Los hombres del nitrato
Pablo Neruda

Yo estaba en el salitre, con los héroes oscuros,
con el que cava nieve fertilizante y fina
en la corteza dura del planeta,
y estreché con orgullo sus manos de tierra.

Ellos me dijeron: «Mira,
hermano, cómo vivimos,
aquí en «Humberstone», aquí en «Mapocho»,
en «Ricaventura», en «Paloma»,
en «Pan de Azúcar», en «Piojillo»».

Memorias del Caliche…Legado de familia

En la imagen, mi abuelo Timoteo Cámara Contreras. Nació en 1867, en la oficina salitrera Santa Catalina, al norte del pueblo de Huara. Por entonces, la provincia de Tarapacá era territorio peruano, y una zona, al igual que Antofagasta, poseedora de ricos yacimientos de caliche, apetecido por empresarios de distinto pelaje, que quizá ya tramaban planes para acceder con ventajas a esas valiosas pampas.

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Junto a su esposa, mi abuela Sebastiana Donaire, nacida en 1868 en el pueblo de La Noria, construyeron una familia, con seis hijos, uno de ellos mi padre, también un obrero pampino desde su temprana adolescencia.

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En diciembre de 1907, lo sabemos por herencia oral, el abuelo, ya con numerosa prole a cuestas, se encontraba laborando en las duras faenas del salitre en la oficina Buen Retiro, próxima a Pozo Almonte. Desde allí, y animado de principios solidarios se sumó también al movimiento huelguístico de los obreros de la pampa, bajando a Iquique, a la fatídica escuela Santa María, junto a su cuñado Silverio Donaire, hermano de mi abuela Sebastiana, y lograron sobrevivir a la cruel matanza perpetrada, vaya triste coincidencia, otro funesto día 21.

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El abuelo Timoteo aprendió por dura experiencia propia, que las difíciles condiciones laborales ligadas a la producción del salitre, en manos de voraces capitales privados, gatilló inevitablemente el despertar de la conciencia de clase y la organización de los obreros de la pampa. La tendencia casi natural a la unidad y un sólido sentimiento de solidaridad entre los asalariados, se impuso por sobre fronteras administrativas y políticas, porque la lucha por el pan y la represión que ésta acarrea no hace distingos de nacionalidades a la hora de proteger privilegios..

Y supo aprender también, que las justas aspiraciones de pretender una mejor vida y condiciones laborales más justas y dignas en las oficinas y campamentos salitreros del norte, así como en otras zonas del país, históricamente han generado como respuesta gubernamental, terribles acciones represivas hacia los trabajadores y sus organizaciones, sucesos que la historia de Chile aún no reconoce a cabalidad.

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En los tiempos que vivimos, cuando la mentirosa y mezquina elite gobernante se propone un “desmantelamiento” de las conquistas y derechos sociales y laborales alcanzados, es relevante y necesario reiterar que los avances y mejoramiento en las condiciones de vida de las mayorías, nunca han sido concesión gratuita de las clases dominantes, muy por el contrario, han sido fruto de la organización, unidad y lucha de los asalariados y asalariadas, de quienes en muchos episodios de la historia ofrendaron sus vidas por un mundo mejor.

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Tenga plena conciencia que la manera más digna de honrar el legado de nuestro abuelo Timoteo, es continuar trabajando y aportando en la construcción de un Chile mejor, con mayor justicia y dignidad.

El articulo El legado de nuestro abuelo Timoteo, parte de la Memoria del Caliche apareció primero en piensaChile.

El articulo ¿Este metal es el nuevo oro? La ‘fiebre roja’ arrasa los mercados apareció primero en piensaChile.

30 de septiembre de 2026

Del libro: «Cobre. El metal de la discordia. Crónica de un saqueo», de Héctor Vega

Capítulo 11

Siete propuestas

Los párrafos siguientes abordan la reglamentación a través del tiempo y el cumplimiento que el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) da a esta normativa. Se incluye el papel que ha tenido la ONG, Comité de Defensa y Recuperación del Cobre en la trazabilidad de los minerales que se embarcan. Incluimos además la mineralogía de los concentrados en Chile. Las propuestas se refieren al control propiamente tal en los puertos y la liquidación de las entregas de la pequeña y mediana minería.

1° Reglamentación de los Documentos Únicos de Salida (DUS).

Actualmente rige la Resolución Exenta 4.449 (del 12 de septiembre de 2019), que modificó la Tabla n.°1, de la Resolución Exenta 3.624 (Tabla n° 1, del 17 agosto de 2018). Esta última contemplaba la declaración de 14 elementos importantes en el concentrado de cobre. La Resolución actual contempla solo 4 elementos para declarar obligatoriamente en el concentrado de cobre a saber, Cu, Ag, Au y Mo. En rigor, de acuerdo con la Resolución de 2018, se contenían como mínimo 14 elementos principalmente Au, Ag, Pt, Pd, Se, Te, Mo, Re, Ni, Zn, Fe, Co, Rh, Ir, Os, Ce, Pr, Nd, Tb, Yb. Creemos que debería volverse al criterio de la Resolución de 2018. Además de integrar elementos DMAT de alto valor declarados estratégicos para el desarrollo industrial global en transición energética y tecnológica, debemos recordar que los elementos DMAT como PGM son recuperados y representan un crédito en el proceso FURE al refinar los barros anódicos y un crédito en el proceso de recuperación de molibdeno en la fase de tostación (renio/oro) y generación de ácido sulfúrico.

La Resolución de 2019 que modificó la de 2018 tuvo como fundamento que “el mercado no posee a la fecha todas las técnicas analíticas implementadas”, lo que es un fundamento equivocado, pues es de público conocimiento la existencia de equipamiento, tecnología y procesos metalúrgicos para identificar y captar la multiplicidad de sustancias y aleaciones combinadas o asociadas con los concentrados y barros anódicos.

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2° Control en los puertos de embarque de los subproductos del concentrado

En la actualidad, las empresas tienen la facultad de fijar libremente lo que es pagable y lo que no es pagable (penalizable), en sus transacciones con otras empresas relacionadas en la comercialización.

A manera de ejemplo, si una empresa vendedora declara 0,99 gramos de oro/Ton y en el acuerdo la empresa compradora paga solo 1,00 gramo de oro/Ton. Esta no pagará por los 0,99 gramos/Ton, de esta manera el oro no se paga. La única forma de evitar esta práctica entre empresas relacionadas, es declarar la obligatoriedad de pago por los metales nobles, léase: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ir, Os, y Re.

Hacemos esta recomendación porque los elementos DMAT PGM, refinados desde los barros anódicos, así como la recuperación de ácido sulfúrico tienen valor comercial. En el futuro estos elementos serán recuperados con el proceso CESL de lixiviación a alta presión. No importa el tipo de proceso FURE o CESL para refinar cobre, siempre los DMAT y PGM serán recuperados como subproducto, generando un alto valor comercial y de crédito en el extranjero por su alta demanda y escasez. (NdR: y Chile se queda… chupando el dedo!)

3° El rol fiscalizador del Servicio Nacional de Aduanas (SNA)

Para controlar las situaciones señaladas en los puntos 1 y 2 pensamos que el SNA debe asumir su rol fiscalizador, retomando como lo señalamos el sentido original de la Resolución exenta 3.624 (17 de agosto de 2018). Lo que significa, en suma, determinar los elementos pagables mediante una base científica que permita incorporar a la normativa las tolerancias químicas y de peso. Debe ser el SNA quien determine las diferencias entre análisis de origen y destino.

El control a nivel de Aduanas implica la incorporación de tecnología en los laboratorios aduaneros para validar la composición mineralógica (SEM) y determinar analíticamente (ASS HR-CS/ICP-MS/LA-ICP-MS, etcétera) la concentración de todos los DMAT presentes en los concentrados de metales exportados desde puertos chilenos, i.e., concentrados de Mo, Concentrados de Cu, Barros anódicos, escorias, etc. En general para todas las subpartidas arancelarias relativas a exportación de materias primas de origen mineral en la forma de concentrados, doré o briquetas. Retomamos la incorporación de tecnología más abajo en los puntos 5 y 6.

4° Presentación del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre (CDRC) y respuesta del Servicio Nacional de Aduanas (SNA)

Para cubrir a cabalidad sus funciones la Comisión de Trazabilidad debe tener acceso a la información que solicite a Aduanas. Con este objetivo el CDRC solicitó información a Aduanas acerca de las operaciones de la PRM Mejillones (propiedad de la empresa LS-Nikko y en las plantas refinadoras de Kinross y Yamana Gold), relativas a tonelaje y pureza de metales valiosos recuperados desde barros anódicos de las refinerías de Codelco; a saber, Platino, Paladio, Teluro, Rodio, Iridio, Rutenio, etcétera. Agreguemos a ello la información de exportación de estas mineras referidas a la pureza y tonelaje de Oro, Plata y subproductos exportados por las mineras Yamana Gold y Kinross.

El SNA a través de su Subdirección Jurídica, Unidad de Transparencia, se negó a nuestra solicitud de informar. Precisemos que esta petición la hicimos el día 21 diciembre de 2022; recibimos respuesta el día 8 de febrero de 2023.

La Unidad de Transparencia del SNA consideró que “la divulgación de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona” (en el caso que esta información sea) “a) secreta […] b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto y c) tener un valor comercial por ser secreta”. Esta denegación se fundamentó en la decisión de amparo Rol C2909 del Consejo para la Transparencia. El SNA basado en los Art. 21 n° 4 y 33 letra j) de la Ley de Transparencia invocó los acuerdos internacionales para hacer referencia a la obligación de confidencialidad a que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento y, por tanto, negar la información que solicitamos a la PRM Mejillones.

Es más, haciendo hincapié en opiniones –sería más propio calificarlas de solicitudes– de la SONAMI y el Consejo Minero, el SNA respondió a nuestra solicitud que la eventual información acerca de los subproductos contenidos en sus embarques revelaría “aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad”. Aduanas interpreta esta argumentación como un bien estratégico, que cautela el Art. 16 de la Ley de Transparencia. Para así negarse a dar la información solicitada, el Art. 20 de la Ley de Transparencia mediante.

Nótese que según el Marco Normativo Ordenanza de Aduanas, Modificaciones Ley 20780 Art. 11 n.°4 y n.°5: Artículo 168:

Las infracciones a las disposiciones de la presente Ordenanza o de otras de orden tributario cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio de Aduanas, pueden ser de carácter reglamentario o constitutivas de delito. Comete también el delito de contrabando el que, al introducir al territorio de la República, al extraer de él, mercancías de lícito comercio, defraude la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la Aduana.

La aparente contradicción legal aquí expuesta debe ser resuelta vía administrativa, pues de ninguna manera el embarque, de manera subrepticia, de valiosos subproductos en los concentrados, puede ser declarado como aspecto estratégico en el desarrollo de las actividades comerciales de las empresas mineras que incurren en estas prácticas. Según el Art. 168 de la normativa de Aduanas esta práctica es constitutiva del delito de contrabando que “defrauda la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no prestación de las mismas a la Aduana”. Por tanto el SNA no puede eximirse del control de estas prácticas pues significaría cooperar en hechos, que en el derecho comparado, tal participación, es calificada como complicidad primaria, que al decir del tratadista Sebastián Soler, requiere desde un punto de vista objetivo prestar una colaboración sin la cual el hecho no habría podido cometerse; y desde un punto de vista subjetivo, tanto los autores como los cómplices primarios son partícipes en el sentido genérico y responden por el hecho total, en tanto sea conocida, a lo menos consentida como posible la acción de otro partícipe (S. Soler, Derecho Penal Argentino. T. II, 271-273. 1973).

5° El proceso de trazabilidad

Estimamos que el Equipo Institucional de Trazabilidad debe proponer medidas de refuerzo de las atribuciones del SNA como, por ejemplo, integrar al Departamento Minero la unidad de Química y Análisis, que en la actualidad es dependiente de la Subdirección de Fiscalización. De esta manera el Departamento Minero controlará el cien por ciento de las operaciones de exportación, designando el tamaño de la muestra, el análisis químico de valor, análisis del peso y humedad de lo embarcado.

Institucionalmente Chile no ha asumido el control de los embarques de concentrados, que, al no ser fiscalizados por Aduanas e Impuestos Internos, subfactura el cargamento. Aduanas no informa acerca de los subproductos contenidos en el concentrado que se exporta. No cuenta con equipos modernos y eficientes. Para asegurar la trazabilidad de esos subproductos en el concentrado en los puertos de embarque planteamos la instalación de un equipo de absorción atómica con lámpara de xenón y horno de grafito. Este equipo, espectrómetro, de barrido electrónico SEM-TEM y absorción atómica de alta resolución con fuente continua, permite hacer barrido y cuantificación de los metales presentes, por difracción de rayos X, en las materias primas exportadas, detecta el átomo de los diferentes minerales en el concentrado; valida la máxima y mínima concentración del metal de interés reportados por los exportadores con el fin de certificar la operación de pesquisa según el código de arancel correspondiente y la concentración declarada. El comportamiento de la lámpara de xenón, con una luz de alta energía, permitirá identificar con precisión los minerales contenidos en el concentrado de cobre.

El carácter geoestratégico de nuestros minerales se reafirma cuando vivimos tiempos de guerra, amenazas a la seguridad de la población y calidad de vida en continentes, donde las carencias amenazan la sobrevivencia de sus habitantes. En ese orden de importancia caben los DMAT, y tierras raras, cobre, litio, manganeso, grafito, hierro, óxido de silicio, plomo, antimonio, azufre, cromo, cobalto, mercurio, molibdeno, rodio, paladio, plata, oro, teluro, etcétera. Actualmente en Chile existe un equipo SEM –propiedad de la Universidad de Antofagasta– con el que se detecta la concordancia entre la concentración reportada por el exportador en el análisis químico y la mineralogía predominante en el concentrado.

Este equipo detecta el átomo de los diferentes minerales en el concentrado. Su comportamiento ante la lámpara de xenón, con una luz de alta energía, permite identificarlos con precisión. Es de urgencia dotar al Servicio de Aduanas en los 5 puertos de embarque de nuestras costas. Su valor es de US$60 mil, por lo que el presupuesto asciende a US$300 mil.

En un concentrado de Cobre, una mineralogía de sulfuro de cobre predominantemente de Calcosina o Bornita presentará concentraciones de Cobre superiores al 35 % weight %. Una mineralogía en el sulfuro de cobre predominantemente Calcopirita, producirá concentrados con 29 % de cobre. Véase más abajo la Figura 11.1 con la mineralogía de concentrados en 32 mineras en Chile. Por su tarea en el control de las exportaciones mineras el Servicio Nacional de Aduanas ocupa una posición estratégica en la operación de instituciones como Codelco y Cochilco.

La intervención de los poderes públicos es crucial en las operaciones que recomendamos. Por tanto,

debe oficiarse al Servicio de Aduanas para que informe acerca de los subproductos que cuenta el Servicio en las Tablas actualizadas que contengan los subproductos DMAT que se controlan en los puertos de embarque para efectuar los controles y saber exactamente si están los elementos DMAT que deben controlarse en puertos y aeropuertos de la República. Para realizar todo ello basta una simple orden presidencial. Los análisis químicos que deben hacerse en Aduanas determinan los aranceles que deben aplicarse.

La Contraloría General de la República puede auditar las operaciones, señalar las responsabilidades, pero no puede sustituirse a los organismos técnicos y ejecutivos del Gobierno sobre el cual reside la responsabilidad de desarrollar las actividades productivas de la minería y el cumplimiento de las leyes de la República.

Estas operaciones significan un cambio de modelo tomando en cuenta el desarrollo de conocimiento en el país, las exigencias medioambientales y los intereses de las comunidades locales que conviven con el desarrollo de las empresas mineras. Desechar la política de exportación de concentrados de cobre implica recuperar los subproductos de los concentrados de cobre.

La urgencia de emprender la fundición-refinación en Chile, recuperando valiosos subproductos se justifica por el agotamiento de las reservas de cobre en el mundo que las investigaciones estiman en un horizonte que se sitúa en Chile en el horizonte 2050. En 2014, Codelco firmó un contrato con la empresa coreana LS-Nikko para la construcción de una planta recuperadora de metales que opera desde 2016 en Mejillones. Solución insuficiente dada la magnitud de los intereses y recursos en juego. Dicha planta procesa los barros anódicos que se generan en Ventanas y otras divisiones de Codelco.

Los concentrados proceden de Andina y Anglo American. El inventario de fundición y refinación referida al sector público cuenta con 4 fundiciones, Chuquicamata, Potrerillos, Paipote y Caletones y tres refinerías Chuqui, Potrerillos y Ventanas, las que completan la capacidad instalada, donde el principal impulsor ha sido Codelco. Alto Norte (desarrollada por Refimet y actualmente propiedad de Xstrata) y Chagres (propiedad de Anglo American), no refinan en Chile metales valiosos, en consecuencia, los exportan en forma de concentrados cuyo contenido es de metales valiosos y PGM.

Recordemos que, en 2023, se cerró el horno de fundición de Ventanas, manteniéndose activos la producción de cátodos y de barros anódicos. Estos últimos se envían a la planta de LS-Nikko en Mejillones.

Figura 11.1. Mineralogía de concentrados en Chile

Fig. 11.1: Chemical Composition Data of the Main Stages of Copper Production from

Sulfide Minerals in Chile: A Review to Assist Circular Economy Studies. Santana, Cifuentes 2022.

** Las abreviaciones Ccp, Cc, Cv, Py, Po i.e., se refieren a calcopirita, calcosina, covelina, pirita, pyorrita. Dependiendo del mineral dominante el concentrado tendrá un 24 %, 27 %, 35 % de cobre, etcétera.

En el estudio realizado por Kayo Santana Barros, Vicente Schaeffer Vielmo, Belén Garrido Moreno, Gabriel Riveros, Gerardo Cifuentes, Andréa Moura Bernardes, (Cfr. https://www.mdpi.com/2075-163X/12/2/250), acerca de la mineralogía de concentrados en Chile, en 32 importantes empresas mineras se encontraron presentes los siguientes minerales Calcopirita (Ccp), Calcosina (Cc), Covelina (Cv), Pirita (Py), Pyorrita (Po).

El contenido de cobre de los minerales mencionados del grupo sulfuros varía de la siguiente manera.

Se detectaron dos minerales del grupo de los sulfuros sin contenido de cobre a saber:

• Py, Pirita FeS2
• Po, Pirrotita Fe7S8

De manera urgente debe oficiarse al Servicio de Aduanas para que

informe acerca de los subproductos que cuenta el Servicio en las Tablas de elementos medibles para así saber exactamente si están los elementos DMAT que deben controlarse en puertos y aeropuertos de la República (Ver más abajo Tabla DMAT 16.2, página 255).

Los análisis químicos que deben hacerse en Aduanas determinan los aranceles que deben aplicarse, medida crucial si se tiene en cuenta las necesidades que la Caja Fiscal debe afrontar (véase salud, educación, pensiones, infraestructura productiva y social). Ello sin contar el Covid-19, el estado de recesión, alzas de precios –sobre todo en alimentos– que justifican el involucramiento de varios servicios públicos, aparte del Ministerio de Minería sector inicial de esta propuesta, en el propósito de obtener mayores recursos de nuestro principal rubro de exportación, el cobre (2022 y 2023). Es el caso de Hacienda, específicamente, Impuestos Internos y Aduanas en lo que se refiere al control de las exportaciones del mineral.

A dichos servicios debe agregarse la Contraloría General de la República. Este último servicio para efectos de la inspección de operaciones y de eventuales subfacturaciones y de esa manera plantear las responsabilidades que caben en cada una de los procedimientos involucrados. La Contraloría General de la República puede auditar las operaciones, pero no puede sustituirse a los organismos técnicos y ejecutivos del Gobierno sobre el cual reside la responsabilidad de desarrollar las actividades productivas de la minería y el cumplimiento de las leyes de la República.

Si Usted es chilena o chileno debería reaccionar y defender lo que estamos regalando o mejor dicho, nos están robando. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué nuestros representantes en el parlamento callan?. Recortan el presupuesto de salud, de educación, de cultura, etc., y regalamos miles de millones de dólares a empresas extranjeras. ¿Cómo se explica este sinsentido? Revisemos las cuentas bancarias en el extranjero de los responsables.
Comentario de la Redacción de piensaChile

Aquí tiene el lbro de Héctor Vega, completo, para que lo baje, lo lea y lo difunda. Si no defendemos lo nuestro…

El articulo Propuestas para que el país sepa que exigir para terminar con el regalo diario de millones de dólares apareció primero en piensaChile.

¡Trabajadores mineros se suman a la Marcha del 1 de octubre! Hernán Guerrero, Presidente del Sindicato Chuquicamata, anuncia que se suman a la convocatoria  de la CONFECH para marchar este jueves 1 de octubre en contra de los recortes en educación.

#Asimismo, propone la refinación y fundición del cobre para darle mayor valor agregado y tener recursos para financiar derechos sociales.

 

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«Las exportaciones de mineral de cobre de Chile durante 27 años (1996-2023) se elevaron a 325 mil millones de dólares. Ahora bien, los 325 mil millones de dólares corresponden a 25% de lo exportado siendo el total de éste 1,3 trillones de dólares

y la subfacturación correspondió a 975 mil millones de dólares. Frente a estas cifras no cabe sino concluir que en estos 27 años nos hemos constituido en una verdadera factoría que en su gestión restó recursos valiosos para la construcción y consolidación de un sector minero industrial.

«La solución está a la mano. Existen espectrómetros que aseguran la trazabilidad de los subproductos que salen subrepticiamente por los puertos de Chile. Se trata de equipos de absorción atómica con lámpara de xenón y horno de grafito que permiten hacer barrido y cuantificación de los metales presentes, por difracción de rayos X, en las materias primas exportadas.

«Cada espectrómetro tiene un valor de US$60 mil, por lo que su valor total asciende a US$300 mil. Basta una simple orden del Presidente de la República al Servicio de Aduanas para que se instale dichos equipos en los 5 puertos ya nombrados.

«Sin embargo, el problema no es la instalación de laboratorios de análisis químico cuantitativo dotados de instrumental moderno, en los puertos de embarque, sino político pues las transnacionales, a través del Consejo Minero, que durante años han registrado en los DUS los minerales del concentrado que deben ser fiscalizados por el Servicio Nacional de Aduanas, no estarán dispuestas a perder un negocio de miles de millones de dólares. ¡Como lo decíamos más arriba, en 27 años les ha reportado nada menos que 975 mil millones de dólares!»

Si la lectura de estos párrafos han despertado su interés, le invitamos a leer el artículo completo de Héctor Vega, publicado hace unas semanas. Lealo, por favor y difúndalo! A ver si empezamos a hacer guardia en la Plaza de la Constitución hasta que el Presidente de la República envíe la Oden al Servicio de Aduanas y este ponga la Orden de compra de los espectómetros!

El costo oculto del cobre chileno (o «lo que las mineras le roban a Chile»)

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16 de septiembre de 2026

El abogado Sebastián Aylwin, histórico militante del Frente Amplio, fue jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente, en el gobierno de Gabriel Boric, fue contratado por CleanTech Lithium, para gestionar permisos ante el Servicio de Evaluación Ambiental bajo las normas del reglamento que él mismo reformó. Y para terminar de colmar el vaso, hay que decir que CleanTech Lithium firmó trato directo con el gobierno.

El articulo Líder de reforma a la evaluación ambiental de Boric asesora a minera de litio que firmó trato directo con ese gobierno apareció primero en piensaChile.

Richard Nixon
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Washington, O.E.
U.S.A.

Señor Presidente

He decidido dirigirme a usted en carta abierta y pública ante el cariz que están asumiendo últimamente las relaciones entre Chile y los Estados Unidos. Lo hago porque para los países pequeños como el nuestro, la fuerza moral de sus posiciones y actuaciones constituye la mejor defensa de sus legítimos derechos y aspiraciones.

La dura realidad de nuestra tierra, el hambre, la ignorancia, la miseria, la casi total desesperanza han convencido a nuestra gente de que necesitamos cambios profundos para superarlas. Y hemos elegido realizarlos en democracia, pluralismo y libertad: en amistad con todos los pueblos de la tierra.

Este proceso interno sólo es posible si se apoya, en lo exterior, en los sólidos principios de la no intervención, la autodeterminación y el diálogo entre los países, y a esta línea hemos ceñido estrictamente.

Sin embargo, hemos sufrido el permanente combate, ora abierto, ora subrepticio, de intereses y fuerzas contrarios a los nuestros; una campaña destinada a deformar lo que somos y lo que queremos, intentando perjudicar nuestras buenas relaciones con los demás pueblos.

No obstante esta campaña internacional, aparentemente concertada, hemos mantenido serenidad, conscientes de que deberíamos preservar los vínculos entre su país y el nuestro a fin de facilitar la solución de los problemas comunes en que sustentamos posiciones diferentes.

Ello nos ha llevado a restar importancia a algunos ingratos episodios no originados por nosotros, que es preciso recordar ahora, cuando la política oficial norteamericana parece dirigida, más que a favorecer la buena disposición de las partes para arreglos amistosos, a coaccionar indebidamente a nuestro país por la vía de la presión económica y financiera.

En los primeros días de mi mandato presidencial, el gobierno norteamericano procedió a retirar, unilateralmente y sin autorización, la misión científica radicada en la Isla de Pascua, infringiendo acuerdos suscritos entre los Estados Unidos.

A mediados de febrero del presente año, el almirante Zumwalt, en visita oficial a Chile, planteó en el curso de su conversación conmigo si veríamos con agrado la presencia del buque de guerra “Enterprise” en el puerto de Valparaíso. Respondí que le invitaba complacido, como Presidente de Chile, porque quería que los miles de tripulantes conocieran la realidad auténtica y democrática que vivimos en que se respetan todas las ideas, principios y creencias.

Para nuestra sorpresa, el gobierno norteamericano decidió suspender la visita del “Enterprise”, sin explicación alguna, infligiéndonos un desaire que no merecíamos.

En marzo, cuando en Ginebra se discutió la sede de la Tercera Reunión de la UNCTAD, no fue misterio que la representación norteamericana usó de toda su capacidad de influencia para intentar impedir que se aprobara la candidatura de Santiago.

El 12 de agosto, el presidente del Export and Import Bank, Mr. Henry Kearns, declaró que el Eximbank suspendía la concesión de un préstamo solicitado por el gobierno de Chile, con las garantías bancarias y financieras necesarias, para adquirir dos aviones Boeing 707 y un 727. El portavoz de la Secretaría de Estado, Mr. Robert McCloskey, comentó esta decisión y la vinculó a que el gobierno de Chile no ha dado seguridad suficiente de que las empresas cupríferas nacionalizadas recibirán adecuada compensación. McCloskey indicó al día siguiente que la solicitud chilena fue objeto de una entrevista el 12 de agosto entre el presidente del Eximbank y el subsecretario de Estado, Mr. John Irwin.

El pasado día 16, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos declaró a la prensa que Chile ha violado cuatro veces sus compromisos para concluir un acuerdo de indemnización con la Cerro Corporation, lo que pone en duda la intención y capacidad de Chile para cumplir sus obligaciones.

Según la misma fuente, esta actitud para con Cerro Corporation ha sido decisiva para suspender los créditos a Chile.

Es propósito decidido del gobierno chileno evitar cualquier motivo de fricción con el de Estados Unidos. Por eso ahora hemos guardado silencio ante los hechos recién enumerados.

Hoy, con respeto y claridad, debemos dejar constancia de nuestro desagrado por los acontecimientos últimos.

Su desviada intención queda de manifiesto, ya que la propia Cerro Corporation había comunicado a la prensa el día 13 de agosto:

“Cerro Corporation anunció hoy día que el Mineral de Río Blanco en Chile ha alcanzado producción total en la forma en que se la define en su contrato de crédito con Export-Import Bank, en los 30 días que preceden el 10 de agosto la mina ha producido 274.000 toneladas de mineral, produciendo 18 000 toneladas secas de concentrado con 30 % de contenido de cobre.

Resulta significativo que estos resultados han ocurrido durante el período en que la administración de la mina ha pasado de Cerro Corporation a la Corporación del Cobre (CODELCO) de propiedad chilena en virtud de las disposiciones de la reforma constitucional recientemente acordada en Chile. El control de la mina pasó a CODELCO el 17 de julio. Cerro y CODELCO han cooperado durante este período para hacer la transferencia de dominio lo más fácil posible. Según G. C. Murphy, presidente de Murphy. En respuesta a preguntas formuladas por la prensa, Murphy agregó que la compensación por la nacionalización de la Mina de Río Blanco no había sido establecida en forma definitiva. Dijo que Cerro se veía alentado por la atmósfera cordial de las conversaciones habidas sobre esta materia en el mes de mayo de este año y que esperaba el anuncio de un acuerdo después de cumplirse los procedimientos exigidos por la reforma constitucional por parte del gobierno”.

La decisión del Export and Import Bank fue adoptada previa consulta y con el beneplácito de los organismos gubernamentales de Estados Unidos.

Está fundamentada en un sólo supuesto sustancial: que la nacionalización de las grandes minas de cobre no contempla plenas garantías para indemnizar a las compañías norteamericanas que las explotan.

Chile, señor Presidente, se honra en mostrar ante sus conciudadanos y el resto del mundo una historia republicana basada en la plena e ininterrumpida institucionalización del Estado de Derecho, en la observación de los principios democráticos y en el libre funcionamiento de los mecanismos representativos. Una trayectoria democrática que, en su concreción práctica, puede parangonarse con la de los países que más se vanaglorien de la suya.

La nacionalización de las grandes minas de cobre no es el capricho del gobierno de Chile. Ha sido una decisión de nuestro pueblo en uso de su soberanía, aprobada por unanimidad en el Congreso e incorporada al texto de la Constitución. Un Congreso, señor Presidente, elegido por sufragio universal, directo y secreto, la mayoría de cuyos miembros pertenece a los partidos de oposición.

El texto de la Reforma Constitucional que aprueba la nacionalización de las grandes minas de cobre establece, en términos específicos y claros, la indemnización de las compañías extranjeras y los criterios a observar para determinar su cuantía.

Esta última tarea se ha confiado a la Contraloría General de la República, institución independiente cuya función es precisamente fiscalizar el comportamiento de la Administración Pública.

El texto de la Reforma Constitucional que nacionaliza la Gran Minería del Cobre provee, igualmente, la posibilidad de que tanto las compañías afectadas como el Estado chileno puedan apelar ante la decisión de la Contraloría General de la República, para lo cual se ha establecido un tribunal compuesto, en su mayoría, por ministros de la Corte de Apelaciones y del Tribunal Constitucional.

En Chile, señor Presidente, la separación entre los poderes del Estado es, conforme a nuestra constitución y su aplicación concreta, mayor que en Estados Unidos. Los Tribunales de Justicia son independientes del Ejecutivo tanto en su generación como en su funcionamiento.

El Estado de Chile, señor Presidente, tiene orgullo en exponer ante sus conciudadanos y el resto del mundo su ininterrumpido y probado respeto a los compromisos contraídos, tanto en el interior de sus fronteras como frente a cualquier otro país.

De donde, afirmar, que la nacionalización de la Gran Minería del Cobre no contempla plenas garantías para la indemnización, supone:

1. Ignorar deliberadamente lo más esencial de la realidad institucional y política de mi país;
2. Ofender, no solo al Gobierno de Chile, sino a su Congreso, a todos sus partidos políticos, a sus Tribunales de Justicia y a la Contraloría General de la República;
3. Presionar inadmisiblemente al pueblo chileno y a sus instituciones representativas en una materia que no sólo es nuestra exclusiva e interna competencia -reconocida por el Derecho Internacional y resoluciones unánimes de las Naciones Unidas- sino que es vital para nuestra economía y su desarrollo: el cobre significa casi el 80% de nuestros ingresos en divisas y más del 20% del Presupuesto Fiscal.

Representarle, señor Presidente, el sentimiento unánime de mi país ante el pretexto y real alcance de la decisión política adoptada en torno a la suspensión de créditos a Chile, significa hablarle con plena conciencia de la dignidad que los latinoamericanos sentimos en nosotros mismos y conferimos a los demás, cuya reciprocidad exigimos.

Significa testimoniar nuestra convicción en la libertad de los pueblos de Latinoamérica para disponer de sus recursos naturales, de sus riquezas y de su propio destino.

Este sentido de dignidad y la búsqueda de su libertad orientan el comportamiento del pueblo de Chile y lo orientarán también en el futuro. Sólo el respeto mutuo de los países por la dignidad y la libertad pueden fundamentar la paz y cooperación internacionales, en términos beneficiosos para todos.

Señor Presidente, dijo usted ante el Congreso de su país: “Estados Unidos está preparado para tener la clase de relaciones con el Gobierno de Chile que él esté dispuesto a tener con nosotros”.

Yo respondí, apenas unos días después, que “el Gobierno de Chile quiere relaciones amistosas con el país más poderoso del hemisferio, siempre que se admita discrepar, disentir y negociar desde distintos puntos de vista”. Y hemos cumplido. No ha salido de nuestro gobierno una sola expresión crítica desorbitada. Por el contrario, hemos buscado la posibilidad de diálogo.

Una vez más el Gobierno de Chile reitera su voluntad de amistad, cooperación y mutuo respeto con Estados Unidos, y a ello ajusta su comportamiento.

De esto puede estar seguro el pueblo norteamericano. Pero, máxime cuando el Gobierno de Estados Unidos se orienta a reconocer la realidad de otros Estados y pueblos impugnados hasta hoy, aceptando el pluralismo de la realidad internacional, los latinoamericanos estamos en nuestro legítimo derecho de exigir una actitud de respeto y cooperación.

En la íntima y personal convicción de que estos principios serán realidad, he querido hacerlos manifiestos, a través de su más alto dignatario, al Gobierno y al pueblo de los Estados Unidos.

Lo saluda atentamente

      Salvador Allende G.
Presidente de la República de Chile.

*Fuente: Marxist.org

El articulo Carta del Presidente Salvador Allende al Presidente Richard Nixon, el 20 de agosto de 1971 apareció primero en piensaChile.

El 21 de diciembre el 2022 el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre solicitó al Servicio Nacional de Aduanas (SNA) información acerca de las operaciones de la Planta Refinadora de Metales (PRM) en Mejillones (propiedad de la empresa LS-Nikko y en las plantas refinadoras de Kinross y Yamana Gold), relativas a tonelaje y pureza de metales valiosos recuperados desde barros anódicos de las refinerías de Codelco; a saber, Platino, Paladio, Teluro, Rodio, Iridio, Rutenio, etcétera. Agregamos a ello la información de exportación de estas mineras referidas a la pureza y tonelaje de Oro, Plata y subproductos exportados por las mineras Yamana Gold y Kinross.

En respuesta a nuestra solicitud el SNA a través de su Subdirección Jurídica, Unidad de Transparencia, respondió que “la divulgación de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona” (en el caso que esta información sea) “a) secreta […], b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto y c) tener un valor comercial por ser secreta”.

Ver artículo completo de Héctor Vega

LS-Nikko: Un socio prescindible

LS-Nikko es un socio coreano-japonés, al cual Codelco le entregó el 66% de la propiedad, para que continuara haciendo lo que ya hacía por años. Esto ocurrió en el primer gobierno de Piñera. Y sus actividades, como lo denuncia Héctor Vega, están muy bien protegidas por el SNA (Servicio Nacional de Aduanas) argullendo lo que han leído en el párrafo anterior. Chile no necesitaba esa sociedad para realizar los trabajos que hoy hace.

Algo de historia sobre la creación y gerenciamiento de ese empresa y su planta en Mejillones:

Camus comenta que “en Chile tenemos los ingenieros y técnicos capaces de llevar adelante un proceso de fundición de metales nobles. Tenemos una tradición desde 1964, es decir, de 48 años en que la gente que trabajó allí se súper especializó. En mi caso, cuando llegué en 1972, me desempeñé en el Laboratorio de Control de Calidad. Era gente que sabía muy bien su trabajo, eran honestos y cuidaban muy bien lo que producían. Si cada lingote de oro que salía de allí era sagrado porque estábamos conscientes de que esa planta pagaba los costos de Enami Ventanas. Que me vengan a decir que no tenemos gente especializada para trabajar en eso. No necesitábamos aprender de los coreanos como obtener metales nobles de los barros anódicos”.

Texto completo del artículo de Mauricio Becerra

¡Llegará el día en que los responsables de estos robos a la economía de nuestro país tengan que responder frente a la justicia por estos crímenes!

El articulo Las grandes potencias van a la guerra por las tierras raras. ¡Chile las regala! apareció primero en piensaChile.

Resumen Analítico

Héctor Vega. “Cobre. El metal de la discordia”. Crónica de un saqueo.
(317 páginas) Editorial Forja. Santiago. Chile
Registro de Propiedad Intelectual: N° 2025-A-4254
ISBN: Nº 978956338808-4

Clave: Allende, Soberanía, LOCCM, Concesiones, Subproductos, Trazabilidad, DUS, Aleaciones, Metales críticos, Subfacturación, Hegemón

Héctor Vega presenta en “Cobre. El metal de la discordia. Crónica de un saqueo” (de ahora en adelante denominado, Libro) la historia del cobre en Chile durante el siglo XX y la desnacionalización ocurrida durante la democracia que abarca los años 1990 hasta el presente, proceso que se articula con el pensamiento del autor en su búsqueda por la soberanía sobre los recursos naturales. Históricamente este proceso aparece respaldado por la Resolución 1803 de las Naciones Unidas de 1962 que declaró el derecho inalienable de las naciones sobre sus riquezas o Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales. Base sobre la que se inspira la política del presidente Salvador Allende al nacionalizar la minería del cobre en ese entonces en manos de cinco empresas norteamericanas. El período estudiado incluye la aprobación de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM, 1982) durante la dictadura y el proceso de desnacionalización que ocurre a la vuelta de la democracia para concluir hoy en una situación en que 72% de la Gran Minería del Cobre se encuentra en manos de las compañías Transnacionales correspondiendo el 28% restante al Estado de Chile, es decir Codelco.

La batalla del cobre

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la producción y comercialización estaban bajo control de 5 empresas estadounidenses que operaban en el país y del gobierno de Washington, el cual fijó unilateralmente precios bajos durante el conflicto bélico, causando perjuicios millonarios al Estado de Chile. Época en la que el gobierno de EE.UU compensaba a las compañías norteamericanas el diferencial de precios entre lo que recibía Chile y el precio internacional. Tras hitos normativos como el Convenio de Washington de 1951 y la Ley del Cobre de 1952, que permitieron una mayor participación estatal en la comercialización, se implementó la política de Chilenización bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), donde el Estado se comprometía a comprar el 51% de las acciones de las compañías. Voz disidente en estas negociaciones fue la de Radomiro Tomic, quien en esa época representaba al Gobierno de Chile como embajador en Washington. Tomic pensaba que los términos de la asociación mixta, chilena-estadounidense, eran lesivos para el interés del Estado de Chile. Pues su lógica correspondía a una operación de autofinanciamiento del Estado, que se constituía en garante de las deudas contraídas por las sociedades norteamericanas con los organismos internacionales de crédito, especialmente el Eximbank y la AID.

Esta trayectoria culminó el 11 de julio de 1971 con la histórica Nacionalización de la Gran Minería del Cobre bajo la presidencia de Salvador Allende, aprobada por unanimidad en el Congreso mediante la reforma constitucional de la Ley 17450 que fue publicada en la Disposición Transitoria N° 17 de la Constitución de 1925 (Cfr. Libro. Capítulo 3 pp. 57-76). Especial participación en esta legislación cupo a Eduardo Novoa Monreal, principal asesor jurídico del presidente Allende. La nacionalización consagra el derecho indiano establecido en Chile en el siglo XVIII y reconocido por Andrés Bello (proyecto del Código Civil 1855) que por supuesto admite la concesión, pero no a la manera en que la estableció años más tarde la dictadura en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM, 1982), ley que establece un concesionario con las atribuciones de propietario.

El Estado recuperó el dominio pleno sobre los yacimientos de Chuquicamata, Exótica, Salvador, Andina y El Teniente; para los efectos de las indemnizaciones se aplicaron deducciones referidas a los derechos del Estado sobre los yacimientos, bienes de capital en mal estado y ganancias excesivas (en este caso se fijó como criterio sancionar utilidades sobre el 10% del valor libro desde 1955). Un detalle técnico crucial fue el rol del Contralor General, quien dispuso de un plazo de 120 días (más una prórroga de 90) para fijar indemnizaciones; tras los descuentos por mala administración de faenas y remoción de estériles (30 millones de toneladas solo en Chuquicamata), resultaron en saldos negativos para las mineras norteamericanas, salvo el caso de la Compañía Minera Andina S.A. En el caso de El Teniente se dedujo además la reevaluación de varios ítems del balance después del 31 de diciembre de 1964. En este recuento de indemnizaciones, Chuquicamata, El Salvador y El Teniente quedaban con saldos en contra; es decir, le debían al Estado de Chile. Sólo recibían indemnizaciones la Compañía Minera Exótica (Anaconda) más de 10 millones de dólares y la compañía Minera Andina S.A. de Cerro Corporation, más de 18 millones de dólares. Andina no figuraba en el ítem de deducción de las ganancias excesivas, pues su giro de operaciones había comenzado solo en 1970, pero se le deducía en el ítem de activos de capital en mal estado, más de 345 mil dólares.

El aspecto más controvertido de este proceso fue el mecanismo para determinar las indemnizaciones: se estableció el valor libro de las empresas al 31 de diciembre de 1970 como base, pero se facultó al presidente para deducir las “rentabilidades excesivas” superiores al 10% anual obtenida por las compañías desde 1955. Debido a las altísimas ganancias reportadas en las décadas previas, la Contraloría General de la República resolvió que yacimientos principales como Chuquicamata, El Salvador y El Teniente no tenían derecho a indemnización y, por el contrario, quedaban con saldos deudores ante el Estado chileno. A estas deducciones se sumaron cobros por el mal estado de las instalaciones y los costos de remoción de estériles que las empresas habían dejado acumulados por una explotación deficiente.

La respuesta internacional a este acto soberano dio origen a una ofensiva diplomática encabezada por la administración de Richard Nixon en represalia por la falta de indemnizaciones directas. El gobierno de Estados Unidos invocó herramientas legales como las enmiendas Hickenlooper y González para suspender la ayuda económica bilateral y bloquear sistemáticamente los créditos hacia Chile de organismos multilaterales como el Eximbank y el Banco Mundial. Nótese que el Derecho Internacional, desde la posguerra, consagraba el derecho de la nacionalización, por tanto no correspondía al Poder Judicial de EE.UU pronunciarse acerca del alcance de los actos de la nacionalización de un Estado extranjero en su propio territorio.

Henry Kissinger, Secretario de Estado y confidente del presidente Nixon, siempre entendió que no podía someter las acciones contra la nacionalización ante la jurisdicción de los tribunales norteamericanos. En el pasado la Corte Suprema se había pronunciado en un caso donde se había rechazado la enmienda Hickenlooper con la que el gobierno de EE.UU había pretendido la defensa de los intereses de sus connacionales invocando el Derecho Internacional como parte de su propio Derecho para casos de ciudadanos norteamericanos afectados en sus intereses. Se estableció así la doctrina llamada Acto de Estado (Cfr. Libro Capítulo 4 pp. 77-88. Ver además, La Batalla por el Cobre. Eduardo Novoa Monreal, pp. 292-295, Caso Banco Nacional de Cuba vs Farr Whitlock Co. y P.L.F. Sabbatino).

En el ámbito judicial, empresas como Kennecott y Anaconda iniciaron una ofensiva en tribunales extranjeros, logrando el embargo de cargamentos de cobre chileno en puertos de Francia, Alemania e Italia, así como el congelamiento de cuentas bancarias de agencias estatales como Codelco y Corfo en Nueva York. Según testimonios de la época, el país enfrentó un asedio constante y una verdadera guerra económica y política destinada a asfixiar financieramente a la administración chilena tras la recuperación de su principal riqueza material.

La doctrina de la concesión plena y de cómo recuperar la Soberanía sobre nuestros recursos

La transformación jurídica de la minería chilena ha tenido un impacto profundo en la soberanía nacional, alejándose del carácter patrimonial-regalista histórico para adoptar un sistema que favorece al empresariado privado. Durante la dictadura militar, a pesar de que la Constitución de 1980 declaraba formalmente el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre las minas (inciso 6°, numeral 21 del Art. 19), la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras (LOCCM) de 1982 instauró la doctrina de la “concesión plena”, otorgando a los concesionarios derechos prácticamente idénticos a la propiedad privada sobre los yacimientos. Este marco legal redujo el papel del Estado a un “dominio subsidiario”, despojándolo de atribuciones reales sobre el uso y disposición de sus recursos naturales. En definitiva, pese a la declaración constitucional, el Estado de Chile pasa a tener la nuda propiedad, o propiedad eminente del Estado, vaciando de esa manera el espíritu de la declaración del Art. 19 de la Constitución.

Esta estructura jurídica cerró efectivamente la puerta a futuras nacionalizaciones bajo las condiciones establecidas en 1971, al imponer un mecanismo de indemnización por expropiación basado en el “valor presente de los flujos netos de caja de la concesión” (Artículo 11 n° 3 de la LOCCM). Para el autor, este cálculo resulta tramposo e inaplicable, ya que obliga al Estado a pagar por el valor de las reservas que legalmente ya le pertenecen, transformando la concesión en una propiedad de facto. Al indemnizar flujos futuros, el Estado debería pagar por el mineral depositado en las entrañas de la mina y que le pertenece, validándose con aquello una “venta de lo ajeno”. Además, el cálculo es arbitrario porque el 99,9% del cobre se transa en mercados de futuros y operaciones fuera de bolsa (over-the-counter), mientras que solo el 0,1% se transa en bolsas físicas. La aleatoriedad de precios hace imposible predecir flujos futuros con rigurosidad y certidumbre.

Aunque existe un debate jurídico sobre si la Disposición Tercera Transitoria de la Constitución permitiría al Presidente renacionalizar el cobre mediante un simple decreto supremo, el autor argumenta que el proceso requiere pasar por la reserva legal del Congreso, dado que es un acto de soberanía que debe enfrentar estructuras neo liberales profundamente internalizadas en la sociedad chilena; por tanto en democracia requiere de un acto soberano de los poderes Ejecutivo y Legislativo (Cfr. Libro Capítulo 7 pp. 105-114).

La LOCCM vació de contenido la reforma de 1971 al instaurar la llamada Concesión Plena. El autor enfatiza que el Artículo 91 del Código de Minería otorga a la sentencia judicial el carácter de “título de propiedad”, lo cual es un absurdo jurídico en un sistema donde el Estado es el dueño absoluto del recurso. La concesión no significa que el Estado se haya desprendido de su dominio. El hecho que la concesión haya sido establecida mediante una sentencia judicial debe ser considerado como un requisito formal, pues en sí la concesión minera es un acto administrativo que de ninguna manera consagra un derecho real del concesionario sobre la mina. En la interpretación de los tribunales, haciendo caso omiso del inciso 6° del numeral 24 del Art. 19, se admite que la concesión es un derecho real que deriva de la sentencia judicial que reúne los dos elementos que el derecho civil ha establecido como necesarios para transferir un derecho real, esto es, título y modo, reunidos en un solo acto a saber, la sentencia que otorga la concesión.

Esta interpretación aparece en el Art. 91 del Código de Minería (Ley 18.428, del 14 de octubre de 1983) que ve en la “sentencia que otorga la concesión un título de propiedad sobre ella y da originariamente su posesión”. Nótese, como un contrasentido de esta legislación, que el Estado interviene, no solo en la constitución de la concesión (véase Servicio Nacional de Geología y Minas, Sernageomin), sino además en el control de la obligación de desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica el acto constitutivo y otorgamiento de una concesión minera –además bajo el control del Estado se encuentra la concesión sujeta a la obligación de amparo mediante el pago de la patente – un pago mínimo sin relación a la magnitud de la riqueza que se explota. En conclusión, cuando se acepta la doctrina del acto concesional establecido en una sentencia judicial como el origen de un derecho real, se invalida el dominio completo, exclusivo, absoluto e imprescriptible del Estado sobre el yacimiento consagrado en el artículo 19 de la Constitución de 1980 (Cfr. Libro pp. 115-116).

Para recuperar la soberanía sobre el recurso natural más importante del país, el autor propone una hoja de ruta que incluye la derogación de la LOCCM por ser inconstitucional y el restablecimiento del dominio patrimonial-regalista establecido en la legislación española durante la Colonia. Con esto se reconoce que la concesión es un contrato intuitu personae (o arriendo) y de ninguna manera un contrato real sin respeto a determinada persona y aún oponible ante el Estado. Esto lleva a la derogación de la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución de 1980 y la plena vigencia de la Disposición Transitoria Decimoséptima de la Constitución de 1925 o Ley N° 17450 de 11 de Julio de 1971. Con esto, al igual que las materias no concesibles, el Estado podrá explotar los recursos directamente o mediante Contratos Especiales de Operación (CEO) con plazos definidos, eliminando la figura de la concesión judicial como título de propiedad.

Chile es un país transportador de cobre. Carece de los atributos de la exportación

Actualmente el Estado carece de un Plan de Explotación del recurso cobre, o Plan Minero, el que está entregado a las transnacionales de la Gran Minería del Cobre que monopolizan la compleja cadena de valor del cobre. El Estado de Chile exporta concentrados es decir polvo y roca para ser tratado por las FURE (fundiciones y refinerías) de ultramar que forman parte de la cadena de valor de las transnacionales. El país se limita a su papel de transportador de concentrados y en mínima proporción a cátodos. Los embarques de concentrados facilitan la subfacturación y la pérdida para el país de más de 40 subproductos valiosos, como oro, plata, molibdeno, rodio, tierras raras etcétera, que no son fiscalizados debidamente por las aduanas chilenas en los puertos de embarque y terminan siendo recuperados por las FURE en el extranjero sin compensación alguna al vendedor de concentrados. Oficialmente el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) debe fiscalizar los embarques del mineral a través de los Documentos Únicos de Salida (DUS), para ello debe cumplir con  la Resolución de 2019 que contempla la declaración obligatoria a solo cuatro elementos contrariamente a la de 2018 que exigía el control de al menos 14 minerales valiosos. Actualmente los DUS se llenan según las instrucciones del Consejo Minero sin que el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) tenga mayor intervención real en los trámites de embarque.

El SNA debe asumir un rol fiscalizador activo mediante la incorporación de tecnología avanzada en los 5 puertos de embarque, como espectrómetros de absorción atómica y microscopios electrónicos, para así validar la composición real de los concentrados y evitar que metales como el oro, la plata y el platino sean declarados como “no pagables” en transacciones entre empresas relacionadas. Esta falta de control institucional facilita la subfacturación, una práctica que según nuestro ordenamiento jurídico corresponde tipificar como contrabando cuando se defrauda a la hacienda pública omitiendo la presentación de mercancías de lícito comercio. Como ya lo dijimos, en las circunstancias actuales Chile no es exportador de cobre sino un mero transportador de concentrados es decir, polvo y rocas, que serán tratados en las FURE de ultramar (las subfacturaciones son el tema que el lector interesado podrá consultar en las siguientes páginas del Libro: 60, 127, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 158, 161, 167, 183, 189, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 209, 211, 222, 236, 245, 250, 275, 283, 285, 299, 300).

Las distorsiones propias al mercado de recursos naturales

La formación de precios en este mercado no responde únicamente a la oferta y la demanda física, sino que está dominada en un 99,9% por operaciones de futuros y opciones fuera de bolsa, donde los fondos de cobertura y los especuladores imponen una volatilidad extrema que los precios de productor no pueden predecir. En este escenario, las empresas transnacionales operan como conglomerados integrados que controlan toda la cadena de valor, desde la extracción hasta la manufactura, permitiéndoles endogenizar los precios y capturar la ganancia real en los procesos de fundición y refinación realizados en el extranjero. La vulnerabilidad de las economías mono productoras de commodities quedó de manifiesto tras la crisis de 2008, cuando el desplome de los precios y el endeudamiento en dólares socavaron los balances de los países exportadores, evidenciando que el precio de las materias primas se ajusta más al manejo monetario global que a los costos de producción locales.

En el libro el autor ejemplifica con el caso del carguero Earth Ocean que ilustra la magnitud del perjuicio económico: en un solo embarque de 11,000 toneladas de concentrado, se reportó el oro y la plata como “no pagables”, lo que representó una pérdida de millones de dólares en metales que no tributaron en Chile pero que fueron recuperados por refinerías en Japón. Este modelo de factoría se confirma al analizar refinerías como Aurubis en Hamburgo, donde el valor de los sub productos recuperados (oro, plata, platino y níquel) y las aleaciones (Master Alloys) que se elaboran llegan a tener un valor de mercado, 6 a 7 veces superior al valor del cobre fino contenido en el concentrado, una riqueza que Chile regala por su incapacidad de fundir y refinar en su propio territorio. Finalmente, la brecha de desarrollo se hace evidente al comparar a Chile con economías industrializadas como Alemania, Francia, Suiza, Bélgica; mientras Chile exporta materia prima a precios básicos, dichos países generan aleaciones maestras de cobre con un alto valor agregado tecnológico, obteniendo precios por libra que superan ampliamente los del mercado de commodities y demostrando que la verdadera soberanía reside en la capacidad de transformar el mineral en productos manufacturados complejos (Cfr. Libro Capítulo 15 p. 242, Capítulo 16 pp. 255, 256-262).

Estas aleaciones de cobre son una mixtura de minerales de mayor valor que el cobre para darle un máximo de durabilidad o una cualidad específica requerida por el comprador. Al compulsar las cifras de este mercado, tenemos una visión de lo que se gana con la industrialización del cobre, ganancia abierta con cifras mayores cuando la exportación de la tecnología se vende en mercados de economías industrializadas.

El proceso de las aleaciones comienza en el fondo de las bateas donde se acumulan los barros anódicos y los subproductos que las empresas mineras venden al mundo en su comercio de exportación de cátodos. Baste decir que 1 tonelada de los depósitos citados contiene 2 kilos de oro, además de otros subproductos que se funden nuevamente en los puertos de desembarco de los cátodos exportados, agregándose otros metales (Zn, Cr, Ni, Sn, Mn, etcétera) para darle propiedades de alta conductividad y maleabilidad. Proceso que puede elevar el valor del producto en un 50 %.

El realismo del regionalismo abierto

El carácter estratégico de la producción minera en Chile se encuentra profundamente vinculado a la geopolítica global, especialmente ante las necesidades de potencias industriales como Estados Unidos, que ha expandido su lista de minerales críticos a cincuenta elementos esenciales para la defensa, la ciencia y la tecnología (Cf. Libro Capítulo 16, p. 255 Cuadro 16.2). Chile, como proveedor principal de materiales disruptivos (DMAT) como el cobre, el litio y el níquel, enfrenta el desafío de superar el modelo de “factoría” que lo limita a la exportación de materias primas baratas bajo convenios de largo plazo. Para contrarrestar el dominio de las empresas transnacionales que monopolizan la cadena de valor, surge la propuesta de un regionalismo abierto, que busca mercados internacionales mediante acuerdos inéditos entre Argentina, Bolivia, Chile y Perú para defenderse de esa manera de los ciclos de precios e industrializar los recursos de forma soberana. En otras palabras, asegurar la irradiación de la Gran Minería del Cobre para efectos de crear un sector minero-industrial de proyección local e internacional (Cfr. Libro Capítulo 16). Basta reflexionar sobre la composición del comercio mundial del cobre para entender las perspectivas futuras.

La demanda mundial de cobre se sitúa en alrededor de 42 millones de toneladas métricas anuales lo que sobrepasa ampliamente la oferta que se sitúa entre 23 y 28 millones de toneladas (Mt) anuales, cifra que alcanzaría según las proyecciones a 33 Mt hacia 2030, fecha en que sería crucial el reciclaje. La transición energética, la electrificación, la Inteligencia Artificial y el gasto en defensa auguran incrementos de demanda que en 2040 podrían llegar a un 50% de los niveles actuales.

Históricamente 48% de los Mt-cu utilizados anualmente en el mundo está concentrada en solo cuatro productos de cobre puro sin aleaciones: cable de construcción, cables eléctricos de alto voltaje, cable para magnetos y tubos de cobre. Si agregamos casi dos millones de toneladas de cobre usado en barras con aleaciones de otros metales (RBS), se alcanza casi 57 % del uso final del cobre a nivel mundial. El restante 43 % se distribuye entre cables de bajo voltaje, placas, chapas y tiras (PSS), castings, cables para vehículos, electrónica y telecomunicaciones, tubos con aleaciones y otros usos menores

El cobre en nuestra economía

El cobre representa aproximadamente el 10% al 12% del Producto Interno Bruto (PIB). Los recursos generados por el cobre constituyen un aporte fundamental en nuestro país para impulsar el desarrollo económico y el financiamiento de los Bienes Públicos. En 2021, los rendimientos productivos de Codelco permitieron generar excedentes importantes en el subsector cobre y un Ebitda de US$7.394 millones equivalente a 2,34 % del PIB y un aporte al fisco de 5.572 millones, el mayor en una década, esto es, 1,7 % del PIB. Estos resultados se debieron a una producción total de la estatal de 1,7 millones de toneladas de cobre fino. Ese año el promedio del precio del cobre fue de US$4,24 la libra. En 2025 el precio promedio se ubicó en US$4,51 la libra, nivel nunca antes observado, esto es un 43% por encima del precio del 31 de diciembre de 2024. Cifra que sitúa la ganancia de ese año a la más alta desde 2009 y según los analistas, junto con el estaño, al metal con mejor desempeño entre los seis metales industriales transados en el mercado.

Estos resultados se sitúan en un marco productivo dominado por el extractivismo y por tanto de embarques de concentrados a centros de tratamiento del metal del mineral de ultramar (FURE). Sin embargo, un 78% de la explotación del cobre en Chile está en manos de compañías transnacionales, que representan conglomerados de empresas integradas, que abarcan producción minera, refinación, fundición, transporte, finanzas, seguros y comercialización. Son estos componentes los que, a través de las políticas de alianzas, convenios, precios, reparto de mercados y ganancias, determinan en definitiva la participación del conglomerado en la globalidad del mercado.

Este es el problema crucial que enfrentan el Estado de Chile y CODELCO en particular a saber, de qué manera participar efectiva y soberanamente en los mercados mundiales del cobre y como consecuencia de ello obtener el máximo de beneficios de este recurso no renovable.

Con una producción de concentrados y una baja capacidad de fundición que obliga al procesamiento en el extranjero, la inserción de Chile en el comercio internacional del metal depende de factores que no domina y por tanto es problemática. Según Cochilco la producción de concentrados sin refinar irá en aumento “desde el 71 % de participación en la producción total de concentrados en 2018 a un 75 % hacia 2030, pasando de exportar alrededor de 3 millones de toneladas cobre fino en concentrados, en torno a las 10,51 millones de toneladas métricas secas de concentrados, a alrededor de 4,74 millones de toneladas de cobre fino hacia 2030, aproximadamente 16,9 millones de toneladas métricas secas de concentrados” (Cfr. Proyección de la producción esperada de cobre en Chile. 2019-2030. Cochilco, 2019, p. 15, Cuadro n° 4) y el Libro Capítulo 13 pp. 189-201).

Es estratégico concretar una transición desde la exportación de concentrados hacia la provisión de productos elaborados con alto valor agregado, tales como aleaciones maestras, alambrones, tubos y baterías. La integración de servicios a la minería y el desarrollo de una minería 4.0 son piezas fundamentales para insertar al país en las cadenas de valor internacionales mediante la innovación tecnológica y el manejo remoto de faenas. Históricamente, Chile ha vivido una trayectoria de reveses en esta materia; planes integrales de industrialización gestados desde la década de 1930 fueron sistemáticamente abandonados o entregados a firmas privadas, sin que el Estado insistiera en integrar la extracción con la transformación manufacturera, restándose con ello el efecto irradiación que se espera de la Gran Minería del Cobre para el resto de la industria sectorial en Chile.

Un servicio nacional que no cumple con las tareas de control que la ley le asigna

El 21 de diciembre el 2022 el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre solicitó al Servicio Nacional de Aduanas (SNA) información acerca de las operaciones de la Planta Refinadora de Metales (PRM) en Mejillones (propiedad de la empresa LS-Nikko y en las plantas refinadoras de Kinross y Yamana Gold), relativas a tonelaje y pureza de metales valiosos recuperados desde barros anódicos de las refinerías de Codelco; a saber, Platino, Paladio, Teluro, Rodio, Iridio, Rutenio, etcétera. Agregamos a ello la información de exportación de estas mineras referidas a la pureza y tonelaje de Oro, Plata y subproductos exportados por las mineras Yamana Gold y Kinross.

En respuesta a nuestra solicitud el SNA a través de su Subdirección Jurídica, Unidad de Transparencia, respondió que “la divulgación de la información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona” (en el caso que esta información sea) “a) secreta […], b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto y c) tener un valor comercial por ser secreta”. Esta denegación se fundamentó en la decisión de amparo Rol C2909 del Consejo para la Transparencia. El SNA basado en los Art. 21 n° 4 y 33 letra j) de la Ley de Transparencia invocó los acuerdos internacionales para hacer referencia a la obligación de confidencialidad a que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento y, por tanto, negar la información que solicitamos a la PRM Mejillones. La respuesta del SNA indica que revelar información acerca de los subproductos contenidos en sus embarques revelaría “aspectos estratégicos acerca del desarrollo de su actividad”, por tanto, nuestra solicitud fue denegada. Con esto el servicio se remite a las declaraciones llenadas en los formularios DUS por las mineras agrupadas en el Consejo Minero sin previo examen.

Ahora bien, las prácticas de actividades comerciales que defraudan la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pudieren corresponderle o mediante la no prestación de las mismas a la Aduana (Art. 168 de la normativa de Aduanas) es constitutiva del delito de contrabando. En esta tipificación del delito en que incurren las empresas mencionadas, el actuar de Aduanas es calificada de complicidad primaria o colaboración sin la cual el hecho no habría podido cometerse (Cfr. Libro Capítulo 11 pp.153-154).

El Hegemón fija sus prioridades

Históricamente la industria del cobre en Chile ha estado ligada al desarrollo industrial de EE. UU; en el presente la geopolítica sitúa Chile como un mero abastecedor de minerales esenciales, visión extractivista que han mantenido los sucesivos gobiernos de Chile a partir de la dictadura y durante la vuelta a la democracia. Ello acomoda perfectamente a las necesidades de materia prima barata para EE.UU al igual que China, siendo este último uno de los socios principales de Chile en el abastecimiento de concentrados; típica dependencia descrita en el modelo del subdesarrollo: grave déficit medioambiental, a saber relaves, contaminación de las napas freáticas, socavones en zonas urbanas entre los más graves, gases tóxicos en las fundiciones con un control deficiente… – todo ello sin cargo para el importador o situación generadora neta de Cuasi-renta para éste.

En marzo y abril de 2024, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, y Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EE.UU, visitaron Chile en misión destinada a manifestar el interés de su país en la riqueza minera del subsuelo de Chile y asegurar el aprovisionamiento de minerales estratégicos para EE.UU en los dominios científico, tecnológico, militar y aplicaciones industriales. Durante la visita de Richardson se mencionó específicamente la importancia que su país veía en lo que llamaron el triángulo minero, Argentina, Bolivia y Chile. Dos autores norteamericanos, Daniel McGroarty y Sandra Wirtz (septiembre de 2021), señalan de manera categórica que “estos metales son la puerta de entrada a nuestra futura fortaleza económica, tecnológica y militar”. Se trata de 5 metales estratégicos (tech metals); a saber, aluminio, nickel, cobre, zinc, estaño, los que constituyen la puerta de entrada de la economía del país al desarrollo del siglo XXI.

En la actualidad, los recursos generados por el cobre son el pilar para el financiamiento de Bienes Públicos como salud, educación y pensiones, pero el sector enfrenta una crisis de productividad. Sin embargo, mientras que Codelco generó excedentes récord en 2021, para el año 2023 registró pérdidas y un escalamiento drástico en los costos de producción, los que han aumentado más de un 300% desde 1990 (inferior a US$0,60 por libra), en parte, a la caída de un 51% en las leyes del mineral, alza en el precio de la energía, agua y mano de obra. Por tanto, se plantea una nueva visión estratégica con la creación de un sector minero industrial, para lo cual se impone abandonar la el enfoque extractivista del presente.

Una mayor producción de cobre basado en un marco extractivista está en contradicción con el desarrollo de un sector minero industrial.

Un primer esfuerzo debe estar dedicado a eliminar la falencia del Estado en el control de las exportaciones del mineral, e inspección de los embarques para evitar las subfacturaciones que imperan en el mercado del mineral. Este esfuerzo debe estar dedicado a la construcción de un sector minero industrial basado en la recuperación de 40 subproductos entre ellos, las tierras raras. Los metales tecnológicos y preciosos constituyen la puerta de entrada a desarrollos industriales como aleaciones berilio-cobre para herramientas e instrumentos de precisión; radiografías; moderador y reflectante de neutrones en reactores nucleares; condensadores electrolíticos presentes en móviles, portátiles; GPS, satélites artificiales; armas teledirigidas; pantallas planas, videoconsolas, PDAs, MP3, MP4; superaleaciones; baterías recargables; química fina, etcétera.

Fin de nuestras reservas y la trampa del extractivismo

Siendo Chile el primer país productor de cobre, responsable por casi un tercio de la producción del mundo, el realismo nos obliga a mirar el agotamiento de las reservas de cobre a partir del año 2050, peak a partir del que se inicia una curva descendente de su rentabilidad. Esta es una realidad que se anuncia en apenas tres décadas. Con certeza el recurso estará allí en 2100 pero la explotación viable, es decir aquello que llamamos reserva, no supera el año 2050. Siendo cautivos del mercado, el precio del cobre y los commodities deben tener en cuenta el menor crecimiento de China y, aún una posible recesión. Es más, a medida que se incrementa la demanda aparecerán sustitutos y como estrategia previsible se buscará reutilizar y reciclar las aplicaciones existentes – véase en esto el uso de la chatarra en períodos de bajos stock. Existen aún soluciones de laboratorio aún de imprevisible aplicación en el largo plazo. Es el caso del grafeno mencionado en el Libro (Cfr. Capítulo 16 p. 261).

Sea cual fueren las perspectivas del precio en los mercados internacionales no podemos quedarnos encerrados en la perspectiva extractivista, dependiente de cuanto concentrado de cobre exportamos al extranjero. El futuro está en los productos semielaborados de cobre, aleaciones, con precios hasta 7 dólares superior al precio de la libra de cobre. Estos convenios industriales con cobre refinado, oro platino, tierras raras etcétera para la fabricación de automóviles, baterías, celulares, turbinas eólicas, paneles solares, bobinados, rotores de cobre de motores eléctricos, cableado nos sitúan en la cadena de valor de la industria del cobre, con una sólida proyección hacia nuevos estadios de desarrollo del país.

En conclusión, es necesario crear un sector minero-industrial que permita a Chile recuperar el cobre fino del concentrado y los numerosos subproductos que se obtienen de la fundición-refinación. Pero también está la posibilidad de reprocesar los relaves mineros; mediante la biotecnología se puede recuperar el cobalto que, conjuntamente con el coltán es utilizable en dispositivos electrónicos de uso diario frecuente (Cf. Carlos Prego, 22 de octubre de 2024, Xataka selección). Es parte de la irradiación que se espera de las grandes mineras que hoy dominan la actividad primaria.

Como lo señalamos el país se encuentra en una “cuenta regresiva” hacia el año 2050, fecha en la que se proyecta el agotamiento de las reservas rentables de cobre, lo que dejaría un saldo de desempleo masivo y graves pasivos ambientales si no se actúa ahora (Cfr. Capítulo 20 p. 304). Es urgente implementar un sistema de trazabilidad de los subproductos en los embarques de concentrados para detener la subfacturación, una práctica tolerada por las autoridades que permite la salida subrepticia de metales valiosos y tierras raras sin pagar los derechos correspondientes (Cfr. Libro Capítulos 10, 11, 14, 16, 18, 20). El desarrollo de un sector minero-industrial diversificado, que incluya la recuperación de elementos como el cobalto, representa la única vía para asegurar la viabilidad económica y social de Chile ante la transición energética y climática del siglo XXI (Cfr. Capítulo 20 p. 305). La estructura económica y social del país y la institucionalidad que la sostiene es contradictoria con la reproducción social del trabajo en un mundo que envejece y no logra asegurar la transición energética y de esa manera controlar los efectos de los gases responsables del efecto invernadero.

Una conclusión necesaria

Con la vuelta a la democracia (1990), y la llegada de las transnacionales mineras se consolidó definitivamente la opción de embarcar concentrados; es decir, ostentamos hoy la calidad de meros transportadores de un mineral que las grandes compañías del cobre embarcan hacia las fundiciones refinadoras (FURE) de ultramar, las que en definitiva facturan el valor de lo enviado una vez procesados los concentrados. Tres meses después del desembarco nos liquidan el envío por lo obtenido de cobre sin mencionar los valiosos subproductos contenidos en el concentrado.

Consciente de estos problemas el autor concluye que es el momento de los grandes cambios estructurales para enfrentar las transiciones sobre las que se cimenta la viabilidad de la nueva sociedad. En primer lugar deberá reconocerse el carácter patrimonial regalista del Estado en la explotación de sus recursos naturales. Esto significa pensar de manera diferente la explotación de las riquezas naturales tanto renovables como no renovables, es decir dejar de lado la visión extractivista de nuestro principal recurso natural y crear una estructura productiva minero industrial capaz de asumir el relevo cuando las reservas del mineral se agoten. Como proyecto esto comporta la incorporación de nuevos actores sociales capaces de validar instituciones políticas, económicas y sociales en reemplazo de estructuras ya obsoletas. Es la utopía que deberá construir la nueva sociedad del siglo XXI.

Santiago, junio 29, 2026

Aquí entregamos a ustedes este ejemplar del libro completo, en formato PDF, con autorización  del autor. Rogamos leerlo y difundirlo, para crear conciencia de la necesidad de hacer soberanía y defender lo que es nuestro y por lo cual ya tantos han caído.

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