Javier es hijo de Omar Jesús Vaca, suboficial del Ejército, integrante del Destacamento de Inteligencia del ex Batallón 121 en Rosario, entre los años 1970 y 1978, a las órdenes del ex Teniente Coronel Pascual Oscar Guerrieri. Su padre Omar Vaca operaba con el nombre de Antonio Venecia y hacía tareas de inteligencia para marcar y secuestrar personas durante la última dictadura militar argentina, que desapareció a 30 mil personas y robó bebés.

De chico, Javier no sabía lo que pasaba en su casa, quién era su padre. Pero un día, cuando ya era un joven que iba a la universidad, se sentó a ver la tele con él. Miraban el noticiero cuando apareció al aire una nota que hablaba del descubrimiento de «La Quinta de Funes», un centro clandestino de detención y tortura de personas. «No van a encontrar nada porque quemamos todo», dijo Omar Vaca. Fue en ese instante que Javier empezó a ser consciente de quién era su progenitor.

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Sería oportuno que, ya que recordamos los cincuenta y tres años del golpe de Estado, que el embajador de Estados Unidos —quien parece disfrutar entrometiéndose en la política interna de Chile, con la anuencia o la mediocridad de la ultraderecha gobernante— nos explicara la probada intromisión del gobierno norteamericano de la época en el derrocamiento de Salvador Allende. Vale la pena recordar una verdad ineludible: el golpe fue una decisión tomada por el presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger antes de que Allende asumiera la presidencia de la República.

Podríamos entregarle al embajador, entre otros documentos, un compilado desclasificado por el National Security Archive que confirma que el fracaso de los planes de EE. UU. para impedir el triunfo de Allende en las urnas gatilló una orden directa de Nixon: el 5 de septiembre de 1970 instruyó al director de la CIA, Richard Helms, activar el Track II con el objetivo explícito de promover un golpe militar.[1]

Sería importante también que el Ejército recordara que, siguiendo esas instrucciones, en el período entre la elección de Allende y su confirmación por el Congreso, un grupo de oficiales de las FF.AA., junto a integrantes del movimiento terrorista de ultraderecha Patria y Libertad, asesinaron a su comandante en jefe, el general René Schneider, considerado por el gobierno de Nixon el principal obstáculo para sus planes golpistas. El plan era culpar a la izquierda del crimen, generar caos político-institucional y forzar una intervención militar que impidiera que Allende asumiera el poder.

Todo esto ayudaría también a terminar con eufemismos como «golpe cívico-militar» o «régimen militar», inventados para evitar decir golpe de Estado y dictadura. Lo cívico se refiere al respeto por las normas de convivencia y el bienestar común, algo muy distinto de lo que organizaron civiles y militares en 1973. Por eso debiera decirse golpe de Estado civil-militar, dejando en claro que no fue una acción exclusiva de los militares, sino que contó con el apoyo de partidos políticos, empresarios, gremios, medios de comunicación y miembros del Poder Judicial quienes  utilizaron a los militares para “hacer el trabajo sucio” asesinar al presidente de la Republica y eliminar todo vestigio del gobierno derrocado.

Y serviría, de una vez por todas, para terminar con los relatos que esconden la servil subordinación de los mandos militares y de las cúpulas políticas y empresariales a los intereses de un gobierno extranjero. Para desmontar el argumento con que Pinochet y los responsables de la represión han justificado el golpe, los asesinatos y la tortura —que la intervención militar fue preventiva, que evitó una dictadura comunista o que fue necesaria para recuperar la legalidad e institucionalidad del país—, mientras se repartían condecoraciones y se declaraban héroes de una guerra contra el comunismo. Cabe preguntarse: ¿qué guerra, contra qué enemigos combatieron, si lo que hicieron fue perseguir, torturar y asesinar a personas mayormente desarmadas, maniatadas y brutalmente debilitadas por los tormentos que les aplicaban?

En lo que sí tienen razón es en que, a través de la doctrina de seguridad nacional, Estados Unidos reorientó a los militares chilenos y latinoamericanos para combatir al «enemigo interno»: la izquierda chilena y sus dirigentes sociales, políticos, sindicales, estudiantiles, intelectuales y profesionales. Para eso inventaron la guerra sucia, con la excusa de extirpar el comunismo y perseguir las ideas revolucionarias que Allende impulsó con un programa socialista y antiimperialista, para hacer de Chile un país soberano al servicio de su pueblo.

Pero cincuenta y tres años después de que, utilizando a los militares, la derecha y sus aliados refundaran Chile imponiendo a sangre y fuego un modelo económico afín a sus intereses, eso no parece suficiente. Hoy, alentados por un gobierno de ultraderecha, pretenden burlar los fallos judiciales y los esfuerzos hechos para impedir que se repitan las atrocidades cometidas durante la dictadura, violentando con impunidad la memoria de miles de víctimas y sus familiares, al pretender indultar a criminales ya procesados y condenados por su responsabilidad en la represión, los asesinatos y la desaparición de miles de compatriotas.

Quienes como militares denunciamos y nos opusimos al golpe de Estado sabemos cómo se planificó la conspiración contra Allende dentro de las FF.AA., y que la represión como política de Estado —incluida la preparación de los centros de detención y tortura— comenzó antes del 11 de septiembre de 1973. La mayoría de quienes hoy buscan ser indultados estuvieron comprometidos con esa planificación: participaron en la preparación del golpe y de los centros de detención y tortura, y algunos torturaron directamente o supervisaron a quienes lo hacían. Por eso nos oponemos al indulto que propone el gobierno de ultraderecha.

El paso del tiempo no resta culpabilidad a quienes participaron en ese proceso de represión: todos cometieron o ampararon crímenes de lesa humanidad, y son tan culpables hoy como el día en que los cometieron. No merecen ser amparados por la impunidad ni por indultos que les permitan eludir la justicia.

La edad o la enfermedad no deberían proteger a los asesinos. Llegar a los 85 o 90 años no convierte a un genocida en una persona justa. El reclamo de verdad y justicia de las víctimas y sus familiares es justo y necesario: quienes convirtieron a hombres, mujeres y niños inocentes en mártires —por ser considerados «enemigos» de una dictadura terrorista— no pueden ser indultados. Liberarlos solo por edad o enfermedad sería una afrenta al país que reclama paz y justicia, y una traición a quienes padecieron ese brutal sufrimiento.

Por eso los indultos que propone el gobierno son un nuevo atropello a la memoria de millones de chilenos y chilenas, pues significan la imposición de la impunidad. Con seguridad, el actual presidente busca responder así a sus compromisos doctrinarios e ideológicos con los criminales recluidos en Punta Peuco: indultarlos equivale a compartir las mentiras históricas construidas durante cincuenta y tres años para protegerlos.

Cabe agregar que, salvo algunas excepciones, los exmilitares candidatos a recibir indulto nunca han mostrado señales de arrepentimiento por los horrendos delitos por los que están recluidos, ni han entregado información que ayude a los familiares a saber qué pasó con los chilenos y chilenas asesinados y desaparecidos. Estos exoficiales se han ocultado en la institucionalidad de las FF.AA. para arrastrarlas en sus actos delictuales. Eso es lo que hicieron el 11 de septiembre de 1973: son ellos, y no las instituciones, los culpables de los crímenes de lesa humanidad que cometieron, actos graves que rompen el pacto social. Por eso, un indulto otorgado institucionalmente significa impunidad y una falta de respeto hacia el sufrimiento de las víctimas. Quien les otorgue el indulto los exime de pagar una condena proporcional al daño causado, y del deber de resarcir al país por el perjuicio cometido.

Enrique Villanueva M

Nota:

[1] Aunque la fecha exacta de la reunión clave. de Nixon con Kissinger, en la Oficina Oval en la que ordenó la activación del Track II (también conocido como Proyecto FUBELT) fue el 15 de septiembre de 1970 —pocos días después de la victoria electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre—, los documentos oficiales desclasificados confirman que Nixon ordenó explícitamente a la CIA prescindir de las vías diplomáticas habituales (Track I). Su mandato directo a Richard Helms consistió en organizar un golpe militar clandestino en Chile, autorizando un presupuesto inicial de 10 millones de dólares y ordenándole «hacer chillar la economía» chilena.

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El senador Ron Johnson arremete contra Anthony Fauci por el COVID-19, la investigación de ganancia de función y los orígenes de la pandemia durante una acalorada audiencia. Johnson acusa a Fauci de engañar al público sobre la investigación de ganancia de función, al tiempo que plantea nuevas dudas sobre las vacunas contra el COVID y la tecnología de ARNm. Este intercambio explosivo vuelve a poner en el centro de atención a Fauci, la controversia sobre las vacunas contra el COVID, la investigación de ganancia de función y la rendición de cuentas por la pandemia.

El senador Ron Johnson hizo declaraciones explosivas sobre Anthony Fauci, funcionarios chinos y el COVID-19 durante su testimonio en la investigación Allison en Canadá, y dijo que su equipo está descubriendo pruebas de colaboración. Johnson dice que su equipo está revisando más de 34 000 mensajes de texto del celular oficial de Fauci y prometió dar a conocer la información relevante a medida que avance la investigación. En la audiencia, Johnson también cuestionó la descripción convencional de las vacunas contra el COVID-19 y la tecnología de ARNm, lo que volvió a poner en el centro de atención a Fauci, los vínculos con China, la seguridad de las vacunas y la rendición de cuentas sobre la pandemia.

Más sobre el tema:

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Carta del científico, Sucharit Bhakdi, al gobierno alemán pidiendo la organización de un debate publico entre científicios y expertos, antes de tomar medidas frente a la epidemia del COVID. Esta solicitud nunca fue respondida y el autor fue expulsado de la Universidad en que realizaba trabajos de investigación de alto valor.

Carta Abierta a Angela Merkel; "mi preocupación radica sobre todo en las consecuencias socioeconómicas verdaderamente imprevisibles de las drásticas medidas de contención que se están aplicando"

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El 7 de septiembre del 2026 iniciaron en La Haya, las audiencias relativas a la demanda interpuesta en marzo del 2024 por Nicaragua en contra de Alemania por complicidad por genocidio en Gaza.

El texto de la demanda inicial de Nicaragua contra Alemania interpuesta formalmente en el mes de marzo del 2024, está disponible en este enlace oficial en su versión en inglés y en francés.

Al ser Alemania el segundo suplidor en armas a Israel (después de Estados Unidos) y al haber (a diferencia de Estados Unidos) asumido una serie de obligaciones internacionales derivadas de tratados multilaterales a los que es Estado Parte, esta demanda plantea una serie de desafíos para Alemania. Desde esta perspectiva, era previsible que Alemania interpusiera varias excepciones preliminares, en aras de intentar esquivar el examen sobre el fondo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): una estrategia legal que no es exenta de riesgos, tal y como lo veremos más adelante. Ante una situación apremiante, posponer el examen sobre el fondo de un asunto resulta casi siempre sancionado por la justicia internacional.

Las audiencias orales que iniciaron el 7 de septiembre se concentraron únicamente en las numerosas excepciones preliminares presentadas por Alemania, tendientes a obtener que la misma CIJ se declare incompetente: se escucharon los alegatos que Alemania y Nicaragua presentaron oralmente al respecto, antes de que la CIJ entre a deliberar.

Con respecto a las audiencias orales, no está de más recordar que su conclusión oficial es la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).

El examen sobre el fondo de la demanda se reanudará entre Nicaragua y Alemania, dependiendo de esta decisión preliminar de la CIJ sobre su competencia.

Foto de civiles después de un bombardeo en Gaza, octubre del 2023, extraída de este artículo de prensa publicado en Israel (Magazine +972) titulado «´Lavender»: the AI machine directing Israel bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024)

Cabe señalar que este 16 de septiembre, se anunció desde Estados Unidos una aprobación para enviar a Israel una importante cantidad de bombas de gran potencia, cuyo uso reiterado por parte de Israel desde octubre del 2023 es en gran parte responsable de la devastación total observada en ciertas partes de Gaza (así como en el Líbano): véase nota de The Guardian.

Una extrema urgencia que Alemania busca frenar

Ante la extrema urgencia de la situación en Gaza, ante la inoperancia reiterada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a Israel observada desde el mismo mes de octubre del 2023 (debido a vetos reiterados de Estados Unidos) y ante la negativa de Israel de cumplir con una primera ordenanza de la CIJ del 26 de enero del 2024 (dictaminada en el marco de la demanda contenciosa interpuesta por Sudáfrica contra Israel – véase texto de esta ordenanza, y en particular el párrafo operativo 86), Nicaragua optó por acompañar su demanda contra Alemania del mes marzo del 2024 con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, tendiente a que Alemania suspendiera sus exportaciones de armas hacia Israel.

Es de notar que desde el mes de marzo del 2024, una pregunta hecha por el Senado en Francia esperó una respuesta que … nunca llegó por parte de las autoridades galas sobre exportaciones de material militar hacia Israel (véase pregunta formulada y la mención «La question est caduque» al final del enlace).

El 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución (véase texto) pidiendo un embargo sobre armas a destinación de Israel (véase nota oficial de Naciones Unidas y nota del medio digital Delfino.cr haciendo ver que Costa Rica se abstuvo sin dar ningún tipo de explicaciones): la votación registro 28 votos a favor, 13 abstenciones, y 6 votos en contra: Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi, y Paraguay.

La solicitud urgente de Nicaragua dio lugar a una ordenanza de la CIJ del 30 de abril del 2024 (véase texto), cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento, y en particular la expresión «at present ../ .. a l´heure actuelle» del párrafo 20 que distinguidos colegas alemanes omitieron convenientemente, al momento de comentarla (Nota 2).  En esta primera etapa, Alemania  asumió una serie de compromisos ante la CIJ con respecto a la conducta de sus autoridades, de manera a convencer a los jueces del carácter innecesario de ordenar medidas provisionales en su contra. En su declaración individual (véase texto completo), el juez oriundo de Sudáfrica no dudo en señalar que:

» The takeaway from all of this is that Germany, being aware of its obligations under international law, will exercise due diligence consistent with that obligation, as well as under its domestic legislative framework, to ensure that no transfer of military equipment contributes to breaches of either the Geneva Conventions or the Genocide Convention .. /..

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que l’Allemagne, consciente des obligations qui sont les siennes en droit international, fera preuve de la diligence requise conformément à l’obligation correspondante et à son cadre législatif interne, de sorte qu’aucun transfert de matériel militaire ne contribue à des violations des conventions de Genève ou de la convention sur le génocide».

Traducción:

Las conclusiones del jurista sudafricano  merecen ser leídas, al considerar que esta ordenanza y la expresión «at present / a l´heure actuelle» usada por la CIJ mandan un mensaje que rebasa de muy lejos el reducido marco de la demanda de Nicaragua contra Alemania (Nota 3).

No obstante los diversos compromisos adquiridos por Alemania ante la CIJ en  abril del 2024, sus estrategas legales optaron por cuestionar, meses después, la competencia de la CIJ, presentando varias excepciones preliminares.

El 23 de febrero del 2026, Nicaragua envió un extenso documento a la CIJ refutando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos sobre la supuesta incompetencia de la CIJ avanzados por Alemania: véase documento en inglés y en francés, cuya lectura integral se recomienda.

Volante de una conferencia de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 de Naciones Unidas, Francesca Albanese, realizada el 7 de mayo del 2024, sobre su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (disponible en este enlace)

Las audiencias de La Haya en breve

Durante el primer día de audiencias en este mes de septiembre del 2026, Alemania sostuvo ante los integrantes de la CIJ que no existe jurídicamente ninguna disputa entre Nicaragua y Alemania que amerite un examen sobre el fondo, reiterando que la CIJ no tiene ninguna competencia en este asunto (véase verbatim). El segundo día de audiencias, Nicaragua refutó unos tras uno los argumentos de Alemania sobre la pretendida incompetencia de la CIJ (véase verbatim así como el video oficial de la CIJ de las audiencias del día 8 de septiembre).

El tercer día de audiencias (9 de septiembre), en la segunda ronda de alegatos, Alemania presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con sus conclusiones y petitoria (leerlas a páginas 34-37) solicitando a la CIJ desestimar el caso por carecer de competencia. El cuarto día fue Nicaragua la que presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con una petitoria final muy concreta y precisa (página 37).

La lectura pormenorizada de los cuatro  verbatim puede resultar un tanto laboriosa: no obstante la densidad de algunos alegatos, y el esmero de unos y otros, deja entrever que ambos contrincantes intentaron hacer ver a los jueces de la CIJ la supuesta mala fe de la parte contraria. El equipo de Nicaragua se abocó a rechazar uno tras otro todos los argumentos planteados por Alemania y no dejar ninguna duda con respecto a la competencia de la CIJ.

Es de notar que mientras Nicaragua, conforme a la tradición observada en el arte del litigio La Haya, logró establecer un equilibrio lingüístico (inglés y francés) durante la presentación de sus alegatos, Alemania optó por una presentación en un solo idioma (inglés). Las primeras hojas de los verbatim señalan que Nicaragua se presentó a la barra con un sólido equipo de asesores internacionales que cuentan con una vasta experiencia en el arte del litigio internacional en La Haya, al tiempo que Alemania se presentó con un equipo compuesto casi exclusivamente por funcionarios y asesores alemanes, y con asesores internacionales con menor experiencia en La Haya. Nótese que el agente de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, y el asesor galo Alain Pellet de Nicaragua, iniciaron ambos sus comparecencias ante la CIJ en 1984, con ocasión de la batalla legal contra Estados Unidos: esta contienda culminó con una histórica sentencia de la CIJ condenando a Estados Unidos del 27 de junio de 1986 (véase texto), la cual fue precedida de una sentencia de la CIJ declarándose perfectamente competente de noviembre de 1984 (véase texto). Luego de ridiculizar ante el mundo a Estados Unidos en 1986, fue este mismo equipo que litigó exitosamente contra Honduras (sentencia de la CIJ  de diciembre 2007) y Colombia (noviembre del 2012) con respecto a las zonas marítimas de Nicaragua en el Mar Caribe, y que logró que Costa Rica fuese impedida por la CIJ de navegar con su policías en el Río San Juan, sea en actividades de vigilancia o de simple abastecimiento de puestos fronterizos desde el río (julio del 2009): un derecho que poseía jurídicamente Costa Rica desde 1858 (tratado Cañas-Jerez). Sobre la experiencia, la trayectoria y el innegable talento oratorio del equipo de asesores internacionales de Nicaragua (muchas veces subestimados por algunos círculos políticos y diplomáticos), remitimos a nuestros estimables lectores a unas reflexiones del 2022 escritas con ocasión de la renuncia pública hecha por uno de sus integrantes, el jurista norteamericano Paul Reichler (Nota 4).

Según este reportage de Der Spiegel (véase enlace) publicado hace una semana, las exportaciones de armas de Alemania hacia Israel siguieron aumentando desde el 2024, lo cual plantea algunas interrogantes muy válidas que Nicaragua no desaprovechará en sus comparecencias futuras ante los jueces de la CIJ. En este reportaje de AlJazeera, la máxima representante de la delegación alemana en La Haya optó por no contestar algunas preguntas externadas por la periodista.

Es de notar que el panorama jurídico para Alemania se ve significativamente dificultado por el hecho que tanto en el mes de julio del 2024 (Nota 5) como en el mes de octubre del 2025 (Nota 6), la CIJ emitió dos opiniones consultivas relacionadas a la situación en el territorio ocupado de Palestina, a las obligaciones que tiene Israel como Estado miembro de Naciones Unidas, pero también a las obligaciones «erga omnes» que impone el derecho internacional a los Estados terceros con respecto a las reiteradas ilegalidades cometidas por Israel en el territorio palestino.  En esta entrevista publicada en Alemania, el profesor William Schabas, integrante del equipo de Nicaragua en La Haya, hace ver el doble rasero de algunos en materia de prevención del genocidio, indicar que:

«Providing arms an political diplomatic support are quintessential examples of aid and assistance. The core of the requirement is that the accomplice State must have knowledge of what the perpetrator State is doing. No State can claim that it is unaware of the serious risk that genocide is being perpetrated in Gaza. Furthermore, the assistance must be significant, not trivial. In their intervention in the genocide case filed by Myanmar at the ICJ, several Western states including Germany stressed the importance of the reports of UN commissions of inquiry in the determination of genocidal intent. They said that such reports have ‘particular probative value’ and ‘special importance’. Well, in September 2025 the UN commission of inquiry produced a detailed, comprehensive and damning report that concluded Israel was perpetrating genocide».

Traducción:

A modo de ejemplo de las obligaciones jurídicas que pesan sobre un Estado tercero con relación a las exacciones de Israel en Gaza, entre muchos otros, podemos referir a esta petición en línea en el Reino Unido (véase enlace) que mantiene una fuerte presión sobre los decisores políticos con respecto a la ayuda y al comercio con Israel proporcionados desde el Reino Unido. Dicho sea de paso (al escribir estas líneas desde Costa Rica), resulta de interés destacar que Reino Unido suspendió en mayo del 2025 todas las negociaciones con Israel en materia comercial (Nota 7). De igual manera este llamado hecho desde la sociedad civil en Australia luego de dictaminarse la opinión consultiva de la CIJ en julio del 2024.  Esta muy reciente publicación del Parlamento de Luxemburgo hace ver la gran cantidad de obligaciones jurídicas que estas decisiones de la CIJ le imponen a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, Luxemburgo incluido (véase conclusiones y recomendaciones a páginas 89-91). En Bélgica, una reciente decisión de un tribunal nacional (véase texto integral) que debería de inspirar a colectivos de juristas en otras latitudes, condenó al Estado belga por no prevenir el genocidio en curso en Gaza. En uno de los pocos artículos al respecto, publicado en EJIL-Talk (Nota 8), se lee que:

«By finding that the Belgian State had failed, at the relevant time, to take all measures reasonably within its power to prevent the alleged violations, the Court demonstrates how obligations of prevention – long discussed in international caselaw and doctrine – can be concretely interpreted and judicially enforced at the domestic level«.

Traducción:

En septiembre del 2025, la inacción del Consejo Europeo y de la Comisión Europea fueron objetos de una demanda presentada en Francia por el colectivo de juristas JURDI (véase comunicado oficial).

Costa Rica: un cuestionable entusiasmo por el libre comercio con Israel

A diferencia del repudio generalizado contra Israel que se ha escuchado en Europa, y en Canadá, así como en otras latitudes (véase reciente entrevista al jefe de la diplomacia de Noruega), en Costa Rica el mutismo de su aparato diplomático es total cuando se trata de condenar a Israel. El pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «Premio Jerusalém» otorgado al actual titular de la cartera de relaciones internacionales (véase comunicado oficial y algunas reacciones en redes sociales).

Más allá de las celebraciones por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes (de tener acceso algún /a  lector/a a la lista de los «Premios Jerusalén» otorgados con anterioridad, se le agradecería remitírnosla por si alguno de estos premios sí fue otorgado a un canciller en ejercicio) (Nota 9), hay que destacar el siguiente hecho: con ocasión de la discusión sobre un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, los funcionarios de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) demostraron ante una comisión de la Asamblea Legislativa no conocer de las discusiones que tanto en Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea (UE) se tiene desde muchos años sobre el comercio con Israel. Resulta de interés leer al respecto esta nota del medio Delfino.cr del 3 de septiembre del 2026 con un título que resume bien lo observado. Al parecer, la intensificación de la política del «fait accompli» de Israel en Cisjordania denunciada (véase por ejemplo este artículo publicado en Bélgica recientemente) no es del conocimiento de PROCOMER. ¿Como así? Como se lee.

En esta otra nota del mismo medio digital con fecha del 10 de septiembre del 2026 (véase enlace), se indica que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante dicha comisión ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior costarricense, en razón de compromisos repentinos. Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su intervención a un funcionario subalterno, como si ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia fuera la estrategia acordada (por razones que sería de cierto interés conocer).

Sobre el TLC entre Costa Rica e Israel, remitimos adicionalmente a una nota nuestra publicada en el Semanario Universidad (edición del 9 de septiembre del 2026) con respecto a tres criterios que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobar este TLC, así como a una emisión del programa universitario radial «Consulta Legal» del 10 de septiembre dedicada a este TLC con Israel (véase video), y a esta emisión del programa universitario «Interferencia» del día siguiente en Radio UCR.

Nótese que, en una sentencia de la Sala Constitucional de julio del 2025 (véase texto completo del voto 23967-2025), la cual se destaca por su extrema brevedad, el juez constitucional señaló que: «Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala estima que el reclamo del accionante resulta improcedente, pues el determinar con quién el Estado de Costa Rica debe suscribir o no convenios, o si la vigencia de estos debe suspenderse o no, no constituye un tema de constitucionalidad que pueda ser conocido en esta jurisdicción«. Una sentencia mucho más extensa de la Sala da una idea del tipo de respuestas recibidas por parte del recurrente sobre las acciones tomadas por la diplomacia costarricense con respecto a Gaza y a Israel (véase texto del voto 42187-2025 del 19 de diciembre del 2025).

Armar a Israel ¿sin percatarse del drama indecible que vive Gaza desde hace casi tres años? Datos recientes en proveniencia de Israel y de Gaza.

El apoyar a Israel militarmente puede generar consecuencias muy graves para un Estado, tratándose de las acusaciones de las que es objeto su insensato accionar militar en Gaza, tanto ante la CIJ como ante la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de acusaciones ampliamente respaldadas y actualizadas por diversos informes de órganos de Naciones Unidas.

Es así como, desde septiembre del 2024, se pudo escuchar por parte del jefe de la diplomacia del Reino Unido, otro Estado exportador de armas hacia Israel, que (véase declaración oficial):

«It is with regret that I inform the House today, the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law«.

Traducción:

El último informe situacional (al 2 de septiembre del 2026) realizado por Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Gaza está disponible en este enlace y desde ya se sugiere su lectura, completándola con este informe más general sobre lo que ocurre en todo el territorio palestino además de Gaza (al 4 de septiembre del 2026), y que inicia señalando que:

«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.

Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.

Asfixiar a 2,1 millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza, que Nicaragua espera poder explicar a la CIJ y relacionar a la generosa ayuda militar recibida por parte de Alemania.

El pasado 10 de septiembre, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial (véase nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera, esta nota de CNN y esta otra de France24). La conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla. Este 14 de septiembre, Democracy Now dedicó un espacio al alcance y a los directores de este documental (véase enlace): este documental, como previsible, ha provocado las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie (salvo algunas salas de redacción en Estados Unidos y algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional): véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre.

Otra reacción iracunda contra la prensa israelí de investigación que revela algunos de los secretos mejores guardados del Primer Ministro israelí se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:

«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».

Este 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para  los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional (véase texto completo), se puede leer que:

«I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble«.

Traducción:

A modo de conclusión

Finalizadas las audiencias en La Haya en esta segunda semana de septiembre del 2026, la CIJ inició su «délibéré» para  decidir (en un plazo que puede variar entre 3 meses y 9 meses) si son o no de recibo los argumentos presentados por Alemania.

Con relación a la estrategia jurídica de Alemania, no está de más recordar que no es exenta de riesgos: en efecto, cual sea el caso contencioso entre dos Estados, el invocar por parte del Estado demandado excepciones preliminares sobre la supuesta incompetencia de la CIJ puede ser interpretado por algunos de los integrantes de la CIJ como una renuencia de un Estado (que no quiere que la justicia internacional examine el fondo del asunto).

Desde este punto de visto, se puede considerar desde ya cuestionable la estrategia de Alemania: dado el dramático contexto que se vive Gaza, Alemania hubiera perfectamente podido evitar recurrir a este incidente procesal y aceptar la competencia de la CIJ sin mayor dilación. Al recurrir a este incidente procesal, se podría también  interpretar que Alemania, por alguna razón muy propia (y que sería se sumo interés conocer), está buscando ganar tiempo.

Dentro de unos meses, será la CIJ la que indicará en qué medida Nicaragua puede continuar con este procedimiento contencioso interpuesto contra Alemania con respecto al fondo de su demanda.

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Contacto : nboeglin@gmail.com.

Notas:

Nota 1:  Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas  reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania«, 30 de abril del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas alemanes, STENDEL R., WENTKER A., “Taking the Road Less Travelled: The ICJ’s Pragmatic Approach to Provisional Measures in Nicaragua v Germany”, EJIL-Talk, edición del 3 de marzo del 2024. Texto integral disponible en este enlace, incluyendo dos comentarios nuestros a los autores de este análisis. De igual manera desde Alemania, véase también (más completo que el anterior análisis), TALMON S., «Why the provisional measures order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany´s ability to transfer arms to Israel«, Verfassungsblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Leemos que para el integrante nativo de Sudáfrica en el seno de la CIJ, esta ordenanza de la CIJ envía una señal muy clara a otros Estados que suplen de armas y municiones a Israel. En el último párrafo de su declaración individual, señala que:

«13. While the Court has not issued any provisional measures at this stage, the current Order makes plain that it expects Germany, and other States supplying weapons to Israel, to exercise due diligence and ensure that weapons transferred to Israel are not used in the commission of acts of genocide or breaches of international humanitarian law. For me this is not a hollow statement but a statement with real legal significance. In particular, in the consideration of the responsibility of Germany, or any other State, for breaches of either the Genocide Convention or international humanitarian law, including responsibility for not taking appropriate measures in the face of a risk of such breaches, the effect of this Order would be to remove any plausible deniability of knowledge of the risk. ../ ..   

13. Si elle n’a pas indiqué de mesures conservatoires à ce stade, la Cour fait néanmoins clairement savoir, dans l’ordonnance rendue ce jour, qu’elle attend de l’Allemagne, ainsi que des autres États qui fournissent des armes à Israël, qu’ils fassent preuve de la diligence requise et veillent à ce que les armes transférées à Israël ne soient pas utilisées pour commettre des actes de génocide ni pour enfreindre le droit international humanitaire. À mes yeux, c’est non pas une formule creuse, mais une déclaration ayant une véritable portée juridique. En particulier, si la Cour devait examiner la responsabilité de l’Allemagne, ou de tout autre État, à raison de manquements à la convention sur le génocide ou au droit international humanitaire, y compris la responsabilité qu’engagerait le fait de ne pas avoir pris de mesures adéquates alors que de tels manquements risquent d’être commis, l’ordonnance rendue ce jour aurait pour effet de priver les intéressés de toute possibilité de nier, de manière plausible, avoir eu connaissance de ce risque».

Traducción:

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua, a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional, LaRevista.cr, edición del 9 de abril del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas galos, MAIA C., POISSONNIER G., “Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du territoire palestinien: une analyse au prisme du droit international des droits humains”, La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés.Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 titulada «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el Parlamento británico  (véase texto completo) que:

«As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.

Traducción:

Nota 8: Véase MINGET C., «Domestic Courts and the States’ Obligation to Prevent Genocide and Serious Violations of IHL: The Brussels Court of Appeal’s Interlocutory Judgment of 16 March 2026«, EJIL–Talk, edición del 26 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: En el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalém» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). En el caso de Costa Rica, en el 2023, este premio fue otorgado a una ex jueza costarricense de la Corte Penal Internacional (CPI) que fungió luego como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el período 2016-2021: véase nota de La Nación de agosto del 2023. Siempre con respecto a Costa Rica, este premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del actual canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026. En el 2025, el  actual Presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (véase nota oficial de prensa).

El articulo Exportar armas hacia Israel ¿como si nada pasara en Gaza? Audiencias públicas en La Haya en el marco de la demanda Nicaragua c. Alemania por complicidad apareció primero en piensaChile.

Luego de buscar por internet, por fin encontramos la carta publicada por Krassnoff. La encontramos en un Twitter. Tuvimos que copiarla como imagen, armar el documento y luego traspasarla a PDF. Le aconsejamos que la lea, que no sólo se quede en la lectura de opiniones de terceros, así podrá ver que las ideas y los argumentos de personas como Krassnoff, oficial de ejército, con más de 1.000 años de condena por sus crímenes, utiliza palabras, ideas, argumentos, que usted también puede encontrar en el discurso de otras personas que parecen estar muy lejos de llegar a acciones como aquellas a las que llegó él. Hay que estar alerta. Vivimos tiempos críticos.

Carta de Krassnoff a Senador Flores

 

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Gloria Laso le responde a la esposa de Miguel Krasnoff: ”Me duele y me espanta”

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El articulo «Gol a la Memoria. Historia, pasión y muerte en el Estadio Nacional» apareció primero en piensaChile.

No leemos cartas, escuchamos voces. No miramos fotos, miramos ausencia. No hablamos del pasado, hablamos de lo que no se puede repetir jamás. La Memoria no se hereda, se construye. Y ahí nos toca a nosotros. No se mata la Memoria.

Nota de la Redacción de piensaChile: Un gran saludo a la Escuela, a sus profesores, por educar a sus alumnos en el Humanismo, en la importancia de la Memoria.

El articulo “Hoy nos toca a nosotros” apareció primero en piensaChile.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Subsecretaría de Derechos Humanos

TÉNGASE PRESENTE NÓMINA DE PERSONAS DECLARADAS AUSENTES POR DESAPARICIÓN FORZADA; ORDENA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN LA PRÁCTICA DE LAS RESPECTIVAS INSCRIPCIONES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY N° 21.775 Y SU REGLAMENTO; Y ORDENA SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL

Santiago, 15 de mayo de 2026.- Hoy se resolvió lo que sigue:

Núm. 179 exenta. Vistos:

Estos antecedentes y lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2016, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en la ley N° 20.885 que Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y adecúa la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia; en el decreto N° 137, de 2022, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que aprueba el Reglamento Orgánico de esta Cartera de Estado; en la ley Nº 4.808, que Reforma la Ley sobre el Registro Civil; en la Ley Nº 19.477, Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación; en la ley N° 21.775, que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial; en el decreto N° 136, de 2026, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que Aprueba Reglamento del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada; en el decreto N° 31, de 2026, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nombra Subsecretario de Derechos Humanos; en la resolución N° 36, de 2024, modificada y complementada por la resolución N° 8, de 2025, ambas de la Contraloría General de la República, y que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón, y

Considerando:

1. Que, con fecha 20 de marzo de 2026, entró en vigencia la ley N° 775, que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial.

2. Que, de conformidad con el artículo 1 de la ley N° 775 (en adelante, la “Ley”), la calificación jurídica de persona ausente por desaparición forzada importa el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que esta fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actuaron con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la ley, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
   .
3. Que, según el ya aludido artículo 1 de la Ley, serán reconocidas jurídicamente como personas ausentes por desaparición forzada aquellas que figuren como tales en: los informes de la Comisión deVerdad y Reconciliación, creada por el decreto supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, del Ministerio del Interior; el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la ley N° 19.123, que crea Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establece pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de personas que señala; el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 26 de septiembre de 2003, del Ministerio del Interior; el informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, establecida por el decreto supremo N° 43, de 27 de enero de 2010, del Ministerio del Interior; otros informes o instrumentos de comisiones u organismos de la misma naturaleza, creados o reconocidos por ley y las sentencias a las que la Ley hace referencia en su artículo 3.

4. Que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley, se establece la creación de un registro electrónico, público y gratuito, denominado “Registro .de Personas Ausentes por Desaparición Forzada” (en adelante, “el Registro”), a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el que se inscribirán las personas a las que se refiere el artículo 1 de la Ley, y cuyo objetivo es dejar constancia y dar cuenta de que tales personas poseen dicha calidad.
   .
5. Que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley, en el Registro se incorporarán las personas incluidas en una nómina que elabore al efecto la Subsecretaría de Derechos Humanos. A su turno, según la disposición aludida, dicha nómina estará integrada a partir de la información contenida en los informes e instrumentos mencionados en el inciso tercero del artículo 1 de la Ley.
   ..
6. Que, para la conformación del Registro, según el artículo 4 de la ley N° 775, la información consignada en la nómina referida en el punto anterior deberá contenerse en una resolución exenta del Subsecretario o Subsecretaria de Derechos Humanos, la que deberá ser remitida al Servicio de Registro Civil e Identificación, y publicada en el Diario Oficial.
   .
7. Que, mediante correo electrónico de 20 de marzo de 2026, la entonces Jefa del Departamento Programa de Derechos Humanos remitió al gabinete del Subsecretario de Derechos Humanos, la nómina que elaboró dicho Departamento y que se alude en el considerando 5.
   .
8. Que, de conformidad al artículo 5° del Reglamento del Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, contenido en el decreto N° 136, de 2026, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las inscripciones en el Registro deberán efectuarse en virtud del documento fundante respectivo, este último definido en el artículo 1° del mismo reglamento, como la resolución exenta dictada por el Subsecretario o Subsecretaria de Derechos Humanos, que ordena realizar inscripciones, modificaciones, actualizaciones, cancelaciones y anotaciones en el Registro.
   .
9. Que, en consecuencia, resulta necesaria la dictación de una resolución exenta del Subsecretario de Derechos Humanos a fin de que esta contenga la nómina de personas declaradas ausentes por desaparición forzada, ordenar su remisión al Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a lo establecido por la Ley y su reglamento y disponer su publicación en el Diario Oficial
   .
   Resuelvo:

1°. Téngase presente la siguiente nómina de personas declaradas ausentes por desaparición forzada:

El articulo Diario Oficial: Nómina de personas declaradas ausentes por Desaparición Forzosa apareció primero en piensaChile.

Álex y su mujer, Mari Carme Maza, habla sin filtros sobre cómo fue sentirse diferente desde niño, sobre la necesidad de pedir ayuda y sobre la importancia de la validación interna y la autoestima para reconstruirse por dentro. También reflexiona sobre la discapacidad y salud mental, aceptar ser diferente y sobre el desgaste silencioso que provoca vivir buscando la visibilización y la inclusión. Además, ambos han recibido el peso de las críticas en redes sociales, y analizamos la dureza de sentirse juzgados desde fuera por aquellos que no entienden su matrimonio, por no encajar en las miradas ajenas.

Una entrevista para desafíar las percepciones convencionales sobre la discapacidad y el potencial humano, donde no faltan momentos de risas y lágrimas al hablar del sentido de la vida, del éxito, del amor, del papel decisivo del entorno y de los sueños de Álex Roca con los que promete seguir rompiendo prejuicios, como llegar algún día a ser presidente del Barça o convertirse en modelo de ropa. Porque a veces lo difícil no es tener que demostrar que puedes ante los demás, sino de aprender a mirarte de verdad y entender que nunca fuiste menos que nadie. Si quieres llevarte una lección de vida para siempre, este capítulo es para ti.

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La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos reclama que se investigue el paradero de más de 400 desaparecidos saharauis, entre ellos un grupo de 15 jóvenes que fueron vistos por última vez el 25 de diciembre de 2005.

• También pide que se conozca el paradero del líder saharaui Mohamed Sidi Brahim Basiri, detenido el 17 de junio de 1970 en El Aaiún, del que responsabiliza al Estado español

 

Más de 400 saharauis continúan desaparecidos desde que Marruecos invadió el Sáhara Occidental a finales de 1975 tras el abandono de España, que no procedió a su descolonización como estableció la ONU. El pueblo saharaui quiere conocer su paradero y pide a la justicia internacional que persiga y juzgue a los responsables marroquís.

La  petición ha sido hecha por  la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto desde 2011, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas

En 2026 se cumple el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y NNUU señala que bajo el lema “Las víctimas primero. Acciones ya”, este aniversario “sitúa en el centro a las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

En este contexto, CONASADH reclama que se investigue el paradero de más de 400 desaparecidos saharauis, entre ellos un grupo de 15 jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años cuyo destino sigue desconocido y que fueron vistos por última vez el 25 de diciembre de 2005 en la Intifada en la ciudad de Bojador, en la costa norte del Sáhara Occidental ocupado, reclamando pacíficamente su derecho a la autodeterminación.

Desde entonces no se sabe nada de ellos y las madres responsabilizan al Estado marroquí, al considerar que fue “un secuestro premeditado y planificado” por su participación en la Intifada de la Independencia. Sus familias crearon el Comité de Madres de los 15 para saber la verdad y exigir justicia y el caso llegó en 2009 al Comité de Víctimas de Desapariciones Forzosas de Ginebra, que exigió a Marruecos una investigación.

La explicación de las autoridades marroquís fue que fallecieron cuando intentaban cruzar a Canarias en una patera. Ante la presión internacional, presentaron dos cadáveres sin una identificación verificable encontrados en la playa como parte de los 15 jóvenes, pero se negaron a hacer la autopsia y a esclarecer el lugar, las fechas y las causas científicas de las supuestas muertes. Diez años después, la policía y la justicia marroquís dieron el caso por cerrado.

La Comisión exige también que se conozca el paradero de Mohamed Sidi Brahim Basiri, considerado el padre del nacionalismo saharaui, detenido  tras la Intifada de Zemla del 17 de junio de 1970 en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, del que responsabiliza al Estado español, recordando que su responsabilidad en la descolonización del territorio sigue vigente.

CONASADH señala que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad según el Derecho Internacional, y denuncia que “Marruecos practica con total impunidad el secuestro y la desaparición forzada desde el inicio de la ocupación del Sáhara Occidental.  Destaca “la inacción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al que pide “romper su silencio, asumir sus responsabilidades bajo el IV Convenio de Ginebra, presionar a Marruecos para que libere a todos los presos políticos saharauis y abra el territorio ocupado a medios de prensa y observadores internacionales”.

Y un mes más, como muestra el siguiente resumen, aproximado, correspondiente a agosto de 2026, se siguen cometiendo violaciones de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, territorio no autónomo pendiente de descolonización, y con los presos políticos saharauis recluidos en prisiones marroquís, según ONG y medios saharauis y españoles, ante el silencio del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, los mismos que eluden de responsabilidad al régimen marroquí en la entrada de 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta.

*Fuente: Contramutis

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