Derecho y justicia – piensaChile

Los orígenes del narcotráfico

Redacción piensaChile — Mon, 20 Apr 2026 21:13:09 +0000

Imagen superior: «Mario Acuña Riquelme fue designado Fiscal Militar de Pisagua y estuvo a cargo del supuesto Consejo de Guerra donde junto a Cabezas, fueron ejecutados Mario Morris Berríos, Investigaciones Aduaneras; Juan Valencia Hinojosa, Administrador de la ECA; José Córdova Croxato, Administrador del Puerto; Humberto Lizardi Flores, profesor.»
Memoria Viva

20 de abril de 2026

Haroldo Quinteros Bugueño

Extraigo de ”El libro negro de la justicia chilena ” (Planeta, 1999), obra de la periodista Alejandra Matus, valiosa información sobre hechos que rodean los orígenes del narcotráfico en nuestra región y en el propio país, hechos que se remontan a los tiempos inmediatamente anteriores al golpe cívico-militar de derecha de septiembre de 1973. La Corte Suprema de Justicia, aun después del fin de la dictadura, siguió el mismo cauce que orientó su vergonzosa actuación después del cuartelazo, y por esa razón la periodista, en calidad de perseguida, debió huir de Chile, luego que la Corte Suprema ordenara su detención y la requisición del libro un día antes de que saliera a las librerías.

El 14 de abril de 1999, Matus fue acusada por el ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, del delito de desacato, tipificado en ese entonces en el artículo 6-B de la Ley de Seguridad del Estado. Luego de su arribo a Estados Unidos, Matus solicitó asilo político en ese país, el que le fue concedido. Este libro fue el mayor antecedente que permitió la redacción de la Ley de Prensa (mayo de 2001), en que no se consignó el delito de desacato sobre el cual se produjo la orden de detención de la periodista y la requisición de su libro. No obstante, a pesar de la vigencia de la nueva ley, no fue hasta diciembre de 2001 que las copias incautadas del libro fueron devueltas a la editorial Planeta para su comercialización. Alejandra Matus volvió a Chile después de dos años de exilio en Estados Unidos.

Vamos al libro de Alejandra Matus:

Cuenta la escritora que Ángel de la Cruz Venegas, vecino de Pisagua, era un obrero aseador del retén de Carabineros del pueblo, en el que trabajaba su hermano, el sargento Juan de Dios de la Cruz. Este trabajador fue el mayor testigo de la matanza de seis prisioneros políticos que, según el parte militar de octubre de 1973, murieron al intentar huir de la cárcel de Pisagua. De la Cruz Venegas, entrevistado por la periodista, contó que vio un día a varias personas que corrían y les disparaban por la espalda. Luego que les dispararon, vio cómo los ensacaron. Los que dispararon eran militares. También señaló Venegas que en la Gobernación de Pisagua vio a varios detenidos que les arrancaban las uñas, sindicando a Mario Acuña Riquelme, el fiscal de los juicios de guerra en Tarapacá como quien daba las órdenes.

Si hablamos de narco-tráfico es, precisamente, de Mario Acuña a que debemos hacer referencia, como el personaje clave en este opúsculo.

Acuña no era iquiqueño. Inició su carrera en Santiago, y la Corte Suprema de la capital acogió reclamos en su contra por su mala gestión. Lo trasladó a Iquique al comenzar los años 70. Abogados que lo conocieron como titular del Primer Juzgado de la capital nortina afirman haberlo visto varias veces borracho en su oficina. El Consejo de Defensa del Estado incluyó su nombre, junto al del presidente de la Corte iquiqueña, Ignacio Alarcón, y otros importantes magistrados, como parte de una lista de jueces vinculados con el narcotráfico. En 1972, tras recibir la queja del CDE, la Corte encomendó al ministro Enrique Correa Labra que se trasladara al norte a investigar.

El magistrado, como correspondía, contó con la ayuda en Iquique del abogado Procurador Fiscal (el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Julio Cabezas Gacitúa. En Santiago, Correa había contado con la colaboración del abogado Manuel Guzmán Vial, y agentes del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA), que, junto a otras entidades del Estado, habían reunido información sobre los magistrados involucrados en narcotráfico y contrabando entre Chile y Bolivia. Correa Labra estuvo ocho meses en el norte. Era de tal gravedad lo que Correa pudo colegir durante su estancia en Iquique, que tras un informe a la Corte Suprema, el presidente de la Corte iquiqueña y el fiscal de ese tribunal, Raúl Arancibia fueron destituidos. Otro grupo, probablemente para no generar un escándalo, solo fue trasladado o amonestado. Mario Acuña se había salvado. El autor principal de las acusaciones sobre las cuales Correa basó su informe, fue Julio Cabezas. Como jefe del CDE y del Servicio de Asistencia Judicial de Iquique, su actuación fue netamente profesional y, como ya veremos, la causa de su muerte.

En 1973, Cabezas y el director de la Oficina de Planificación Regional (Odeplán) Freddy Taberna, tenían pruebas suficientes de los vínculos de Acuña con los dos poderosos narcotraficantes de la región que dirigían las operaciones de tráfico y contrabando entre Chile y Bolivia. Por su peso económico, ellos habían llegado a ser miembros de la Cámara de Comercio de Iquique. Eran Nicolás Chánez y Doroteo Gutiérrez. Ambos transportaban diariamente desde Santiago al norte toneladas de azúcar, café, harina, conservas, mantequilla, medias, ropa y medicinas, entre otros productos obtenidos ilícitamente. Era el tiempo del desabastecimiento y las “colas” bajo el gobierno de la Unidad Popular.

Los camiones con la carga prohibida se dirigían a dos pueblos limítrofes: Cancosa y Colchane. Las inmensas bodegas en que la mercadería era almacenada dominaban el paisaje de ambos caseríos, cuyas poblaciones sumadas no llegaban a los 150 habitantes. En la frontera, relata Matus en su obra, los chilenos entregaban los insumos a traficantes bolivianos, quienes les pagaban con grandes cantidades de cocaína semi-elaborada. Los alimentos y medicinas se iban a Oruro y luego eran distribuidos en Santa Cruz y La Paz. El sulfato de cocaína era internado en Iquique para su elaboración y desde allí para embarcarlo al sur del país. Alejandra Matus relata en su libro:

“Antes del 11 de septiembre, Chánez y Gutiérrez fueron detenidos repetidamente por contrabando y narcotráfico, pero obtuvieron la libertad con facilidad gracias a sus vínculos con el ministro Ignacio Alarcón, el juez Acuña y su actuario Raúl Barraza. Este último había sido descubierto in fraganti por la policía trabajando de noche en el procesamiento de la cocaína en un laboratorio que tenía en su propia casa, en Wilson 151.”

Mario Acuña fue vinculado por la investigación ordenada por Cabezas a la policía local con la gestión de tal laboratorio. Había contra Acuña otros pesados cargos, a saber: desde mayo de 1970, cobraba asignación familiar por su cónyuge, aunque esta no tenía derecho a ella, pues era funcionaria de la Corfo; había informado al Servicio de Impuestos Internos que su esposa no trabajaba, con el solo fin de rebajar el pago de impuestos; adquirió en forma fraudulenta varios automóviles, haciendo uso de una franquicia que por entonces era derecho exclusivo de los residentes en Arica; pagó parte de uno de esos vehículos con un cheque del comerciante Raúl Nazar, que estaba encausado por estafa en su propio tribunal y que quedó libre “por falta de méritos” justo después de extender ese documento; había recibido “regalos de navidad” del conocido narcotraficante iquiqueño, Francisco Manríquez Valenzuela, alias “el Gallina;” etc.

El abogado Julio Cabezas sabía también, y lo informó a la Corte Suprema, que el 7 de abril de 1972, Acuña viajó junto al narcotraficante Pascual Gallardo a Santiago y que ambos abordaron un vehículo que los esperaba en el aeropuerto Pudahuel, con destino desconocido. Gallardo había sido inculpado como parte de una banda de narcotraficantes descubierta en 1969 en una causa que tuvo en su poder el juez Acuña. Poco después, sospechosamente, se presentó en Santiago una querella por estafa en contra de uno de los encausados. Eso significaba que el proceso por narcotráfico debía salir del tribunal iquiqueño y ser enviado la capital. En el viaje, el actuario designado para trasladar el expediente lo “perdió” sin explicación. Ya no importaba mucho. Los documentos que inculpaban a Gallardo se habían extraviado antes, desde las propias oficinas del juzgado iquiqueño. Gallardo nunca fue procesado.

Ya estábamos en 1973, y por entonces, la mayoría de los ministros de la Corte Suprema no ocultaban su simpatía con la salida del presidente Allende- del poder del gobierno. Pese a sus antecedentes, ampliamente conocidos por la Corte Suprema, presidida por José Urrutia Manzano, Acuña fue autorizado por ella para ejercer como fiscal en los Consejos de Guerra en Tarapacá. La Corte Suprema lo hizo a petición expresa del general Carlos Forestier Haensgen, el jefe político y militar máximo de la región designado por la Junta de gobierno. Es importante recordar que Urrutia Manzano públicamente se pronunció en favor de la dimisión de Allende a solo unos meses del golpe militar, acto, obviamente no solo anti-ético, sino ilegal.

Mediante llamados radiales y de prensa, Acuña convocó a los dirigentes más importantes de los partidos de gobierno a presentarse en el cuartel de la VI división de Ejército. Sorprendió a todo Iquique que también fuese llamado el abogado Julio Cabezas, funcionario de carrera de Estado que no tenía militancia política alguna. El 14 de septiembre, terminado el toque de queda absoluto, el profesional acudió a entregarse. Ese día se reunió con un grupo de ocho estudiantes de Leyes que hacían su práctica profesional en el Servicio de Asistencia Judicial. En el segundo piso de los tribunales iquiqueños, Cabezas dio tareas a sus alumnos.”Yo vengo luego,” les dijo. “Sigan con los casos, que voy a revisar lo que han hecho a la vuelta.”

Con una frazada en un brazo y un chaquetón de castilla en el otro salió caminando hacia la Sexta División de Ejército. Algunos de sus alumnos, con quienes le gustaba tener irónicas discusiones intelectuales, pues los jóvenes eran mayoritariamente partidarios del gobierno de Allende, lo acompañaron hasta la puerta del lugar. El abogado creía que su nombre había sido incluido por error y que quedaría libre de inmediato. Trágico error. Fue hecho prisionero y trasladado al campamento en Pisagua. Sus celadores lo golpearon mientras permanecía colgado, le quemaron la piel con cigarrillos, lo lanzaron desde un cerro encogido dentro de un barril sin tapas, le quebraron un tobillo, le hicieron fusilamientos falsos. Cabezas logró enviar un mensaje a Santiago pidiendo la intervención de sus colegas del Consejo de Defensa del Estado. La mayoría de los consejeros del CDE estaba en la oposición al gobierno de Allende y apoyaban la intervención militar, pero acogieron su súplica, pues sabían que Cabezas no tenía ninguna relación de carácter político con los partidos de gobierno, menos aun que fuese de izquierda. Manuel Guzmán Vial fue el encargado de redactar un oficio a Forestier. El documento daba cuenta de la excelente calidad profesional de Cabezas y de sus cualidades como un “hombre de paz”.

Forestier no respondió, lo que no puede dejar de llamar la atención. Forestier sabía que el mayor mérito profesional del jefe del CDE eran los exitosos resultados que había obtenido en sus investigaciones sobre el narcotráfico. Luego de una breve farsa de juicio, Cabezas fue sentenciado a muerte y fusilado el 10 de octubre de 1973, junto a cuatro militantes de partidos políticos de izquierda. Calza aquí muy bien el aforismo de Napoleón “entre lo trágico y lo ridículo, hay solo un paso.” La acusación, redactada íntegramente por Acuña, fue “condenado a muerte por alta traición a la Patria.” El expediente del supuesto Consejo de Guerra, que sentenció a muerte a Julio Cabezas y a los militantes de izquierda que murieron con él nunca apareció.

También fue fusilado en Pisagua el ex-director de Odeplán Freddy Taberna, primer dirigente del Partido Socialista de Iquique, quien había participado activamente en las investigaciones de Cabezas. No fueron los únicos. También fueron asesinados “burreros” (individuos portadores de drogas desde Bolivia hasta Iquique) en un número hasta hoy indeterminado, además de algunos funcionarios de aduana y de la entonces Empresa Portuaria de Chile (Emporchi), que por razones obvias, también habían colaborado en las investigaciones lideradas por Cabezas.

Alejandra Matus investigó a fondo todo el caso del narcotráfico. Por primera vez, en su libro se supo que desde antes del golpe militar, la aduana de Iquique actuaba en coordinación con la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA) y que varios de sus miembros fueron entrenados en Estados Unidos como parte de una de las pocas áreas de cooperación entre ambas naciones, cuando en Chile gobernaba un socialista y un reconocido político anti-imperialista, Salvador Allende. Ocho agentes de la aduana fueron asesinados.Entre ellos, Mario Morris Barrios, Juan Efraín Calderón y Juan Jiménez, quienes fueron ejecutados en el supuesto intento de fuga del que fue testigo ocular el aseador De la Cruz Venegas. Calderón y Jiménez fueron fusilados a pesar de las intervenciones en su favor del delegado de la DEA en Chile, George Frangullie.

Un grupo de narcotraficantes fue arrestado y llevado a Pisagua. En el grupo figuraba Francisco Manríquez, Nicolás Chánez, Hugo Martínez, Juan Mamani y Orlando Cabello. Todos eran cómplices de Acuña pero al parecer “sabían demasiado.”José Ramón Steinberg, médico cirujano, preso político detenido en Pisagua, reveló a la periodista Matus lo siguiente:

“En el mes de enero de 1974 llegaron a Pisagua diez personas de quienes se nos dijo eran traficantes de drogas. De estos diez, nueve fueron fusilados por orden del fiscal Acuña y su equipo integrado por los militares Aguirre, Fuentes, el carabinero Barraza y el teniente Muñoz. Fueron fusilados en el cementerio de Pisagua, siendo conducidos hasta ese lugar en un jeep militar, lo que yo vi y me consta por la información que me dio uno de los practicantes, quien me dijo que los mataban de a dos y esto lo presenciaban otros dos traficantes que serían fusilados después.”

La personalidad de Acuña se refleja en otra situación relatada por el médico Steinberg. El 16 de enero de 1974, llegó a Pisagua Isaías Higueras Zúñiga, en calidad de “prisionero de guerra.” Higueras fue sometido a torturas y en ellas perdió el conocimiento. Steinberg fue llamado para diagnosticar lo sucedido a este preso, y constató que estaba sufriendo un infarto. Indicó a los enfermeros que le inyectaran un “vaso dilatador y un tranquilizante”, pero en el mismo lugar, Acuña, después de preguntar a Steinberg qué efecto tendrían esos medicamentos, negó la autorización para administrarlos. Dijo “tengo que seguir interrogándolo” a lo que el médico respondió “no puede seguir interrogándolo en estas condiciones y debe permanecer en reposo absoluto.” Acuña ordenó que lo dejaran tal como estaba, diciendo que volvería en quince minutos. Higueras murió breves instantes después que Acuña abandonó el lugar.

Entre 1975 y 1976 no había quien discutiera el poder e influencia de Mario Acuña en Iquique y en toda la región de Tarapacá. Los años, sin embargo, pasaron y el exceso de alcohol y las drogas lo enfermaron de cirrosis y diabetes. Su cónyuge y su familia lo abandonaron, y poco después fue expulsado del Colegio de Abogados. En democracia, los familiares de muchas de los asesinados por orden de Acuña, recurrieron a la ley. Sin embargo cuando sus acusaciones llegaron a la Corte de Apelaciones de Iquique, el tribunal nortino declaró que estaba cubierto por la Ley de Amnistía, dictada por la dictadura en 1978 (Decreto Ley 2191). La Vicaría de la Solidaridad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el proceso fue enviado a la justicia militar. Desde entonces no se supo más de Acuña, excepto que en el año 2000 murió en Santiago en un hospital militar. La Ley de Amnistía que salvó a Acuña y transitoriamente a tantos criminales de la dictadura, dejó de aplicarse desde 1998, aunque curiosamente, derogada años después. ¡Qué país tan raro tenemos!

Sobre la muerte de Acuña, es preciso agregar un hecho clave que devela la relación entre narcotráfico y FF AA:

Forestier eligió a Acuña como fiscal en las farsas de juicio que advinieron con el golpe militar, sabiendo perfectamente de las probadas andanzas de Acuña en el narcotráfico, ampliamente investigadas por Cabezas. Lo eligió aunque había muchos abogados de derecha a su disposición, libres de toda sospecha de corrupción, prevaricación o dolo, y de una hoja profesional impecable. Forestier, el jefe supremo de la dictadura en Tarapacá, fue el responsable formal del asesinato de Cabezas, al firmar personalmente su sentencia de muerte, la de un abogado y funcionario de Estado de carrera, un hombre no solamente inocente, sino quien era el primer líder de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el norte de Chile como en todo el país.

Entonces, concluyamos:

Aunque suene duro, resulta, por lo menos lógicamente deducible que el narcotráfico ya había penetrado nuestras Fuerzas Armadas, y que oficiales como Forestier podían perfectamente ser sus “clientes”. Finalmente, un hecho que da demasiado que pensar:

Acuña fue a morir en un hospital militar, aunque ya no era el fiscal militar de años antes, y cuando ni siquiera gozaba del más mínimo respeto ante la ciudadanía entera, sus colegas y del Ejército. La pregunta de Perogrullo y final: ¿Habrá corrido Mario Acuña la misma suerte de los “burreros” y “coqueros” fusilados luego del cuartelazo de septiembre de 1973, por “saber demasiado”?

*Fuente: Edición Cero

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La soledad masculina en la vejez: un silencio que nos mata

Redacción piensaChile — Mon, 20 Apr 2026 19:05:02 +0000

20 de abril de 2026

Según datos actuales sobre la realidad demográfica en Chile, el país atraviesa un rápido proceso de envejecimiento. Actualmente, el 32 % de la población tiene más de 50 años, lo que ha traído consigo consecuencias sociales muy dramáticas para las personas mayores, entre ellas la soledad no deseada y el aislamiento social. De hecho, cerca del 49 % de las personas mayores declara sentirse sola y el 56% presenta un alto riesgo de aislamiento social (1).

Si bien la evidencia muestra que las mujeres enfrentan mayores dificultades en este ámbito —debido a la desigualdad de género en ingresos, discriminación y violencias, además de la sobrecarga en el trabajo doméstico y de cuidados—, me gustaría centrarme en los varones mayores desde un enfoque de masculinidades. Este problema suele ser invisibilizado en los medios de comunicación, especialmente el rol negativo que juega la masculinidad hegemónica en él.

No es casualidad que, según datos del Observatorio del Envejecimiento UC-Confuturo, entre los hombres la prevalencia de aislamiento social sea 9 puntos porcentuales mayor para quienes no tienen pareja (58,8 %), mientras que para las mujeres este factor no genera una diferencia significativa.

Esto evidencia que la experiencia de separación o viudez genera secuelas graves en la salud de los hombres. Sumado a la cesantía, la jubilación y el propio envejecimiento, el impacto resulta devastador, ya que muchos continúan funcionando bajo lógicas insostenibles para su bienestar integral.

Desde niños se nos enseña que debemos ser autosuficientes, fuertes, productivos, independientes y estoicos, y que no debemos manifestar vulnerabilidad. Esto deriva en que muchos hombres no se autoobserven emocionalmente ni compartan sus emociones con los demás, a diferencia de lo que ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres.

Como consecuencia, se genera una identidad masculina con redes relacionales débiles. Las amistades suelen ser funcionales (trabajo, asados, cerveza, fútbol), y la pareja termina convirtiéndose en el principal —y muchas veces único— refugio afectivo ante las dificultades de la vida (problemas de salud, cesantía, pérdidas).

Por eso, cuando los hombres se divorcian o enviudan, presentan mayores problemas de salud mental que las mujeres. La pareja era quien los sostenía emocionalmente. En cambio, muchas mujeres pueden experimentar incluso cierto alivio tras una ruptura, al liberarse de la sobrecarga de trabajo doméstico y cuidados.

No es extraño, entonces, que para el hombre sea mucho más difícil estar solo después de un divorcio o viudez: cuenta con menos redes afectivas y existe una fuerte presión social para que permanezca emparejado. Estar solo puede llevar a que se cuestione incluso su sexualidad.

En consecuencia, muchos hombres experimentan una especie de “desmasculinización” de su autoestima al llegar a la vejez, asociada a la menor fuerza física, la reducción de la virilidad percibida y los menores ingresos. Esto contribuye a que vivan menos años que las mujeres y presenten tasas de suicidio hasta cuatro veces más altas, brecha que se profundiza especialmente a partir de los 70 y 80 años.

El desafío, tanto como sociedad como desde la política pública, es promover masculinidades más saludables en la vejez, alejadas de modelos insostenibles. Se trata de permitir que los hombres acepten e integren su vulnerabilidad como parte de una inteligencia emocional que históricamente se les ha negado desarrollar.

Asimismo, es necesario cultivar y fomentar redes afectivas desde edades tempranas. Desarrollar amistades masculinas profundas, crear grupos de conversación entre varones mayores y generar espacios seguros donde se pueda hablar sin juicio sobre el cuerpo que cambia, la sexualidad que se transforma o el sentido de la vida que ya no depende del cargo ni del dinero.

No basta con programas generales de envejecimiento activo. Se requieren intervenciones específicas que acompañen a los hombres en la transición hacia la vejez: talleres de duelo, grupos de apoyo entre pares y actividades que ayuden a reconstruir lazos.

Pero también es fundamental trabajar desde la educación temprana, en los colegios, para valorar el cuidado de uno mismo y de los demás desde la infancia, dejando atrás mandatos masculinos que persiguen hasta la vejez e impiden vivir una vida más relacional, más presente, más cercana y orientada al disfrute del tiempo libre, en lugar de una retirada resignada y llena de frustración.

En definitiva, la soledad no deseada de tantos hombres mayores es el saldo pendiente de una masculinidad que priorizó la dominación y la autosuficiencia por sobre la vida y las relaciones. Romper ese ciclo no solo mejorará la calidad de vida de los hombres que hoy envejecen, sino que liberará a las generaciones más jóvenes de cargar con el mismo peso.

Es hora de construir, también en la vejez, masculinidades que cuiden la vida: la propia y la de los demás. Porque envejecer no tiene por qué ser sinónimo de soledad no deseada ni de aislamiento social. Puede ser, si nos lo proponemos, un tiempo de mayor conexión, ternura y sentido compartido.

-El autor, Andrés Kogan Valderrama, es Sociólogo, Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, Diplomado en Masculinidades y Cambio Social

Nota:

1: https://www.uc.cl/noticias/soledad-no-deseada-casi-la-mitad-de-la-poblacion-mayor-declara-sentirse-en-soledad/

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En Chile se encuentra el hombre más viejo del mundo

Se llama Celino Villanueva Jaramillo pero en Chile lo conocen como «don Celino»,tiene 121 años, cuatro más que el hombre reconocido como el más longevo del mundo por el libro Guinness.

07 de noviembre de 2017 – 00:00

«Don Celino» mide poco más de un metro veinte de altura y es el hombre más viejo del planeta según el gobierno chileno, que aseguró que nació el 25 de julio de 1896. Hace 121 años. Jaramillo atravesó tres siglos y es cuatro años mayor que el japonés Nabi Tajima, el hombre reconocido como el «más longevo del mundo» por el libro Guinness de los récords. El problema de Jaramillo es que perdió su certificado de nacimiento junto a todas sus pertenencias cuando su casa se incendió hace más de 20 años. No obstante, los registros oficiales confirmaron lo que decía el anciano. «Al revisar nuestros registros, Celino Villanueva Jaramillo nació efectivamente el 25 de julio de 1896, y todavía está vivo», dijo al diario británico The Guardian Jacqueline Salinas, del departamento de demografía de la oficina de estadísticas de Chile. En 2011, el entonces presidente Sebastián Piñera y su Ministro de Desarrollo Social Joaquín Lavin, incluso festejaron con él sus 115 años y le entregaron un certificado, audífonos, dos bastones y un calefactor a leña. «Lamentablemente, no hubo ofrecimiento de un especialista geriátrico al ser el humano más viejo del mundo. En Chile, esa atención está reservada a pacientes del sistema privado y Villanueva, que es pobre, tiene que ir al sistema público, que es de inferior calidad», apuntó el Guardian. La historia de Don Celino Villanueva Jaramillo

Don Celino nació en la ciudad de Río Bueno, en la Región de los Ríos, y durante la mayor parte de su vida trabajó en el campo para un terrateniente llamado Ambrosio Toledo. Cuando cumplió 80 años, lo reemplazaron por un empleado más joven y el anciano tuvo que dejar la casa que ocupaba.

Gracias a una pequeña pensión, se pudo alquilar una cabaña en la ciudad costera de Mehuín pero un incendio lo dejó en la calle y sin nada poco antes de que cumpliera cien años. Marta Ramírez, una mujer de 63 años, se apiadó de él y lo recibió en su casa «pensando que no iba a vivir mucho más». Pero ya pasaron 22 años y su huésped sigue allí, aunque ya apenas ve ni escucha. «Está casi un 90% ciego debido a sus cataratas, 85% sordo y no tiene dientes hace mucho tiempo, por lo que es muy difícil entender lo que dice», indicó The Guardian . Además un neumonía que sufrió a principios de año lo debilitó mucho. Según Marta Ramírez, don Celino «no es el mismo» desde que fue al hospital. Fuente: tn.com.ar

*Fuente: Caras y Caretas Diario

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En un Chile regresivo, hay que pensar y actuar en defensa de los derechos y las libertades

Redacción piensaChile — Fri, 17 Apr 2026 21:39:23 +0000

17 de abril de 2026

El gobierno, con la ultraderecha están trabajando para consolidar el retroceso que se abrió con la derrota del plebiscito post estallido, para aplastar todo lo mínimo progresado en la transición en el ámbito de los derechos económicos, sociales, humanos, civiles y de las libertades democráticas, especialmente de las franjas vulnerables de la población.

Es necesario para el movimiento de Derechos Humanos ir realizando un seguimiento de las medidas del nuevo gobierno instalado en Chile el 11 de marzo de 2026 y que apuntan a una regresión de lo avanzado en la materia: se trata, con mayor exactitud, del uso de una nueva correlación de fuerzas política favorable al sector de ultraderecha, alcanzada en la elección presidencial y parlamentaria, para consolidar el retroceso abierto con la derrota del plebiscito post estallido y aplastar todo lo mínimo progresado en la transición en el ámbito de los derechos económicos, sociales, humanos, civiles y de las libertades democráticas, especialmente de las franjas vulnerables de la población. Frente a ese desafío, hay que pensar y actuar en el presente sin dejar de lado el futuro.

Sin embargo, es necesario decir que ya en el Gobierno de Boric se inicia este proceso regresivo; por una parte, el blindaje del Estado y de los conglomerados económicos con la dictación de leyes represivas como la Ley Antiterrorista; la Ley Nain Retamal, la Ley anti-tomas, entre otras. Y, por otro, la absoluta falta de voluntad política para hacer Verdad, Justicia y Reparación Integral a las víctimas de los crímenes cometidos durante la Revuelta Social de Octubre del 2019.

La recopilación a continuación es información pública, profusamente difundida por los medios de comunicación nacional.

Chile regresivo

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El mar no olvida… nosotros tampoco

Redacción piensaChile — Thu, 16 Apr 2026 11:30:50 +0000

16 de abril de 2026

Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, cientos de presos políticos fueron lanzados al mar desde helicópteros para desaparecer sus cuerpos, práctica conocida como los «vuelos de la muerte«. Se estima que más de 400 personas fueron víctimas de esta práctica.

«Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

…
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañerx del alma, compañerx.»
Miguel Hernández

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Periodista y académica iraní pide solidaridad con el Líbano

Redacción piensaChile — Mon, 13 Apr 2026 21:43:19 +0000

13 de abril de 2026

Una periodista iraní envía un mensaje de solidaridad al mundo hispanohablante, llamando a fortalecer el apoyo a los Pueblos que resisten en Líbano, Palestina y Irán. En su intervención, destaca la necesidad de apoyar al pueblo libanés, víctima de masacres y bombardeos, recordando que siempre ha estado al lado de Palestina, Yemen, Siria, Iraq e Irán en sus luchas.

Soha Abde Jodai, periodistay académica iraní cuenta como vive de verdad la mujer en Irán, desmintiendo las mentiras que nos cuentan

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Cómo una llamada telefónica de Netanyahu a JD Vance «cambió el rumbo» de las negociaciones entre Irán y EE. UU.

Redacción piensaChile — Mon, 13 Apr 2026 07:16:30 +0000

13 de abril de 2026

Publicado originalmente el 12 de abril de 2026, 23:53 h IST

Estados Unidos e Irán no lograron alcanzar un acuerdo de paz tras unas maratonianas negociaciones de 21 horas en Islamabad, lo que ha sembrado la incertidumbre sobre un frágil alto el fuego de dos semanas, y ambas partes se culpan mutuamente del fracaso.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense, afirmó que Irán se negó a aceptar las condiciones de Washington a pesar de lo que describió como una «oferta final y mejor».

«Simplemente no pudimos llegar a una situación en la que los iraníes aceptaran nuestras condiciones», dijo Vance, y agregó: «Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla… esta es nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan».

Horas después de que las conversaciones fracasaran, el presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó en las redes sociales que las negociaciones fracasaron porque «Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares».

Irán, sin embargo, señaló la supuesta injerencia externa como una razón clave para el fracaso. Según los medios iraníes, el ministro de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que una llamada telefónica del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Vance durante las negociaciones descarriló el progreso.

«La llamada de Netanyahu a Vance durante la reunión desvió la atención de las negociaciones entre EE. UU. e Irán hacia los intereses de Israel», escribió Araghchi en X, según informó Press TV. «EE. UU. intentó lograr en la mesa de negociaciones lo que no pudo lograr mediante la guerra», añadió.

Según se informa, las negociaciones fracasaron debido a diferencias sin resolver sobre el programa nuclear de Irán, el control del estrecho de Ormuz y la liberación de los activos iraníes congelados.

Las autoridades iraníes señalaron que el clima de desconfianza también dificultó el acuerdo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó: «Estas negociaciones se llevaron a cabo tras una guerra de 40 días y en un ambiente de desconfianza y escepticismo».

«Naturalmente, nunca debimos esperar llegar a un acuerdo en una sola sesión. Seguiremos trabajando para acercar las dos posturas de estadounidenses e iraníes», añadió.

El fracaso de las negociaciones pone de inmediato en duda la durabilidad del frágil alto el fuego que había detenido la escalada de hostilidades.

Aunque ninguna de las partes ha declarado formalmente el fin de la tregua, la falta de avances, combinada con una retórica cada vez más dura, sugiere que una nueva confrontación sigue siendo una posibilidad real.

La incertidumbre sobre el transporte de petróleo y los precios de la energía ha resurgido tras el colapso de las negociaciones. Antes del alto el fuego anunciado el 9 de abril, el crudo Brent había subido por encima de los 119 dólares por barril, su nivel más alto desde la fase inicial de la crisis del Estrecho de Ormuz.

La pausa diplomática temporal había moderado los precios hasta situarlos en torno a los 95 dólares, pero ese alivio se está desvaneciendo, según los analistas, quienes advierten de que el crudo podría volver a niveles de tres dígitos si el alto el fuego expira sin un acuerdo de seguimiento.

También se espera que los mercados financieros de Asia reaccionen bruscamente cuando se abran las operaciones el lunes, ya que los temores de una interrupción en el Estrecho de Ormuz probablemente impulsen al alza los precios del petróleo.

Según los informes, los analistas advierten de que el crudo podría dispararse en medio de las preocupaciones sobre el suministro, mientras que los mercados de valores, especialmente en las economías importadoras de energía, podrían enfrentarse a ventas masivas.

La yuxtaposición de la diplomacia de alto riesgo en Pakistán y la escalada retórica en otros lugares subraya el frágil equilibrio entre la negociación y la confrontación, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de la región.

*Fuente: The Time of India

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Seyed M. Marandi: Las negociaciones han fracasado: Irán vuelve a la guerra

Redacción piensaChile — Sun, 12 Apr 2026 19:41:44 +0000

12 de abril de 2026

En una conversación con Glenn Diesen, el experto y profesor Mohammad Marandi hace una declaración contundente: la vía diplomática está cerrada. Tras repetidas violaciones de sus obligaciones y la ausencia de garantías reales por parte de Washington, Teherán vuelve a aplicar sus protocolos de defensa.

Puntos clave de la conversación:

Punto de no retorno: Por qué las últimas rondas de negociaciones resultaron ser una farsa y quién es el responsable.
La incapacidad de Trump: Marandi explica por qué la administración estadounidense ha perdido el derecho a ser considerada un actor negociador.
Realidad militar: ¿Qué significa un «regreso a la guerra» para la infraestructura regional y las bases estadounidenses?
Glenn Diesen sobre el colapso de la confianza: Cómo la destrucción de los últimos vestigios de la diplomacia el 12 de abril impactará las relaciones Este-Oeste durante décadas.
El ultimátum de Irán: ¿Cuáles serán los próximos pasos de Teherán en ausencia de un acuerdo?
Marandi subraya: Irán ha hecho todo lo posible por reducir la tensión, pero ahora es el momento de la «realidad física» en el campo de batalla.

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Votación sobre la esclavitud revela las verdaderas intenciones de Occidente

Redacción piensaChile — Sun, 12 Apr 2026 14:57:46 +0000

12 de abril de 2026

3 países rechazaron el documento que condenada la esclavitud y sugiere pagar reparaciones: EE.UU., Israel y Argentina

52 países se abstuvieron, entre ellos los 27 países de la Unión Europea. ¡Vaya unanimidad!

Si crees que Occidente lamenta la esclavitud o su pasado colonial, piénsalo de nuevo. La votación más reciente en la ONU muestra claramente que el Occidente político no ha aprendido NADA de sus pecados y espera poder repetirlos.

Hoy me acompaña el exministro de Asuntos Exteriores de Malta, Evarist Bartolo, para hablar sobre la votación de la ONU acerca de las reparaciones por la esclavitud, las abstenciones y la oposición occidentales, la relación entre esclavitud, colonialismo y poder actual, la compensación a los propietarios de esclavos, Haití, las relaciones entre África y Europa, la creciente presión de la mayoría global y la lucha más amplia por la dominación, la deuda, la guerra y la solidaridad.

Declaración sobre la Calificación de la Trata de Africanos Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos como el Crimen de Lesa Humanidad más Grave

Declaración sobre ka Calificación de la Trata de Africanos Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos

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Domingo 12, acto por compañeros chilenos Detenidos en Mendoza y Desaparecidos en Villa Grimaldi

Redacción piensaChile — Sat, 11 Apr 2026 22:33:08 +0000

11 de abril de 2026

Luis Muñoz, Juan Hernández, Manuel Tamayo

El 3 de abril de 1976, en el marco de la Operación Cóndor, la Dina y la policía federal argentina secuestraron, en Mendoza, a tres jóvenes socialistas chilenos: Luis Muñoz Velásquez, detenido junto a Juan Hernández Zaspe, presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile, que militaba en el PS clandestino sector Comisión de Consenso, y Manuel Tamayo Martínez, ex dirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e ingeniería comercial de la Universidad de Concepción, que militaba en el PS clandestino como enlace del dirigente nacional Ricardo Lagos Salinas. Los tres jóvenes trabajaban en la reorganización clandestina del socialismo chileno. Luego de ser trasladados a Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, en Chile; se pierde el rastro de ellos, siendo por tanto, detenidos desaparecidos.

¡LA MEMORIA VENCE A LA MUERTE!

«Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

…
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.»
Miguel Hernández

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Costa Rica firma con EE.UU. acuerdo para recibir migrantes deportados de terceros países

Redacción piensaChile — Sat, 11 Apr 2026 21:58:05 +0000

11 de abril de 2026

Costa Rica – Estados Unidos: algunos apuntes con relación al reciente acuerdo migratorio sobre deportaciones vía aérea

El 24 de marzo del 2026, se anunció la firma de un convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN).

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. Una búsqueda de las fotografías desde mayo del 2022 en las que la máxima autoridad costarricense recibe a un(a) funcionario(a) de otro Estado permitiría saber si no estamos ante una verdadera «première» en la gestual presidencial en Costa Rica de la administración (2022-2026).

El 27 de marzo del 2026, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Una breve precisión desde el punto de vista del derecho internacional público

Desde la perspectiva del derecho internacional público, hay que tener claro que dos Estados pueden pactar en un acuerdo bilateral cuestiones relacionadas a la migración o al traslado de personas de un territorio a otro y no hay ninguna regla internacional que lo pueda impedir. En una materia como la migratoria, el ordenamiento jurídico internacional reconoce a cada Estado un amplio margen de maniobra para regular internamente de manera libre y soberana las condiciones de entrada y estadía en su territorio.

En el caso de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Costa Rica no obstante, mientras el primero no está sometido a obligaciones internacionales al no haber ratificado una gran cantidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, Costa Rica es un Estado que sí ha ratificado la mayoría de los tratados existentes en materia de derechos humanos, sean de carácter universal, sean de carácter regional.

El caso el más emblemático es posiblemente el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 1969 en la capital costarricense, que Costa Rica fue el primer Estado en ratificar en 1970, y que a la fecha, Estados Unidos se resiste a ratificar, así como Canadá (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En cambio, un tratado internacional sobre derechos humanos que ni Costa Rica ni Estados Unidos han tan siquiera optado por firmar es la Convención de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares (véase texto y estado oficial de firmas y ratificaciones), y que constituye, en el caso de Costa Rica, un persistente lunar con relación a la imagen internacional que intenta proyectar en materia de derechos humanos. Este lunar explica en gran parte el sistema de explotación laboral que sufren muchos trabajadores migrantes en Costa Rica, y ello en muy distintos sectores de la economía costarricense (Nota 1).

En ambos casos (Estados Unidos y Costa Rica), de firmar un acuerdo migratorio bilateral, las regulaciones internas vigentes en cada uno de estos dos Estados sobre garantías fundamentales deben respetarse, en el entendido que las que derivan del ordenamiento jurídico costarricense se ven reforzadas y (a veces) completadas por las obligaciones internacionales que establecen instrumentos internacionales aplicables en la materia, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya está conociendo de casos de personas deportadas «a la fuerza» desde Estados Unidos a Centroamérica (Nota 2).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Costa Rica en los últimos años ha dado de que hablar a nivel nacional e internacional, al develarse una cara desconocida con respecto a la imagen internacional que ha tradicionalmente proyectado: escándalos ambientales a repetición que terminan en los tribunales con una declaratoria de ilegalidad del megaproyecto y una condena al Estado, pero también intento por parte del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa de socavar algunas garantías fundamentales so pretexto de controlar la criminalidad organizada.

a) Alineación con Estados Unidos y … ¿alienación de Costa Rica?

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, y más aún desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, sin mayor consulta (ni mayor preparación ni anticipación…), aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad).

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado el pasado 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos: se trata de una iniciativa tomada (nuevamente) sin mayor consulta, y que examina el juez constitucional costarricense desde hace unas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr).

Este anuncio sobre lo que podríamos denominar «aventuras militares abreviadas» costarricenses recuerda otro en el 2003 en el que Costa Rica apareció oficialmente en una «coalición militar» en guerra contra Iraq liderada por Estados Unidos: al respecto merece lectura (y relectura) el voto 9992 del 8 de septiembre del 2004 de la Sala Constitucional (véase texto completo) en el que el juez constitucional le ordenó al Poder Ejecutivo ser mucho más consistente con la tradición pacífica y de neutralidad de Costa Rica, y con un sinnúmero de declaraciones dadas a conocer en diversos foros internacionales, exigiéndole tramitar el retiro inmediato de Costa Rica de esta coalición, al señalar en el «Por tanto» que:

«por ser contrario a la Constitución Política; al sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas y al derecho internacional aceptado por Costa Rica, se anula el acuerdo del Poder Ejecutivo del diecinueve de marzo del dos mil tres, relacionado con el conflicto bélico contra Iraq, y todo acto o actuación relacionado con este. Proceda el Gobierno de la República a hacer las gestiones necesarias para que el Gobierno de los Estados Unidos de América excluya a nuestro país de la lista de países «aliados» de la «Coalición» o «Alianza», que consta en la página web de la Casa Blanca«.

Es de notar que pese a ser una decisión del 8 de septiembre del 2004, el 17 de mayo del 2006, el nuevo jefe de la diplomacia costarricense desde unos pocos días le solicitó nuevamente a Estados Unidos retirar de forma definitiva a Costa Rica de la precitada «coalición» (véase su carta reproducida en este cable confidencial filtrado de la embajada de Estados Unidos en Costa Rica – cable Wikileaks). Cabe recordar que la administración costarricense correspondiente al período (2002-2006) se mostró a veces extremadamente anuente a aceptar solicitudes de Estados Unidos, y ello en muy diversos ámbitos (Nota 3).

En otro campo, el pasado 20 de marzo del 2026, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción (cuyos detalles se desconocen) de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océano Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando heridas y hasta la muerte de los tripulantes de estas lanchas. A nuestros estimables lectores, nos permitimos plantearles la siguiente pregunta; ¿a partir de cuantos muertos costarricenses entregados por Estados Unidos estiman que se llevará a cabo algún tipo de investigación independiente al respecto? Este comunicado de la ONG Human Rights Watch del 31 de marzo del 2026 denuncia la total ilegalidad de estos ataques norteamericanos a naves sospechosas de transportar droga en alta mar, sea en el Pacífico, sea en el Caribe, en abierta violación a todas las reglas internacionales existentes al capturar una tripulación e incautar cargamentos de droga en alta mar.

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presentó como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 4). Dos semanas antes, Ecuador se limitó a declarar «persona non grata» al embajador de Cuba en Quito, sin dar mayores motivaciones (véase nota de prensa del 4 de marzo), ni anunciar formalmente suspender las relaciones diplomáticas. Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba muchos años votando a favor de dicho levantamiento (Nota 5). Poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado vehemente a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante la profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026). Anteiormente, fue el 13 de febrero del 2026 que desde el portal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se alertó sobre la inminencia de dicha crisis humanitaria (véase comunicado oficial). Dejamos a cada uno/a de nuestros lectores hacerse una idea de la imagen que proyecta Costa Rica en el plano internacional al romper unilateralmente las relaciones diplomáticas con Cuba en plena crisis humanitaria y hospitalaria.

El anuncio hecho el 8 de abril del 2026 sobre la declaratoria como organizaciones terroristas de cuatro entidades de Oriente Medio por parte de Costa Rica, evidencia otra alineación de Costa Rica a Estados Unidos y a Israel (véase nota de La Nación y nota del Semanario Universidad en la que se hace ver las felicitaciones recibidas inmediatamente por parte del aparato diplomático de Israel). Sería de interés conocer la justificación oficial exacta para declarar, justo en estos momentos, a estas cuatro entidades como entidades terroristas, una iniciativa no exempta de riesgos, dada la fuerte tensión que se vive en Oriente Medio y la presencia numerosa de israelíes en algunas playas costarricenses (Nota 6). Tuvimos la ocasión en diciembre del 2025 de referirnos a otra llamativa y cuestionable iniciativa de las actuales autoridades de Costa Rica con relación a Israel: anunciar la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) (Nota 7).

b) Alineación con el Salvador y… ¿alienación de Costa Rica?

En la región centroamericana, la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas que recomienda realizar gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso y muy completo informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital). Se recomienda la lectura de este documento, en particular por parte de quienes alaban la política de «mano dura» de El Salvador en Costa Rica. Como se recordará, el Estatuto de Roma de 1998 fue ratificado por El Salvador tan solo en el año 2016, convirtiéndose en el último Estado de América Latina en haber ratificado este importante instrumento (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Al cumplirse en marzo del 2023 un año de reconducción automática del «estado de emergencia» en El Salvador, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya había advertido de lo anómalo de reconducir esta emergencia sin aportar justificación alguna. (véase comunicado oficial). En julio del 2024, varios expertos de Naciones Unidas exigieron levantar estas prórrogas automáticas al estado de emergencia (véase carta conjunta) señalando en su conclusión que:

«En vista de las observaciones anteriores, instamos al Gobierno de su Excelencia a que revise y reconsidere los Decretos Nos 803, 804 y 928 a la luz del hecho de que algunas de sus disposiciones socavarían gravemente las garantías esenciales del debido proceso y los derechos esenciales de las personas investigadas y procesadas y las expondrían al riesgo de ulteriores violaciones, incluyendo torturas y desapariciones forzadas. Alentamos al Gobierno de su Excelencia a garantizar que sólo las conductas de «naturaleza verdaderamente terrorista» puedan ser identificadas como tales en la legislación y la práctica de los Estados. Si bien reconocemos la amenaza concreta que las maras, pandillas y otros grupos criminales representan para la seguridad pública en El Salvador y reconocemos que el derecho internacional de los derechos humanos, a través de sus cláusulas de limitación y derogación, permite a cualquier Estado hacer frente temporalmente a situaciones complejas de seguridad, reiteramos que en situaciones en las que parecería no ajustarse a la definición de terrorismo, las disposiciones del derecho común deben prevalecer para respetar los principios de necesidad y proporcionalidad y deben ser compatibles con el principio de seguridad jurídica«.

En septiembre del 2025, fueron congresistas norteamericanos los que alertaron sobre la ilegalidad de enviar desde Estados Unidos a personas a las cárceles en El Salvador, dado el maltrato que reciben las personas privadas de libertad y los actos de tortura que sufren, ampliamente documentados (véase carta).

Desde entonces, la declaratoria de estado emergencia ha sido reconducida en modo «automático» en El Salvador de manera ininterrumpida, permitiendo abusos de toda clase por parte de sus fuerzas de seguridad.

Haciendo a un lado estos y muchos otros cuestionamientos hechos a El Salvador en los últimos tiempos en materia de derechos humanos, en enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW).

No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023). En mayo del 2025, se informó de un interés similar en temas de seguridad por parte de las actuales autoridades ecuatorianas, también adeptas de una política de «mano dura» (véase nota oficial de la Cámara Marítima de Ecuador). Este 27 de marzo del 2026, un comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas alerta sobre el hostigamiento que reciben activistas y organizaciones indígenas en Ecuador (véase comunicado).

El hostigamiento y las intimidaciones que han sufrido activistas, periodistas, integrantes de organizaciones sociales e intelectuales críticos en El Salvador desde hace varios años son muy similares a los que sufrieron sus homólogos en Marruecos (véase nota de Amnistía Internacional sobre el uso del programa informático israelí Pegasus del 2021 contra la prensa en Marruecos). Esta nota editada en enero del 2024 en la prensa en Brasil y esta otra nota de prensa publicada en Argentina sobre el «descubrimiento» por parte de las actuales autoridades brasileñas de datos privados de unos 30.000 brasileños, albergados en una nube electrónica en Israel, confirma el mismo origen de este tipo de tecnología avanzada. En esta nota de prensa se hace ver que la precitada tecnología israelí es también a la que ha recurrido el mismo servicio migratorio norteamericano para poder efectuar algunas de sus acciones más cuestionables.

Cabe indicar que este el 1ero de marzo del 2026, el New York Times informó (véase nota) de una demanda contra Panamá por prestarse para acoger vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos.

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de repatriar a nacionales de Costa Rica capturados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de;

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026).

– Ecuador (véase nota de prensa de abril del 2025).

De lo que se trata en este caso, es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. En febrero del 2025, tres vuelos desde Estados Unidos a Panamá deportaron un total de 299 personas, según este comunicado de la ONG Human Rights Watch, condenando esta cuestionable práctica.

No está de más señalar que, en el caso de Costa Rica, se cuenta con un precedente judicial bastante reciente del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos en febrero del 2025 (entre las cuales 79 menores de edad), de su derecho a la libre circulación, manteniéndolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Otro informe de organizaciones de la sociedad civil (véase documento) enlistó (ver página 15) varios requerimientos de carácter urgente al Estado costarricense ante el «limbo legal» en el que se encontraban estas 200 personas en Costa Rica (véase comunicado de CEJIL).

Esta anomalía evidenció lo solícito y lo extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«.

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso».

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se señala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

La expresión “extremadamente solícito y hacendoso” usada con anterioridad en este texto, cobra particular interés al revisar con detenimiento la ubicación geográfica de Costa Rica con relación a la lista de Estados de los que son nativas estas 200 personas.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga ahora a las autoridades de Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde Estados Unidos a suelo costarricense.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas: en efecto, muchas de ellas son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos. Con relación a la ilegalidad de estas y muchas otras decisiones de la actual administración norteamericana, este reciente compendio alerta sobre el irrespeto a decisiones judiciales en su contra (Nota 8).En este breve análísis publicado en Estados Unidos por el sitio especializado JustSecurity, se señala que el vuelo del 15 de marzo del 2025 a destinación de El Salvador con personas oriundas de Venezuela capturadas en Estados Unidos fue objeto de una solicitud urgente de un juez norteamericano de suspenderlo de inmediato, solicitud ignorada por el Poder Ejecutivo norteamericano.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta repentina solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que, luego de aceptar un vuelo con personas deportadas en febrero del 2025, Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025).

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información actualizada sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado.

En este comunicado de prensa del 24 de marzo del 2026 de la Defensoría de los Habitantes, se indica únicamente que:

«Mediante un informe emitido el 11 de Febrero del 2026 por el Coordinador Policial de Paso Canoas, se confirmó que, de las 200 personas deportadas de Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario asistido, de los cuales 59 eran personas adultas y 51 personas menores de edad. Además, 34 personas egresaron del CATEM-Sur tras presentar solicitudes de refugio, de las cuales 27 eran personas adultas y siete personas menores de edad. También, el informe reportó a 56 personas que realizaron salidas voluntarias del CATEM-Sur, (34 personas adultas y 22 personas menores de edad)«.

Esta información de seguimiento pormenorizada e individualizada sería de sumo interés, en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, las personas que se quedaron en Costa Rica lograron integrarse, o bien emigraron luego a otro destino de su libre escogencia o bien… volvieron, ya sea desde Costa Rica, ya sea desde otro lugar, a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Contacto : nboeglin@gmail.com.

Notas:

Nota 1: Recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro social (CCSS)? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores, personas migrantes en situación irregular en su inmensa mayoría.

Nota 2: En octubre del 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador medidas provisionales con relación a un ciudadano deportado hacia El Salvador desde Estados Unidos en un vuelo realizado el 15 de marzo del 2025 (véase decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Nota 3: En este otro cable filtrado Wikileaks del 2005, se hace ver la anuencia del canciller costarricense de la administración 2002-2006 a suscribir un Acuerdo Bilateral de Inmunidad (ABI) con Estados Unidos de manera que Costa Rica no pueda entregar a la justicia penal internacional de La Haya a nacionales norteamericanos responsables de cometer genocidios, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad. En este otro cable del 2005, se hace ver el entusiasmo del titular costarricense de finanzas con respecto al Taatado de Lire Comercio con Estados Unidos (TLC). En este otro cable de enero del 2006, se menciona el «estado de pánico» del titular costarricense de la cartera de comercio exterior ante las sanciones previstas en Estados Unidos, de no adoptarse en Costa Rica el TLC con Estados Unidos y una propuesta de «creative accounting» para seguir beneficiando de ciertos fondos norteamericanos de su parte. Con respecto a las denominados ABI que Estados Unidos intentó obtener de los Estados de Centroamérica, véase al respecto BOEGLIN N., «A diez años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una perspectiva latinoamericana», Revista del Poder Judicial, 107, marzo del 2013, pp.13-21. Texto disponible aquí. Véase también sobre el caso particular de Costa Rica un artículo del ex canciller de Costa Rica, Bruno Stagno Ugarte en el período (2006-2010): STAGNO B., «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008” in BOEGLIN N., HOFFMAN J & SAINZ-BORGO J., (Editores), La Corte Penal Internacional: una perspectiva latinoamericana, 2014, Universidad para la Paz, pp. 303-330). Texto integral disponible aquí.

Nota 4: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios.

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 5: Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).

Nota 6: Un reportaje de la televisión costarricense (véase enlace) de marzo del 2024 explica cómo en pocas horas, de surfear en un conocida playa en el Cóbano, jóvenes israelíes pasan a combatir en Gaza unos días después. Este reportaje merecería ser completado por otro para saber un poco más sobre los israelíes que, de regreso de varios meses en Gaza, entran a Costa Rica para ir a surfear en esta misma playa de Santa Teresa de Cóbano, objeto del precitado reportage. En el 2021, en esta misma playa se registró la muerte de un israelí por parte, al parecer, de coterráneos de la misma víctima (véase nota de CRHoy). En diciembre del 2025, en otra playa en Guanacaste, se registró un fuerte altercado con activistas denunciando el genocidio en Gaza (véase nota del Semanario Universidad). Artículos publicados en inglés en el exterior como éste y este otro y esta nota detallan la presencia de una importante comunidad israelí en algunas playas en Costa Rica.

Nota 7: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas«, 22 de diciembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Sobre las numerosas «Executive Orders» firmadas en la Casa Blanca que terminan siendo declaradas ilegales por los mismos tribunales norteamericanos, pero que el Poder Ejecutivo norteamericano mantiene vigentes, véase este interesante compendio realizado por autores del sitio JustSecurity, y titulado «The “Presumption of Regularity” in Trump Administration Litigation (4th edition)«.

El articulo Costa Rica firma con EE.UU. acuerdo para recibir migrantes deportados de terceros países apareció primero en piensaChile.