• Naama Asfari, condenado a 30 años de cárcel, pide su libertad y la de los presos de Gdeim  de Izik en cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Están  repartidos por prisiones de Marruecos alejadas de su territorio. Son humillados, padecen indefensión, maltrato, aislamiento, falta de asistencia médica y ausencia de higiene.

Como siempre de manera pacífica, vuelve a saltar la revuelta. Tanto ha tensado la cuerda Marruecos que los presos, a pesar de su debilidad provocada por el trato en la cárcel, han sido capaces de levantarse. Varios presos han ido abriendo el camino con huelgas de advertencia -48 horas- aquí y allá, para que les liberen en cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Ahora, Naama Asfari se ha lanzado a un reto muy peligroso, la huelga de hambre indefinida. Empezó el 8 de junio. Su cuerpo flaquea. Los presos le acompañan. Los días 16 y 17 de junio, los presos de Gdeim Izik hicieron una huelga de 48 horas.

Naama Asfari fue secuestrado en la tarde del 7 de noviembre de 2010, víspera del desmantelamiento de Gdeim Izik. Había testigos. Desde ese mismo momento fue torturado y no volvió a pisar la calle. Sin embargo Marruecos le acusó de tener un tenderete en Gdeim Izik ¡el día 8, de madrugada! donde repartía puñales para atacar a los marroquíes. Fue salvajemente torturado y condenado a 30 años.

Documental sobre el asalto marroqui al Campamento de Gdeim Izik (en los territorios del Sahara Occidental, ocupados  militarmente por Marruecos):

En 2014, Naama fue el primer preso de Gdeim Izik en denunciar su caso ante el Comité contra la Tortura -órgano de Naciones Unidas-, que dictaminó el 18 de abril de 2017 que las confesiones de Naama habían sido obtenidas bajo tortura, que las alegaciones de tortura –incluso las formuladas en el juicio– no suscitaron ningún tipo de investigación. El Comité instaba a Marruecos a indemnizar a Naama y proporcionarle reparación por los daños sufridos, así como la adopción de medidas para garantizar que no se repitieran las violaciones. También una investigación sobre los hechos, acciones judiciales contra los responsables del trato infligido, la abstención de presión, intimidación o represalia contra el autor y su familia, y permiso para recibir visitas en la cárcel [1]. Marruecos no se ha molestado en aplicar una sola de las medidas exigidas.

Otros ocho presos de Gdeim Izik fueron denunciando a Marruecos ante el Comité contra la Tortura, con las mismas resoluciones por parte del organismo de Naciones Unidas y con iguales resultados en cuanto a la ausencia total de cumplimiento por parte de Marruecos.

En 2022, 18 de los 19 presos de Gdeim Izik reclamaron su libertad ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria.

Y, en 2023, obtuvieron un dictamen drástico de este organismo, que exigía su liberación inmediata [2], más los consabidos derechos a reparación, indemnización e investigación sobre las circunstancias de la privación de libertad, y medidas contra los responsables de la violación de sus derechos. También, se dictaba el reenvío del caso a la relatora especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a la relatora especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a fin de que tomasen las medidas procedentes.

Incumplimientos de Marruecos

3 años después, Marruecos no ha movido ficha. Los presos de Gdeim Izik siguen encarcelados en condiciones espeluznantes, repartidos por prisiones de Marruecos alejadas de su territorio y por ende de sus familias. Naama está en Kenitra. Son humillados, maltratados en todos los aspectos de su cautiverio, desde la comida, la higiene, el aislamiento, la indefensión, la brutalidad, hasta la negativa a proporcionarles asistencia médica.

A pesar de las explícitas decisiones de la ONU, a Naama Asfari no le puede visitar su mujer, la francesa Claude Mangin, que ha sido rechazada en el aeropuerto de Salé en múltiples ocasiones. El 18 de abril de 2018, Claude hizo una huelga de hambre de un mes para forzar a Marruecos a permitir la visita. Marruecos lo consintió una vez. Nunca más. En otra ocasión, en mayo de 2025, Claude y la Asociación francesa de amigos de la RASD (AARASD), en la que milita Claude, organizaron una “marcha por la libertad” que discurría desde Ivry-sur-Seine (al norte de París) hasta Tarifa, pasando por ciudades y pueblos de Francia y de España donde difundían la causa saharaui y la situación de los presos, con talleres y conferencias. El fin último era visitar a Naama. La comitiva fue rechazada en Tánger y les mantuvieron en el barco, de vuelta a Tarifa.

Naama ha sido una persona atormentada por la ocupación, por su papel en la defensa del Sahara Occidental. Su padre, ya fallecido, estuvo preso y torturado. Y él sentía no estar a la altura. Ahora, tras 16 años en cautiverio y en plena huelga de hambre, quizá tenga la conciencia en paz.

Dos presos de Gdeim Izik ya figuran en los anales de las grandes huelgas de hambre. El Bachir Khadda hizo una huelga de 43 días en el invierno de 2018. Mohamed Lamine Haddi, protagonizó dos: una de 69 días, iniciada el 13 de enero de 2021, otra de 63 días, iniciada el 27 de septiembre de ese mismo año. El seguimiento de estas huelgas fue angustioso porque se podían haber muerto en cualquier momento, y por el comportamiento cruel de la prisión con los huelguistas y con la familia. Estas huelgas pedían el fin de la tortura –ambos estaban en aislamiento desde septiembre de 2017- y de las terribles condiciones carcelarias. No consiguieron nada.

La diferencia entre estas huelgas salvajes y la de Naama –que lleva el mismo camino– es que Naama se limita a reclamar algo que ya está dictaminado desde hace tres años por un órgano de Naciones Unidas, que insta a que les pongan a todos en libertad. Lo que pide no tiene vuelta de hoja.

La causa de Naama está recibiendo mucha divulgación. Desde la Liga por los Presos Saharauis en Cárceles Marroquíes, asentada en los territorios ocupados, hasta la propia AARASD, se están moviendo para que esta huelga tenga eco, para que las instancias internacionales se movilicen. Así ha sucedido con Front Line Defenders, la conocida asociación internacional por los derechos humanos, que se ha sumado a manifestar su inquietud por la salud de Naama y a señalar los derechos violados por Marruecos y su responsabilidad. Equipe Media –también en los territorios ocupados– transmite que la diputada italiana Laura Boldrini, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Italia, y el diputado Stefano Vaccari, coordinador del Intergrupo Parlamentario de Amistad con el Pueblo Saharaui, han presentado una interpelación parlamentaria al Gobierno italiano, solicitando una intervención urgente para proteger al preso político saharaui Naama Asfari y al resto de los presos políticos saharauis recluidos en prisiones marroquíes. CODESA hizo un llamamiento urgente a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para intervenir y salvarle la vida.El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis en Cárceles Marroquíes alerta en España sobre la huelga en su concentración semanal. Igualmente, las páginas web dedicadas al Sahara Occidental hacen un seguimiento de la huelga y piden la liberación de Naama y del grupo.

Todos transmiten el mensaje de la solidaridad internacional como palanca de la lucha.

Circulan peticiones de firmas en apoyo a Naama y demás presos de Gdeim Izik [3], y también una propuesta de carta para la Embajada de Marruecos exigiendo la libertad.

Se tiene que movilizar la sociedad civil, pero también los grandes organismos como el Consejo de Derechos Humanos, la Cruz Roja, el Alto Comisionado de los derechos humanos, los Estados… la potencia administradora del Sahara Occidental… para poner fin a esta venganza colectiva.

Naama pide su libertad y la de todo el grupo de Gdeim Izik. Se está jugando la vida. Se la juegan todos, en realidad, en ese lento asesinato a que Marruecos les tiene condenados a base de abandonarles sin sanidad y en unas atroces condiciones de cautiverio.

*Fuente: Contramutis

1.    https://digitallibrary.un.org/record/3988952?v=pdf

2.    A/HRC/WGAD/2023/23

3.  https://www.acatfrance.fr/actions/liberte-pour-naama-asfari-prisonnier-sahraouis/

La democracia no se destruye sólo con golpes de Estado. Puede erosionarse lentamente clasificando personas y reduciendo sus derechos en nombre del orden, la seguridad o la convivencia. La historia muestra que las formas más graves de persecución pueden comenzar clasificando a las personas: peligrosas, indeseables, incívicas, antisociales, sospechosas o incompatibles con el interés nacional.

El nazismo no persiguió sólo a judíos, ni comenzó matándolos en masa. En 1935, en pleno auge, el Parlamento aprobó la Reichsbürgergesetz (Ley de Ciudadanía del Reich). Esta ley dividió a la población entre ciudadanos con plenos derechos y “súbditos del Estado”. Junto con otras leyes, medidas administrativas y acciones policiales, generó un sistema de clasificación, exclusión y persecución por razones sociales, culturales, políticas o raciales.

El nazismo no persiguió solamente a quienes cometían delitos. Persiguió identidades, ideas, orígenes, condiciones sociales y formas de vida. Los migrantes, los homosexuales o los discapacitados eran vistos como “anomalías” o cargas para el Estado. Bastaba con ser socialdemócrata o liberal, pensar diferente o defender derechos, no hacía falta ser comunista. También los intelectuales, periodistas y artistas que no se alinearan con el régimen. Peor aún si se era judío o descendiente de judío.

Si un individuo era clasificado en alguna de estas categorías, poco a poco le fueron quitando derechos sociales, se le impusieron prohibiciones en ciertos trabajos, se anularon derechos políticos y hasta se le arrebató la vida misma.

A esta advertencia sobre hasta dónde puede degradarse un Estado democrático, se suma la propia historia social de Chile, atravesada también por discriminaciones culturales, listas negras, exclusiones administrativas y castigos políticos.

Tras la Guerra Civil de 1891, la derrota política y militar balmacedista se tradujo en castigos administrativos y económicos. Militares y civiles vinculados al bando derrotado fueron apartados de sus cargos, privados de ingresos, pensiones o posibilidades de continuidad laboral.

La pasada dictadura cívico–militar, además de las violaciones más atroces de los derechos humanos, utilizó la burocracia como arma de represalia. Se crearon listas para expulsar estudiantes; despedir funcionarios o periodistas; prohibir el ejercicio de algunas profesiones o recibir beneficios fiscales como pensiones. Se han documentado al menos 157 mil personas afectadas por estas medidas. El Decreto Ley N°604 de 1974 facultó al régimen prohibir el ingreso al país a una lista de al menos 80 mil chilenos, cuyos pasaportes eran marcados con una “L”.

Todas esas formas de exclusión produjeron vidas interrumpidas, familias separadas, trabajos perdidos, carreras truncadas, proyectos destruidos y derechos negados.

Aunque luego tuvieron que ser reconocidas y corregidas, la historia amenaza con repetirse con la pretensión de generar una “ley de incivilidades y vandalismo” que estigmatice a las personas y las excluya de derechos.

Mientras el debate se centre en la evidente aberración jurídica de esa pretensión, nos perdemos de lo fundamental. El punto no es si se trata de delitos o faltas penales ya existentes. Ni qué autoridad decreta la incivilidad, bajo qué procedimiento, o si es posible revertir la pena. Ni quién puede acusar y dar origen a la inclusión en la lista. Tampoco está en el fondo del asunto si nos irrita que una manifestación interrumpa el tráfico, si un grafiti nos ofende o si en ese contexto se generaron daños a la propiedad privada y pública.

No se trata del rechazo a lo que, con buenas razones, puede incomodar, desagradar y afectar de diversas formas.

Nos perdemos de lo fundamental porque el fondo del asunto no es jurídico–formal, ni si ciertas conductas son reprochables o no. El centro del tema es otro.

Una cosa es sancionar hechos concretos conforme a la ley. Pero esta iniciativa no trata de sancionar X o Y hecho punible, puesto que muchos de ellos ya son delitos o faltas. Otra cosa es que el Estado genere una lista que sume a las sanciones establecidas la privación de ciertos derechos, estigmatice a un sector de la sociedad y la divida entre ciudadanos civilizados y vándalos.

Cuando un Estado, invocando la seguridad, la tranquilidad, el orden y el respeto a la autoridad, clasifica a las personas para privar derechos y estigmatizarlas, la frontera entre orden y persecución desaparece. Y el paso de un régimen democrático a uno autoritario se acelera.

Desde su origen, esta medida tiene un sentido político, especialmente después del estallido social. No busca simplemente proteger el orden público: busca preservar el orden económico profundamente concentrado y excluyente. Es una herramienta para limitar la movilización social, debilitar la protesta, disciplinar a los manifestantes y advertir al resto de la sociedad cuál es el costo de desafiar el modelo vigente.

Como si no fuera evidente el sentido social discriminatorio, basta con imaginar el apoyo que daría el poder económico, mediático y político a una lista de ilicitudes y colusiones. Una lista que agregue a sus sanciones (como las clases de ética, por ejemplo), la pérdida del pasaporte, la licencia de conducir, la prohibición de comprar o vender propiedades o acciones en la bolsa, o –mejor aún– la prohibición de ejercer cargos públicos.

El Estado tiene el deber de prevenir y perseguir delitos y faltas, así como garantizar el orden público. Debe sancionar hechos de acuerdo con la Ley. También tiene la obligación de garantizar la disidencia, respetar la organización social y la protesta. En un Estado democrático el derecho a organizarse, reclamar, manifestarse, no es un exceso a tolerar: es parte esencial del respeto a la existencia de ciudadanos.

La historia enseña que las listas negras no empiezan declarando su propósito. Se apoyan  en prejuicios, agravios y temores o simplemente en la indiferencia, porque “a mí no me afecta”. Lo que empieza como criterios, requisitos y exclusiones, termina en la persecución de un Estado autoritario.

Chile conoce demasiado bien ese camino. Es tiempo que la autoridad se ocupe del negocio del crimen organizado e incentive la convivencia, no la polarización. Es tiempo que la sociedad diga no a las listas negras.

-El autor, Raúl Martínez, es Cientista Social.

Santiago, 7 de junio de 2025.

*Fuente: Crónica Digital.