El sacerdote Miguel Woodward fue detenido en Valparaíso pocos días después del golpe y murió el mismo mes de septiembre del 73 debido a las torturas infligidas por personal de la Armada de Chile, posteriormente fue trasladado por integrantes de la marina y fue enterrado clandestinamente en el Cementerio N°3 de Playa Ancha, lo que constituyó una despiadada forma de hacer desaparecer su cuerpo, que hasta el día de hoy sigue sin poder ser encontrado.
.

Familiares y amigos de Miguel Woodward continúan tenazmente buscando sus restos, en un proceso complejo que lleva años desarrollándose puesto que los responsables de su desaparición, amparados en un pacto de silencio institucional, no han entregado información de dónde fue depositado el cuerpo del sacerdote asesinado.

Son numerosas las diligencias, en distintas ocasiones y diferentes lugares, que se han desarrollado con ese objetivo en el camposanto de Playa Ancha, pero, como manifiesta Javier Rodríguez, integrante de la Agrupación Amigos de Miguel, “continuar buscando los restos de Miguel y de otros compañeros desaparecidos es una tarea con la justicia, con la verdad, que nosotros no podemos abandonar, porque si así lo hiciéramos, no solo estaríamos traicionando la memoria de Miguel y de otros compañeros y compañeras desaparecidas, sino que también nos estaríamos traicionándonos a nosotros mismos”

Hoy miércoles 23 de septiembre se llevó adelante una nueva diligencia, consistente en esta ocasión en el análisis de un nuevo sitio de interés mediante la utilización de un georadar, sector aledaño a un añoso árbol, de acuerdo con antecedentes aportados por un testigo. Como explicó Paulina, antropóloga del Servicio Médico Legal “la diligencia de hoy solo se trata del paso del georadar. Esto se da a partir de la reconstitución que hubo la última vez del Ministro con el testigo, donde se indicó este sitio como de interés y por eso nos acompañan del Sernageomin para el paso del georadar, y a través de eso seguir viendo cómo continuamos con las diligencias de las próximas búsquedas”.

Te puede interesar |Miguel Woodward: 50 años de búsqueda, 50 años de lucha

.

El articulo La incansable búsqueda del sacerdote Miguel Woodward apareció primero en piensaChile.

22 de septiembre de 2026

Hay acontecimientos que permanecen en los archivos, en los testimonios y en las investigaciones históricas, pero que, por distintas razones, no consiguen instalarse plenamente en la memoria colectiva.

Esta diferencia entre historia y memoria puede parecer sutil, pero resulta fundamental.

Que un acontecimiento haya ocurrido y pueda ser demostrado documentalmente no significa necesariamente que forme parte del conocimiento histórico de una sociedad. Puede haber ocurrido hace más de un siglo y, sin embargo, continuar siendo desconocido para buena parte de las nuevas generaciones.

El caso de Buenaventura, en la pampa salitrera, constituye un ejemplo particularmente significativo.

El 20 de diciembre de 1907, un día antes de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, se produjo allí un episodio represivo que forma parte del convulsionado escenario social que precedió a la tragedia de Iquique. Existen antecedentes historiográficos y testimoniales que permiten aproximarse a lo ocurrido. Sin embargo, la existencia de esos antecedentes no ha significado que Buenaventura ocupe un lugar equivalente en la memoria pública.

Y es precisamente esa distancia la que merece ser interrogada.

¿Cómo puede un acontecimiento formar parte de la historia y, al mismo tiempo, permanecer tan lejos de la memoria de una comunidad?

La memoria también se aprende

Algunos historiadores han señalado una cuestión que resulta particularmente relevante para comprender este problema: la ausencia u omisión de episodios represivos vinculados a las luchas sociales de los asalariados en los programas de enseñanza escolar, lo que constituiría una de las causas fundamentales de su desconocimiento por parte de las nuevas generaciones.

La observación conduce a una cuestión que a veces olvidamos: la memoria histórica también se aprende.

Una sociedad transmite su pasado mediante múltiples mecanismos: la familia, la escuela, las universidades, las organizaciones laborales, además, los libros, medios de comunicación, museos y espacios de memoria, incluida conmemoraciones y, naturalmente, las distintas expresiones del arte.

Las aulas escolares, sin embargo, parecen ocupar un lugar singular.

Durante años puede suceder que determinados acontecimientos no formen parte de aquello que las nuevas generaciones reciben como conocimiento histórico. Y si una historia no se enseña, difícilmente puede esperarse que forme espontáneamente parte de la memoria común.

El caso de Santa María resulta ilustrativo. El acontecimiento ocurrió en 1907 y, según el antecedente académico que hemos recogido, su incorporación a las mallas de estudio se produjo recién en 2003: 96 años después.

Coruña ofrece otro dato revelador. La masacre ocurrida el 5 de junio de 1925 fue incorporada al calendario escolar regional de Tarapacá, recién en 2023: 98 años después.

Más allá de las circunstancias específicas de cada caso, ambos antecedentes permiten observar una distancia temporal extraordinariamente extensa entre el acontecimiento y su incorporación a los mecanismos institucionales de transmisión histórica.

Y eso nos obliga a formular una pregunta más amplia:

¿Cuántas generaciones pueden pasar antes de que una sociedad considere que determinados acontecimientos forman parte de aquello que sus hijos deben conocer?

Buenaventura y el problema del olvido

El caso de Buenaventura permite llevar todavía más lejos esta reflexión.

No sería correcto afirmar que Buenaventura ha sido completamente borrado de la historia. Existen referencias, investigaciones, testimonios y documentos que permiten reconstruir aspectos de lo sucedido.

El problema es otro.

¿Cuánto de ese conocimiento ha logrado transformarse en memoria pública?

Una cosa es que un acontecimiento pueda ser reconocido por quien se dedica a investigarlo y, otra muy diferente, es que forme parte del conocimiento compartido de una comunidad.

Entre ambas situaciones existe un largo recorrido.

Primero está el acontecimiento.

Luego vienen los documentos, los testimonios y la investigación.

Después debería producirse la transmisión de ese conocimiento: en la educación, en la cultura, en los medios de comunicación, en los espacios públicos y en las conmemoraciones.

Finalmente, puede producirse aquello que podríamos llamar apropiación social de la memoria: cuando una comunidad reconoce ese acontecimiento como parte de su propia historia.

Buenaventura parece encontrarse, todavía, en una situación que nos obliga a preguntarnos por esa distancia.

Y quizás allí reside precisamente la importancia de volver sobre este episodio.

No solamente para saber qué ocurrió el 20 de diciembre de 1907, sino para preguntarnos por qué todavía sabemos tan poco de aquello que ocurrió allí.

Una pregunta que cruza el tiempo

Es en este punto donde resulta interesante recurrir a José Carlos Mariátegui. (1)

Hace casi un siglo, Mariátegui escribió que “Todo artista es hijo de su tiempo; es el intérprete de inquietudes y expectativas que la vida le impone”. (2)

Esta concepción adquiere mayor fuerza cuando Mariátegui sostiene que el artista que no siente “las agitaciones, las inquietudes, las ansias de su pueblo y de su época” posee una “sensibilidad mediocre” y una “comprensión anémica”. (3) La expresión resulta particularmente significativa. El artista no es solamente alguien que domina una técnica o produce objetos estéticos; su sensibilidad supone también capacidad para percibir las tensiones, esperanzas, conflictos y experiencias colectivas de la sociedad a la que pertenece.

Mariátegui no estaba hablando de memoria histórica. Tampoco planteó que el artista tuviera como misión recuperar acontecimientos olvidados.

Pero sus palabras permiten formular hoy una pregunta que pertenece a nuestro propio tiempo:

¿Qué ocurre cuando existen experiencias históricas de un pueblo que todavía no han conseguido instalarse suficientemente en su memoria?

¿Puede el arte aproximarse a ellas?

¿Puede una canción, una novela, una obra teatral, un poema, una fotografía o un documental hacer visible aquello que durante décadas permaneció distante de la conciencia colectiva?

No significa que el artista tenga la obligación de ocuparse de esos acontecimientos.

La creación artística no necesita recibir instrucciones desde la historia ni desde la política.

La pregunta es diferente.

Se trata de reconocer que el arte posee una capacidad particular para hacer sensible aquello que la investigación histórica puede demostrar, pero que no siempre consigue hacer cercano a una comunidad.

Cuando el arte devuelve un pasado al presente

Una de las diferencias esenciales entre historia y memoria está precisamente aquí.

El acontecimiento pertenece al pasado.

La memoria, en cambio, se construye desde el presente.

Cada generación vuelve a mirar su pasado desde sus propias preguntas. Por eso recuperar un acontecimiento ocurrido hace más de cien años no significa necesariamente vivir anclados en el pasado.

Puede significar todo lo contrario: interrogar el presente a partir de aquello que todavía no hemos comprendido suficientemente de nuestra propia historia.

La creación artística puede cumplir allí una función que no corresponde reemplazar por la historiografía.

Una investigación establece antecedentes, contrasta fuentes y reconstruye acontecimientos.

El arte puede transformar ese conocimiento en experiencia sensible.

Una canción puede llevar una historia mucho más allá del círculo de quienes leen libros especializados.

Una obra teatral puede devolver presencia a personajes que solamente aparecen en documentos.

Una novela puede acercar una época a lectores que nunca se aproximarían a una investigación histórica.

Una fotografía puede devolver un rostro a un nombre.

Un documental puede hacer que un lugar aparentemente vacío vuelva a estar poblado por las voces de quienes alguna vez lo habitaron.

En todos esos casos, el arte no reemplaza a la historia: la acompaña desde otras miradas y lenguaje.

De Buenaventura a Coruña 

La historia de las luchas sociales de los hombres y mujeres de la pampa salitrera, nos ofrece importantes ejemplos que permiten ratificar esta relación.

La obra musical Cantata de la escuela Santa María de Iquique, de Luis Advis, alcanzó una extraordinaria cobertura nacional e internacional; desde la lírica, el poeta Francisco Pezoa Astudillo, nos entregó, a escasos meses de ocurrida la masacre, el célebre Canto a la Pampa, ambas creaciones han contribuido a que dicho acontecimiento trascendiera el ámbito estrictamente historiográfico.

Coruña también ha inspirado expresiones artísticas que han permitido mantener viva su memoria. La novela Los Pampinos, de Luis González Zenteno, la obra teatral Coruña, ira de los vientos, de Iván Vera-Pinto, y recientemente la creación musical El Grito de Coruña, de Guillermo Jorquera, Patricio Pincheira y Mercedes Jorquera, son manifestaciones culturales que recrean un acontecimiento histórico, y que encuentran décadas después nuevas formas de representación.

Buenaventura plantea, en cambio, una pregunta todavía pendiente.

¿Qué ocurre cuando un acontecimiento tan cercano temporal y geográficamente a Santa María no ha alcanzado una presencia cultural comparable?

No se trata de establecer una competencia entre memorias, ni mucho menos restarle importancia a Santa María. Se trata de comprender por qué algunas experiencias históricas consiguen una capacidad de transmisión y otras permanecen en los márgenes.

La respuesta probablemente no sea única.

Intervienen la investigación histórica, la educación, las instituciones culturales, los medios de comunicación, las políticas de patrimonio, las conmemoraciones y también la creación artística.

La memoria es, finalmente, una construcción social.

¿Qué historias seguimos sin enseñar?

Quizás esta sea una de las preguntas más importantes que podemos formularnos hoy.

No solamente: ¿Qué ocurrió?

Sino también: ¿Qué hemos hecho con aquello que ocurrió? ¿Qué investigamos, enseñamos, conmemoramos, conservamos, difundimos?…

Al final, ¿qué historias llegan a nuestros hijos y nietos, y cuáles permanecen esperando?

Estas preguntas implican reconocer que el olvido puede producirse también de formas mucho menos visibles: por ausencia u omisión en las mallas curriculares de la enseñanza, escasa investigación, débil circulación del conocimiento, falta de espacios de memoria o insuficiente presencia cultural.

Pero cualquiera sea la causa, el resultado puede terminar siendo semejante: un acontecimiento existe en la historia, pero permanece ausente de la memoria de amplios sectores de la sociedad.

La memoria que todavía espera

Quizás Buenaventura sea, precisamente, una de esas memorias que todavía esperan.

Esperan nuevas investigaciones.

Esperan que los documentos sean conocidos.

Esperan que las nuevas generaciones puedan preguntarse por lo sucedido.

Esperan que la escuela pueda incorporar aquello que durante tanto tiempo permaneció fuera de sus programas educativos.

Y quizás esperan también que el arte encuentre sus propias formas de aproximarse a esa historia.

Aquí Mariátegui vuelve a interpelarnos, no porque haya dejado una respuesta para Buenaventura —evidentemente no podía hacerlo—, sino porque su concepción del artista como sujeto sensible a las inquietudes de su pueblo nos permite formular una pregunta casi un siglo después.

¿Cuáles son las historias que todavía no estamos escuchando?

Y una segunda pregunta, más directamente relacionada con nuestra memoria pampina:

¿Qué acontecimientos de la historia de los hombres y mujeres del salitre continúan esperando ser investigados, narrados, cantados, representados y finalmente incorporados a la memoria colectiva?

Buenaventura no necesita solamente que recordemos una fecha.

Necesita que nos preguntemos por qué esa fecha todavía no ha llegado suficientemente a la conciencia pública.

Porque entre un acontecimiento que ocurrió y una memoria que permanece viva existe una distancia.

Recorrer esa distancia también es una forma de hacer historia.

Autor: Julio Cámara Cortés
«Colectivo ciudadano por la memoria histórica»

Notas:

(1)  José Carlos Mariátegui (1824 – 1930). Peruano, periodista, escritor, político y filósofo marxista, fundador del Partido Socialista (1928) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, 1929). Fundó y dirigió la Revista Amauta, un espacio cultural y político de vanguardia que unió a los intelectuales, obreros y movimientos artísticos más destacados de la época a nivel continental. Es considerado uno de los mayores estudiosos de la realidad latinoamericana, siendo la síntesis de su pensamiento los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), obra de referencia para la intelectualidad del continente.

(2) Citado de El Artista y la Epoca, de J.C. Mariategui

(3) Ídem

El articulo Buenaventura: Mariátegui, arte y memoria apareció primero en piensaChile.

El documental, dirigido por Martin Smith y producido por Stanley Forman, cuenta con la participación de Joan Jara en la primera entrevista en profundidad sobre la vida, obra y asesinato de su esposo, el cantautor chileno Victor Jara, después de ser detenido y torturado por agentes de la dictadura durante el golpe de estado de 1973.

El trabajo fue estrenado en septiembre de 1974 en el National Film Theatre de Londres, y forma parte de las acciones de solidaridad internacional que se multiplicaron en el mundo a partir del inicio de la dictadura. Además del testimonio de Joan y el uso de material de archivo, el documental cuenta con la traducción de algunas canciones de Victor Jara por el poeta Adrian Mitchell.

Después de su estreno, se presentó en múltiples lugares como un documento de denuncia y forma de amplificar la oposición internacional a las violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura chilena.

El articulo Compañero Victor Jara de Chile apareció primero en piensaChile.

Misión de exterminio para la ‘caravana de la muerte’ 

De pie, con un whisky en su mano derecha y una metralleta en la izquierda, el entonces omnipotente general Sergio Arellano vio como se cuadraba con una marcial cuenta, «¡sin novedad la guarnición de Talca, mi general!», el comandante del regimiento de esa ciudad, Efraín Jaña. Era el 30 de septiembre de 1973, pocos días después del cruento golpe que depuso al presidente socialista Salvador Allende. Arellano venía como «delegado» del dictador Augusto Pinochet y había aterrizado minutos antes en el patio del cuartel con su helicóptero Puma, que trasladaba a los miembros de su comitiva, la caravana de la muerte, que dejó una estela a su paso por siete provincias de más de 75 prisioneros políticos izquierdistas ejecutados.

«¿Cuantos presos, muertos y torturados hay?», le preguntó Arellano, recuerda Jaña. «Mi general, aquí no hay», respondió éste. «¿Cómo que no? ¿No sabe que estamos en guerra?», exclamó molesto Arellano. «¿De qué guerra me habla, general?», replicó Jaña. Pocas horas después, Arellano relevó del mando del regimiento al comandante por no cumplir las instrucciones de la Junta Militar y de Pinochet. La Orden número 1 del delegado de Pinochet acusa a Jaña de efectuar «con retraso y no con la intensidad que el caso aconsejaba» los allanamientos a la población, de mantener en sus puestos a los jefes de servicios del Gobierno de Allende hasta dos días después del golpe y de no detener de inmediato al ex intendente de la región.

El documento es la única prueba escrita en el proceso de que Arellano era delegado de Pinochet en la caravana de la muerte. Los abogados que representan a los familiares de las víctimas de Arellano piden despojar al ex dictador de su fuero como senador, por el delito de secuestro calificado, en los casos en que los cuerpos de los ejecutados todavía no han aparecido, y lo acusan de ser autor e inductor de los crímenes al enviar al general como su delegado. El viernes pasado, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago negó una petición de libertad provisional de Arellano, ahora en retiro y procesado por los delitos de la comitiva.

La misión de exterminio de la caravana buscaba paralizar por el temor a la población, a civiles y militares. La comitiva, integrada por oficiales de la Agrupación de Asalto Santiago Centro, la unidad que atacó el Palacio de La Moneda el día del golpe, no sólo mató con cuchillos y bayonetas a muchas de las víctimas, sino también sobrepasó o removió a los mandos de las unidades locales del Ejército con síntomas de ser «blandos» ante el enemigo, los simpatizantes del Gobierno socialista.

Jaña fue uno de ellos. Cuando se presentó ante sus superiores en Santiago fue pasado a retiro y al día siguiente arrestado, sometido a un consejo de guerra que terminó con su sentencia a cinco años de cárcel por «incumplimiento de deberes militares», pena que le rebajaron a tres años por buenos antecedentes, hasta que fue arrojado al exilio, donde vivió en Colombia, Venezuela y Holanda. Le duele como salió del Ejército, aunque siente el alivio de que «no tengo el uniforme manchado de sangre y duermo tranquilo».

Ex oficial de inteligencia, Jaña calcula que Pinochet hizo salir de las Fuerzas Armadas a unas 400 personas. De la rama de Artillería, al igual que el ex jefe del Ejército Carlos Prats, asesinado junto con su esposa por la DINA en Buenos Aires en 1974, Jaña se define como un «humanista». Cree que por su cercanía a Prats los golpistas desconfiaban de él. La orden de adoptar preparativos, enviada por Pinochet a todas las unidades del Ejército, no llegó a su regimiento. Se enteró del golpe cuando la acción estaba ya en marcha. Su jefe, el general Washington Carrasco, le ordenó arrestar al intendente de Talca, el socialista Germán Castro. Jaña lo llamó y le pidió venir al regimiento, pero Castro huyó en auto hacia la frontera con Argentina, con otras cuatro personas, y se enfrentó con los carabineros.

Fueron los únicos cinco detenidos en Talca, donde el golpe no fue cruento. Un consejo de guerra encabezado por el número dos de su regimiento comenzó el proceso. Éste no había terminado cuando Jaña recibió una orden directa de Carrasco de ejecutarlos a todos. En los alegatos por el desafuero del ex dictador, causando impacto, uno de los abogados querellantes leyó una confesión que hizo en secreto a la comisión Rettig (que investigó los atropellos a los derechos humanos en la dictadura), un ex auditor militar, Gonzalo Urrejola, según el cual la orden de ejecutar a Castro la dio por teléfono el mismo Pinochet a Carrasco.

El comandante Jaña se negó a ejecutar a los cuatro acompañantes del intendente, pero Castro fue llevado al paredón, después de que se le diera su último sacramento. «Era un hombre valiente», recuerda el coronel. «Me pidió perdón por los problemas causados y frente al pelotón, integrado por voluntarios, murió gritando ‘¡soy socialista y muero por el socialismo!».

Odio y anticomunismo

Al reflexionar sobre cómo sus compañeros de armas pudieron cometer tantos crímenes, Efraín Jaña atribuye una alta cuota de responsabilidad a la formación anticomunista que recibían los oficiales en las escuelas estadounidenses y al odio acumulado por los civiles contrarios al presidente socialista Salvador Allende.

Jaña no abriga esperanzas de que los actuales mandos puedan hacer cambios de fondo en la institución, porque fueron formados por la generación de Pinochet. Cree que hace falta que al Ejército llegue un jefe riguroso, que no admita la intromisión de los uniformados en política, y critica que la democracia le ha pagado en forma «muy injusta» a los oficiales expulsados de las filas en el régimen militar.

-Publicado el 15 de mayo de 2000 en ElPaísDigital

*Fuente: UdelEdu

El articulo Coronel Efraín Jaña Girón, un militar patriota apareció primero en piensaChile.

Sería oportuno que, ya que recordamos los cincuenta y tres años del golpe de Estado, que el embajador de Estados Unidos —quien parece disfrutar entrometiéndose en la política interna de Chile, con la anuencia o la mediocridad de la ultraderecha gobernante— nos explicara la probada intromisión del gobierno norteamericano de la época en el derrocamiento de Salvador Allende. Vale la pena recordar una verdad ineludible: el golpe fue una decisión tomada por el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger antes de que Allende asumiera la presidencia de la República.

Podríamos entregarle al embajador, entre otros documentos, un compilado desclasificado por el National Security Archive que confirma que el fracaso de los planes de EE. UU. para impedir el triunfo de Allende en las urnas gatilló una orden directa de Nixon: el 5 de septiembre de 1970 instruyó al director de la CIA, Richard Helms, activar el Track II con el objetivo explícito de promover un golpe militar.[1]

Sería importante también que el Ejército recordara que, siguiendo esas instrucciones, en el período entre la elección de Allende y su confirmación por el Congreso, un grupo de oficiales de las FF.AA., junto a integrantes del movimiento terrorista de ultraderecha Patria y Libertad, asesinaron a su comandante en jefe, el general René Schneider, considerado por el gobierno de Nixon el principal obstáculo para sus planes golpistas. El plan era culpar a la izquierda del crimen, generar caos político-institucional y forzar una intervención militar que impidiera que Allende asumiera el poder.

Todo esto ayudaría también a terminar con eufemismos como «golpe cívico-militar» o «régimen militar», inventados para evitar decir golpe de Estado y dictadura. Lo cívico se refiere al respeto por las normas de convivencia y el bienestar común, algo muy distinto de lo que organizaron civiles y militares en 1973. Por eso debiera decirse golpe de Estado civil-militar, dejando en claro que no fue una acción exclusiva de los militares, sino que contó con el apoyo de partidos políticos, empresarios, gremios, medios de comunicación y miembros del Poder Judicial quienes  utilizaron a los militares para “hacer el trabajo sucio” asesinar al presidente de la Republica y eliminar todo vestigio del gobierno derrocado.

Y serviría, de una vez por todas, para terminar con los relatos que esconden la servil subordinación de los mandos militares y de las cúpulas políticas y empresariales a los intereses de un gobierno extranjero. Para desmontar el argumento con que Pinochet y los responsables de la represión han justificado el golpe, los asesinatos y la tortura —que la intervención militar fue preventiva, que evitó una dictadura comunista o que fue necesaria para recuperar la legalidad e institucionalidad del país—, mientras se repartían condecoraciones y se declaraban héroes de una guerra contra el comunismo. Cabe preguntarse: ¿qué guerra, contra qué enemigos combatieron, si lo que hicieron fue perseguir, torturar y asesinar a personas mayormente desarmadas, maniatadas y brutalmente debilitadas por los tormentos que les aplicaban?

En lo que sí tienen razón es en que, a través de la doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos reorientó a los militares chilenos y latinoamericanos para combatir al «enemigo interno»: la izquierda chilena y sus dirigentes sociales, políticos, sindicales, estudiantiles, intelectuales y profesionales. Para eso inventaron la guerra sucia, con la excusa de extirpar el comunismo y perseguir las ideas revolucionarias que Allende impulsó con un programa socialista y antiimperialista, para hacer de Chile un país soberano al servicio de su pueblo.

Pero cincuenta y tres años después de que, utilizando a los militares, la derecha y sus aliados refundaran Chile imponiendo a sangre y fuego un modelo económico afín a sus intereses, eso no parece suficiente. Hoy, alentados por un gobierno de ultraderecha, pretenden burlar los fallos judiciales y los esfuerzos hechos para impedir que se repitan las atrocidades cometidas durante la dictadura, violentando con impunidad la memoria de miles de víctimas y sus familiares, al pretender indultar a criminales ya procesados y condenados por su responsabilidad en la represión, los asesinatos y la desaparición de miles de compatriotas.

Quienes como militares denunciamos y nos opusimos al golpe de Estado sabemos cómo se planificó la conspiración contra Allende dentro de las FF.AA., y que la represión como política de Estado —incluida la preparación de los centros de detención y tortura— comenzó antes del 11 de septiembre de 1973. La mayoría de quienes hoy buscan ser indultados estuvieron comprometidos con esa planificación: participaron en la preparación del golpe y de los centros de detención y tortura, y algunos torturaron directamente o supervisaron a quienes lo hacían. Por eso nos oponemos al indulto que propone el gobierno de ultraderecha.

El paso del tiempo no resta culpabilidad a quienes participaron en ese proceso de represión: todos cometieron o ampararon crímenes de lesa humanidad, y son tan culpables hoy como el día en que los cometieron. No merecen ser amparados por la impunidad ni por indultos que les permitan eludir la justicia.

La edad o la enfermedad no deberían proteger a los asesinos. Llegar a los 85 o 90 años no convierte a un genocida en una persona justa. El reclamo de verdad y justicia de las víctimas y sus familiares es justo y necesario: quienes convirtieron a hombres, mujeres y niños inocentes en mártires —por ser considerados «enemigos» de una dictadura terrorista— no pueden ser indultados. Liberarlos solo por edad o enfermedad sería una afrenta al país que reclama paz y justicia, y una traición a quienes padecieron ese brutal sufrimiento.

Por eso los indultos que propone el gobierno son un nuevo atropello a la memoria de millones de chilenos y chilenas, pues significan la imposición de la impunidad. Con seguridad, el actual presidente busca responder así a sus compromisos doctrinarios e ideológicos con los criminales recluidos en Punta Peuco: indultarlos equivale a compartir las mentiras históricas construidas durante cincuenta y tres años para protegerlos.

Cabe agregar que, salvo algunas excepciones, los exmilitares candidatos a recibir indulto nunca han mostrado señales de arrepentimiento por los horrendos delitos por los que están recluidos, ni han entregado información que ayude a los familiares a saber qué pasó con los chilenos y chilenas asesinados y desaparecidos. Estos exoficiales se han ocultado en la institucionalidad de las FF.AA. para arrastrarlas en sus actos delictuales. Eso es lo que hicieron el 11 de septiembre de 1973: son ellos, y no las instituciones, los culpables de los crímenes de lesa humanidad que cometieron, actos graves que rompen el pacto social. Por eso, un indulto otorgado institucionalmente significa impunidad y una falta de respeto hacia el sufrimiento de las víctimas. Quien les otorgue el indulto los exime de pagar una condena proporcional al daño causado, y del deber de resarcir al país por el perjuicio cometido.

Enrique Villanueva M

Nota:

[1] Aunque la fecha exacta de la reunión clave. de Nixon con Kissinger, en la Oficina Oval en la que ordenó la activación del Track II (también conocido como Proyecto FUBELT) fue el 15 de septiembre de 1970 —pocos días después de la victoria electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre—, los documentos oficiales desclasificados confirman que Nixon ordenó explícitamente a la CIA prescindir de las vías diplomáticas habituales (Track I). Su mandato directo a Richard Helms consistió en organizar un golpe militar clandestino en Chile, autorizando un presupuesto inicial de 10 millones de dólares y ordenándole «hacer chillar la economía» chilena.

El articulo El indulto de la ultraderecha a criminales de lesa humanidad apareció primero en piensaChile.

Luego de buscar por internet, por fin encontramos la carta publicada por Krassnoff. La encontramos en un Twitter. Tuvimos que copiarla como imagen, armar el documento y luego traspasarla a PDF. Le aconsejamos que la lea, que no sólo se quede en la lectura de opiniones de terceros, así podrá ver que las ideas y los argumentos de personas como Krassnoff, oficial de ejército, con más de 1.000 años de condena por sus crímenes, utiliza palabras, ideas, argumentos, que usted también puede encontrar en el discurso de otras personas que parecen estar muy lejos de llegar a acciones como aquellas a las que llegó él. Hay que estar alerta. Vivimos tiempos críticos.

Carta de Krassnoff a Senador Flores

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por VIA X (@canalviax)

Gloria Laso le responde a la esposa de Miguel Krasnoff: ”Me duele y me espanta”

El articulo La carta de Miguel Krassnoff apareció primero en piensaChile.

La productora The Union Films, con apoyo de CIPER, revela 23 fotografías hasta ahora desconocidas del bombardeo a La Moneda. Las imágenes fueron tomadas por la cámara de uno de los aviones Hawker Hunter que participó en el ataque. Proyectadas en secuencia, y en apenas algunos segundos, muestran la perspectiva que tuvieron los pilotos que dispararon al Palacio. Estas fotos fueron proporcionadas por una anticuaria, quien las obtuvo de un comerciante que, a su vez, se las habría comprado a la viuda de un general de la FACH. Al parecer, estaban en una especie de álbum conmemorativo que después del golpe de Estado se entregó a algunos oficiales de esa institución.

El bombardeo de La Moneda en fotos aéreas inéditas. https://t.co/kOBTMV9bkS

— Bacigalupe (@bacigalupe) August 31, 2026

El articulo Imágenes inéditas: fotos del ataque a La Moneda tomadas por la cámara de uno de los Hawker Hunter apareció primero en piensaChile.

El articulo Patricia Arancibia Clavel, exintegrante de Patria y Libertad, fue nombrada como directora del Centro Cultural La Moneda apareció primero en piensaChile.

La ruta final al Golpe de Estado: hace 53 años se iniciaba la embestida secreta y decisiva para derrocar a Allende

Porque nos une el lazo indisoluble del amor y el espanto

Había inquietud en Chile ese jueves 26 de julio de 1973. Se había iniciado un Paro Nacional, convocado por la Confederación de Dueños de Camiones, que presidía León Vilarín. La fecha elegida no parecía una coincidencia: era la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada, que fue el punto de partida de la Revolución Cubana. La ciudadanía imaginó que sería una reedición del “Paro de Octubre”, realizado el año anterior y detonado por el mismo gremio, pero había una diferencia fundamental no explicitada: la decisión ahora era mantener la paralización hasta lograr el derrocamiento del gobierno constitucional.

Había otro hecho diferenciador:

este paro sería acompañado por una ofensiva de atentados terroristas a lo largo del país, ejecutados por el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), “pero con la planificación operativa y la logística proporcionada por la Armada, la rama de las instituciones castrenses con más vínculos con la CIA y que, con la perspectiva de un Golpe de Estado en contra de Salvador Allende tomó contacto con civiles opositores, asignándoles diferentes roles. De hecho, la Armada era la que desde las sombras condujo ese paro de los camioneros”.

Recomendaos leer también:

Frei y la Democracia Cristiana en los documentos desclasificados norteamericanos

Así me lo contó literalmente Roberto Thieme Schiersand, quien era entonces Jefe de Patria y Libertad, luego de que su directiva nacional se asiló en Ecuador por su participación en el intento de alzamiento militar del anterior 29 de junio, que pasó a la historia como “tancazo”. Desde los orígenes de esta organización en 1971 como “Frente Nacionalista”, había ejercido como Secretario General Territorial del movimiento y al momento del intento de alzamiento estaba fuera del país.

Por razones periodísticas, nos habíamos conocido el 2000, cuando Augusto Pinochet Ugarte se encontraba detenido en Londres. Fue el comienzo de una sucesión de conversaciones, con interrupciones, y que se extendió hasta poco antes de su fallecimiento el 1 de octubre de 2023, un poco después de que se conmemoraran 50 años del Golpe de Estado. De hecho, había llegado a Chile en junio por esa razón, abandonando su destierro voluntario en Buenos Aires. En esa larga historia de diálogo, fui acompañando su proceso de cada vez un mayor repudio a la dictadura y su herencia, y su conversión pública a la izquierda y el progresismo.

EL ORIGEN DE LA EMBESTIDA

Así como en el Paro de Octubre, a la paralización decretada por los camioneros se sumaron pronto otros gremios, como la Confederación del Comercio Detallista, la Confederación de Colegios Profesionales y la Confederación Única de Profesionales (CUPROCH). De la misma forma, recibió el respaldo de gremios patronales como la Confederación de la Producción y el Comercio. “Me consta que toda esa concertación fue promovida por la Armada”, me dijo Thieme.

Luego de regresar subrepticiamente al país, Thieme y su hermano Ernesto Müller, que había encabezado el estamento juvenil del FNPL, dieron una conferencia de prensa a mediados de julio en el drive–in Munchen de El Arrayán, en que manifestaron que el movimiento pasaba a la clandestinidad y que lucharían “hasta las últimas consecuencias” para lograr derrocar el Gobierno (“El Siglo”, 17 y 18 de julio de 1973).

A esas alturas, ya se había producido una señal de que algo se preparaba. Poco más de una semana después del “tancazo”, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones emitió una declaración en la que advertía respecto de un futuro paro de actividades. La excusa era el supuesto incumplimiento del Gobierno de Allende frente a sus demandas (“El Mercurio”, 9 de julio de 1973). Thieme dijo haber visto ese pronunciamiento, pero que no imaginaba aún su envergadura y alcances.

Recordó que “el domingo 22 de julio de 1973, casi una semana después de haber pasado a la clandestinidad, fui invitado a una reunión con oficiales de la Armada que formaban parte del círculo de colaboradores cercanos de José Toribo Merino. En el más absoluto secreto y tomando todas las medidas de seguridad, el encuentro se produjo en un departamento de la comuna de Vitacura. Asistí con Miguel Sessa y Vicente Gutiérrez, que estaban a cargo de las ‘Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales’ (BOFE) del movimiento. El interlocutor principal de los marinos era el comandante Hugo Castro, que asistió con un capitán”.

“Nos comunicó que se iniciaría un nuevo paro nacional de los camioneros, digitado por la Marina, al cual se sumarían pronto otros gremios, hasta paralizar todo el país y crear las condiciones para una acción militar contra el Gobierno de Allende”, detalló.

Hugo Castro Jiménez era, en efecto, uno de los hombres de mayor confianza de Merino, el cual asumió la comandancia en jefe de la Armada para el Golpe de Estado. Ambos integraban el “núcleo duro” de la conspiración golpista al interior de la institución. En la trayectoria de Castro figuraba el cargo de director de la Escuela Naval. Una vez instaurada la dictadura fue Ministro de Educación entre el 27 de septiembre de 1973 y mayo de 1975.

Thieme rememoró que la Armada les pidió que las Brigadas BOFE de Patria y Libertad, sus fuerzas paramilitares integradas por unos 500 militantes, se hicieran cargo de la misión de mantener cortadas todas las vías de ferrocarriles y las carreteras y sabotear los oleoductos y bencineras. Detalló: “La Armada nos indicaría los puntos de corte y proporcionaría el material logístico necesario: es decir, explosivos. También nos indicaría los días en los que tendríamos que producir cortes de energía eléctrica para interrumpir las comunicaciones radiales y televisivas e impedir que el mensaje del Gobierno pudiera llegar a la población”.

Los hombres de la Armada, explicaron, se encargarían secretamente de otorgar protección a los camioneros.

“El diseño de la Armada consistía en que los atentados, sumados a la paralización, crearían las condiciones de caos e ingobernabilidad que permitirían la intervención de las Fuerzas Armadas y deponer al Presidente Allende”, indicó.

Y señaló: “Hoy no tengo dudas de que la mano de la CIA estaba detrás de todo esto. En esos momento no sabíamos, pero la Armada había tomado contacto con profesionales y centros de estudios respaldados por la inteligencia estadounidense para dibujar las bases de una nueva institucionalidad y diseñar un nuevo modelo económico, que serían impuestos, como ocurrió, luego del Golpe de Estado”.

EL ASESINATO DEL EDECAN

El paro comenzó, en efecto, el jueves 26 de julio de 1973. Ese día el Presidente Salvador Allende concurrió a la Embajada de Cuba, con motivo de la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada. Fue acompañado por su Edecán Naval, el comandante de la Armada Arturo Araya Peters, y por miembros de su Dispositivo de Seguridad, más conocido como GAP. Luego de concluida la actividad, Araya se retiró a su residencia en calle Fidel Oteíza de la comuna de Providencia. Unas horas después, ya en la madrugada, fue acribillado. Era un oficial naval constitucionalista, que había cultivado una estrecha relación con el Presidente.

Al día siguiente, la prensa opositora informó con ribetes de escándalo, que el crimen ya se había resuelto. Que había sido detenido un socialista llamado José Riquelme Bascuñán, que habría confesado ser uno de los autores del asesinato. Unos de los primeros medios que divulgaron esas aseveraciones fue la Radio Agricultura, por decisión de su director Álvaro Puga, que integraba el “Frente Invisible” de Patria y Libertad.

La supuesta “confesión” de Riquelme indicaba que había sido contratado para realizar dos atentados terroristas a cambio de dinero; que el reclutador habría sido “un señor Blanco”, que los medios opositores pronto identificaron como Domingo Blanco, integrante del GAP; que además participaron “tres cubanos” y militantes del PS y del MIR; y que la orden era secuestrar a Araya “para producir un estado de conmoción que evitara cualquier arreglo que resultara del diálogo” del Gobierno y la Democracia Cristiana.

Más tarde, se conoció la verdad. Riquelme no había tenido participación alguna en la muerte del edecán y no era socialista. Fue una maniobra digitada por dos oficiales de la Inteligencia de Carabineros, Germán Esquivel Caballero, y la Armada, Daniel Guimper Corvalán, los que obligaron a Riquelme, bajo apremios, a firmar una supuesta confesión.

Roberto Thieme me señaló: “Luego se confirmó que los implicados, que fueron detenidos por la Policía de Investigaciones, eran un grupo que se había descolgado de Patria y Libertad, que consideraba insuficiente el nivel de violencia desplegado por el movimiento, los que yo mismo había expulsado un año antes. Se autoproclamaban ‘guerrilleros nacionalistas’ y se habían concertado con jóvenes del Partido Nacional y la Democracia Radical. En la noche de ese primer día de paro habían estado provocando desórdenes callejeros en Providencia”.

“En términos institucionales, Patria y Libertad no fue responsable del crimen, aunque debo advertir que el arma de fuego empleada, un rifle Marcatti largo, tipo Bataan, de fabricación argentina, la había ingresado clandestinamente a Chile desde el país vecino, con una partida que fue distribuida en el ‘tancazo’. Esa arma llegó a las manos del ex oficial de la Armada Jorge Ehlers, quien se la entregó a Guillermo Claverie, quien luego fue sindicado como el autor de los disparos que arrebataron la vida al comandante Araya”, explicó.

Y sostiene: “Pienso que lo más probable es que el asesinato de Araya fue resultado de un complot digitado desde la Armada, incluso el propio Merino. El comandante era un oficial leal al Presidente Allende y en septiembre debía ascender a contraalmirante y por lo tanto llegaría al alto mando de la institución naval, transformándose en un obstáculo al golpe. Por otro lado, la sospecha de que los autores procedían de la izquierda contribuía la cohesión institucional en torno al propósito de derrocar el Gobierno”.

Es interesante saber el destino de parte de los hombres que participaron en este hecho. Ehlers fue designado por la dictadura a cargo de la Dirección General de Deportes (Digeder), entonces dependiente del Ministerio de Defensa. Álvaro Puga fue unos de los pocos civiles que estuvo en el comando del Golpe de Estado el 11 de septiembre y luego asumió como “director de asuntos públicos” de la Junta Militar.

La periodista Mónica González descubrió, en plena dictadura, que ninguno de los detenidos en 1973 fue condenado. Y descubrió otra verdad incómoda: Germán Esquivel y Daniel Guimper pasaron a integrar las filas del llamado Comando Conjunto, aparato que coexistió con la DINA en los intentos de exterminio de la izquierda. Allí fueron colegas de tres participantes del grupo que participó en el asesinato del edecán naval: César Luis Palma Ramírez, Tito Alejandro Fígari Verdugo y Andrés Pablo Potin Lailhacar.

Domingo Blanco Tarrés, a quien intentaron falsamente involucrar en el asesinato, era uno de los jefes del GAP. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y hecho desaparecer.

LA ESCALADA DE ATENTADOS

El paro de los camioneros comenzó pronto a provocar estragos en el país. Según se informó, el conflicto afectaba el abastecimiento del 80 por ciento de los artículos de consumo, así como el suministro de combustibles e insumos para la gran minería del cobre (“El Mercurio”, 1 de agosto de 1973).

La ofensiva de atentados explosivos perpetrados por Patria y Libertad, con información y logística de la Armada, se propagó por el país. La revista “Chile Hoy” del 10 de agosto de 1973 constató que entre el 1 de julio y el 6 de agosto se registraron 128 atentados, en un proceso creciente, sobre todo con la utilización de elementos “profesionales” (es decir, cargas explosivas “cuya confección, manipulación y detonación no es atribuible a aficionados principiantes)”. Detalló que el tipo de atentado más frecuente fue el uso de “artefactos explosivos, dinamita  y afines”, con un total de “63 acciones terroristas y de sabotaje”. Se trataba de atentados cometidos “por grupos que actuaron de modo concertado, y a menudo con riguroso estudio previo del lugar y de las características precisas del blanco”.

Añadió que era evidente que “un altísimo número de las acciones terroristas apuntan directa o indirectamente a reforzar” el paro de los transportistas, destacando que se dirigían en forma prioritaria a vehículos de carga o locomoción colectiva; carreteras y vías férreas y puentes ruteros; y centro abastecedores de combustible .

A menos de un mes del derrocamiento de Allende, la publicación informó el 17 de agosto que “como parte de la cadena de casi 300 atentados terroristas desatada en todo el país por los sostenedores del paro de los camioneros, en la madrugada del 7 de agosto dos cargas de dinamita volaron un tramo del oleoducto de la ENAP que va desde Concepción a San Fernando. La tremenda explosión provocada por la rotura de la cañería a través de la cual (…) circulaba gas licuado, se convirtió por sus efectos devastadores y los dos muertos  y 17 heridos ocasionados, en la más bárbara de las acciones desplegadas por la derecha para crear un clima caótico que favoreciera sus proyectos golpistas”.

Detalló que los diarios de la cadena “El Mercurio” y, en general, la prensa de oposición, “desplegaron grandes titulares y publicaron ‘detalladas informaciones’, cuando el ministro encargado del proceso ordenó el arresto del obrero del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sabino Romero Salazar, atribuyéndole la condición de ‘sospechoso’ de haber intervenido” en el atentando, consignó. Detalló que “el obrero fue presentado indistintamente como militante del MIR o el Partido Socialista y en torno a él se tejió una maraña de mentiras”. Fue bautizado por los medios contrarios al Gobierno Popular como “comandante Sabino” .

El diario “La Prensa” de Curicó fue el primer en introducir aquella sospecha de la autoría de Romero, aseverando que se había “establecido” que se trataba de un “extremista” apodado “comandante Sabino”. Y que en Talca, el ministro en visita Hernán Correa de la Cerda había establecido que era el autor del atentado .

No tuvieron igual cobertura las declaraciones del Subcomisario Antonio Ocampo, Jefe de la Policía de Investigaciones de Curicó, que calificó de tendenciosas los reportes que entregó la prensa opositora, descartando que Romero fuera detenido por participación en el atentado. Lo más importante: señaló además que “todos los indicios conducen a un grupo de Patria y Libertad, pero aún no hemos logrado una prueba suficiente” .

El policía no se equivocaba. Consultado por el hecho, Roberto Thieme me dijo: “Como jefe en ejercicio de Patria y Libertad en esos momentos, señalo responsable y categóricamente que el atentado al oleoducto fue ejecutado por el movimiento. Y que, en coherencia con la solicitud de la Armada para que procediéramos, también en este caso la localización exacta del ‘blanco’ fue proporcionada por la institución naval, así como la logística. La Armada dispuso la ingeniería para la planificación y los medios, así como debe haber posibilitado la campaña de desinformación, y el movimiento puso la mano de obra” .

Sin embargo, hasta ahora en publicaciones de todo tipo en defensa del Golpe de Estado se insiste que el atentado fue obra de un atentado perpetrado por “el mirista Sabino”.

La ola de atentados terroristas se extendió hasta el mismo 11 de septiembre de 1973. Esa mañana, en su último discurso, el Presidente Salvador Allende señaló que “en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará”.

-El autor, Víctor Osorio, es periodista.

Santiago, 26 de julio de 2026.

*Fuente: Crónica Digital.

El articulo 26 de julio de 1973: inicio del paro transportista y de la ruta final hacia el Golpe de Estado fascista contra la Unidad Popular apareció primero en piensaChile.

Documental de Jesús González-María Regla Villa Este documental constituye un homenaje a Víctor Jara, en el XX Aniversario de su desaparición física. Una co-producción de: Casa de las Américas Video Zoom Estudios Taino y El Centro de Estudios sobre América

El articulo Víctor Jara: el por qué de una canción apareció primero en piensaChile.