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30 de diciembre de 2025

Cuando amigos le preguntaron a Galileo cuántos años tenía, él respondió «ocho o diez».
Al mostrarse sorprendidos sus amigos, les explicó que estos son «los años que me quedan por vivir», porque los que ya viví «ya no los tengo». 

Sí, suena raro, pero es la verdad. Esos años que decimos tener son años que ya se fueron, se quedaron en fotografías, en carcajadas viejas, en amores que ya no duelen, en ropa que ya no nos queda y en sueños que mudaron de forma.

Los verdaderos años que tenemos son los que nos faltan por vivir, los que aún no nos han visto reír a carcajadas, los que todavía nos guardan un abrazo, una charla bajo la luna o un brindis inesperado.

A nuestra edad uno entiende que el tiempo ya no se mide en velitas ni en arrugas nuevas, sino en momentos que valen la pena, en risas que se quedan, en sueños que siguen empujando y en silencios que no pesan.

Los años que nos quedan debiéramos gastarlos lento, pero con la prisa de quien quiere hacer bien las cosas, con la calma de quien ya no necesita demostrar nada.

Ya no nos debe preocupar si el reloj corre o si la vida cambia de planes. Que corra, que cambie, que nos sorprenda.

Lo único que quiero es tratar de que los años que me quedan los pueda seguir viviendo conscientemente, que los pueda vivir con el alma abierta, compartiendo con mis hijas y mis hijos, mis nietas y mis nietos, con esa mujer que ha tenido la paciencia y la generosidad de compartir su vida conmigo.

Quiero vivirlos con  el corazón en paz y la certeza de que todo lo que fui, con errores y aciertos, me trajo hasta aquí, unido por hilos invisibles con esos seres de los cuales he aprendido tanto y con quienes tanto quiero, aunque físicamente algunos de ellos ya no estén. Por ellos, por su fidelidad, nunca me he sentido solo.

Y aquí estoy: tomando café, sintiendo que lo que pasa en el mundo no me es ajeno, sintiendo latir mi corazón al lado izquierdo, agradecido de los años que ya no tengo, porque me trajeron hasta aquí… y están demostrando que nunca nada pudo contra la vida, que las derrotas que parecían las más duras y feas, no son más que piedras en este camino por el que avanzamos.

Abrazo con amor a estos años que me quedan por vivir, los estrecho a ustedes con los brazos invisibles de aquellas mujeres y hombres con los que hemos empujado sueños y que, porfiadamente, siguen ahí, porque no están olvidados, aunque físicamente ya no estén aquí.

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Mientras Egipto intenta ejercer de mediador en una negociación que promete más titulares que resultados, el conflicto de Gaza sigue atrapado entre los intereses de potencias, las amenazas cruzadas y la ausencia de confianza real.

El nuevo intento de paz en Gaza, auspiciado desde Washington y escenificado en Sharm el Sheij, Egipto, llega rodeado de una escenografía diplomática que recuerda más a una partida de ajedrez global que a una negociación de buena fe. Se habla de urgencia, de acuerdos al “90%” y de plazos que “no pueden durar semanas ni siquiera días”. Pero detrás de la retórica y los comunicados oficiales, lo que se despliega es un complejo juego de presiones, propaganda y supervivencia política.

Por un lado,Israel continúa bombardeando la Franja con una intensidad casi idéntica a la de los días previos a la propuesta de paz. Más de un centenar de palestinos han muerto desde que Trump exhortó a Netanyahu a cesar “inmediatamente” los ataques. Las palabras del presidente estadounidense son, sin embargo, un espejismo: Israel no ha ordenado ningún alto el fuego. Solo ha reducido selectivamente algunos ataques, manteniendo el mensaje de fuerza que Netanyahu necesita para sostener su liderazgo en un momento de debilidad política interna.

El plan, presentado como una salida al conflicto, es en realidad una hoja de ruta unilateral redactada en Washington y retocada por Jerusalén. Hamás apenas ha tenido margen para plantear objeciones, y aun así pretende hacerlo ahora en Egipto. Pero el Gobierno israelí se ha apresurado a blindar sus condiciones: no habrá cumplimiento de ningún punto del acuerdo mientras los rehenes sigan en manos de Hamás. Este último, debilitado y sin aliados sólidos, intenta ganar tiempo y legitimidad planteando objeciones que sabe imposibles de aceptar sin consecuencias.

En este tablero, Donald Trump juega su propia partida. Desde la campaña presidencial, busca recuperar protagonismo internacional con gestos de fuerza que le devuelvan el aura de negociador todopoderoso. Su advertencia de “aniquilación completa” si Hamás se aferra al poder no es tanto una estrategia diplomática como un mensaje electoral hacia su base más dura. A su lado, figuras como Jared Kushner y el empresario Steve Witkoff preparan su desembarco en las conversaciones, más como representantes del poder económico que como diplomáticos tradicionales. Kushner, en particular, ha hablado abiertamente de Gaza como una “oportunidad inmobiliaria”, expresión que retrata con precisión el sesgo con el que la Casa Blanca observa la tragedia palestina.

Egipto, Qatar y Turquía intentan ejercer de mediadores, pero su papel es más simbólico que decisivo. Ninguno posee la influencia suficiente para obligar a Israel a cesar los ataques ni a Hamás a desarmarse. Las negociaciones en Sharm el Sheij son, en el fondo, un escaparate de equilibrios regionales: El Cairo busca mantener su papel histórico de mediador, Doha defiende su conexión con la rama política de Hamás, y Ankara, de la mano de Erdogan, aprovecha su relación personal con Trump para reposicionarse como actor relevante en Oriente Próximo.

El supuesto “plan de paz” no esconde su asimetría. A cambio de la liberación de unos 48 rehenes —la mayoría fallecidos—, Israel obtendría la excarcelación de 2.000 presos palestinos, pero sin comprometerse a retirar sus tropas ni a levantar el asedio. La Franja seguiría bajo control militar y el futuro de su administración quedaría en manos de una “autoridad tecnocrática palestina”, tutelada y sin presencia de Hamás. Es decir, una estructura política impuesta desde el exterior, concebida más para garantizar la seguridad israelí que para construir un Estado palestino viable.

Detrás de cada anuncio de “progreso” diplomático, los hechos siguen desmintiendo las palabras. Los hospitales de Gaza informan cada día de nuevos ataques y víctimas civiles, mientras Israel justifica sus bombardeos como “acciones defensivas”. En paralelo, las potencias occidentales buscan presentar el proceso como una transición hacia la estabilidad, cuando en realidad se trata de un intento de redefinir la región bajo un nuevo orden tutelado por Washington y sus aliados.

El problema de fondo sigue siendo el mismo que desde hace décadas: se negocia la paz sin hablar de justicia, se exige seguridad sin garantizar dignidad. Gaza no necesita más planes, sino una voluntad real de poner fin a la violencia estructural que la asfixia. Y eso, ni Trump, ni Netanyahu, ni las milicias islamistas parecen dispuestos a asumirlo.

La historia reciente enseña que las treguas sin reconciliación solo aplazan el conflicto. Gaza, como tantas veces, es hoy el espejo donde se refleja la hipocresía internacional: todos hablan de paz, pero nadie está dispuesto a pagar su precio.

*Valeria M. Rivera Rosas, periodista, escribe en Mundiario, donde es la coordinadora general. Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo Impreso, se graduó en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín de Venezuela. 

*Fuente: OtherNews

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En 2012 Chile ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El documento de la ONU define la desaparición forzada como

es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley” (Artículo 2 de la Convención).

La desaparición forzada es una violación que se prohíbe en todo momento. Ni la guerra, ni un estado de excepción, ni razones imperativas de seguridad nacional, inestabilidad política o emergencia pública pueden justificar las desapariciones forzadas. (Párrafo 2, artículo 1 de la Convención) Según esta Convención y el Estatuto de Roma (ratificado por Chile en 2009), la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad. En Chile, durante los gobiernos de postdictadura de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera están registrados los casos de siete personas víctimas de desaparición forzada. Estas son sus historias elaboradas en base a informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, la CCTT y medios de comunicación

Hugo Arispe Carvajal (Arica)
Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (11/03/2000 – 11/03/2006)

Institución responsable: Gendarmería
Fecha Desaparición: 14/01/2001

Contexto: Conocido como el “Floretti”, Carabineros lo detiene el 10 de enero de 2001 por encontrarse “en estado de ebriedad en la vía pública”. Sin dinero para pagar la multa, fue llevado al Centro Penitenciario de Acha en Arica, pero cuatro días más tarde se perdió su rastro. Según versiones de testigos, Hugo Arispe habría sido aislado y castigado con una golpiza al interior del penal, en la que habrían participado a los menos cuatro gendarmes integrantes del llamado Grupo de Reacción, especializado en amagar riñas y hechos violentos al interior de la cárcel. Su familia lo ha buscado y se ha encontrado con todo tipo de dificultades e irregularidades entre las que se cuentan las versiones contradictorias de los gendarmes, la negación de los hechos por parte de los guardias y la adulteración de documentos.

Casi dos meses después de su detención y desaparición, una sobrina y el hermano de Hugo Arispe pudieron entrevistarse con el alcaide del penal de Acha quien les mostró los libros de registros -que habían sido adulterados según las investigaciones- y facilitó el acceso al lugar donde se guardaban las pertenencias de los internos. Allí sus familiares encontraron la cédula de identidad de Hugo Arispe Carvajal.

Ricardo Harex González (Punta Arenas)

Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (11/03/2000 – 11/03/2006)

Instituciones responsables: Iglesia Católica, Orden Salesiana, Carabineros
Fecha Desaparición: 20/10/2001

Contexto: Joven de 17 años estudiante de cuarto medio del Colegio Salesiano San José desapareció tras participar en un cumpleaños junto a sus compañeros de estudios la noche del 19 de octubre de 2001. Alrededor de las 3 de la madrugada del día 20 de octubre, quiso salir a comprar algo para comer.Uno de los asistentes incluso le ofreció compartir un taxi para volver a sus casas, pero Ricardo prefirió caminar. Había estado bebiendo con sus compañeros, caminó por las calles zigzagueando, en claras condiciones de vulnerabilidad. Llegó hasta un local donde consumió un completo y una bebida, después testigos declararon haberlo visto por la calle que llevaba a su casa, a la cual nunca llegó. La causa fue perdiendo interés público y los sucesivos jueces a cargo la mantuvieron inactiva. Pero en 2011 el hallazgo de osamentas en un lugar cercano a la ruta por la que caminó Ricardo esa noche la reactivó y permitió que la asumiera la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto.

Su investigación acumuló cientos de testimonios, recreó los hechos conocidos, descubrió incongruencias en los registros de carabineros durante la noche del 19 al 20 de octubre y la presencia del sacerdote Rimsky Rojas en los alrededores del lugar donde los jóvenes festejaban y que al momento de este hecho se desempeñaba como director del Colegio Salesiano San José. Sin embargo, sus vínculos con las esferas de poder, incluidos Carabineros y la PDI en Punta Arenas, le permitió al sacerdote tener acceso a la carpeta y estar al tanto de toda la investigación que se realizaba. A

2011, Rimsky Rojas acumulaba siete denuncias por abusos sexuales mientras era vicerrector en Valdivia y otras cinco en el período en que dirigió el liceo San José de Punta Arenas. Se suicidó el 28 de febrero de ese año, cuatro días después que se encontraran los restos óseos que en ese momento se creía pertenecían a Ricardo Harex. La causa avanzó lento, en medio de diligencias públicas y otras privadas como una inspección en la casa de retiro que la congregación salesiana mantenía en el ingreso al sector de Barranco Amarillo, de Punta Arenas, donde un testigo declaró haber visto movimientos extraños la noche del 19 de octubre cuando desapareció Ricardo Harex.

La ministra Pinto siguió investigando y el 14 de octubre de 2022 sometió a proceso a cuatro carabineros y tres sacerdotes salesianos argumentando «presunciones fundadas de la participación en los hechos constitutivos del delito de sustracción de la persona del menor (…) en calidad de encubridores, del jefe de zona y general de Carabineros Hernán Octavio Bravo Aris, del subprefecto Héctor Eliazar Peña Monsálvez, del capitán Máximo Enzo Sánchez Márquez y del jefe del tercer turno del día 19 de octubre de 2001 en la Primera Comisaría de Punta Arenas, teniente Anwar Kharaufeh Jadue, todos funcionarios de Carabineros de Chile en dicho año, agentes del Estado y con responsabilidad de mando… Además, -agregaba la resolución- aparece suficientemente justificada la participación en calidad de encubridores de los sacerdotes de la Orden Salesiana de Chile, Leonardo Wenceslao Santibáñez Martínez, Bernardo Miguel Bastres Florence y Vincenzo Soccorso di Bono».

Tres meses después, en enero de 2023, ya no quedaban procesados en esta causa debido a que en distintas instancias judiciales los ministros resolvieron que “no existían antecedentes suficientes para dar por justificada la existencia del delito base”, es decir la sustracción del menor Ricardo Harex, ni la participación atribuida por la ministra Pinto a los inculpados.

José Gerardo Huenante Huenante (Puerto Montt)
Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (11/03/2000 – 11/03/2006)

Institución responsable: Carabineros
Fecha Desaparición: 03/09/2005
Contexto: El 3 de septiembre de 2005 el adolescente de 16 años, José Huenante, se encontraba junto a un grupo de amigos en las calles de la población Vicuña Mackenna de Puerto Montt. Luego de un confuso incidente, José fue detenido por Carabineros de Chile. El registro de los detenidos de esa madrugada fue adulterado -cambiándose el número «2» por un «1», correspondiente a la detención de Pablo Gallardo, domiciliado en la misma población donde vivía José-, al igual que el kilometraje de la radiopatrulla 1375, involucrada en la detención. Los tres funcionarios identificados como participantes en la detención y desaparición de José y que se trasladaban esa noche en el vehículo policial fueron el cabo primero Patricio Mena, el cabo segundo César Vidal, y el sargento Juan Altamirano. El caso pasó de la justicia ordinaria a la militar y los involucrados no recibieron ninguna pena, sólo fueron dados de baja en abril de 2009, pero reincorporados a Carabineros en 2010. Al año siguiente, en 2011, el abogado de la familia Huenante, Luis Correa, solicitó a la Fiscalía Militar de Puerto Montt procesar a los tres carabineros involucrados.

Ramón Elías Pacheco Giacomozzi (Hualqui, Talcahuano)
Primer gobierno de Michelle Bachelet Jeria (11/3/2006 – 11/3/2010)

Instituciones responsables: Carabineros Juez de garantía Talcahuano
Fecha Desaparición: 01/07/2008

Contexto: Conocido como “Monchito” y “El gaviotita”, se perdió su rastro el 22 de junio de 2008 en Hualqui, Talcahuano, cuando salió de su casa. Nueve días después, la noche del 1 de julio, un grupo de personas lo vio durmiendo en la calle y llamó a Carabineros para evitar que muriera de frío. Acudió una patrulla con tres funcionarios, quienes se llevaron al joven. Ramón era mudo, lo que dificultaba su comunicación con desconocidos. Las personas que llamaron a la institución reconocieron al cabo segundo Mauricio Delgado como uno de los funcionarios que lo subió al carro policial, tanto éste como sus compañeros negaron consecutivamente su participación en los hechos según consta en los documentos en Fiscalía. En los registros de la tenencia de Hualqui entre junio y septiembre de ese año, el nombre de Raúl Pacheco no aparece. A lo anterior se suma que los testigos modificaron sus declaraciones. Frente a las irregularidades, la Policía de Investigaciones (PDI) evaluó el informe de Carabineros encontrando inconsistencias, por lo que se realizó una tercera ronda de entrevistas. En esta última los testigos declararon no acordarse de lo sucedido, argumento que el juez de garantía de la Fiscalía Local de Talcahuano, Andrés Cruz, utilizó para no iniciar investigación, justificando que «no existe registro de los antecedentes solicitados», por tanto «tales hechos no son constitutivos de delito». La investigación se cerró de manera definitiva en marzo de 2014. En 2018 el padre de Ramón recibió una llamada del Servicio Médico Legal (SML) para volver a realizarse exámenes ante la sospecha de una osamenta humana encontrada en la Bahía de San Vicente en 2009. Un fémur, que inicialmente había sido catalogado como “restos óseos femeninos”, tras una nueva muestra de ADN fue identificado como parte del cuerpo de Ramón Pacheco Giacomozzi.

A Exequiel Pacheco se lo notificaron el 31 de julio de 2020. Durante once años, el fémur de Ramón permaneció en el SML, mientras su padre continuaba buscándolo incansablemente.

José Antonio Vergara Espinoza (Alto Hospicio)
Segundo gobierno de Michelle Bachelet Jeria (11/3/2014 – 11/3/2018)

Institución responsable: Carabineros
Fecha Desaparición: 13/09/2015

Contexto: Conocido como “El Pelayo”, joven de 22 años detenido por Carabineros el 13 de septiembre de 2015. Nació el 1 de mayo de 1993 durante un parto complicado y tratado en forma negligente por los funcionarios de la salud que atendieron a la madre: entre otras cosas, el niño tragó líquido amniótico y resultó con retraso mental del 77,5% que en su juventud significó una edad mental de 12 años. Desarrolló, además, esquizofrenia. Este cuadro de salud fue la causa de constantes crisis violentas. Si bien su familia tenía conocimiento respecto a su diagnóstico médico, una irregularidad en su tratamiento le provocó una serie de crisis esquizofrénicas durante el 2015.

Tenían gran dificultad para acceder a tratamientos médicos efectivos para tratar su condición. Aun así, el 9 de septiembre lo llevaron al Hospital de Iquique para solicitar una internación en el centro psiquiátrico de la región, sin embargo, no calificó como urgente, por lo que le dieron una orden de internación para el 14 de septiembre. Sin embargo, un día antes, durante uno de esos episodios críticos el día 13 de septiembre, su madrastra, Jaqueline Soto, solicitó a una patrulla de carabineros que lo trasladaran a un centro de salud para que recibiera atención médica. Cuatro efectivos policiales -el cabo primero Carlos Valencia, el cabo segundo Ángelo Muñoz y los suboficiales Abraham Caro y Manuel Carvajal-, participaron en el procedimiento. Pese a que varios testigos vieron cómo los carabineros esposaron al joven y se lo llevaron en el carro policial, los funcionarios, en un audio registrado por la institución, indicaron que «(Jacqueline) mantuvo una discusión de palabra con su hijo (…) el cual se había retirado del inmueble. No hay agresión, no hay daños, no hay nada».

A pesar de los reiterados intentos por denunciar la desaparición de su hijo, recién el 17 de septiembre de 2015, Carabineros del retén de Alto Hospicio atendió la petición de Juan Vergara, padre del joven. Sin embargo, y como consta en el registro, la declaración fue alterada por el cabo segundo José Abarca Contreras, quien la modificó excluyendo que José había sido llevado por funcionarios policiales y escribiendo, en cambio, que el joven había salido de su casa con rumbo desconocido. Su padre, Juan Vergara no pudo cerciorarse de que su testimonio había sido tomado en forma correcta porque no sabía leer ni escribir. A fines de septiembre la Fiscalía inició una investigación que logró confirmar que ninguno de los funcionarios policiales le tomó los datos a José Vergara ni lo llevaron a la comisaría. Si bien los cuatro carabineros se contradijeron en sus versiones, durante la investigación penal confesaron que abandonaron al joven a las afueras de Alto Hospicio y en pleno desierto, lo que era una práctica habitual que se realizaba con consumidores de drogas o gente en situación de calle en la Región de Tarapacá. En una primera instancia, los ex uniformados recibieron condena por el delito de detención ilegal. Meses después, en la audiencia del 14 de enero de 2016, aparecieron nuevos antecedentes: el padre de uno de los cabos involucrados declaró que su hijo le confesó que «luego de haberle propinado suficientes golpes (a José), hasta dejarlo casi inconsciente, uno de ellos decidió que debían enterrarlo en el desierto, por lo que ordenaron a uno de ellos cavar un hoyo en la tierra y en el que posteriormente lanzaron el cuerpo, el que también taparon con tierra»

Geraldo Monarez Peña (Hualpen)
Segundo gobierno de Sebastián Piñera Echeñique (11/03/2018 – 11/03/2022)

Instituciones responsables: Carabineros, INDH
Fecha Desaparición: 28/10/2019

Contexto: Estallido Social Vecino de Hualpén, en la Región del Biobío, de 55 años y con diagnóstico de esquizofrenia y discapacidad intelectual, desapareció el 28 de octubre de 2019 cuando, según una única testigo y sobrina de Geraldo, lo detuvo una patrulla de Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, se negó a calificar este caso como desaparición forzada y a actuar según las disposiciones que rigen esos crímenes de lesa humanidad.

En entrevista con el medio Resumen.cl el abogado querellante, Fernando Leal, explicó que la testigo y familiar se habría encontrado con Monarez cuando era detenido fuera del Hogar de Menores Tupahue. «Ella dijo que salió a una hora y por una puerta determinada a la calle y resulta que en el libro del hogar, efectivamente aparece que ella estuvo ese día, a esa hora y en ese lugar. También los detectives vieron copias de las cámaras de seguridad apostadas a ese lugar, cuando dice que se encontró a Geraldo siendo detenido y efectivamente en las cámaras que enfocan el lugar de salida, dan cuenta de que ella aparece en las imágenes de video». Quienes no aparecen en las imágenes son “el desaparecido Geraldo Monarez y el grupo de carabineros que lo habría detenido. Hay varias cuestiones que hay que aclarar”, enfatizaba.

A pocos días de la desaparición de Geraldo, en noviembre de 2019, la sede regional del INDH interpuso un recurso de amparo en su favor, el que fue acogido por la Justicia. Sin embargo, al no estar registrada su detención por parte de carabineros de la cuarta Comisaría de Hualpén, la acción no arrojó resultados.

El caso ha tenido nulos avances y fue desplazado del foco de interés público por los cuestionamientos al rol del INDH en esta causa y que se conocieron en el marco de la demanda laboral que presentó en enero de 2022 el exdirector subrogante regional Harum Oda en contra del exdirector nacional del organismo, Sergio Micco, a quien acusó de negarse a realizar acciones en favor de Geraldo Monarez. Esa acción legal contaba entre los documentos de prueba una carta de quien fuera la titular de la oficina regional del Biobío, Carolina Chang, fechada el 18 de noviembre de 2021 donde la funcionaria declaraba que “uno de los asesores (de Sergio Micco) me indicó que no podía hablar con la prensa del caso, y luego el Director me señaló en reiteradas oportunidades que cómo era posible que afirmáramos esto, y que ni se me ocurriera hacer revuelo con la situación. Y que no continuáramos con la acción judicial», testimonios que el cuestionado exdirector del INDH ha refutado tajantemente. Entre medio, la sobrina que por años mantuvo la versión sobre la detención de Geraldo Monarez por parte de Carabineros modificó sustancialmente su testimonio en junio de 2023. El abogado Fernando Leal comentó a Resumen.cl que “muy extrañamente, esta testigo cambia su versión de los hechos y dice que mintió. Nos llama poderosamente la atención (…) Es necesario que el Estado de Chile, a través de su órgano persecutor -la Fiscalía-, dé una respuesta clara y contundente de lo que ocurrió acá. Hay que transparentar porqué cambió la versión. Ella dice simplemente que mintió, pero no da mayor razón de sus dichos (…) es una situación de sumo preocupante que una testigo, que declaró en distintas instancias, que dio precisión respecto de caras, de horarios, algunas de estas situaciones investigadas y acreditadas, luego desista, o sea, ¿qué le hizo cambiar de opinión? ¿qué operó acá? ¿hay terceros involucrados? ¿hay amenazas? ¿hay algún tipo de presión? bueno, son cosas que se tendrán que aclarar», manifestó el querellante en la entrevista.

Jean Fedor Louis (Quilicura, Santiago)
Segundo gobierno de Sebastián Piñera Echeñique (11/03/2018 – 11/03/2022)

Instituciones responsables: Desconocido
Fecha Desaparición: 20/05/2020

Contexto: Estallido Social Migrante haitiano de 36 años, fue visto por última vez caminando por las calles de Quilicura el 20 de mayo de 2020, cuando gran parte del país se encontraba bajo Estado de excepción, con toque de queda y la ciudad de Santiago estaba bajo el control de las fuerzas armadas y policiales. Jean Fedor había obtenido el permiso de residencia definitiva en el país en mayo de 2016.

Julia Chuñil Catricura (Máfil, Región de Los Ríos)
Gobierno de Gabriel Boric Font (11/03/2022 –11/03/2026)

Fecha Desaparición: 08/11/2024

Contexto: Defensa del bosque nativo Julia Chuñil Catricura es una mujer de 72 años, mapuche, madre de cinco hijos, abuela de 10 nietos y es conocida por su defensa del bosque nativo. Fue vista por última vez el viernes 8 de noviembre de 2024 cuando comentó a una vecina que iba al monte a buscar dos vacas paridas y siguió su camino junto a su perro “Cholito”. La ambientalista lidera la comunidad Putraguel, compuesta por 17 familias, que desde 2015 mantiene y defiende un predio calificado por la Comisión Nacional Indígena, CONADI, como “tierras ancestrales” donde, además, se ubica un bosque de 900 hectáreas de especies nativas entre las que se cuenta el Canelo, árbol sagrado para la cosmovisión mapuche y que representa esencialmente un símbolo de paz, así como la conexión espiritual entre el ser humano y la tierra, la protección y la renovación. Es éste el bosque que codician empresas extractivistas que han hecho de la deforestación la fuente de su riqueza sin importarles la destrucción de ecosistemas vitales para la preservación de la biodiversidad y de la vida y la cultura del pueblo mapuche, es decir, la gente de la tierra como se perciben y autodefinen. Uno de estos empresarios, identificado como Juan Carlos Morstadt en la querella que presentó la familia de Julia Chuñil tras su desaparición, es el principal instigador de amenazas, hostigamiento e incluso intentos de agresiones físicas en contra de la dirigente mapuche, acciones que se vienen arrastrando desde el año 2018 dada su negativa a venderle el bosque nativo para explotación comercial.

Tras su desaparición el 8 de noviembre de 2024, su familia y vecinos iniciaron una búsqueda en la cual detectaron huellas de un vehículo, lo que no es común en el lugar dadas sus pendientes y abundante vegetación. Sin embargo, la lluvia habitual en la zona borró todo vestigio. La familia Chuñil ha cuestionado reiteradamente el nulo avance en la investigación que permita encontrar a Julia Chuñil, peor aún, denuncia que hubo un nulo resguardo inmediato del sitio del suceso e inmediaciones. El hijo mayor de la ambientalista, Pablo San Martín, destaca que la policía no ha recogido sedimentos de tierra ni protegido una fosa de gran tamaño descubierta en un predio vecino, que fue excavado por la PDI y el GOPE de Carabineros y donde encontraron un ternero muerto envuelto en un nylon, hecho que los habitantes de la zona consideran de gran extrañeza dado que en el mismo sitio había otros animales muertos sin enterrar. En la misma línea, sus hijos han denunciado que se han realizado seis allanamientos al domicilio familiar desde noviembre de 2024, en uno de ellos los agentes policiales estuvieron por horas al interior de la vivienda, pero al término de la diligencia cuando la familia ingresó, todo estaba en perfecto orden y les surgió la interrogante si en esa oportunidad se habrá instalado micrófonos u otros elementos para espiar a los moradores. La familia de Julia Chuñil teme que se esté organizando un montaje para proteger a los responsables de la desaparición de Julia. Otra arista que preocupa a los hijos de Julia Chuñil es que, a diferencia de los sucesivos allanamientos a la vivienda familiar, no se ha realizado ninguno al predio y al domicilio que habita el principal sospechoso de su desaparición, el empresario extractivista y explotador forestal Juan Carlos Morstadt, quien la hostigaba incansablemente para lograr que la defensora de la tierr

El articulo Chile: Listado -incompleto- de personas víctimas de desaparición forzada durante los gobiernos de postdictadura apareció primero en piensaChile.

Se repartió invitaciones, para el lanzamiento del libro: «El día que desaparecieron mis padres«, de Luis Emilio Recabarren Mena, quien fue secuestrado junto a sus padres, cuando tenía 2 años. La obra está escrita en forma conjunta con la esposa de Luis: Sara Recabarren.

El evento:

Lugar: Parque Museo de la Memoria, Avda. Matucana 501, Santiago,
Cuándo: Jueves 9 de Enero de 2025,
Hora: a las 19 horas
Transporte: Estación Metro Quinta Normal.

El Comité Memorial Puente Bulnes invita y adhiere a esta actividad del nieto de Ana González de Recabarren, fallecida el 2018.

“Para mí, la desaparición de mis padres, de mi tío y de mi abuelo, está en el presente. No hay ningún día en que no piense en ellos. Y hoy, que mis hijos crecen, que son adolescentes, pienso en cómo habrían estado, cómo habría sido la relación con ellos”,

ha señalado Luis Emilio.

Más sobre el tema:

El articulo Lanzamiento del libro: «El día que desaparecieron mis padres» apareció primero en piensaChile.

Ha sido muy común en quienes ejercen (o han ejercido) el poder en muchas partes del mundo el tratar de confundir lo que constituye una verdad actual o histórica con lo que estipula una sentencia o verdad judicial. O dicho en otros términos, conferirle a una sentencia judicial un carácter innegable. Y, por otro lado, buscar invalidar un juicio actual o histórico condenatorio de personas porque no ha habido sentencias judiciales al respecto. Lo primero, respecto de personas que han sido condenadas por tribunales, especialmente en el caso de opositores en situaciones de dictadura. Y lo segundo particularmente respecto de gobernantes, policías o militares que han aplicado con el mayor secreto posible crímenes atroces (desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas) en contra de muchos de los ciudadanos que han estado bajo su poder.

Al hacerlo, incurren en claras falacias. De partida, en cuanto a las condenas de personas inocentes, porque “olvidan” que muchas de ellas lo han sido por poderes judiciales controlados o presionados por dictaduras o regímenes autoritarios; y donde muchas veces se han obtenido confesiones por torturas o, en términos generales, se han violado las reglas elementales del debido proceso. Y respecto de las declaraciones de inocencia de personas en sentencias judiciales, “olvidan” que estas requieren de una especial seguridad de que la atribución de responsabilidades personales por crímenes establecidos en ella estén más allá de toda duda razonable, ya que sus consecuencias pueden irrogar el castigo de una o de varias personas a penas pecuniarias o de perder la libertad personal por muchos años. Por lo mismo sus estándares son mucho más exigentes. Dicho de otro modo, una persona puede salir exculpada de un proceso judicial, aunque exista una razonable conclusión de su culpabilidad para los contemporáneos y para la historia.

Todo lo anterior se refuerza por el hecho de que una sentencia constituye también un acto político en el amplio sentido de la expresión. El poder judicial -en conjunto con el ejecutivo y el legislativo- constituye uno de los poderes políticos que configura un Estado. Y como todo acto político, está sujeto a sus vicisitudes. Puede que una sentencia se aparte de la justicia por temor a otro poder; por prevaricación; por querer “hacer carrera”; por prejuicios sociales, políticos o religiosos; por amiguismo; por incapacidad o negligencia; o por cualquier causa que genere una voluntad torcida del juez en favorecer o perjudicar a alguien. Además, como todo ser humano, el juez puede simplemente equivocarse y expedir una sentencia errónea, no basada en una acertada percepción y comprensión de los hechos; ya sea condenando a un inocente, o dejando libre a un culpable. O -como ya fue señalado- que el juez, aplicando la máxima diligencia y justicia, no llegue a tener los suficientes elementos de prueba necesarios para concluir en la responsabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable.

Por otro lado, hay ocasiones en que sencillamente quien ha cometido delito nunca es llevado a juicio; ya sea porque

ha concentrado todo el poder en sus manos hasta su muerte; porque se ha fugado exitosamente evitando su captura; o simplemente porque nunca se le han conocido sus actos delictuales. Particularmente corriente -y de consecuencias morales y políticas funestas- ha sido el gran número de criminales que han conducido Estados, ejércitos o policías a lo largo de la historia, y cuyas atrocidades han quedado en total impunidad. Entre los casos más conocidos de grandes criminales del siglo XX están los de Hitler, Stalin, Franco y Pinochet. El primero se escabulló de la justicia por haberse suicidado antes de ser capturado. Stalin y Franco por haber muerto concentrando todo el poder. Y Pinochet, debido a las exitosas presiones de los gobiernos chilenos posteriores a su dictadura -hacia el gobierno británico primero y después a los tribunales nacionales de justicia- para lograr su impunidad.

Pero generalmente quienes han escapado de la justicia han sido las legiones de asesinos y torturadores que han integrado regímenes genocidas y/o participado en guerras civiles o que han integrado fuerzas de ocupación en el contexto de guerras internacionales. Por la extensión de sus crímenes -millones de personas- llaman la atención en este sentido los militares y policías de los regímenes nazi y soviético.

Por cierto, el registro histórico de las atrocidades cometidas y sus obvias responsabilidades personales no requieren de un tribunal de justicia que las confirme, para quedar como verdades históricas aceptadas. Evidentemente que también siempre habrá personas –e incluso intelectuales- que por fanatismo ideológico u otra razón negarán o minimizaran dichas culpas. ¡Incluso ha habido historiadores que han llegado al extremo de negar la existencia del Holocausto! Es lo que se ha denominado últimamente como “negacionismo”, pero que en realidad ha existido desde siempre. Además que después de períodos o episodios traumáticos en la vida de los pueblos, existe una propensión general a mayores o menores grados de “amnesia” (análoga a la que sufren las personas) que incluso pueden durar muchos años.

Lo anterior pasó por ejemplo en la propia Alemania Federal, en que recién en 1963 los tribunales alemanes juzgaron a criminales de guerra nazis; y en que la generalidad de los alemanes “olvidó” su fervoroso compromiso con el nazismo. O en Francia, en que solo en la década del 70 comenzó a analizarse a fondo el colaboracionismo de grandes segmentos de la sociedad francesa bajo el régimen de Vichy. Por otro lado, también hay personas que por tener una mentalidad autoritaria privilegian siempre las acciones de los poderes públicos; en este caso la existencia o no de veredictos judiciales respecto del caso. Y, sin tener necesariamente un sesgo ideológico, no adscribirán a una verdad histórica que no esté “respaldada” por los tribunales.

Lo importante es tener claridad sobre los alcances y limitaciones de las sentencias judiciales y que así como no todas ellas se ajustan necesariamente a la verdad; especialmente es cierto que muchos delincuentes escapan totalmente a la acción del Poder Judicial y pueden presentarse ante la sociedad como personas completamente “inocentes”. Esto último es particularmente desmoralizador cuando -por falta de voluntad, negligencia o, peor aún, por una voluntad expresa en ese sentido- se consagra la impunidad de delitos atroces, como los crímenes contra la humanidad, efectuados desde el poder político; y los abusos sexuales de menores en los que también se utiliza de forma agravada la autoridad. Y todavía más -a este respecto- cuando los autores abusan de su autoridad familiar o religiosa.

Además, al identificarse la verdad histórica con la judicial, se tiende a confundir también la ética con el derecho.

Porque pasa a considerarse que si no hay una culpabilidad estipulada por los tribunales respecto de personas acusadas por delitos, ellos pasan a ser también completamente inocentes. Y lo mismo con personas que aunque ni siquiera se los acuse de delitos específicos, hayan sido (o sean) parte de organizaciones estatales criminales, como quienes trabajaron en policías secretas de dictaduras o hayan sido informantes de ellas. Por este camino se llega incluso a plantear que como no tuvieron responsabilidades judiciales tampoco tuvieron responsabilidad moral alguna en el desempeño de sus funciones; y se los considera plenamente habilitados para funciones públicas y para ser considerados intachables como cualquier otra persona común y corriente.

Por su parte, la verdad histórica puede definirse como un cierto consenso sobre lo ocurrido en el pasado basado en múltiples testimonios –fundamentalmente escritos- coincidentes. Por cierto, aquello se referirá en general a hechos objetivos; ya que las motivaciones subjetivas de los actores involucrados permanecerán siempre más o menos hipotéticos, incluso aunque perduren escritos de aquellos mismos sobre el particular. De partida, la memoria siempre es frágil; pero además cuando se trata de autobiografías -aunque sean obras hechas con la mayor honestidad posible- es natural que se recuerden los hechos en que uno se ha visto involucrado a la luz más benévola posible, máxime cuando se trata de líderes cuyas decisiones han tenido impactos muy polémicos en el devenir de sus sociedades.

Por ello la verdad histórica es una compleja elaboración colectiva en que se van complementando los descubrimientos y registros de múltiples historiadores y de estudiosos de otras disciplinas. En este sentido, pese a que ciertamente se van constituyendo un conjunto de estructuras, episodios y relaciones humanas pasadas indudables, surgen siempre complementos que van enriqueciendo dicha verdad, e incluso a veces, descubrimientos que ponen en cuestión aspectos que han sido tradicional y universalmente aceptados.

Pero además, dada la relevancia política de la conciencia histórica de los pueblos, es muy importante tener en cuenta que las “verdades históricas” aceptadas –como ya insinuamos- se encuentran por lo general sumamente distorsionadas por los esfuerzos oficiales de los sectores dirigentes de las sociedades por lograr que –sobre todo en la educación escolar- se enseñe una “historia” muy benévola respecto de ellos y sus predecesores. Y muy sesgada en favor de la propia nación a la hora de considerar las relaciones con las naciones vecinas o con otras con las que se han tenido profundas divergencias. Es lo que recibe el apelativo de “historia oficial”. Y obviamente, en las materias relativas a crímenes históricos realizados desde el Estado, es claro que esta “historia” congenia mucho más con la verdad judicial que con la verdad histórica.

Las distorsiones históricas se presentan generalmente a través de la minimización o del total (y solapado) ocultamiento de hechos o procesos históricos cuyo conocimiento iría en desmedro de la consideración de las clases superiores y de los líderes tradicionalmente venerados. Obviamente, lo que más se ocultan son hechos o procesos deleznables como masacres, ejecuciones políticas, torturas, engaños o mentiras, corrupciones, expoliaciones, injusticias o discriminaciones de cualquier tipo. Es decir, toda política o conducta hecha por los titulares del poder o las riquezas que revelen graves daños o injusticias del pasado.

Por lo tanto, más allá de las diferencias específicas entre ellas, tanto las verdades históricas y judiciales comparten una misma amenaza: la del poder establecido que siempre –incluso en la más democrática de las sociedades- tendrá la tentación de subordinarlas a sus potestades. Como lo señaló el notable pensador católico inglés, John Acton: “el poder tiende a corromper; y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

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“En la hacienda”, abunda la socióloga Kathya Araujo, “las posiciones son sustanciales y jamás accidentales. Se asignan como rasgos esenciales definitivos”.

Esas posiciones permanecen como el mar de fondo de la relación social, aunque en la superficie existan los funcionarios propios de una sociedad moderna: autoridades, jueces, policías. Ellos poseen un poder formal, pero saben que hay arreglos implícitos que lo limitan cuando deben ejercerlo sobre determinados sujetos. Es el tan chileno y resignado “no meterse en weás”, cuando las personas sobre las que esa autoridad debe desplegarse están protegidas por el aura del poder.

Quienes gozan de esa impunidad social lo saben, y lo hacen valer. Lo vimos durante la audiencia de formalización de Luis Hermosilla.

En los dos días en que intervino, su hermano y abogado, Juan Pablo, representó el mismo guion. Una y otra vez, se enfrentó e intentó doblegar, incluso humillar, a la jueza de la causa. “Yo tengo derecho a decir lo que estime pertinente”. “El orden lo defino yo”. “Esto es una emboscada”. “No me gusta que me interrumpan”, la reprendió una y otra vez.

¿Qué pretendía un abogado desafiando a la autoridad que debía definir el futuro de su representado?

Parece absurdo, pero la escenificación tiene un sentido: recordar que de un lado está el miembro de la familia más connotada de abogados de Chile, hijo y hermano de dos celebridades jurídicas, con puestos reservados en la mesa del poder.

Del otro, la jueza Mariana Leyton, nacida en Buin, formada como abogada en Concepción y con una carrera de quince años en juzgados de Puente Alto, Arica y Santiago.

En un día normal en la hacienda, está claro de qué lado está el poder: quien está en el estrado es el capataz. Quien alega es realmente el patrón.

Sin embargo, en este primer desafío, las cosas no salieron como Hermosilla esperaba: su hermano y cliente debió pasar una noche en un penal común antes de ser derivado al lugar que le corresponde según su estatus social y de género (Capitán Yáber, un recinto exclusivo para hombres con dinero).

La derrota animó a los Hermosilla a extremar su ofensiva.

Si la intimidación no había surtido efecto sobre la jueza, entonces habría que intimidar al sistema completo. En las horas siguientes, Juan Pablo Hermosilla desafió a “abrir entero” el teléfono de su hermano, para que “veamos qué fiscales y qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla. ¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también?”.

Al presidente de la República, quien celebró la prisión preventiva de su hermano, y a sus ministros, los trató de “matones”, de cometer “una funa” y “un abuso” y les advirtió que “esto no lo voy a aceptar”. Esto es “una tragedia” y “una cacería de brujas”. “Jodió la democracia”, aseveró, antes de decir que “esto pasa en Venezuela y Cuba”.

Mirado desde la formalidad, esta sarta de tonteras no tiene sentido. Pero, de nuevo, la apelación no es a lo que parece ser, sino a lo que realmente es. Una hacienda donde las autoridades públicas juegan el rol de capataces; funcionarios temporalmente a cargo de administrar el fundo, y a quienes se debe hacer sentir el vértigo del miedo si se atreven a desafiar al patrón.

Desde esta mirada, lo que ocurre en estos días no es más que un efímero carnaval. “Un tiempo de extravagancias, reproche a los privilegiados, revancha de los subalternos e inversión de las posiciones sociales. En suma, trastocamiento de las reglas”, en palabras del historiador Jacques Heers.

Momentos en que, tal como ocurrió hace una década con la formalización de los dueños de Penta, el vulgo puede soñar el sueño de que no hay privilegios ni privilegiados, y que las jerarquías sociales han desaparecido.

Pero es sólo una pantomima, una forma de liberar la presión acumulada. “Los rituales de rebelión permiten que los sujetos expresen su resentimiento contra la autoridad sin cambiar nada”, dice el historiador Edward Muir. “En realidad son expresiones encaminadas a preservar e incluso reforzar el orden social establecido.”

El carnaval “se presenta como un ritual de rebelión, pero en realidad opera como estrategia para reconducir a la gente, tras cierto estado de catarsis, a la situación anterior al paréntesis que significa la fiesta”, abunda el antropólogo Max Gluckman.

Eso ocurrió con Penta. Tras la liberadora ilusión de igualdad ante la ley de la audiencia, cada uno volvió a lo suyo. Después de 44 días, Délano y Lavín abandonaron sigilosamente la cárcel. Todo terminó con la obstrucción de la investigación, clases de ética para ellos, castigo a los capataces que, en la Fiscalía e Impuestos Internos, osaron rebelarse, y el reforzamiento del orden anterior.

“Concluido el tiempo carnaválico, tras la cíclica quema de adrenalina y de energías vitales acumuladas, el poder hegemónico y la rutina laboral reconducen al pueblo. El ritual opera como amortiguador cultural, a modo de terapia sicológica colectiva”, dice el sicoanalista Manuel Torres.

La fórmula para apagar el carnaval es explícita. Si no agachan la cabeza, los capataces serán humillados públicamente, al revelarse su verdadero estatus. El patrón sabe que, para ascender, muchos de ellos han debido ejecutar actos de genuflexión: pasar por el besamanos, pedir y dar favores, rendir pleitesía al verdadero poder.

El teléfono de Hermosilla amenaza con ser el repositorio de aquellas miserias

La apuesta es que, tras el breve tiempo carnavalesco, los capataces agacharán la cabeza, el pueblo será reconducido a la rutina, y las estructuras de poder retomarán su lugar. Tarde o temprano, habrá que barrer el confeti y volver a la hacienda.

Tiene lógica: es lo que ha ocurrido, una y otra vez, en nuestra historia.

*Fuente: LaTercera

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¿Dónde está Hermosilla?

SIDARTE: Comunicado de solidaridad con el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue Jadue

por Sidarte | Jun 5, 2024

El Sindicato de Actrices, Actores, Trabajadores de las Artes Teatrales de Chile – SIDARTE, que cuenta con once filiales a nivel Nacional, agrupando todos los oficios de la actividad teatral y teniendo su histórica sede física ubicada en la comuna de Recoleta, manifiesta su apoyo al Alcalde Daniel Jadue Jadue, tras la inédita e insólita resolución de medida de prisión preventiva que ha decretado en su contra el tribunal de primera instancia.

Desde que el Alcalde Jadue administra la gestión municipal de la comuna, donde nos ubicamos presencialmente para la organización nacional sindical, hemos recibido su
constante apoyo en materias concretas, que son fruto de una voluntad política particular que caracteriza a un proyecto social de liderazgo en administración municipal considerando
a las artes y las culturas como bastiones sustanciales del desarrollo social y humano de una comuna.

En SIDARTE, nuestros socios y socias han podido beneficiarse de las instancias populares que la comuna impulsa y administra generando apoyos concretos. Somos testigos de la tremenda importancia y compromiso sostenido que el Alcalde Daniel Jadue le ha otorgado a las culturas comunitarias en Recoleta y en beneficio de la diversidad cultural, siendo ésta una de las comunas con más desarrollo cultural del país, sosteniendo una Escuela de Teatro Popular, una Biblioteca Popular, una Feria del Libro de carácter internacional, además de impulsar uno de los mayores eventos más trascendentales de Chile, WOMAD World of Music, Arts & Dance, el festival intercultural más importante del orbe, experiencia que trasciende los eventos musicales tradicionales, integrando espectáculos artísticos, talleres multidisciplinarios, gastronomía y patrimonio, en un gran espacio de encuentro para descubrir y disfrutar de las culturas del mundo.

Con mucha tristeza e indignación, vemos un juicio en contra de un proyecto cultural colectivo que este Alcalde ha encarnado decididamente, con valentía, perseverando en los
derechos culturales en sentido amplio y el disfrutar de la vida cultural. Sin pretender intervenir en el curso de un proceso judicial, solidarizamos con el Alcalde Daniel Jadue, pues nos parece fundamental relevar su compromiso con las artes y las culturas.

*Fuente: SIDARTE

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