Este artículo fue enviado a nuestra Redacción por la periodista Josefa Gutiérrez de Prensa Uchile. Lo publicamos, pues muestra un trabajo interesante que se ocupa con propuesta para mejorar las condiciones de vida de ciudadanos de edad avanzada. A continuación, abajo, hemos agregado un video que muestra las condiciones de vida en las que moran millones de santiaguinos. Sugerimos a las universidades, involucrarse en la elaboración de propuestas de políticas públicas, apoyando el trabajo de las Juntas de Vecinos y las Municipalidades de zonas de menores ingresos en todo el territorio nacional. El aporte que pueden dar es inmenso y urgentemente necesario. Nos ofrecemos como vehículo para comunicar sus iniciativas.
La Redacción de piensaChile

Vivienda, barrio y cuidados

Dos investigaciones lideradas por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile analizaron cómo los espacios comunes de la vivienda y las condiciones del barrio influyen en la vida cotidiana de mujeres mayores en Santiago. Los trabajos muestran que jardines, pasillos, veredas y bancas pueden favorecer sus desplazamientos, redes sociales y labores de cuidado, pero también limitar su autonomía cuando no están diseñados para responder a sus necesidades.

Las bancas con respaldo y apoyabrazos permiten descansar durante los recorridos, ampliar las distancias caminadas y generar oportunidades de encuentro.Marie Geraldine Herrmann-Lunecke, profesora asociada del Departamento de Urbanismo de la FAU y autora principal de ambos artículos. “Nuestras ciudades, barrios y viviendas muchas veces no están diseñados para las personas mayores y presentan muchísimas barreras sociales y físicas”, señala.El primer estudio analizó las prácticas cotidianas de 30 mujeres de entre 60 y 92 años en cuatro conjuntos habitacionales de Santiago.El segundo artículo reconstruyó los recorridos habituales de 25 mujeres mayores y analizó la importancia de caminar para acceder a servicios, redes cercanas y actividades cotidianas.Antonio Zumelzu, académico del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile y coautor de los estudios. “Los espacios comunes no solo articulan los desplazamientos y la vivienda, sino que también son espacios de encuentro”.Los espacios comunes favorecen los encuentros espontáneos y ayudan a sostener las redes sociales y de cuidado de las mujeres mayores.

El buen envejecimiento y la calidad de vida están estrechamente ligados al entorno. Para muchas personas, seguir viviendo en la misma casa y en el barrio donde han construido sus rutinas, afectos y redes de apoyo es parte fundamental de ese bienestar. Sin embargo, permanecer allí no depende únicamente de la voluntad: la vivienda, los espacios comunes y las calles pueden favorecer esa continuidad o transformarse en barreras para la autonomía.

Esta idea se relaciona con el concepto de “envejecer en el lugar”: permanecer en el propio hogar y comunidad de manera segura, autónoma y confortable durante la vejez. Según se proyecta, en Chile  para 2050 una de cada tres personas tendrá 60 años o más, lo que vuelve urgente adaptar las viviendas y ciudades a esta transformación demográfica.

Se trata de los artículos Toward age-friendly housing: Everyday practices of older women in common spaces of collective housing in Santiago, Chile, publicado en la revista Cities, y Everyday mobility practices of older women in Santiago, Chile: The importance of walking in the neighbourhood, difundido en Transportation Research Interdisciplinary Perspectives.

Los estudios fueron desarrollados por Marie Geraldine Herrmann-Lunecke, Constanza Cerda-Gosselin y Rodrigo Mora, del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, junto a Antonio Zumelzu, del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Austral de Chile. El equipo se encuentra vinculado, además, al Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y al Núcleo Milenio en Transporte Justo.

Aunque cada artículo examina una escala distinta, ambos muestran que la autonomía se construye en la continuidad entre la vivienda, los espacios comunes y el barrio. “Nuestras ciudades, barrios y viviendas muchas veces no están diseñados para las personas mayores y presentan muchísimas barreras sociales y físicas”, explica Marie Geraldine Herrmann-Lunecke, autora principal de ambos trabajos y académica del Departamento de Urbanismo.

El problema, por tanto, no es que las mujeres mayores no utilicen estos lugares, sino que su diseño puede terminar por restringir actividades esenciales para su vida cotidiana.

Espacios comunes que prolongan la vida fuera de la vivienda

El primer estudio analizó las prácticas cotidianas de 30 mujeres de entre 60 y 92 años de cuatro conjuntos habitacionales de Santiago. Mediante entrevistas caminadas, el equipo las acompañó por jardines, pasillos, escaleras, patios y accesos para conocer el papel de estos lugares en sus rutinas.

Los resultados muestran que las áreas comunes están lejos de ser únicamente zonas de tránsito. Jardines, corredores y patios pueden convertirse en lugares para caminar, cuidar plantas, hacer actividad física, conversar con vecinas o acompañar a nietos y nietas. “Los espacios comunes no solo articulan los desplazamientos y la vivienda, sino que también son espacios de encuentro cotidiano para la actividad física  y la socialización”, explica Antonio Zumelzu.

Esta apropiación también favorece la construcción de vínculos. “Nos dimos cuenta de que muchas de las actividades se realizaban con otras personas: vecinos, amigos, familiares o nietos que ellas cuidan. Estos encuentros espontáneos en los espacios públicos, comunes o semipúblicos enriquecen significativamente la vida social de las personas mayores”, señala Herrmann-Lunecke.

Esta experiencia cobra especial relevancia al considerar las desigualdades que enfrentan muchas mujeres mayores, quienes con frecuencia continúan asumiendo tareas de cuidado y sostén familiar. “En Chile, las mujeres mayores realizan un trabajo de cuidado muy importante, como el cuidado de nietos y nietas. Eso también tiene que estar incluido en el diseño de estos espacios”, afirma.

No obstante, escaleras sin pasamanos, pasillos estrechos, falta de rampas, accesos difíciles o la ausencia de ascensores pueden hacer que las residentes reduzcan sus desplazamientos. De esta forma, una barrera arquitectónica puede convertirse en una barrera para la actividad física, la sociabilidad y la participación comunitaria. “Cuando hay muchas barreras en los espacios públicos o comunes, las personas mayores empiezan a evitarlos”, advierte Herrmann-Lunecke.

Caminar para seguir haciendo vida en el barrio

El segundo artículo profundizó en lo que ocurre cuando las mujeres mayores salen del conjunto habitacional. Mediante entrevistas y ejercicios de mapeo participativo con 25 residentes, el equipo reconstruyó sus recorridos habituales y los motivos de sus desplazamientos en sus barrios.

La investigación mostró que caminar es su principal forma de acceder a comercios, servicios de salud, áreas verdes, actividades culturales y redes cercanas. Estos trayectos, además, les permiten encontrarse con amistades, sostener tareas de cuidado, mantenerse activas y participar de la vida pública.

“Las caminatas generan presencia, visibilidad en la comunidad y una posibilidad de interacción social bien importante”, plantea Herrmann-Lunecke. Por ello, las condiciones del entorno pueden ampliar o reducir el espacio cotidiano al que una persona mayor accede de manera autónoma.

Entre las principales barreras, las participantes identificaron veredas estrechas o deterioradas, desniveles, falta de rebajes de solera, cruces con tiempos semafóricos para peatones insuficientes y escasez de lugares para descansar. Estos obstáculos pueden obligarlas a modificar sus rutas, reducir las distancias recorridas o abandonar ciertas actividades.

En este contexto, las bancas aparecen como un elemento fundamental. “Un asiento o un banco es una infraestructura del cuidado. Permite descansar durante trayectos largos y aumentar el radio de movilidad en el barrio, pero también es una infraestructura para socializar: puedes sentarte y conversar”, explica la académica.

Aunque parezcan intervenciones simples, pueden definir si una mujer mayor logra continuar haciendo su vida de manera independiente. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de que las políticas de vivienda, planificación urbana y envejecimiento incorporen estas experiencias desde el inicio del diseño, considerando de forma integrada la vivienda, los espacios comunes y el barrio.

“Para tener ciudades más justas e inclusivas, tenemos que diseñar considerando las necesidades de las personas mayores”, concluye.

-Artículo enviado a piensaChile por la periodista Josefa Gutiérrez
Prensa Uchile
josefa.gutierrez@ug.uchile.cl

Enlaces relacionados

• Paper: Hacia una vivienda amigable con las personas mayores: prácticas cotidianas de mujeres mayores en espacios comunes de viviendas colectivas en Santiago de Chile.
• Paper: Prácticas de movilidad cotidianas de mujeres mayores en Santiago de Chile: la importancia de caminar en el barrio.

Más sobre el tema:

La otra cara de Santiago. Es curioso, y dice mucho, el que el video que mostramos a continuación haya sido realizado por un joven que ha tomado como suyos los problemas que viven millones de chilenos.

¿Cómo pueden aportar los estudios de los académicos universitarios para mejorar las condiciones de vida de esta otra parte de Santiago?

El articulo Estudios revelan cómo la ciudad condiciona la autonomía de las mujeres mayores apareció primero en piensaChile.

Campamento Placilla de San Antonio emprende inédita acción legal: nadie puede ser desalojado sin juicio previo

El 3 de julio, en los Juzgados de Letras del puerto de San Antonio, la comunidad de vecinos del asentamiento y Campamento Placilla en la localidad de la V Región del país, demandó legalmente que el recurso de protección que ordenó su desalojo, «no puede hacerse valer respecto de quienes jamás fueron parte de ese proceso judicial, nunca fueron emplazados ni tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a defensa», y que «ninguna familia puede ser desalojada sin un juicio previo».

De acuerdo al abogado de las casi 1700 familias de Placilla, Gustavo Burgos:

«La acción civil presentada constituye un hecho de enorme importancia política, social y jurídica. No se trata simplemente de una nueva presentación judicial frente a una amenaza de desalojo. Estamos ante la primera acción civil conocida a nivel nacional que busca enfrentar, en el propio plano institucional, el viraje jurisprudencial que en los últimos años ha puesto a las Cortes en línea con los intereses de las grandes inmobiliarias y propietarios de suelo, pervirtiendo el sentido protector del recurso de protección».

– ¿Cómo se vició el recurso de protección en estos casos?

«En los conflictos de suelo y vivienda, especialmente desde 2023, este mecanismo ha sido progresivamente transformado en una vía expedita de lanzamiento colectivo, utilizada por grandes propietarios para obtener desalojos masivos sin pasar por un juicio ordinario, sin individualización real de las familias afectadas y sin garantizar el derecho elemental a ser oído.»

«La demanda no busca desconocer formalmente la existencia de una sentencia dictada por la Corte Suprema en un recurso de protección relativo al Fundo Miramar. Lo que plantea es algo distinto y decisivo: una sentencia no puede producir efectos contra personas que jamás fueron parte del proceso.

-¿Qué argumento sustantivo sostiene la medida de los habitantes del campamento?

«La demanda no busca desconocer formalmente la existencia de una sentencia dictada por la Corte Suprema en un recurso de protección relativo al Fundo Miramar. Lo que plantea es algo distinto y decisivo: una sentencia no puede producir efectos contra personas que jamás fueron parte del proceso.

Nadie puede ser desalojado por una sentencia dictada en un juicio en el que nunca participó. Ese principio, que debiera parecer elemental en cualquier Estado de Derecho, ha sido erosionado por una orientación judicial que convirtió el recurso de protección en un atajo para resolver en favor de los propietarios, conflictos sociales complejos que debieran discutirse en juicios de amplio conocimiento. Allí está el corazón del problema. Las inmobiliarias y grandes dueños de terrenos han encontrado en el recurso de protección un camino rápido para evitar los procedimientos ordinarios, el debate probatorio, la individualización de los ocupantes y la defensa de las familias.»

– ¿La justicia se quitó la venda de los ojos en perjuicio de los sin techo?

«Las Cortes han terminado operando como engranajes de una política de ordenamiento territorial al servicio del capital inmobiliario. Allí donde existe una crisis habitacional profunda, falta de suelo urbano, especulación, encarecimiento de los arriendos y abandono estatal, la respuesta institucional ha sido crecientemente represiva: desalojar primero y discutir después; ejecutar antes de juzgar; transformar el derecho de propiedad de los grandes propietarios en un título absoluto frente a comunidades populares desprovistas de vivienda.»

Gustavo Burgos enfatizó que «la acción civil de Placilla tiene una importancia que excede con mucho este caso concreto. Abre una línea de defensa jurídica frente a una tendencia nacional. Vuelve a colocar en el centro la garantía del debido proceso, la relatividad de la cosa juzgada y el derecho de acceso a la justicia» y agregó que «La demanda no es una maniobra dilatoria ni un recurso desesperado. Es una respuesta jurídica de fondo frente a una deformación institucional grave. No se puede utilizar una sentencia de protección como si fuera un título universal de desalojo contra una comunidad completa».

La humanidad de Placilla

 El técnico en construcción, Braulio Bulnes, vive hace casi 7 años en el campamento Placilla y explicó que el asentamiento “nace y crece bajo los principios de la autogestión y la autonomía de sus pobladores. Se trata de 1042 sitios, organizados en sectores. Mediante asambleas, logramos trazar calles, perfilar sitios, hacer instalaciones de luz eléctrica. El 2023, tras 21 días de movilización, conseguimos un contrato con Chilquinta (usurero, por cierto) que nos cobra una tarifa de empresa”.

– ¿La dinámica asamblearia funcionó en todas las ocasiones?

“Con el tiempo, un grupo de vecinos nos percatamos que comenzaron a aparecer liderazgos autoritarios y antidemocráticos. Ante la verticalidad, fui elegido para representar una posición contraria a lo que sucedía, siempre basada en la unidad del campamento, pero evitando el clientelismo electoral del sistema de partidos políticos que comenzó a volverse una nefasta práctica habitual (independientemente de los matices entre ellos). Pronto aprendimos que la burocracia estatal es una de las principales promotoras de las filas infinitas para resolver el tema de la vivienda. Con el propósito de enfrentar estos problemas desde una conducta fundada en la ética de la solidaridad y la cooperación, creamos el centro comunitario Nidos de Queltehues.”

– ¡Titánica tarea que se propusieron!

“Junto al apoyo desinteresado de diversos profesionales, nos entregamos a la labor de construir un proyecto urbanístico, conforme a la normativa vigente y cuya base está en nuestra radicación definitiva en Placilla. Y la radicación tiene que ver con todos los años de enorme esfuerzo y organización del pueblo trabajador del campamento en la edificación de un barrio, comunidad, seguridad, sin Estado presente.”

– ¿Distingues alguna diferencia con el campamento Centinela de San Antonio que incluso puede verse desde Placilla, y que ha sufrido atropellos, expulsiones violentas, engaños?

“Aquí no hemos permitido la entrada de ningún gobierno de turno ni la intervención de sus partidos. Todo lo hemos hecho con independencia popular.”

La trabajadora de las artes y la cultura, comerciante y contadora de profesión, Vania Gómez, relató que “durante más de una década me pagaron el sueldo mínimo y jamás pude acceder a un crédito hipotecario. Estuve en comités de vivienda donde inútilmente perdí los pocos recursos que tenía. Ahora por fin estoy radicada con mi familia en Placilla. No queremos regalos, sino que pagar un precio justo por vivir aquí. Queremos ser un aporte a San Antonio”.

Por su lado, Fernanda Quinteros contó que vive en la casa 205 del pasaje Los Yuyos, sector B, y que luego de esperar infructuosamente una oportunidad habitacional en comités de vivienda, “decidí venirme a Placilla. Empecé durmiendo en una carpa y fruto de mi trabajo, con material reciclado logré construir un hogar digno con mis dos niños y mi pareja que se desempeña haciendo huertos orgánicos”.

Evelyn Ortiz, trabajadora y madre de dos jóvenes, después de arrendar en la comuna de Algarrobo, próxima a San Antonio, y producto de la pandemia, como familia debieron peregrinar de un lado a otro durante un tiempo hasta que “supimos que en Placilla estaban vendiendo sitios para levantar una casa y estar tranquilos, con nuestro jardín y nuestros animales. Con mi madre y mis hijos, por primera vez sentimos que estamos en un lugar que nos pertenece. Por eso plantamos árboles, o sea, echamos raíces».

Más sobre el tema:

El articulo Vecinos de Placilla: «Una sentencia no puede producir efectos contra personas que jamás fueron parte del proceso» apareció primero en piensaChile.

Artículo en La Tercera:

29 de marzo de 2026

El ministro de Vivienda está decidido a echar pie atrás a una serie de proyectos emblemáticos del gobierno anterior -“faraónicos”, para él-para allegar recursos a un presupuesto 2026 que, acusa, está casi completamente comprometido por deudas de arrastre.

Mochila al hombro, Iván Poduje sale raudo de su oficina, ubicada en el cuarto piso del Ministerio de Vivienda, en el centro de Santiago. Acaba de terminar una reunión con cuatro alcaldes y un diputado de la Región de Los Lagos, y tiene en agenda tomar un vuelo que lo llevará a Concepción para visitar Lirquén -epicentro de los incendios de enero pasado-, de donde volvió ayer sábado. La reconstrucción de esa zona y la de Viña del Mar, que fue azotada por el fuego en febrero de 2024, es claramente una prioridad en su gestión como jefe de esa cartera. Tan así, que la primera gran iniciativa legislativa del entrante gobierno de José Antonio Kast tomó prestada la palabra “reconstrucción” para amarrar varias normas, una de las cuales busca inyectar $ 400 mil millones al Fondo de Estabilización Transitorio (FET) para financiar esos trabajos que, compromete, terminarán antes de cinco años.

Pero el urbanista tiene también otra cosa entre manos. Dice que el presupuesto 2026 del Minvu está comprometido en un 97% por causa de deudas de arrastre. Y que esa situación, sumada a la exigencia de un recorte de 3% que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, realizó a todas las carteras, lo llevó a echar pie atrás a tres proyectos emblemáticos que vienen del gobierno anterior: la expropiación de Colonia Dignidad y del Club Hípico de Punta Arenas, y la construcción del último tramo de la ciclovía del Eje Alameda-Providencia. Además, buscará recuperar un porcentaje de lo que el Estado desembolsó para expropiar parte de la Megatoma de San Antonio, en conjunto con la ofensiva que ya comenzó el Consejo de Defensa del Estado el 23 de marzo. “No puedo comprometer el financiamiento de los programas de vivienda que tenemos. Y solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos”, dice.

El Presidente Kast dijo que la situación fiscal está peor de lo que esperaban. ¿Qué encontraron ustedes?

Lo mismo. Mucho peor, y además con un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre. Esto nunca se nos dijo, nunca se anticipó. Fue un tremendo golpe cuando nos dimos cuenta, porque las cuentas del ministerio son muy complejas, ya que trabaja con presupuestos de proyectos que tienen varios años. En este caso nos traspasaron una deuda que equivale a casi todo un presupuesto completo.

¿Y se trata sólo de proyectos habitacionales?

El presupuesto está muy cargado al DS49, a las compras de terrenos que son muy caros. Pero también incluye proyectos que son una locura, por ejemplo, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que vale $ 22 mil millones. Hemos hecho una serie de ajustes, cosas que no vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es priorizar los recursos en función de las necesidades sociales.

¿Cómo, en este escenario, van a abordar el recorte de 3% que solicita el ministro Quiroz?

Justamente eliminando estos proyectos que de alguna forma no son prioritarios y otros que están en cartera que estamos revisando. Son iniciativas de inversión, algunos proyectos medio faraónicos. Y vamos a tener que reducir los costos de estudios, en convenios de universidades, reducir los costos de los convenios, los honorarios.

Este gobierno tiene sobre sus hombros demostrar que no va a recortar beneficios sociales. Eso rebota directamente en su ministerio…

No puedo comprometer los programas de vivienda que tenemos. Y solamente se puede reducir el presupuesto por la vía de lo que he comentado, proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o que son extremadamente complejos.

Por esa vía vamos a reducir, y hay un acuerdo con el ministro Quiroz que no se va a comprometer ninguno de los beneficios sociales de los planes habitacionales, ni tampoco la reconstrucción, que tiene un financiamiento distinto, pero que en Concepción lo estamos financiando con recursos regulares. Porque no se ha aprobado la ley FET y, por lo tanto, en un solo proyecto en Concepción de la reconstrucción me estoy gastando el 90% de todos los fondos de la Región del Biobío para viviendas vulnerables.

¿El ministro Quiroz entiende el tema social? ¿Entiende que es relevante no tocar ese foco?

Por supuesto que lo entiende. Tenemos una estupenda relación con el ministro Quiroz. Ha sido muy fluida. Y, además, estamos empujando medidas que permitan desburocratizar, que es una prioridad que ambos compartimos. El ministro Quiroz lo ha entendido perfecto. Y si eso implica evaluar algunos ajustes, tendrán que evaluarse. Nosotros podemos frenar estos proyectos faraónicos. La ciclovía del gobernador Orrego, bueno, que la financie él, tiene recursos de sobra, pero nosotros no los tenemos.

Te recomendamos ver este video:

Acuerdo entre los gobiernos de Chile y Alemania para expropiar Colonia Dignidad

Colonia Dignidad: “Cero ideología”

Hablemos de los proyectos que ya decidieron echar pie atrás. ¿Cuántos son y sobre la base de qué se definió?

Ya tenemos cuatro definidos -Colonia Dignidad, el Club Hípico de Punta Arenas, la ciclovía de la Alameda y recuperar parte de lo que se pagó por la expropiación de la Megatoma de San Antonio. Estos equivalen casi al 25% de todo el plan de reconstrucción del Biobío.

¿Y sobre la base de qué se eligen estos cuatro proyectos?

Estos son cuatro de muchos. Tenemos una instrucción del ministro Quiroz de hacer recortes. Y tenemos, además, un déficit de arrastre. Entonces, claro, tenemos que lidiar con eso. Y yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego.

Tampoco voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un costo exorbitante, cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas, reparar viviendas que faltan.

Respecto de todos ellos, ¿se van a revocar decretos?

Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca.

¿Se reunió con los colonos? Muchos estaban en contra de esta iniciativa que buscaba crear un sitio de memoria…

No.

Este es un proyecto de 117 hectáreas que aún no han sido tasadas. ¿Cuál es la estimación de su precio?

Tenemos una estimación que solamente la parte urbana son $47 mil millones de pesos. No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado. Puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar. Y nosotros trabajamos en función de las prioridades sociales de nuestros vecinos. Si nos sobra plata, bueno, podremos hacer estas cosas. Y quizás otros ministerios tienen los recursos para seguir con ese proyecto.

¿No responde a un tema ideológico de parte del gobierno?

No, nada, cero ideología. Es puro criterio de prioridad social.

¿Y qué señal se le da al mundo de los derechos humanos con esta decisión?

Que estamos velando por los derechos humanos de nuestros vecinos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios. Ese es su foco. Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren de violencia intrafamiliar.

Ya, pero estamos claros que va a haber una mala recepción en el mundo de las organizaciones de derechos humanos…

Bueno, ellos pueden pedirle a otro ministerio que lo haga. O un organismo internacional, no sé. ¿Me entiende? El punto es el siguiente: nosotros, con los recursos que tenemos, tenemos que atender las prioridades que tenemos. Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda. La ciclovía de la Alameda la puede financiar el mismo gobernador o el Ministerio de Transportes. Yo tengo que construir colectores, porque las fecas de los vecinos del Campamento Manuel Augusto, que ya va a ser barrio, están contaminando parques que usan los niños. Esa es mi prioridad. Si usted me pregunta si yo prefiero evitar que las fecas caigan sobre parques que hacer una ciclovía…, no tengo dónde perderme. O expropiar el Club Hípico de Punta Arenas para hacer un proyecto faraónico también, que cuesta $22 mil millones.

Nuevo plan para la Megatoma de San Antonio

¿Cómo busca recuperar parte del dinero que se destinó al pago de la expropiación de la Megatoma de San Antonio? ¿Ese pago ya se ejecutó?

Sí, el cheque se giró a fines de diciembre de 2025. Nosotros consideramos que se pagó mucha plata ($ 11 mil millones). Y en segundo lugar, vamos a iniciar la investigación para saber quién organizó la toma, quién pagó la topografía, la arquitectura. Esta toma fue diseñada, acá hay profesionales que trabajaron, hubo camiones, logística. ¿Por qué el propietario permitió esto? ¿Por qué no lo paralizó a tiempo? Todo eso tenemos que investigarlo.

Pero en términos de la negociación que se llevó adelante por el Ministerio de Vivienda con los dueños del terreno, los dueños querían un monto más alto del que finalmente se pagó…

Se pagó carísimo. Nosotros pensamos que ese terreno, en las condiciones en que está, sin factibilidad sanitaria, de escasa infraestructura, sin urbanización, no puede costar los $ 11 mil millones que se pagaron. Y estamos muy de acuerdo en que el Consejo de Defensa del Estado busque que se aplique una reducción del pago a $4 mil millones.

Nosotros estamos apoyando esa iniciativa. Y, además, dado que ya se expropió ese terreno, lo mínimo que podemos hacer es que ahí se pongan las familias que estaban antes en la fila en San Antonio.

¿Eso implica sacar a las familias que están ahí ahora?

Si esas familias están después de la fila, se tienen que ir, obviamente. Esas casas no tienen permiso, son todas ilegales. Tenemos que volver a imponer condiciones básicas de urbanidad, de respeto por la ley, por las normas, que se han perdido totalmente. Esta es una ciudad informal que creció sin ningún tipo de control. Además, son cinco las tomas. Estamos hablando de dos solamente. Y tengo a miles de personas que están haciendo la fila, hacinadas, pagando arriendos carísimos, que miran cómo el gobierno prioriza a la gente que toma terreno y no a la gente que hace la fila.

Según el plan original, uno de esos terrenos -de 100 hectáreas- se iba a expropiar para impulsar un proyecto habitacional para las familias que ahí viven…

Son dos terrenos distintos. Uno que vamos a desalojar como ordene la justicia. Y otro que se expropió. Y en el que se expropió no hay ningún plan. Hay promesas electorales, o políticas, que no tienen fundamento ni apego a la realidad. Son casas con terrenos de 500 metros cuadrados, cuando se están entregando a familias que postulan terrenos de 100 metros. No puedo permitir eso por justicia, por equidad. Y, además, no puedo darles a esas personas, que se tomaron un terreno hace siete años, preferencia sobre personas que están hace 10 años esperando en sus casas y sin tomar terrenos. Vamos a hacer un plan de urbanización, pero que considere la prelación, que es el orden de prioridad que tenían las familias para postular.

¿Y han calculado cuánta gente tendría que salir de ese terreno?

No hemos calculado todavía. Estamos en conversaciones con los comités de vivienda, sí. Yo he ido ya dos veces a San Antonio, reafirmando la promesa del presidente que nadie salta la fila en nuestro gobierno. Y así va a ser.

Son medidas drásticas, ministro…

Bueno, nos eligieron para eso, ¿no? A nosotros no nos eligieron por lindos, al menos en mi caso. A mí el presidente me nominó por mis capacidades, porque tengo un cierto carácter para empujar las cosas que no son fáciles.

¿Aunque implique tensionar el ambiente con vecinos, con distintos grupos de ciudadanos?

Mire, la mejor forma de no tensionar el ambiente es tener un despliegue en terreno, que es lo que hemos hecho desde el primer día, incluso ya antes de asumir. Y hablando con los vecinos, diciendo la verdad, por dura que sea. Entonces, claro, uno se expone al tomar estas decisiones a mayores complejidades, pero son puntuales. Creo que, en general, la población ha recibido muy bien lo que estamos haciendo.

Las últimas decisiones -drásticas- del gobierno han producido una caída en la aprobación importante. ¿No le preocupa? No llevan ni tres semanas.

No, porque si nos preocupara eso no podríamos hacer nada. Estaríamos pendientes de eso. Esta caída ha ocurrido por una situación coyuntural. Pero las medidas que estamos tomando se van a ver reflejadas en una mejoría. No solo vamos a mejorar la entrega de viviendas respecto a lo que se hizo en el pasado. Vamos a entregar viviendas en tiempo más corto. Vamos a intervenir barrios que están tomados por el narco hace décadas en Quilicura, en Viña del Mar, en Talca. Y esos efectos se van a ver, no me cabe duda, en la popularidad del presidente y del gobierno.

¿En cuánto tiempo más?

No sé, no soy experto electoral.

Más sobre: Vivienda Iván Poduje Colonia Dignidad COMENTARIOS

*Fuente: LaTercera

El articulo Iván Poduje: “Vamos a reversar la expropiación de Colonia Dignidad” apareció primero en piensaChile.

Asistimos a un momento complejo a nivel nacional. En nuestras casas, en la feria, en la micro y en nuestros trabajos a diario vivimos las mismas angustias que arrastramos hace años: el sueldo no alcanza, los arriendos suben sin control, las listas de espera se alargan, los estudiantes continúan endeudándose y la vejez se perspectiva cada vez más con mayor pobreza. Sin embargo, sabemos que nada de esto es casual, ha sido por años el resultado de un modelo capitalista que prioriza la riqueza de unos pocos a costa de la explotación y opresión de una mayoría. Ha sido el resultado de un modelo que distintos gobiernos, con diferentes discursos, han buscado administrar a favor de los ricos.

Muchas esperanzas nacieron al calor de la lucha durante el alzamiento popular de octubre del 2019. Ese momento representó el pick del ciclo de luchas abierto en los 2000, donde la organización y la lucha hizo temblar los cimientos del poder. Sin embargo, gran parte de esa energía transformadora fue encauzada hacia salidas institucionales que prometían cambios profundos, pero que finalmente terminaron siendo parte de la administración del sistema capitalista. Así ocurrió con el gobierno de Boric, electo en el 2021: un gobierno progresista que, con sus discursos feministas, ecologistas y de apoyo al pueblo capitalizó en las elecciones, pero que tras 4 años dejó en evidencia que sus verdaderos intereses no estaban con la clase trabajadora y el pueblo, sino que con quienes concentran el poder y la riqueza.

Este proceso no solo generó frustración en quienes en algún momento confiaron en su programa, sino que también demostró que cuando no hay organización popular, articulación y dirección clasista, la rabia legítima se diluye, se fragmenta y se transforma en individualismo.

En ese escenario, no sorprende que hoy la extrema derecha intente presentarse como supuesta respuesta a la crisis. Cuando la rabia, la frustración y el descontento crece, aparecen quienes prometen orden y seguridad a punta de mano dura. Pero sabemos que ni Kast, ni Jara, ni ningún otro gobierno dentro de este sistema viene a resolver nuestros problemas, pues cualquier candidato dentro de este sistema es solo una fracción de la misma clase dominante que disputa la administración del poder, pero en ningún caso transformará nuestra realidad.

Que no nos engañen cuando hablan de libertad, porque esa es solo la libertad para los dueños del poder y del mercado para seguir explotando y oprimiendo. Hablan de orden y seguridad, pero nada cambiará mientras nuestras condiciones de vida sigan siendo las mismas y nuestros derechos continúen siendo negados.

Cuando se depositan todas las esperanzas en las urnas y se abandona la organización la derrota se siente más grande. Por ende, aquello nos deja una gran lección, y es que los reales cambios nacen desde abajo, desde la organización en la población, en la escuela, en la universidad y en los centros de trabajo, en el comité de vivienda y en la asamblea, porque sin pueblo organizado cualquier gobierno solo terminará asegurando las riquezas de unos pocos.

Frente al avance reaccionario es cuando más unidos debemos estar, la respuesta en ningún caso puede ser el miedo ni la resignación, la tarea sigue siendo volver a encontrarnos, fortalecer la organización popular y recuperar la confianza en la lucha colectiva. Nuestra apuesta ya no debe ser solo la resistencia, sino la lucha consciente y organizada por conquistar nuestros derechos.

La disputa hoy también se encuentra en el terreno de las ideas. Por eso debemos denunciar abiertamente a quienes, de manera oportunista, han buscado llevarnos al pantano electoral, confundiendo al pueblo con falsas salidas desde la institucionalidad burguesa.

Desde las organizaciones del campo clasista y popular, con profunda humildad y autocrítica tenemos el desafío de reinstalar la organización popular como verdadera alternativa. Barrer con todo individualismo, apostar por la solidaridad de clase y reconstruir la conversación cotidiana con nuestros vecinos, compañeras, compañeros, amigos y familia.

Hoy el desafío es grande pero también lo es nuestra historia llena de experiencias de lucha. Cada derecho que hoy tenemos ha sido conquistado mediante la lucha, nada nos fue regalado. Si la extrema derecha avanza es porque buscan cerrar el ciclo abierto de luchas de nuestro pueblo, y allí nuestra tarea es reimpulsar la organización, la solidaridad, la combatividad y la rebelión popular, apostando siempre a la transformación de esta sociedad.

¡Para luchar por tus derechos, súmate al Bloque!

Bloque de Organizaciones Populares.

Diciembre 2025

El articulo ¡Frente al avance de la reacción, el único camino es la organización! apareció primero en piensaChile.

Chile. Campamento Placilla de San Antonio: la batalla por la radicación definitiva

El articulo La lucha por la vivienda en Placilla, San Antonio apareció primero en piensaChile.

En el puerto de San Antonio no sólo existe la llamada megatoma Centinela. Mirándola como hermana y espejo está el campamento Placilla donde se encuentran emplazadas mil familias, trabajadores y trabajadoras que hace más de 6 años convirtieron un sitio baldío de 70 hectáreas y por décadas desocupado, en una ciudadela de viviendas sólidas con servicios básicos, calles cuidadas, jardines, centros de reunión. Una comunidad.

El 6 de diciembre, los vecinos realizaron una asamblea convocada por los delegados de los distintos sectores del campamento para conocer de primera mano y democráticamente, la propuesta de cómo enfrentar las medidas judiciales en su contra y conquistar la radicación definitiva elaborada junto al abogado y el arquitecto que los acompañan.

Uno de los dirigentes, el relator técnico en construcción Braulio Bulnes, precisó que el propósito de la asamblea fue «lograr la cohesión de la comunidad, sumar fuerzas, generar confianza y convicción», e informó que «hemos protagonizado diversas luchas para obtener nuestros derechos. En el 2022 estuvimos 19 días marchando a la eléctrica Chilquinta y a la municipalidad hasta conseguir un contrato en regla. Asimismo, ya contamos con el catastro legal y hasta el 15 de diciembre se efectuará el análisis socio-territorial, último paso para asentamientos precarios».

El «supremazo» y la corrupción judicial

El abogado de los pobladores, Gustavo Burgos, explicó que «mis representados fueron objeto de una acción cautelar, es decir, sin forma de juicio, hecha por los propietarios del lugar en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que negó lugar a este recurso, respondiendo adecuadamente a la que ha sido la inveterada tradición jurisprudencial de nuestras cortes en orden a que esta no es una vía idónea para dirimir un problema de ocupación de predios. De hecho, ya en la época de la dictadura era inadmisible que alguien pidiera la recuperación de un terreno por un medio jurídico distinto a un juicio ordinario (donde las personas requeridas se pueden defender a través de pruebas)», y añadió que «En cambio, un recurso de protección es todo lo contrario. Para ese trámite, ni siquiera es necesario que la persona acredite que es dueña del terreno; basta que alguien señale a otro como el ocupante de un terreno y exhiba un título de propiedad, que en este caso, ni siquiera cuenta con la acreditación que corresponde al lugar actualmente ocupado en Placilla. En otras palabras y en la presente ocasión, una orden de desalojo viola el propio ordenamiento jurídico, en tanto se les ha impedido a los pobladores el derecho al debido proceso».

– ¿Y por qué, sin embargo, ocurre ahora?

 

«La modificación jurisprudencial comenzó a aplicarse exclusivamente en los últimos tres años. Y, como si fuera poco, en la voluntad jurisprudencial tuvieron concurrencia dos ministros actualmente defenestrados y acusados constitucionalmente, como la jueza Ángela Vivanco quien quedó en prisión preventiva por el caso de «la muñeca bielorrusa». El otro es el ex-presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, también destituido por el mismo acto de corrupción. A la vez, existen dos o tres ministros más que están bajo sospecha.

Estos fueron los ministros determinantes para dictar la orden de desalojo contra los pobladores del campamento Placilla de San Antonio. Por ello, creo que mis representados tienen una razón suficiente para sospechar de la legalidad de la orden, y estoy seguro que los tribunales van a conocer sobre este asunto y revisarán el proceder que han tenido. Entendiendo que aquí no sólo está en juego la corrección de un procedimiento, sino que la vida de toda una comunidad.

Estamos frente a un verdadero «supremazo», inédito, sin antecedente alguno y que se encuentra en la línea política de trastocar derechos sociales por represión sobre la población.»

– ¿Y qué pueden hacer las familias?

«Construir la unidad más férrea y tomar las medidas integrales que permitan volver a poner en discusión en un tribunal imparcial el fallo de una sala de la Corte Suprema profusamente cuestionada por corrupción.»

La asamblea

Durante el curso de la asamblea de vecinos, el arquitecto y urbanista Luis Álvarez, puso su experiencia técnica y normativa al servicio de la comunidad, y manifestó que «existiendo toda la reglamentación para que no ocurran los desalojos, el abandono de los servicios del Estado con la ciudadanía son la condición para que se cometan barbaridades. Por eso lo que debemos hacer es transitar de ser un espacio segregado a uno integrado. Y se puede. Están las leyes y los recursos públicos. De lo que hay que cuidarse es de las maniobras de los gobiernos para dividir las comunidades, desmoralizarlas, fragmentarlas. Solamente los campamentos y tomas que persisten como una sola fuerza organizada y priorizan el bien común sobre las individualidades, triunfan».

La dirigenta y trabajadora en ventas, Evelyn Ortiz, enfatizó que «no debemos tener miedo. La prensa nos maltratará, pero debemos ser fuertes para resistir. Y quiero referirme a un asunto delicado. Aquí en el campamento existe un comité en particular que está corriendo la voz, diciendo que tenemos que abandonar el cerro. Pero se trata de un rumor falso. Aquí, ante todo, debemos dar la pelea juntos por la radicación».

Por su parte, el joven vecino Erick Toloza recordó que «nuestra ventaja es que somos muchos los que queremos luchar por una casa. Hemos sabido sobrevivir a la crisis habitacional en Chile desde que nacimos. Hemos sido allegados y sufrido hacinamiento. Entonces, nos encontramos ante una oportunidad histórica y me gustaría que la asumamos con altura de miras, sin mezquindades ni pequeñeces. Nuestra batalla es por un hogar donde mañana veamos crecer a nuestros hijos e hijas».

Igualmente, la pobladora Mercedes Fuenzalida relató que «yo estuve en un comité de vivienda por 12 años y no es más que una ilusión para la gente que tenemos hijos. Soy una mujer luchadora y de pelea. Sola, crié cinco chiquillos. Quiero tener mi casa, mi tierra, mi dignidad».

Se levantó la asamblea con un aplauso cerrado y el compromiso de participar en una movilización muy pronto. Para templar la ardiente reunión ampliada, desde el cielo de San Antonio comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia amiga.

* Las imágenes fueron tomadas por el autor del texto y son de libre disposición.

El articulo Chile. Campamento Placilla de San Antonio: la batalla por la radicación definitiva apareció primero en piensaChile.

 ENCUENTRO COLEGIO DE ARQUITECTOS DE TARAPACA

AGOSTO 24  2024

Hola a todas y todos, colegas, profesores, estudiantes, amigos, amigas,

Agradezco la invitación del Colegio de Arquitectos de Tarapacá, a su directiva zonal y la presencia de ustedes en este encuentro.

Es un honor para mi estar presente hoy en esta aula, con ustedes, conversando sobre temas de la ciudad y la vivienda sobre los cuales tenemos una responsabilidad ineludible.

Nuestra presidenta, Beatriz Buchiccardi, me pide les trasmita un saludo muy especial a los miembros del Colegio y a todas y todos los colegas que laboran en esta región de nuestro país.

Permítanme partir leyendo un pequeño texto que resume nuestra opinión sobre los problemas que atravesamos y plantearles, con una breve mirada, algunas posibles soluciones.

Chile vive, una crisis habitacional que no logramos superar.

Ningún gobierno, en estos años de democracia, ha logrado frenar la curva de crecimiento del déficit habitacional, ni cuidar que las ciudades crezcan de manera armónica.

Vivimos ciudades segregadas, en donde el hacinamiento en las grandes urbes y las tomas de terreno que derivan en campamentos son una realidad con la cual convivimos, como sociedad, cada vez con más dificultad.

Somos un país, en donde los derechos individuales priman sobre los derechos de las mayorías. Esto dificulta que los elementos de solidaridad requeridos para definir e implementar una política de derechos sociales se reproduzcan y extiendan, creando un manto de protección al conjunto de la sociedad.

Cifras más, cifras menos, un cuarto de la población de nuestro país experimenta, de alguna forma, una crisis habitacional que está determinada por un creciente déficit de viviendas nuevas, miles de unidades que requieren reparaciones urgentes, hacinamiento y proliferación de asentamientos precarios donde hoy viven más de 120 mil familias.

Lugares, donde el barrio no existe, la calle es peligrosa, la conectividad no necesariamente facilita la movilidad, y el edificio y la población son controladas por los más fuertes.

Luego de recuperada la democracia, la producción anual de viviendas para los sectores más vulnerables de nuestro país, sin considerar como viviendas los subsidios entregados directamente a una familia, no superó nunca la cantidad de 25mil viviendas anuales, lo cual sumado a la poquísima inversión en planificación urbana, ha ido acrecentando el problema, hoy transformado en una crisis que crece cada año de una manera que no logramos revertir.

A pesar del inmenso esfuerzo que hace este Gobierno, especialmente el Ministerio de la Vivienda, por aumentar estas cifras, la tarea que tenemos por delante no será fácil de cumplir. Si cada proyecto de vivienda social, que nos planteamos llevar adelante, demora, en el mejor de los casos, entre cuatro y cinco, un período presidencial, de algún Gobierno en especial, será siempre un tiempo muy limitado como para enfrentar una tarea de estas dimensiones.

Frente a esta situación, parece quedar claro que los problemas no son destinar los recursos necesarios para gestionar, diseñar y construir, sino la falta de suelo necesario para ser utilizado con estos fines y la carencia de un sistema de permisos y autorizaciones que no entorpezcan el proceso.

En este contexto, es urgente generar una solución en la que aportemos todos: por un lado, quienes necesitan una vivienda y, por el otro, quienes puede y deben colaborar en la consecución.  Los que necesitan una vivienda sabrán esperar si la espera es prudente. Quienes pueden colaborar, estado y empresa privada, en conjunto, deben realizar los esfuerzos necesarios como para que el proceso se desarrolle como una política país, en condiciones y plazos acotados, eficaces en los tiempos utilizados en el proceso y en la cantidad y calidad de los productos entregados.

Esto conlleva que, no solo quienes son dueños del suelo lo compartan a precio justo y en negociaciones razonables, sino también tener una política de gestión de suelos públicos mucho más agresiva de la que hoy se lleva adelante.

Un programa de liberación de propiedades en manos del fisco (Bienes Nacionales, FFAA, Policías y empresas e instituciones públicas) que permita poner a disposición de la crisis habitacional importantes inmuebles y hectáreas de suelo ubicadas en centros urbanos, la gran mayoría de las cuales podemos afirmar, con seguridad, que no tienen un uso actual eficiente y que, por esa razón, podrían ser transferidos, a las instancias pertinentes, para ser utilizados con los fines sociales indispensables en la crisis actual.

Solo así tendremos eficiencia en el proceso y suficiente suelo para generar ciudad y barrios armónicos, fortaleciendo los programas anuales de manera de ir acortando así, la brecha existente.

Los suelos en manos de BBNN deben ser puestos sin dilación en manos del Banco de Suelo.

Esos suelos, traspasados durante los años de dictadura desde el patrimonio del Estado a las FFAA y policías, a instituciones y empresas públicas, no solo no fueron devueltos al erario nacional al regreso de la democracia, sino que fueron traspasadas de manera definitiva a través del mecanismo legal conocido como PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal). Todos estos suelos, propiedad de instituciones que pertenecen al Estado de Chile son, sin embargo, utilizados con fines comerciales sin que hasta ahora se haya logrado recuperar la tuición sobre ellos, de manera que puedan ser utilizados para fines de interés común.  Son cientos de hectáreas urbanas, en manos de las FFAA y policías, de empresas del estado, instituciones de diverso tipo, universidades estatales, que tienen estos suelos incorporados a su patrimonio sin darle el uso que corresponde a la misión que cumplen. Muchas veces en condiciones de sitios eriazos, guardándolos, solo con fines especulativos. En el mejor de los casos, vendiéndolos nuevamente al Estado, a precios de mercado, para que ministerios como el de Vivienda, Educación o Salud deban comprarlos de sus presupuestos, escasos como sabemos, para así poder utilizarlos en viviendas, plazas, escuelas, cultura y centros de salud que son indispensable para el desarrollo armónico de nuestras ciudades y pueblos a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Sobre estos suelos es que avanza la demanda de los grupos de familias organizadas en Comités de Vivienda, en Cooperativas en agrupaciones de Pobladores como Ukamau, Vida Digna, Santiago Multicolor, Igualdad, Vivienda Digna y tantas otras que se multiplican cada vez más en todas y cada una de las regiones. Lo hacen conscientes de que la capacidad del Estado de resolver sus problemas habitacionales no se logra transformar en una realidad en tiempos prudentes de espera.

Hay ejemplos concretos que avalan que estos procesos están sucediendo y que marcan una manera distinta de entender el diseño y la producción de viviendas en Chile, proyectos acompañados con iniciativas que buscan que ese conjunto habitacional sea parte integrante de un barrio en el cual sea posible el desarrollo de una vida comunitaria.

Unos de los ejemplos más significativos en este sentido, cuya concreción atravesó varios gobiernos, es el conjunto habitacional Comunidad Maestranza, construido en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. Es el primer proyecto de vivienda social en Chile, desde los lejanos años de los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que surge como una iniciativa desde la demanda y no desde la oferta. Irrumpe sobre un sistema que les pide a los sectores más vulnerables hacer, con paciencia infinita, una interminable fila esperando que le llegue el turno de recibir una vivienda. Casi con toda seguridad, una vivienda que no es aquella con la cual soñó durante los largos años de espera.

Maestranza surge de la organización de las y los pobladores de ese territorio que vivían en tomas de terrenos, campamentos de larga data sin los servicios básicos mínimos como para vivir con cierta dignidad o en condiciones de hacinamiento, compartiendo un departamento o una casa con varias otras familias. Reunidos en torno a la Agrupación de Pobladores Ukamau, con un nivel de organización poco usual en el Chile de ese momento, toman la decisión de resolver el problema de sus viviendas sin esperar que el Estado les abra un espacio para hacerlo.

Buscan un terreno dentro de su propio territorio, lo encuentran en la antigua Maestranza de los Ferrocarriles del Estado (EFE), un inmenso paño propiedad de esa empresa, sin uso en las actividades propias de ferrocarriles, en espera de ser usado con fines comerciales. Negocian, con muchas dificultades y reservas de todo tipo, la aprobación de esta empresa de vender un paño de 3 ha al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, para levantar este proyecto. Negocian y obligan, con la presión y la movilización social, que Serviu negocie y compre el paño de suelo necesario para llevar adelante la solución habitacional de 424 familias agrupadas en el Comité de Vivienda formado para estos efectos. Consiguen el apoyo gratuito de profesionales, dispuestos a llevar adelante el desarrollo de un proyecto cuyas posibilidades de concretarse parecían imposible en ese momento. Familias y profesionales, en un trabajo compartido en largas sesiones de trabajo, diseñan un proyecto que de diferentes maneras los funcionarios del Serviu de la época intentaron impedir su aprobación. En no menos de unos cinco años de luchas, movilizaciones y negociaciones, Ukamau, las familias que eran parte de esta iniciativa y los profesionales que los acompañaron, lograron lo que nunca se había podido concretar el los treinta últimos años de democracia. La demanda organizada con objetivos claros y compartidos logran que la iniciativa pase desde la empresa privada a las familias en lucha por una vivienda digna.

Por primera vez, un proyecto de vivienda social se concebía como un condominio y no como un loteo, lo que permitió generar grandes espacios protegidos del exterior, de uso comunitario, con estacionamientos para autos en el perímetro alejándolos de las áreas comunitarias, Espacios bajo la responsabilidad de sus habitantes rompiendo, por fin, con el paradigma de que las familias pobres de nuestro país no eran capaces de mantener sus áreas de uso común.

Como Maestranza, hay hoy ejemplos, que tienen distintos niveles de desarrollo. Muchos de ellos directamente promovidos desde el Ministerio de Vivienda, otros como los proyectos del Comité Futura Esperanza en la comuna de la Reina; Maestranza 2 en la comuna de Santiago, último proyecto de Ukamau, por iniciar su construcción; Al pie del Cerro de la Agrupación Vida Diga en la comuna de Huechuraba; Santiago Multicolor en la comuna de Santiago, entre muchos otros, son proyectos de vivienda social que se originan desde la demanda, luchando por construir una vida más digna y más participativa.

¿Qué hacer??

Porque lo que sí queda claro, es que cada parte concurrente al problema y a las soluciones debe dar un salto por sobre el diagnóstico y formular propuestas que permitan avanzar con soluciones que marquen con claridad y con tiempos definidos un camino. Una ruta cuyo trazado haya sido definido en un acuerdo entre las partes, que revierta definitivamente la curva negativa en la producción de ciudad y vivienda, iniciando un proceso cuya finalidad es vivir en un territorio, en una ciudad, que brinde de manera global un servicio de calidad a todos y cada uno de sus habitantes y una vivienda digna, que comparta la vida con la de otros, de manera eficaz y armónica.

La primera gran tarea para lograr estos objetivos, aquella que con más seguridad penetrará el modelo neoliberal adecuándolo a las exigencias del compromiso asumido, es iniciar el camino que termine con el sistema subsidiario a la vivienda de los sectores más vulnerables, generando, a cambio, programas financiados de vivienda para toda la población.  Con un Estado protagonista en la consecución del proceso que debemos enfrentar; un banco de suelo del tamaño necesario y un sistema bancario, sobre todo el estatal, consciente de que en este aspecto cumple una función social y que sus expectativas de rentabilidad deben ser acotadas a la tarea que se les encarga. Todo esto, bajo la premisa de que el pueblo tiene la responsabilidad necesaria como para cumplir con sus compromisos políticos, sociales y financieros acordados entre las partes.

Todas y todos podemos pagar nuestra vivienda, las familias chilenas y aquellos migrantes que se asentaron en nuestro territorio.  Así fue históricamente, hasta que el sistema neoliberal cerró a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad la posibilidad de acceder al sistema financiero y comprometer en créditos razonables el pago en el tiempo de su vivienda.

Si lo hacemos en plazos posibles, bajo un paraguas que considere los niveles de ingreso de cada familia y con un interés que, por sobre cualquier otra consideración, no sea especulativo, sin duda que podríamos crear un sistema que haga posible el desarrollo de un programa de barrio y ciudad en el cual quepan todas y todos sin exclusión.

Podemos hacerlo, de esto estamos seguros. El Estado, a través del Ministerio de Vivienda, adelanta los recursos necesarios para construir la infraestructura y las viviendas, tal como lo hace ahora, pero una vez entregadas, cada familia comienza a pagar un dividendo que en plazos de 20 a 30 años les permita adquirir la propiedad de ese bien inmueble. El sistema financiero, sobre todo el que pertenece al Estado, adecua sus márgenes de rentabilidad a un programa que, sobre cualquier otro, tiene connotaciones sociales indispensables para logra un acuerdo social que nos permita vivir en paz.

Un esfuerzo de todas y cada una de las partes: las familias pagan un dividendo sobre un bien que el Estado le entrega, como hoy lo hacen arrendando un inmueble o un cuarto en una casa o departamento hacinado. El Estado adelanta los recursos necesarios para llevar adelante el proceso con recursos propios o créditos bancarios y el sistema financiero privado, al menos el público, hasta que el sistema garantice un funcionamiento apropiado para todas las partes, diseña un programa que permita que las familias obtengan los créditos necesarios para llevar adelante el proceso.

Hemos hecho cálculos que nos permiten asegura que, en el plazo de quince años, nunca más de veinte, el Ministerio de la Vivienda, aplicando este sistema de producción y financiamiento del hábitat podría contar con un capital de trabajo que le haría posible continuar el proceso sin necesidad que el Estado central le entregue recursos para estos fines.

La segunda, construir un Banco de Suelo del tamaño de la tarea.

Para esto, hacer, en primer lugar, de manera prioritaria un uso intenso y extenso de la Ley de Emergencia Habitacional (PEH). Esta ley, discutida por el Congreso en los últimos meses del gobierno del presidente Piñera y aprobada en mayo de 2022, le entrega al Ministerio facultades que ampliaron de manera cierta su capacidad de acción. Una de ellas, quizás la más importante, es la posibilidad de adquirir y expropiar bajo condiciones especiales el suelo necesario para cumplir con las metas programáticas comprometidas. La ley y su articulado están ahí, profundizar su uso y extender su aplicación, al límite de las posibilidades que nos ofrece, es tarea nuestra y es fundamental para avanzar y generar las condiciones que darán cumplimiento a las metas trazadas aumentando considerablemente la capacidad del Estado de ser actor directo de la ejecución de su programa. Hay que hacerlo, no es posible que sigamos pagando suelo con precios que sabemos son especulativos. Es necesario si queremos llevar adelante las reformas urbanas indispensables y los programas de vivienda a los que nos obliga la situación que hoy vivimos en Chile. Tenemos que construir la voluntad política que nos permita hacerlo.

El traspaso de suelo en manos de las FFAA y las policías, empresas e instituciones de todo tipo, sin uso y sin un destino militar o sectorial claramente definido, entregadas en usufructúo por BBNN, es nuevamente otro índice de lo necesario que es la irrupción directa del Estado en la gestión de administración de los recursos propiedad de todas y todos los chilenos.

Una enorme cantidad de hectáreas con uso urbano o en los bordes de las áreas de crecimiento de los centros urbanos, a lo largo y ancho de nuestro país, son activos indispensables si tenemos la decisión de reordenar la trama urbana y rural de nuestro país. Hay que recupera este suelo, se encuentren en usufrutuo o en propiedad de los Departamentos de Bienestar de las instituciones y que estén mantenidos en condiciones de terrenos eriazos. Debemos contar con la voluntad de los que hoy la tienen en sus manos para transformar, en algo real y masivo, los gestos de solidaridad social demostrado en algunos pocos casos. Si la voluntad se debilita debemos usar los mecanismos legales existentes, que son muchos, para exigir que estas regresen a manos del Estado para su uso con fines sociales. Tenemos la posibilidad de hacerlo, entender porque no lo concretamos es lo difícil de comprender.

Esta política no solo tiene la intención de aplicarse en el marco de las FFAA sino llevarla adelante también en empresas e instituciones pertenecientes al estado propietarios de suelo. Casos de empresas como EFE (Ferrocarriles del Estado) o universidades como la Universidad de Chile, las son propietarias de suelo urbano.  Mantienen estas propiedades solo con fines especulativos sin que esta propiedad este justificada en los Planes de Desarrollo de cada una de ellas. Estos terrenos deberán retornar gratuitamente a la administración del Ministerio de Bienes Nacionales para que desde este Ministerio se incorporen al suelo disponible para uso de los requerimientos y necesidades de los programas de recuperación y o desarrollo del territorio nacional.

Por último, en lo que se refiere a suelo, nos debe quedar claro qué el argumento de que los suelos son caros y por lo tanto no pueden ser utilizados con fines sociales es inadmisible. No hay suelo caro. Hemos planteado desde hace un tiempo, en todas y cada una de las instancias del aparato del Estado con las cuales hemos estado reunidos que, si el suelo sobrepasa los montos del subsidio entregados para ese proyecto en específico, podremos siempre incluir en el proyecto superficie enajenables. Podremos diseñar áreas de apoyo en educación, salud, cultura, deportes financiados por esos ministerios o podemos diseñar e incluir en el proyecto metros cuadrados de comercio, en venta al sector privado, que siempre ayudan a la vida del barrio y la comunidad, permitiendo así cubrir las diferencia del costos entre lo que tenemos y lo que cuesta.

En tercer lugar, me atrevería a proponerles implantar nuevamente la Operación Sitio, iniciada en la época del presidente Frei Montalva, continuada durante la presidencia de Salvador Allende, desestimada durante la dictadura y nunca recuperada en democracia, multiplicando por miles las soluciones habitacionales, permitiéndonos crecer exponencialmente en  la capacidad de producción y entrega de soluciones habitacionales al incorporar a los nuevos propietarios directamente en la construcción de sus viviendas. El pueblo puede construirse sus viviendas, así lo hace en los campamentos, así lo hecho históricamente. Solo necesita de la mano del Estado para que aporte dirección, tecnología, y financiamiento.  Sabemos que es un programa difícil de implementar en las grandes urbes de nuestro país por la falta de suelo disponible, pero en muchas ciudades de mediano o pequeño tamaño en donde las familias aún pueden aspirar a vivir en una casa con terreno que le sea propio es posible implementarla. Un terreno, con un Plan Maestro definido y una urbanización realizada, se entrega con un módulo sanitario y alternativas de viviendas aportadas por la industria. Con programas de financiamiento, aportado por el sistema bancario, a largo plazo y tasas controladas permite a esas familias asumir la responsabilidad de levantar su vivienda del tamaño requerido y con costos posibles de asumir.

En cuarto lugar, diseñar e implementar una política de desarrollo industrial de soluciones a los problemas habitacionales en lo cual avanzamos, pero demasiado tímidamente.  Lograr levantar una inversión que le permita al Ministerio de Vivienda impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la construcción siempre relacionadas con los recursos naturales y las características culturales de cada región. Lograr, como tarea importante, una alianza estratégica entre el Estado y el mundo empresarial, mirando hacia el futuro, que permita desarrollar tecnologías industriales propias, replicar algunas probadas en otros países, en un proyecto investigativo en el cual ambas partes en conjunto inviertan los recursos necesarios para que puedan ser producidas en masa por las industrias nacionales. Una decisión que nos permitiría multiplicar por muchas veces la capacidad de producir viviendas, acortando los plazos de entrega, disminuyendo los costos y protegiendo el medio ambiente. Debiéramos entender como una obligación de ambas partes hacerlo. Se beneficiarán mutuamente de una inversión que nos permitirá mirar con mucha más claridad el futuro, logrando en plazos más breves dar solución a esta tragedia país en la cual nos vemos todos los habitantes de este territorio obligados a convivir.

En quinto lugar, iniciativas como las Cooperativas de Vivienda, que pueden ser parte directa en la consecución de su proyecto habitacional son importantes gérmenes que hoy deben multiplicarse. Son también una manera de recuperar experiencias realizadas en Chile antes de la dictadura de Pinochet y cuyos principios y objetivos están perdidos en el tiempo. Revitalizar este tipo de iniciativas, darles todo el apoyo necesario desde el Ministerio de Vivienda, que hoy también son tímidos y escasos, experimentado, organizando y evaluando, junto a las familias, el modo de llevar adelante estas iniciativas y experiencias ayudará a replicar con cada vez más fuerza y de manera permanente las iniciativas de este tipo.  Impulsan una nueva manera de vivir en comunidad donde la responsabilidad colectiva y la organización social que se dan, ataca el centro del individualismo promovido por el modelo. Sin duda la masificación de este proceso ayudará de manera significativa a desarrollar modos de vida distintos a los que nos propone el modelo neoliberal y tendrá un efecto en el cambio de parámetros culturales que ayudaran a crear relaciones sociales más colectivas y solidarias.

Para esto necesitamos con urgencia que el Ministerio de la Vivienda entienda la particularidad de este proceso, construyendo un programa especial para llevarlo adelante. La experiencia de aplicar programas como el DS49 para incorporar a ellos el trabajo de las cooperativas no logra resultado concretos y eficientes. Tenemos que diseñar programas especiales de financiamiento y desarrollo que se adecuen a esta realidad. Tenemos que generar corrientes de confianza en la relación entre las cooperativas y el Estado, teniendo claro que el primer paso debe darlo el Estado.

Y no solo a nivel del Ministerio de Vivienda, es un proceso en el cual debieran participar activamente los ministerios de Desarrollo Social y BBNN.

¿Como podemos entender que el ministerio de BBNN haya recuperado (devuelta al estado por el ejército en el marco de las negociaciones para recuperación de suelos) una hacienda en las zonas habitadas por el pueblo mapuche y no haya, al día de hoy, desarrollado con las comunidades, que la habitan o que la habitaron, un proyecto de producción sustentados en las formas de producción ancestrales del pueblo mapuche? Es cierto, no es suelo urbano, pero si regresa a manos del Estado, el Gobierno debiera darle un uso que demuestre que la tarea de construir un nuevo país se encuentra presente en ese gesto, demostrando que puede ser posible.   ¿Que están intentando, guárdalo sin utilidad ninguna o conservarlo para venderlo al mejor postor?

¿Cómo logramos aceptar que los suelos pertenecientes a todos quienes habitamos este territorio, entregados en usufructo a alguna de las ramas de las FFAA, que hemos comprobado no están siendo utilizados de manera razonable, no se haya solicitado su devolución a estas alturas del gobierno? ¿Cómo es posible aceptar que el ministerio de BBNN siga entregando casas y edificios en uso a particulares y no estén siendo usadas para que en ellas diseñemos soluciones habitacionales o servicios de barrio y ciudad necesarios para equipar los territorios, para viviendas de tercera y cuarta edad y de jóvenes que inician su vida independiente?

Debemos también, en este punto, demandar el apoyo irrestricto del Ministerio de Desarrollo Social en apoyo a las iniciativas de nuestro sector. Necesitamos aquí un Ministerio que asuma sus responsabilidades haciéndose parte protagónica de las soluciones que atañen a la vivienda, los barrios, los pueblos y las ciudades de nuestro país.  No pensemos, por ahora, en la manera en que enfrentó las demandas surgidas de las tragedias de los incendios en la Quinta Región en donde aún no se ven soluciones claras. Solo pensemos en cuanto podría este ministerio apoyar la gestión de las cooperativas ayudándolas en su conformación y puesta en marcha. No solo a las cooperativas que se organizan y podrían organizarse alrededor de la vivienda y el barrio, si existiera realmente una política pública de apoyo técnico y financiamiento estatal. Pensemos en la regeneración de las cooperativas de alimentos y de trabajos en tantas áreas posibles de l conocimiento y el quehacer de los sectores populares y las clases medias de nuestro país. ¿Hay voluntad de hacerlo? No lo sabemos realmente, pero continuar administrando este ministerio sin que participe activamente del proceso de organización del pueblo parece ser solo un poco más de lo mismo.

En sexto lugar, y no por eso menos importante, no podemos dejar de referirnos a una iniciativa que viene directamente del gabinete ministerial, recuperando una antigua práctica del Chile. Un Programa que llama a las empresas privadas y a las instituciones y empresas del Estado a levantar proyectos de vivienda para los trabajadores. Viviendas directamente relacionadas con los centros de trabajo.  Empresas, instituciones, que asumen la responsabilidad de velar por las condiciones de vida de sus trabajadores, los cuales, al alero de su centro de trabajo, tienen la posibilidad de obtener una vivienda digna. Un programa en donde la empresa aporta el suelo y el estado los recursos para la construcción de las viviendas. Un suelo que no necesariamente debe ser un aporte gratuito, la empresa o la institución, pueden venderlo a sus trabajadores entregándoles directamente un crédito blando y en plazos convenidos que pueden ir pagando con descuentos mensuales sobre sus salarios, con una garantía colectiva entregada por los trabajadores a la empresa en la cual laboran. Un intento que, si fructifica, generará nuevas formas de entender el compromiso y las relaciones empresa/ trabajadores. Sabemos que no será fácil lograrlo a nivel de la empresa privada, de hecho, muchas de ellas niegan hoy en día la necesidad de la fidelidad del compromiso entre las partes, pero en muchas, cuyo futuro y permanencia en el tiempo es factor fundamental en su gestión, sería posible hacerlo.

Partir, como intenta el Ministerio, por donde puede ser más sencillo como ministerios y reparticiones relacionadas directamente con el Estado, pero continuar con empresas e instituciones que, aunque autónomas, son propiedad de todas y todos los chilenos. Entre ellas, por ejemplo, las universidades o empresas como EFE, las que, en ambos casos, cuentan con suelo que no utilizan para sus funciones concretas.

De hecho, hay una iniciativa, en la cual el ministro Montes pudiera ayudar directamente, levantada por los sindicatos de trabajadores de la Universidad de Chile, que intentan negociar con las autoridades el traspaso de algún paño de terreno a los trabajadores, propiedad de la universidad y sin uso real para las actividades universitarias, con un acuerdo de pago en el tiempo dejando en garantía las viviendas que se construirían con los subsidios del Estado. La universidad tiene terrenos posibles para levantar un proyecto de este tipo. Sería emblemático que una universidad del Estado y, en este caso, además, la más importante del país, iniciara la concreción de un programa como este. Con seguridad que su ejemplo se repetiría por todo Chile, porque no en Concepción, en la Universidad del BíoBío, o en la Sexta Región, en la Universidad en Rancagua. Cada una aportando creativamente a la solución de los problemas del país, volcando a las escuelas y departamentos relacionados con la tarea de gestión, diseño y acompañamiento del proceso, relacionándose directamente con la realidad de nuestro país, saliendo de las aulas a mirar lo que ocurre en el resto del territorio y trayendo esa realidad a las aulas para compartir con ellas la búsqueda de nuevas soluciones. Demostrando que se pueden levantar alternativas participativas y comunitarios de la cual, cada uno y todos, seamos responsables.

Por último, es imposible no referirse a la Ley de Usurpaciones, una ley maldita, de la cual tenemos que hacernos responsables.

Chile vive hoy una situación de tal gravedad en materia habitacional que se vuelve irreflexivo utilizar la distinción legal/ilegal para analizar el problema de las tomas. Creer que aumentar penas y multas es una solución, es ingenuidad y también indolencia. Es desconocer la realidad de los desalojos: de madrugada, en medio del invierno, el frío y la lluvia, adultos mayores desprotegidos, familias que se quedan sin un techo donde criar a sus niños. Es naturalizar una crisis social y desconocer la legitimidad de una demanda que tenemos la obligación de resolver como sociedad.

Como gremio tenemos tres obligaciones: una, intentar de todas las formas posibles revertir en el parlamento esta ley; dos, mientras nuestros parlamentarios lo logran, intentar que el gobierno, este gobierno, mi gobierno, no otro, utilice todos los mecanismos legales posibles para frenar los desalojos. Se nos hace difícil pensar que tenemos que asistir impávidos a desalojos que dejan a cientos de familias en condiciones subhumanas; y tres, hacer presente como gremio, a través de las arquitectas y arquitectos que son parte de nuestro colegio, en los lugares en que se produzcan desalojos, apoyando a las familias, intentando que el daño sea el menor posible. No podemos desentendernos de este problema argumentando como únicas razones que son los tribunales quienes determinan los desalojos y que se les avisa a las familias con seis meses de antelación para no apoyarlos en uno de eso momentos en que la solidaridad es lo fundamental.

No es fácil, sé que no es fácil,  los problemas económicos por los que atraviesa nuestro país, la base tecnológica pequeña y atrasada de la industria relacionada que no permite acelerar los procesos constructivos, un Banco de Suelo que no termina de tener la relevancia necesaria como para facilitar el cumplimiento de los compromisos, hacen difícil sentir que se pueden cumplir con las propuestas del Programa de Ciudad, Territorio y Vivienda del actual gobierno, pero el proceso aún puede revertirse y si lo fortalecemos con la necesaria voluntad política, sin duda, cada año podremos avanzar más rápido y en mejores condiciones, buscando alcanzar las metas planteadas.

Y sabemos que podemos hacerlo porque tenemos un conglomerado de mujeres y hombres, los pobres del campo y la ciudad, un pueblo, decidido a organizarse, a luchar por sus reivindicaciones básicas, a recuperar un lugar protagónico en él proceso de construir sus vidas compartidas con las vidas de otras y otros, a ser un aporte a su país y a todas y todos aquellos que los puedan necesitar. Así lo han demostrado a lo largo de la historia de este país llamado Chile, así fue posible cuando el Estado asumió de manera protagónica los procesos de cambio y compartió esa responsabilidad con un pueblo entero.

Y esta nuestro gremio, y no solo el gremio de arquitectas y arquitectos, esta nuestro Colegio y están los frentes profesionales que se han creado con él tiempo. Ahí está Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno, movimiento al cual pertenezco tratando de ser parte de la problemática y de las soluciones. Relacionado directamente con las tomas, los campamentos, los Comités de Vivienda, las Agrupaciones de Pobladores, los desastres naturales y sus consecuencias. Ahí están las universidades, las facultades de urbanismo, arquitectura, geografía, las escuelas de asistentes sociales y sus profesores y estudiantes los que deben comprometer su trabajo y su capacidad militante en estas tareas. Y no solo en las que se relacionan con la ciudad, el barrio y el territorio sino en todas aquellas en las cuales el pueblo este presente, con sus problemas y sus sueños y necesite un apoyo que les permita organizarse y luchar por sus demandas. Tenemos que ingresar en los frentes sociales, ser parte activa y militante de sus problemas y su futuro. Tenemos que construir una base social que apoye el proyecto de país y el programa de un gobierno que sea nuestro. Que nos sintamos comprometidos con quienes nos necesitan porque somos parte activa y responsable de su devenir.

Organicémonos, ocupemos un espacio en el cual nuestros colegas asuman la responsabilidad en los frentes sociales existentes en su territorio o ayudémoslos a organizarse. Distribuyamos nuestras capacidades profesionales para responder a las problemáticas de esos frentes comprometiendo nuestro trabajo con esa realidad.

Tenemos que hacerlo.  Tenemos que reconstruir la confianza en el pueblo y en su capacidad de encontrar una solución al problema de su vivienda, su barrio y su ciudad, sabiendo que tienen un grupo de profesionales que los respalda sin condiciones.

Unamos, como sabemos hacerlo, la actividad público-privada para que aporten suelo, tecnología, financiamiento y capacidad empresarial, con una cooperación activa en la tarea de construir, junto con las organizaciones del pueblo, un país cada vez más solidario y democrático.

Levantemos como bandera la necesaria trilogía. Esa que une en un derecho la educación, la salud y la ciudad y la vivienda. Una vivienda y una ciudad compartida en sus derechos porque sabemos que nada logramos con tener la educación y la salud comprometida en un derecho si la vivienda no es parte de ese derecho. Nada logramos con buenas escuelas y salud preventiva y de calidad si ese niño o ese viejo regresa a una casa o a un departamento en el cual viven hacinados entre diez y quince personas, un espacio que no garantiza a ninguno de sus habitantes una vida armónica, muchos menos a los niños que crecen en un ambiente insostenible y a viejos que no tienen un rincón donde reposar su jubilación.

Que los Pobres del Campo y la Ciudad no estén allí, en sus barrios, sus campamentos y sus viviendas hacinadas, esperando que se les entregue un subsidio y una vivienda, solo por pertenecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. Seamos parte activa de su transformación, en actores protagónicos del proceso. Acompañémoslos de manera comprometida, desde la base misma, en la transformación de nuestro país. Estemos presentes en los frentes sociales, luchando mano a mano por las reivindicaciones de cada uno de ellos.  Les aseguro que construiremos así el país que cada uno, todas y todos, soñamos con tener.

Nunca más, cada cual, solo en él desierto, intentando, individualmente, velar por su subsistencia. Transformemos la soledad en un sueño colectivo.

Muchas gracias

El articulo Chile: El problema habitacional y la gestión de terrenos públicos para una solución verdadera y democrática apareció primero en piensaChile.

Dunas de corrupción: el santuario de la naturaleza de Concón que sigue bajo amenaza por las zonas grises de la política

Para entender “la larga historia de presiones, inseguridades, negociaciones y cesiones” que Reconsa cita en su demanda al Estado, es inevitable encontrar nombres de personas conocidas en el mundo político y empresarial. Actualmente, el 20% de Reconsa es propiedad del exministro Edmundo Pérez Yoma, a través de la sociedad Rentas CEP. Pérez Yoma, exministro del Interior durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, fue también ministro de Defensa del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle desde el 11 de marzo de 1994. El 9 de marzo de ese año se aprobó el decreto que declara Área Protegida solo a una zona de 12 hectáreas.

El ministro del Interior que asumió el 11 de marzo de ese año fue Carlos Figueroa Serrano, que participa junto a sus hijos en Reconsa, a través de Inversiones Santa Sara, con un 2,6%. A su vez, la propiedad se reparte en Inversiones del Litoral e Inversiones Nelaco, en la que participan los hijos de Francisco Soza Cousiño, ingeniero civil, nacido en Viña del Mar y que fue vicepresidente ejecutivo de Corfo entre abril y octubre de 1975. Conocido empresario de la construcción, encabezó el gremio a mediados de los 60 y en 1979 se hace socio de Edmundo Pérez-Yoma para comprar los terrenos que pertenecían a la Caja de Empleados Particulares, que pronto, en 1981, dejaría de existir como tal con la llegada de las AFP. El terreno se compró al Estado en cuotas.

El largo brazo de la constructora ligada a Pérez Yoma y a la familia de Carlos Figueroa que se enfrenta con el fisco por las Dunas de Concón

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), a través de su compañía de seguros Confuturo, es dueña del 10% de Reconsa. Antes, hasta 2016, ese porcentaje pertenecía a seguros CorpVida, del empresario Álvaro Saieh.

Actualmente, en el directorio de Confuturo está Alejandro Ferreiro Yazigi, exministro de Economía de Bachelet y exsuperintendente de Valores y Seguros (hoy CMF), además de Sebastián Claro Edwards, exvicepresidente del Banco Central.

El edificio Kandinsky fue autorizado en 2011 en la administración de Virginia Reginato como alcaldesa de Viña del Mar, por la Dirección de Obras Municipales que encabeza Julio Ventura desde 1981. En mayo de este año, la alcaldesa Macarena Ripamonti lo denunció a la Fiscalía por presuntas irregularidades en la aprobación de tres proyectos.

Contra la Suprema

La concejala de Concón María José Aguirre (Ind. pro Evópoli) cuenta que el año en que se autorizó la edificación hoy siniestrada en Viña, Reconsa ya había loteado sectores para la construcción de más edificios en la comuna a la que ella representa.

“En 2011 nos enteramos de que venían 11 edificios en la duna mayor y creamos Red Duna Libre, que es una organización ciudadana. Logramos después de dos años proteger las 30,1 hectáreas. En el plan regulador de Concón logramos que 20 hectáreas se zonificarán como área verde”, explica la concejala Aguirre sobre la zona protegida de un total de 50 hectáreas. Sin olvidar que “toda el área es de Reconsa, y la ley no exige implementar un plan de manejo o tampoco cederlo” .

María José Aguirre dice que antes de que se zonificaran 20 hectáreas como área verde, Reconsa había ingresado un anteproyecto de 23 edificios, un hotel con 200 habitaciones y 6.000 estacionamientos. “Afortunadamente este anteproyecto caducó”, señala.

El admirador de Lagos

Otro grupo enfrentado a Reconsa lo representa el abogado Gabriel Muñoz, de la asociación Duna Viva, que se opone al desarrollo inmobiliario en el Área Protegida y además asesora a la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar. Muñoz afirma que el caso del edificio afectado por las lluvias ilustra una práctica habitual de Reconsa. La empresa es la que ha urbanizado los proyectos Bosques de Montemar, Lomas de Montemar, Costa de Motemar, entre otros, que aumentan la presión inmobiliaria en la zona.

“La Corte Suprema exigió que Reconsa, por haber construido la calle Cornisa, incurrió en un acto arbitrario e ilegal y que, previo a seguir cualquier proyecto sin permiso de edificación, requerían un estudio de impacto ambiental. Hasta el día de hoy Reconsa no tiene ese estudio de impacto ambiental. Es el modus operandi de Reconsa, hace una calle, después la urbaniza y vende los loteos. Este modus operandi sí le resultó en la calle donde fue el colapso del colector”, dice Gabriel Muñoz.

El abogado alude a un fallo de la Corte Suprema del 5 de junio de 2019 que ratifica una decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que impidió seguir construyendo dos torres, justo en el deslinde sur del Área Protegida.

“Se prohíbe construir sin estudio de impacto ambiental en el campo dunar o alrededor del campo dunar. Hay un problema no solo de las inmobiliarias, que las han dejado hacer, sino de las autoridades municipales. Tanto de Concón y Viña del Mar, con Óscar Sumonte y Virginia Reginato, respectivamente, como de la actual. A sabiendas de que existía este fallo y de que podía ocurrir lo que ocurrió, no hubo ninguna reacción de los actuales alcaldes”, sostiene el abogado, que anticipa la presentación de una denuncia por daño ambiental contra la inmobiliaria Vimac, que construye el edificio Alto Santorini, justo detrás del edificio Kandisky.

“En este proyecto estamos requiriendo que la alcaldesa tiene la obligación de demandar a estas inmobiliarias y a las que han hecho el daño en el campo dunar”, afirma Muñoz.

Otro edificio paralizado por un fallo de la Corte Suprema, en 2022, fue el de la inmobiliaria Makrocéanos, que no tendría estudios de impactos de ambiental.

En el caso de Besalco, no enfrentó esta oposición tan férrea para su proyecto en el edificio Kandinsky. Se trata de una constructora fundada en 1944 por Víctor Bezanilla Salinas. Su hijo Víctor Bezanilla Saavedra se declaró  admirador confeso del Presidente Ricardo Lagos por el dinamismo que imprimió al país a través de la Ley de Concesiones viales, y ha sido uno de sus aportantes. Se retiró de la presidencia de la empresa en 2021, dejándola en manos de su hermano Ricardo Bezanilla.

En el directorio de Besalco, también están Rodrigo Vergara Montes, expresidente del Banco Central, y Andrés Serra Cambiaso, director de empresas de Antar Chile, de la familia Angelini.

*Fuente: ElMostrador

Más sobre el tema:

Perez Yoma y las Casas COPEVA, ¿se acuerdan?

El fatal destino de las casas Copeva: Viviendo sobre un basural

El articulo Pérez Yoma, Carlos Figueroa y Alejandro Ferreiro: la trenza política tras el socavón de Reñaca apareció primero en piensaChile.

 El chiste de Don Otto, que se ha traspasado de generación en generación, cuenta que Don Otto encontró a su señora engañandolo con Fritz, su mejor amigo, en el sillón de su casa. Para evitar que su mujer lo siguiera engañando, encontró la mejor solución: vender el sillón.

los habitantes de nuestro “campo de flores bordado” sin acceso a la vivienda representan más de dos millones de personas.

Sin dificultad podemos hacer un paralelo entre la lógica de Don Otto y el parlamento chileno que trata de solucionar los conflictos que estallan producto del déficit habitacional que existe hoy en Chile y que sigue creciendo día a día. Según datos aportados por los organismos estatales y de la Cámara Chilena de la Construcción en el año 2022, el deficit de viviendas en el país ascendía a las 650 mil unidades. Si consideramos que en una casa de una familia promedio viven cuatro personas, entonces los habitantes de nuestro “campo de flores bordado” sin acceso a la vivienda representan más de dos millones de personas. Es decir, una de las necesidades más básica de los chilenos, como es la casa propia, les está siendo negada. a millones de chilenos

Este déficit representa un incremento del déficit del 66% en siete años. Sin embargo, a pesar de esta penosa realidad, nuestro parlamento no encontró mejor solución que correrles balas a todos aquellos que se atrevan a malvivir en un campamento tomado.

De esta forma, ayer se aprobó, en primer trámite, una triste ley por el parlamento chileno: la Ley Anti-Tomas, que no es nada más ni nada menos que la posible escalada de violencia sin precedentes que se puede desencadenar en la historia de Chile.  Denominaron cómo «Legítima Defensa Privilegiada» a esta ley clasista, que garantiza el derecho de los ricos a balear impunemente a los pobres. La Cámara, como siempre ha ocurrido en la historia de Chile, aprobó en general esta ley con los votos de la derecha y la nueva derecha, representada ahora por Los Amarillos y parte de la democracia cristiana. Con esta nueva ley: “Gatillo fácil” los propietarios tendrán la tarea que supuestamente debería garantizar el estado, como es la seguridad, el orden público, en desmedro del acceso a la vivienda.

Esta ley “Gatillo fácil” faculta a los propietarios ante las tomas ilegales de inmuebles a desalojar por cualquier medio a las personas que la ocupan. Mejor dicho, mediante las balas y la fuerza bruta. Una verdadera ley pro patronal contra el pueblo pobre y marginado. Donde la propiedad de un terreno es más importante que la vida humana y las necesidades de abrigo y habitación que sufre un inmenso sector de la población chilena.

Recordemos que todo nuestro territorio es en una usurpación ilegal por parte de los invasores y criminales españoles. Se apropiaron de un territorio que no les pertenecía.

Al final toda la agenda de seguridad se la ha tomado la derecha golpista. El gobierno ahora se escandaliza y retrocede ante una ley a la que le imprimió máxima urgencia y que resultó a la perfección y un traje a la medida de los sectores más reaccionarios de nuestro país.

Debemos recordar que todo nuestro territorio es en una usurpación ilegal por parte de los invasores y criminales españoles. Cuando el gobierno de Chile, en la época de la República, comenzó con la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”, a cargo de ese criminal y genocida de Cornelio Saavedra, les solicitaron a los araucanos los “documentos” de la propiedad que habitaban.

Entonces, con la complicidad del gobierno, los jueces, los Conservadores de bienes raíces y de muchos funcionarios públicos, se robaron el vasto e inmenso territorio que por derechos legítimos les correspondían a sus primitivos habitantes. Entonces los terratenientes se apoderaron de ese territorio mediante la brutalidad y el engaño. Ahora los hijos de esos ladrones de tierras hacen escándalo porque los mapuches quieren recuperar sus tierras ancestrales o los desposeídos que claman por un pedazo de tierra para instalar sus desmedradas viviendas.

Antes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, el estado de Chile cumplía con la labor de construir y asignar, mediante el Ministerio de la vivienda y de la Corvi, a los sectores marginales y garantizaba, mediante la planificación las nuevas poblaciones obreras de Chile. También cumplía con las necesidades de acceso a la salud, alimentos y educación.

La población José María Caro, ubicada en la actual comuna de Lo Espejo, fue un gran ejemplo de ello. El estado se hizo cargo de los allegados que abarrotaban los cités y conventillos de la ciudad de Santiago, les asignó viviendas y también los servicios básicos como escuelas, policlínicos, plazas, canchas de futbol, etc. Hoy por hoy, con el sistema neoliberal que controla nuestra vida y necesidades, esta tarea se la dejamos al DIOS MERCADO.

Entonces como el chiste de Don Otto, para evitar que los pobres ocupen los terrenos baldíos o estériles, esta ley los declara ilegales.

Quienes respaldan el endurecimiento de esta Ley de Gatillo Fácil, salida de la moción del Senado, cuyos autores son los derechistas Felipe Kast, Marcela Sabat y Ena Von Baer, enfatizaron que este proporciona herramientas más rápidas para restablecer los derechos de propiedad.

Finalmente, el proyecto continuará su trámite legislativo, aunque el Gobierno ha retirado la urgencia.

Nota: Si alguien quiere publicar este artículo se lo agradezco de antemano

Hugo Farias Moya

11 de agosto de 2023

El articulo Ley anti-tomas o «el sillón de Don Otto» apareció primero en piensaChile.

criminalizacionEn enero de este año, el senador Felipe Kast (Evopoli) presentó una moción que busca “corregir” la normativa actual sobre usurpaciones y ocupaciones ilegales de terrenos. El proyecto señala que el tipo penal actual no permite la detención de los usurpadores y propone ampliar la penalización, incluyendo penas de cárcel que actualmente no están contempladas en la legislación.

El proyecto presentado por el senador por la Araucanía, Felipe Kast y las senadoras Marcela Sabat y Enna Von Baer, fue refundido con otro similar, impulsado por la también senadora por la Araucanía, Carmen Gloria Aravena, personaje que como parte de Evópoli fue electa con sólo 4.200 votos, equivalentes al 1,24% de los sufragios.

El resultante proyecto de ley de “Usurpación de terrenos” señala que actualmente existen pocas herramientas legales para perseguir a quienes ocupan terrenos, cuestión que se explicaría porque está sancionado de la misma manera que las faltas, impidiendo a las fiscalías requerir otra medida cautelar distinta de la citación. Según afirman en la presentación a la prensa, esta situación “dificulta la labor de Carabineros, quienes en los operativos sólo pueden mover de los deslindes a los ocupantes del terreno en cuestión, pero no llevarlos a control de detención. Lo que en la práctica ocurre, según el legislador, es que los operativos son estériles pues una vez abandonado el lugar por la policía, los ocupantes vuelven a tomar posesión de ellos”.

Los primeros días de marzo, los senadores por la Región de la Araucanía se entrevistaron con Sebastián Piñera en La Moneda para solicitarle poner suma urgencia a la discusión de este proyecto en el Senado. Según Kast, los cinco senadores coinciden en que “la agenda indígena debe retomar la fuerza que tenía bajo la conducción del entonces ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno y en segundo lugar que, el Estado de Chile ha fracasado en el conflicto en la macrozona sur”.

En la sesión del Senado del 13 de abril, se da cuenta que desde la presidencia, el proyecto de ley de “Usurpación” ha sido efectivamente sometido a “discusión inmediata”.

Contra las recuperaciones mapuche y contra los pobres del campo y la ciudad

Este proyecto de ley es parte del paquetazo represivo que el gobierno de Piñera ha impulsado para tratar de frenar la creciente protesta y la tendencia de las masas populares a desbordar la legalidad.

La presentación de este proyecto de ley tiene como objetivo principalmente entregar mayores herramientas persecutorias a las policías y fiscalías para hacer frente al aumento de las recuperaciones de tierra en la Araucanía. Pero la forma en que ha sido presentada y sus alcances, entregan las mismas herramientas persecutorias para desalojar las tomas de terreno en las ciudades, los pueblos y campo, e incluso para ser aplicadas en las acciones de protestas como ocupaciones de liceos, escuelas, universidades y las oficinas públicas o privadas.

En su presentación, sin embargo, buscan confundir con los argumentos de base y, dejando de lado el problema de fondo que es la pobreza y la crisis habitacional, se centran con sesgo tanto en la violencia rural de la Araucanía como también en las supuestas mafias que la misma urgencia habitacional habría generado en algunas tomas de terreno de las grandes ciudades.

Lo central del contenido, sin embargo, es dotar al Estado de mayores herramientas, para facilitar los desalojos de las recuperaciones de tierra por parte de las comunidades mapuche y las tomas de terreno donde los pobres de campo y ciudad se esfuerzan para construir un lugar donde vivir con dignidad.

La jurisprudencia actual y los cambios proyectados

La presentación del proyecto de ley de “Usurpación” y su discusión en el Senado, parte del hecho que la ocupación de inmuebles rurales o urbanos, tipificada en los artículos 457 y 458 del Código Penal, ha crecido enormemente por causas económicas y sociales, pero también “debido a que la ley les asigna penas muy bajas, además de la falta de mecanismos jurídicos expeditos y eficaces para que las víctimas puedan ejercer adecuadamente su derecho a ser restituidos en el inmueble usurpado”.

En una Minuta de Comentarios al proyecto de ley refundido, el abogado Juan Domingo Acosta ha propuesto una serie de indicaciones a la redacción de sus artículos. Argumenta que “las acciones civiles (precario) para que la víctima pueda recuperar su propiedad no resultan eficaces y existen numerosas trabas y problemas para ejercerlas y para que prosperen”. Esto porque -a su juicio- existiría una errada interpretación de las normas sobre flagrancia que ha hecho que las policías sólo intervienen en la medida en que se les requiera dentro de las doce horas siguientes al inicio de la ocupación, tal como ha ocurrido en el caso del recurso de amparo que impidió en 2018 el desalojo de una toma de terreno en Collipulli. Las propuestas del abogado proponen darle a la ocupación el carácter de “delito permanente” a fin de extender este tiempo de flagrancia para la actuación de la policía.

Otro antecedente se encuentra en la concurrencia de dos tipos de juicios distintos, en los ámbitos civil y penal, como ocurrió en 2010, cuando se llevó a proceso a 99 vecinos del Campamento Coraceros de Arica, que fue instalado en un terreno de un empresario privado. En esa oportunidad, la tesis de los defensores penales públicos de Arica, en orden a que una toma no violenta de terrenos no es un conflicto penal sino que civil, fue acogida por el Tribunal de Garantía de esa ciudad. Víctor Providel, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, explicó que no corresponde que las instituciones del ámbito penal resuelvan un problema social, sino que “eso es responsabilidad de organismos gubernamentales o de los tribunales civiles”.

Recientemente, el pasado 3 de abril un recurso de protección presentado por la Red de Abogadas y Abogados de la Araucanía consiguió paralizar el proceso de desalojo del campamento Escuela Porvenir de Temuco, en atención al estado de emergencia sanitaria. Este desalojo había sido impulsado por la Municipalidad de Temuco a través de la gestión de Miguel Becker y respaldada por la Gobernación Provincial de Cautín a través de la gestión de Richard Caifal.

Para evitar estas posibles interpretaciones judiciales en el futuro, es que el proyecto de ley en discusión busca cambiar la tipificación de los delitos e incluir penas mucho más altas, llegando incluso a presidio menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años de cárcel.

La querella contra la Toma 17 de Mayo y su relación con el proyecto de ley de “Usurpación”

Entre mayo y septiembre de 2019, dos tomas de terreno florecieron en la comuna de Cerro Navia. La Toma 17 de Mayo, ubicada en Costanera Sur y la Toma Violeta Parra de Barrancas, al final de la calle Mapocho. Ambas tomas se establecieron en sitios baldíos del ex Fundo Santa Elvira, de la familia Guzmán Nieto.

“Que no hay terrenos para construir”, se dice. Pero los pobladores saben que esto no es así, que en cada barrio encontramos un sitio baldío, grandes basurales donde se trafican drogas y ocurren asaltos. Pasan años abandonados sin que se construya nada en ellos. ¿Qué esperan sus dueños para vender estos terrenos? ¿Acaso, que suba el valor del metro cuadrado para enriquecerse con la especulación sobre el terreno? ¿Esperan que cambien los planos reguladores para duplicar su ganancia?.

Los Guzmán Nieto son parte de una extensa familia de larga tradición entre los latifundistas y grandes burgueses del país, cuya genealogía incluye a los Riesco y los Varas Montt. Actualmente son controladores del parque industrial ENEA, que proyecta extenderse hacia los lotes del antiguo Fundo Santa Elvira para convertirse en Ciudad Aeropuerto.

Estos mismos lotes han sido utilizados como vertedero ilegal y posteriormente han ido ya entregando algunos recursos frescos a sus dueños a costa del Estado, por medio de “expropiaciones” para descarga de aguas lluvias y la construcción del proyecto Costanera Sur.

En la búsqueda del desalojo de las familias de la Toma 17 de Mayo, el abogado querellante en representación de la familia Guzmán Nieto es Juan Domingo Acosta, personaje con estrechas vinculaciones de alto nivel con los sucesivos gobiernos. Anteriormente ha defendido al ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter y a Sebastián Piñera ante sus acusaciones constitucionales. También es el abogado del ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en su disputa económica intrafamiliar . Por su estudio de abogados han pasado causas de gran impacto público y político. De su mano ha estado participar en la elaboración de numerosos proyectos de ley anti-pueblo, entre otros, las modificaciones a la ley antiterrorista.

La Toma 17 de Mayo tiene importancia para el futuro de proyecto de Ley de Felipe Kast. La relación más directa se evidencia en que es el mismo abogado Juan Domingo Acosta quien, en paralelo con asesorar la redacción del proyecto de ley, lleva la querella criminal por los cargos de usurpación de inmueble contra los pobladores de la Toma, además de los delitos de hurto y usurpación de aguas, hurto de energía eléctrica y de loteo irregular.

En la última audiencia efectuada el 25 de marzo, los querellantes solicitaron en paralelo al período de investigación, la medida cautelar de restitución del bien, lo cual será abordado en una próxima audiencia fijada para el 6 de mayo.

Si consigue que sea acogida la restitución, será a costa de tensar al máximo la legislación actual y usar a su favor el criterio interpretativo del tribunal, sobrepasando el criterio de la jurisprudencia actual. Si no lo consigue, sin duda será presentado como una demostración de que la legislación actual es insuficiente y podrá ser presentado como un antecedente más para empujar la aprobación de su proyecto de ley.

Las tomas no acabarán sin resolver la crisis habitacional

El aumento de las tomas de terreno es resultado del aumento de la pobreza y de las políticas públicas ineficaces y no acabarán sin que se resuelva la crisis habitacional y las causas que la provocan (ver artículo relacionado).

Quienes viven en las tomas de terreno lo hacen porque es realmente el único recurso que tienen. Son personas obligadas a vivir en condiciones que no se condicen con el desarrollo de la humanidad, sin agua potable, con viviendas precarias y sin servicios. Son las condiciones de vida de los pobres del campo y la ciudad lo que empuja a estos muchos y muchas a rebelarse y sobrepasar la legalidad que les impide resolver sus mínimas necesidades.

Sin atender a este problema de base, este proyecto de ley de “Usurpación” abre la puerta a una ofensiva represiva a gran escala contra los más pobres. ¡No puede ser permitida! El trabajo y esfuerzo que cada persona en las tomas de terreno ha puesto para levantar su hogar y resolver colectivamente sus problemas en medio de todas las adversidades no puede ser criminalizado por el interés egoísta de grandes propietarios, cuyo único interés es conseguir el lucro máximo.

Sin resolver la crisis habitacional no se acabarán las tomas de terreno, y si este proyecto se transforma en ley, lo único que se habrá aprobado es la criminalización anticipada de quienes, mediante la ocupación, están obligados a combatir y resistir por defender su derecho a un lugar donde vivir, cuando éste les ha sido negado por esta vieja y podrida sociedad.

Fuente: ElPueblo

El articulo Vergonzoso: Proyecto de ley criminaliza a quienes viven en tomas y campamentos apareció primero en piensaChile.