pistas de aterrizaje.

Marruecos, que justifica su ocupación del Sáhara Occidental con un relato que no tiene otro sentido que el de apropiarse de la riqueza de un territorio que no le pertenece, que nunca le ha pertenecido y que tarde o temprano perderá. Cualquier guerra que genere dinero para costearla proporciona una razón importante para la consecución de la victoria, pero si los gastos de la guerra provocan el debilitamiento de quienes la libran con la consecuente erosión de su economía, éstos pueden ser derrotados e incluso ser arrastrados a la rendición. Por lo que la acumulación de costes es la dirección correcta y el objetivo que la guerra de liberación debe alcanzar en su fase actual.

La energía: solar, eólica, el petróleo y el gas, la agricultura y la pesca son elementos extremadamente importantes y esenciales para el mantenimiento de la anexión y del ejército de ocupación, por lo tanto, si son elementos objetivos que sirven para perpetuar la ocupación marroquí, se convierten automáticamente en objetivos legítimos de la lucha armada del pueblo saharaui tal y como lo son en la batalla jurídica. Pero antes, echemos un vistazo más de cerca de lo que se trata éste robo sistemático de bienes y recursos saharauis, que reproduce una diabólica retroalimentación entre ocupación y beneficios económicos, para tener claro que solamente la erradicación del componente económico de la invasión ilegal del Sáhara Occidental hará ceder al régimen marroquí.

Energía: el Talón de Aquiles de la ocupación

Las dos principales empresas exportadoras de petróleo de Marruecos son Cepsa y Repsol, multinacionales españolas. Casi medio millón de toneladas de productos derivados del petróleo se desembarcaron en los puertos de El Aaiún y Dajla. Los productos derivados del petróleo son esenciales para que Marruecos mantenga su ocupación del territorio y se utilizan principalmente como combustible para vehículos, motores y cargueros que participan en el saqueo del territorio saharaui, o son utilizados con fines militares por el ejército invasor marroquí. Estos transportes los realizan principalmente dos navieras, Wisby Tankers, empresa sueca cuyos petroleros enarbolan pabellón noruego y, la más implicada, la empresa francesa Sogetran, que por sí sola transportó un tercio del total del petróleo enviado al Sáhara Occidental.

En cuanto al gas, la exportación total al Sáhara Occidental en forma de GLP la lidera principalmente los Países Bajos, que es el mayor proveedor de gas, pero también los Estados Unidos, Francia, Croacia, España, Bélgica, Italia y la República Democrática del Congo. El gas importado se utiliza para apoyar la infraestructura y las industrias de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Las principales empresas involucradas en el transporte son: BW Epic Kosan, filial del gigante BW Group, una multinacional noruega especializada en el transporte marítimo de hidrocarburos, Wisdom Marine Group que es empresa taiwanesa, y Stealth Corp, una naviera griega.

La electricidad es otro de los elementos más esenciales en la economía colonial y clave para sus operaciones militares en desierto abierto y remoto. Marruecos, que se presenta internacionalmente como un campeón en materia de energías renovables pese a que solo el 8% de su consumo total es limpio, está en proceso de instalar un gran proyecto energético en las tierras ocupadas del Sáhara Occidental. Es decir, el mantra de la energía renovable solo es posible manteniendo la ocupación. Y es Nareva, la empresa de energía eólica propiedad del holding Al-Mada (antiguamente SNI) perteneciente a la familia real marroquí, la propietaria de los grandes parques eólicos. Estos parques eólicos incluyen Tarfaya, con una capacidad instalada de 300 MW, y Aftissat, ubicado a 50 km al sur de la ciudad de Bojador ocupado, con una capacidad de 200 MW. También está el parque Foum El Oued, uno de los primeros parques eólicos puestos en marcha por Nareva cerca de El Aaiún con una capacidad para 50,6 MW. En la construcción de parques eólicos participan varias empresas extranjeras, siendo las más importantes GE Renewable Energy, filial de la gigante estadounidense General Electric, así como la británica Windhoist, la estatal italiana Enel y la germano-española Siemens Gamesa. Todos estos parques eólicos están gestionados por EEM (Energie Eolienne du Maroc), que a su vez pertenece a Nareva. Toda esta energía generada es utilizada por las industrias que saquean los recursos no renovables del territorio saharaui y brindan oportunidades de empleo atrayendo a más colonos de Marruecos. Además, fue Alcatel Submarine Networks, filial francesa de la multinacional Nokia, la que tendió los cables de telecomunicaciones desde Dajla ocupada hasta el fondo marino.

La electricidad producida también podría exportarse al extranjero, en particular a la Unión Europea, que la necesita con urgencia dada la incompetencia de los líderes europeos sujetos al dictado de Bruselas emitido desde Washington. Tanto Reino Unido como España y Francia apoyan a Marruecos en esta aventura de exportación de energía verde manchada de sangre saharaui.

Refugiados saharauis observan un desfile militar en Tifariti. MOHAMED MESSARA / EFE

Producto de su invasión, Marruecos cuenta con el potencial solar del Sáhara Occidental. Para ello, están operativas dos plantas de energía solar fotovoltaica llamadas »Noor» con una capacidad combinada de 100 MW. Una con capacidad para 80 MW en la capital El Aaiún y otra de 20 MW en Bojador, que fueron construidas como parte de proyecto NOOR PV I, llevado a cabo por un consorcio liderado por ACWA Power (Arabia Saudita), en asociación con Shapoorji Palloni (India), Chint Group (China), Sterling & Wilson (India) y Astroenergy (filial de Chint Group).

El cemento también es crucial para la construcción, ya sea para uso gubernamental, militar o civil. Tan solo en El Aaiún ocupado están asentadas tres fábricas de cemento: La alemana Heidelberg Cement –la mayor productora de cemento alemán, clasificada como el 2º grupo cementero más grande, y ejerce su control sobre las empresas CIMAR (Ciments du Maroc) y CIMSUD (filial del grupo Anouar Invest). Esta última unidad tiene una capacidad de producción de 500.000 toneladas anuales y fue construida por otra empresa alemana, Thyssen Krupp. La multinacional franco-suiza Lafarge Holcim también líder en el mercado cementero mundial posee una unidad de trituración de 200.000 toneladas al año. El Clinker, sustancia que se usa para elaborar el cemento, procede de Portugal.

Agricultura y pesca: Los mercados más sólidos

Dajla, la antigua Villacisneros, es principal proveedor de productos del mar a nivel nacional e incluso en varios mercados extranjeros, incluida la UE. Los puertos de la capital administrativa El Aaiún y el de la capital económica, Dajla, están gestionados por la Société d’exploitation des ports SA (Marsa Maroc), que es propiedad del Májzen marroquí en un 60% y cotiza en la Bolsa de Valores de Casablanca.

Grandes cantidades de productos pesqueros se transportan en camiones cuya propiedad se oculta o encubre cuidadosamente en viajes de ida y vuelta entre los puertos de Dajla y El Aaiún hacia los puertos de Marruecos. Flotas enteras se utilizan para exportar fosfatos, arena, harina y aceite de pescado, así como pescado congelado y productos agrícolas. Hallamos por ejemplo la francesa CMA CGM, especializada en el transporte marítimo en contenedores con base en Marsella, que sirve en particular al puerto de Dajla y permite la exportación de pescado congelado a Europa.

El rey de Marruecos también ha intensificado la agricultura mediante la realización de concursos públicos destinados a atraer nuevos colonos para cultivar en las tierras saharauis. Marruecos es el primer exportador, fuera del continente europeo, que abastece de tomates saharauis al mercado de la Comunidad Europea. Así, los productos saharauis de hortalizas en general y tomates en particular exportados ilegalmente a la UE seguirán aumentado pese a la sentencia del TJUE que anulará los acuerdos UE-Marruecos por considerar que el Sáhara Occidental no pertenecía a Marruecos. La brecha ilegal de El Guerguerat en el sur de los territorios saharauis ocupados canaliza gran parte de las hortalizas saharauis en camiones a través del paso que conecta con Mauritania. Es igualmente importante señalar que la operatividad y libre tráfico de este paso fronterizo producto del expansionismo por la fuerza militar ha sido posible mediante la inexplicable complicidad de las autoridades mauritanas, que pese a que reconocen la República Saharaui, violan su integridad territorial con impunidad pasmosa en un acto que echa por tierra su supuesta neutralidad meramente declaratoria.

La brecha ilegal de El Guerguerat y sus implicaciones estratégicas

Geográficamente, Marruecos se encuentra aislado del África Occidental por sus dos rivales, Argelia al este, que mantiene cerrada sus fronteras compartidas, y la República Saharaui al sur, que mantiene ocupada militarmente, por lo que carece de ningún paso o conexión terrestre hacia dicha región. En el contexto de la ocupación, El Guerguerat era estratégica para los saharauis, hasta 2020, porque era la única salida al Atlántico y hacia la ciudad fantasma de La Güera, así como por la cercanía con la capital económica de Mauritania, Nuadibú. En tanto es así, la ilegal anexión marroquí con la posterior construcción de un nuevo muro y bases militares en El Guerguerat tiene un significado eminentemente económico; Otorga a Marruecos el anhelado acceso al mercado del CEDEAO del que ya forma parte su gran rival, Argelia, que sí comparte frontera natural con Mauritania y poseen ruta terrestre. Rabat es consciente de que el acceso al mercado del CEDEAO solo puede ser posible anexándose la brecha ilegal de El Guerguerat, paso fronterizo que conecta con Mauritania a través del punto PK-55, que se encuentra en el extremo sur de los territorios de la República Saharaui, por tanto es la única vía del territorio que le permitiría comercializar sus productos con los países del África Occidental y del Sahel, y competir así con las rutas argelino-mauritanas como Tinduf-Zuérat y Nuakchott-Uargla.

Se trata de la única carretera terrestre que conecta Marruecos a través de la República Saharaui y Mauritania con las profundidades del África Occidental, evitando además grandes costes en transportes marítimos al facilitar una ruta terrestre directa desde el puerto mediterráneo de Tánger hasta Dakar. Rabat logra sortear así su encapsulamiento geográfico por décadas y refuerza su ocupación del Sáhara Occidental al convertir la brecha de El Guerguerat en condición indispensable y razón de existencia de dicha ruta. Actualmente, del paso fronterizo ilegal de El Guerguerat depende gran parte del comercio UE-África ya que Marruecos es el principal socio comercial de la UE en la región norteafricana, además mantiene a Nuakchott dependiente de la ruta por la gran exportación de hortalizas, insumos de primera necesidad y material electrónico que recibe. En el mismo sentido, para mantener a Mauritania alejada de cualquier posicionamiento a favor de la República Saharaui, amenaza continuamente con invadir La Güera con la finalidad de construir un puerto marítimo que haga competencia al puerto de Nuadibú, ciudad mauritana portuaria de mayor actividad.

Economía marroquí y ruptura con la ocupación saharaui

¿Qué peso tiene Marruecos en el escenario mundial? Lo vemos reflejado en los microestados y monarquías del Golfo conservadoras que abrieron consulados en los territorios ocupados. Si en el mundo capitalista, la potencia y peso de los países se mide por su PIB, Marruecos, deficiente en recursos naturales, gran parte de su riqueza proviene del saqueo sistemático de los recursos naturales saharauis, y la otra parte de su «agricultura» norteña centrada en la producción de sustancias ilícitas y el consiguiente tráfico a escala mundial, en particular hacia Europa y Latinoamérica, el «turismo» sexual practicado a escala industrial en conocidos hoteles, el chantaje con la inmigración para la obtención de las subvenciones europeas que se le asignan desde décadas para, supuestamente, vigilar e impedir la entrada de inmigrantes en Europa, y que por alguna extraña razón no cesa.

Como se puede apreciar, para Marruecos es económicamente ineficiente hacer la guerra; El mantenimiento del statu quo en las regiones anexadas revierte en beneficios millonarios a los que es difícil renunciar voluntariamente, además mantiene tres cuartas partes de su ejército en la región que ocupa con los correspondientes gastos de transporte y mantenimiento, sus acciones se limitan a esporádicos ataque con drones diez veces más costosos que el objetivo atacado. Como mucho, se prevén algunas operaciones especiales puntuales para reforzar su presencia en el territorio y disuadir.

Los ingresos de Marruecos por la exportación de recursos naturales saharauis siguen constituyendo un importante superávit financiero que supera las necesidades de su ejército, asegura la compra de armamento y refuerza la maquinaria militar dirigida a la guerra contra el pueblo saharaui para consolidar la prolongación de sus actividades ilícitas y el posterior desgaste del Polisario, sin mencionar el enriquecimiento de sus generales que los mantiene distraídos de los golpes militares.

Habrá entonces que generar las condiciones favorables para la insostenibilidad del mantenimiento de su presencia militar a través de la generación de costes, poniendo de esta manera en jaque a su »economía de colonización», revertir la rentabilidad económica que ofrece la ocupación en la medida en que ésta se ha convertido en el núcleo esencial de su permanencia ilegal. El ELPS podrá cambiar las reglas del juego si golpea enclaves y emplazamientos cruciales de la columna vertebral económica como ya hizo durante la primera guerra.

El futuro de toda guerra es un tratado de paz, y el primero de las partes contendientes que hable de dicho tratado es el que está más exhausto de proseguir la guerra, bien porque el perjuicio es mayor aún saliendo victorioso, o bien por la insostenibilidad de la misma ante el elevado número de problemas que genera para los estados, muy en particular sobre su economía. Hassán II ya lo comprobó.En vista de la macabra burla diplomática y el más que justificado mutismo del régimen marroquí sobre un conflicto que tiene perdido y que no quiere remover demasiado, solamente una escalada bélica podrá hacerlo claudicar para que vuelva a mirar hacia su interior y reoriente sus energías hacia la construcción de su sueño de grandeza dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

*Fuente: ECSaharaui

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Rusia busca crear una bolsa de cereales de los BRICS

Redacción piensaChile — Tue, 02 Apr 2024 21:20:23 +0000

02 de abril de 2024

Rusia planea abrir una bolsa de cereales de los BRICS, lo que supondrá una conmoción para el mercado agrícola mundial, escribe el ‘South China Morning Post’. La medida reforzará la influencia de Moscú como proveedor clave de grano, mejorará la seguridad alimentaria del bloque y golpeará a los exportadores occidentales, desde EEUU hasta Australia.

Pese a las restricciones occidentales al sector agrario ruso, Moscú sigue siendo un actor importante en la agricultura, con casi una cuarta parte del mercado mundial del grano. En 2023, el país exportó productos agrícolas por un valor de al menos 43.500 millones de dólares, y en 2024 prevé vender hasta 65 millones de toneladas de cereales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, respaldó esta iniciativa para competir con el sistema de precios de los cereales dominado por Occidente y desafiar al dólar estadounidense como principal moneda de intercambio mundial, subraya el medio.

Una bolsa de cereales de los BRICS, continúa, uniría a los mayores compradores y exportadores de grano del mundo. El 2023, los países miembros del bloque (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) representaron cerca del 42% de la producción mundial y el 40% del consumo de cereales, según el Ministerio de Agricultura ruso.

En 2024, tras incluir a Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, la asociación aumentaría la producción de cereales a 1.240 millones de toneladas y el consumo a 1.230 millones.

Como consecuencia, el intercambio de grano entre los países BRICS podría reforzar «la influencia geoeconómica y diplomática de Moscú sobre sus aliados», así como impulsar su confianza económica, explica el periódico.

«Para los miembros de los BRICS, este tipo de intercambio de cereales podría reducir la incertidumbre y ayudar a garantizar un flujo constante de productos a pesar de las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales y los crecientes problemas de escasez de alimentos«, agrega.

Es más: dado que los países del grupo son ricos en recursos naturales, los intercambios de cereales entre ellos podrían allanar el camino a un mayor comercio interregional e incluso a la aparición de una «bolsa de materias primas de los BRICS» más amplia, pronostica el South China Morning Post.

En cuanto a los exportadores de cereales y fertilizantes occidentales, el intercambio de granos de los BRICS podría dar lugar a una «mayor competencia en la diplomacia agrícola» y a intentos de encontrar mercados alternativos para sus productos.

Los exportadores, representados por Estados Unidos, Canadá y Australia, podrían enfrentarse «tanto a dificultades para mantener su cuota de mercado y negociar condiciones comerciales favorables como a la competencia del grano ruso más económico», detalla el medio.

Por ejemplo, se prevé que Rusia exporte el 56% de la cosecha de trigo de 2023-2024, un récord de la era postsoviética, frente a solo el 39% de Estados Unidos, que se encuentra por debajo de la media del 50%.

Mientras tanto, se prevé que las exportaciones de trigo australiano caigan un 45% hasta los 17,5 millones de toneladas en 2024. Para hacer frente a los problemas y cambiar la dinámica comercial, los grandes exportadores occidentales podrían tener que replantearse sus políticas agrícolas, reconoce el South China Morning Post.

De esa forma, la idea rusa de creación de una bolsa entre los BRICS tiene importantes implicaciones para la dinámica agrícola mundial, que van desde realineamientos geopolíticos y geoeconómicos hasta una mayor competencia comercial agrícola.

«Este planteamiento permite a Rusia demostrar su fuerza (…) y sacudir el mercado agrícola mundial», resume.

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Carta al Alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave

Redacción piensaChile — Wed, 06 Apr 2022 21:59:20 +0000

Sr.
Juan Pablo Olave
Alcalde de Isla de Maipo

De nuestra consideración:

Usted se adjudicó el puesto de alcalde de la municipalidad de Isla de Maipo asegurando en su millonaria campaña política que si usted triunfaba su sello sería el respeto y la protección de los vecinos de esta comuna rural, sobre todo por los abusos de ciertos poderosos que aquí abusan hace décadas de las y los isleños. Pero una vez más nos han mentido, porque como vecinos/as, somos testigos de que en su mandato o cargo se da completamente lo contrario. Desde que usted asumió la alcaldía, las faltas de respeto a los vecinos/as se han desatado, más incluso que con los alcaldes que lo precedieron como máxima autoridad de Isla de Maipo.

¿Qué ha hecho usted ante la putrefacta y contaminante cara de la industria del vino en Isla de Maipo, don Juan Pablo Olave?

Miles de familias vivimos, día tras día, hace años y años, soportando olores putrefactos, asquerosos, progresivos, sin que usted ni los anteriores alcaldes de esta comuna se den por enterados.

Ni usted ni sus predecesores han hecho nada hasta aquí, durante todos estos años, por parar el atropello impune de la industria del vino al derecho constitucional que tenemos los vecinos/as isleños de vivir en un ambiente libre de contaminación, aquí en esta Comuna, a pesar de los cientos de reclamos que han presentado y hemos presentado las juntas de vecinos durante todos estos años en la Municipalidad de isla de Maipo, inclusive ante el señor Claudio Orrego, cuando este señor era intendente de la Región Metropolitana, incluso ahora que es el gobernador, pero nadie del poder nos pesca.

De manera continua, tanto de día como de noche, aunque especialmente por las noches, apenas oscurece, desde las 18 horas de la tarde hasta las 07 horas de la mañana siguiente de cada día, durante años, día tras día, la industria De Martino Vinos (de propiedad de Giorgio de Martino https://demartino.cl/) vierte con desparpajo los desechos químicos venenosos de su producción vitivinícola en riachuelos y canales de regadíos que empapan y atraviesan napas subterráneas, riachuelos, sembradíos, cultivos de verduras para comer, huertos frutales familiares, villas, poblados y poblaciones rurales, sin que usted como autoridad máxima de la comuna haya dicho hasta aquí nada, pese a los reclamos que hemos dirigido a su alcaldía este año 2022.

Estos desperdicios que arroja, por ejemplo De Martino Vinos (entre otras viñas) a estos riachuelos (que pudren y ennegrecen aguas cristalinas), ocasionan malestares de estómago, cefaleas, sensación de repugnancia, impotencia, ventanas cerradas, moscas y más moscas, daño a la salud y a la calidad de vida de cientos de vecinos de Isla de Maipo, sin contar aquí la devaluación de sus casas y propiedades a causa de este flagelo. Y el drama es que estas putrefacciones afectan especialmente a los más vulnerables en su salud, es decir, a niños, niñas, abuelas y abuelos. ¡Hasta cuándo, señor alcalde Juan Pablo Olave! ¡¿Hasta cuándo?!

Por si no fuimos claras y claros: Viñas de Isla de Maipo, como De Martino Vinos, contaminan la tierra, las napas subterráneas, las aguas y el aire con olores putrefactos que recorren gran parte de la comuna de Isla de Maipo durante décadas, y eso lo hacen impunemente y durante años.

(https://prensaopal.cl/2021/05/10/vecinos-se-hartaron-de-la-contaminacion-en-isla-de-maipo/).

Especialmente afectados son los vecinos y vecinas (incluyendo niños y ancianos) de distintos sectores, por ejemplo, Gacitúa, Lo Pérez, etc. Y la gran tragedia es que las cooperativas de agua potable extraen el agua para beber de las napas subterráneas de nuestras tierras, tierras que De Martino “Premium Vinos” y otras viñas han contaminado con total impunidad por años y años. Y usted, señor alcalde, ¿no dijo que su sello sería proteger y respetar a los y a las vecinas de Isla de Maipo?

Este es un hecho conocido por todos aquí en esta comuna, y el drama se arrastra por décadas, y ninguna autoridad se ha atrevido a ponerle freno al abuso con que operan esta y otras industrias de Vinos en Isla de Maipo. ¡¡ Y usted tampoco ha hecho nada, señor alcalde Juan Pablo Olave!!!

¿Hasta cuándo los olores putrefactos de esta Viña De Martino y sus consiguientes mosqueríos y la contaminación asquerosa de los riachuelos y canales de regadío, así como de las napas terrestres y las aguas para beber de Isla de Maipo, junto con el atentado impune por parte de un poderoso contra la salud de miles y miles de isleños?

Con el debido respeto, pero muy molestos/as le saludan:

Vecinas y Vecinos de Lo Guerra, de Población Gacitúa, de Callejón Lo Pérez y de muchas zonas habitadas por seres humanos de Isla de Maipo, es decir, por personas que merecen consideración y respeto a su salud, su calidad de vida, su dignidad, sus derechos constitucionales.

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