El comodoro de la Royal Navy Steve Jermy estuvo al mando de buques de guerra en el 5.º Escuadrón de Destructores y en la Fleet Air Arm británica. Sirvió en la guerra de las Malvinas y en el Adriático durante las campañas de Bosnia y Kosovo. Posteriormente se retiró, tras un destino operativo, en 2007, como director de Estrategia en la Embajada británica en Afganistán. Es autor del libro: «Strategy for Action: Using Force Wisely in the 21st Century».

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La semana pasada dejamos abiertas las preguntas acerca de: ¿Qué está ocurriendo realmente en Estados Unidos? y ¿Por qué la desesperación de sus élites?

Las respuestas podríamos encontrarlas en una serie de resultados electorales de los últimos meses que están produciendo lo que los medios de desinformación masivos denominan “un giro del Partido Demócrata hacia la extrema izquierda” situando en el liderazgo al “socialista y musulmán” Zohran Mamdani. He ahí los fantasmas que preocupan a las élites estadounidenses: los socialistas y los musulmanes.

En días recientes la demócrata socialista (DSA) Melat Kiros se impuso a la congresista Diana DeGette, veterana que se postulaba para su mandato número 16 en la contienda por un escaño en el Congreso por Denver, Colorado y sumó un nuevo triunfo para los denominados -según el léxico político de Estados Unidos “izquierdistas radicales del Partido Demócrata”

Esta dinámica que surgió en New York se está extendiendo al resto del país. En las elecciones municipales de principios de noviembre del año pasado, para sorpresa general, los votantes eligieron a Katie Wilson candidata de los DSA en esta ciudad portuaria del noroeste de Estados Unidos, que cuenta con casi 800.000 habitantes.

Ahora en Colorado, Kiros, originaria de Etiopía, ganó la primaria demócrata en Colorado. Esta candidata de 32 años que también milita en DSA quiere abolir el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) -que se ha transformado en la Gestapo de Trump- y dar ciudadanía a 20 millones de indocumentados lo cual ha generado fuerte polémica toda vez que, según opinión de voceros del sistema, Kiros está priorizando intereses de extranjeros sobre la soberanía estadounidense por lo que cuestionan su lealtad hacia Estados Unidos al haber llegado al país vía lotería de visas.

Bajo el liderazgo ya no del senador Bernie Sanders sino de Mamdani que se auto califica como «socialista democrático» y se ha erigido en guía de esta corriente al interior de su partido, una serie de candidatos se están imponiendo en elecciones en las que participan contra los representantes del ala más tradicional y derechista de los demócratas que han ido perdiendo terreno.

En Nueva York tres candidatos respaldados por el alcalde ganaron las primarias demócratas para la Cámara de Representantes, lo que pone de relieve el auge de esta corriente dentro de la política estadounidense a medida que aumenta la desilusión, sobre todo de los jóvenes con la cúpula del partido demócrata. A los demócratas se les ha planteado un verdadero dilema. Los sectores conservadores dentro del partido observan impávidos la fuerza avasalladora de DSA y alertan de los riesgos de elegir candidatos “muy a la izquierda” que podrían no conectar con la mayoría de los votantes demócratas.

Incluso algunos congresistas que apoyaron a Mamdani para su elección en la alcaldía de Nueva York y que en el pasado, han estado cercanos a otros líderes de la “izquierda” del partido demócrata, no han sido respaldados por Mamdani como el caso del congresista Adriano Espaillat que perdió su intento de reelección en el distrito 13 frente a Darializa Avila Chevalier, miembro de DSA. Ávila Chevalier, que en su momento ayudó a organizar protestas propalestinas en la Universidad de Columbia, nunca ha ocupado un cargo público.

Otra candidata respaldada por Mamdani, Claire Valdez, se impuso para competir en representación de los demócratas para ocupar el escaño de la histórica congresista de origen puertorriqueño Nydia Velázquez en el distrito 7 congresional de New York. Este distrito integra a los condados de Brooklyn y Queens. Este último es el de mayor superficie de New York y étnicamente, el más diverso del mundo. Con 2,35 millones de habitantes es el segundo más poblado después de Brooklyn que cuenta con una población que supera los más de 2,6 millones.

En este marco, la Cámara de Representantes de Estados Unidos eligió a la demócrata Analilia Mejia para reemplazar en el Congreso a la actual gobernadora del estado de New Jersey, Mikie Sherrill que renunció como representante del undécimo distrito congresional tras ganar las elecciones de noviembre. Mejia, de madre colombiana y padre dominicano, que ayudó a dirigir la campaña presidencial del senador Bernie Sanders en 2020, derrotó fácilmente al republicano Joe Hathawa. La nueva congresista completará los ocho meses que le restaban a Sherrill en la Cámara de Representantes y en noviembre aspirará al escaño para los próximos dos años.

El ascenso de Mamdani pone de relieve una discusión en el Partido Demócrata sobre si su futuro seguirá siendo disputarle los votos a los republicanos desde la derecha o si lo hará desde posiciones más progresistas. Esta situación ha generado un debate interno que tiene suma importancia en los prolegómenos de la próxima elección parlamentaria.

En una entrevista para CNN el abogado y activista de derechos civiles y ambientales Van Jones lo definió como “una batalla entre el poder establecido y esta insurgencia», que aglutina a sectores de la “extrema izquierda, socialistas y musulmanes”. Jones agregó que «…el techo se está derrumbando sobre el poder del Partido Demócrata», porque «esto ya no es solo un movimiento: es un movimiento y una maquinaria al mismo tiempo».

Washington y Los Ángeles también se han sumado a esta ola de cambios con las aspirantes a alcaldesas Janeese Lewis George y Karen Bass, respectivamente. Bass es candidata a la relección en Los Ángeles, mientras que Lewis George que era concejala del Distrito 4 y miembro de DSA socialista demócrata ganó el pasado 16 de junio las primarias demócratas para la alcaldía de Washington, D.C., con una victoria tan contundente que puso fin a la contienda incluso antes de que se contaran todos los votos y por el margen más amplio que la ciudad ha visto en dos décadas. En esta ciudad de mayoría demócrata, esa victoria prácticamente garantiza que será la próxima alcaldesa, y la primera con una política explícitamente socialista en dirigir la capital del país. Ambas candidatas son afroamericanas.

Toda esta avalancha ha llevado al presidente Donald Trump a decir que los demócratas se convirtieron en «comunistas de línea dura y sin Dios». Trump aseguró que estos candidatos eran la mayor amenaza para Estados Unidos en toda su historia.

El veterano senador Bernie Sanders ha opinado que “la marea está cambiando”, porque- según él- los estadounidenses están cansados de la política del statu quo y “quieren representantes en el Congreso que se enfrenten a la oligarquía y luchen por las familias trabajadoras”.

El académico Russell Berman, profesor de la  Universidad de Stanford  en un artículo para la revista “The Atlantic” lo explica diciendo que: “Durante un año y medio, los demócratas han sentido rechazo hacia Trump. Asimismo, se sintieron indignados por la ineficacia de los líderes de su propio partido. Ahora, tras una serie de sorprendentes elecciones primarias, cobra fuerza una tercera observación: las bases demócratas desearían arrojar a todo el establishment político a una trituradora”.

Todo este movimiento que en lo inmediato tendrá repercusiones en las próximas elecciones parlamentarias de medio término, también tendrá efectos de cara a las presidenciales de 2028. En este ámbito, mientras en el campo republicano no se sabe quien podría liderar la candidatura presidencial en un contexto en que los principales candidatos parecieran ser el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente J.D. Vance, en territorio de los demócratas se observó la primera sacudida perceptible de proyección presidencial.

La fortaleza, arraigo y expansión de Mamdani más allá de los límites de la ciudad de New York obligó a que la exvicepresidenta Kamala Harris, hasta ahora precandidata visible del partido demócrata buscara a Mamdani “para dialogar”. Pero Harris no se ha limitado a eso, según el sitio web estadounidense de noticias e información Axios, la expresidenta “ha mantenido reuniones privadas con otras figuras progresistas destacadas, incluidos activistas propalestinos para acercar posiciones con el ala izquierdista del partido”.

Es evidente que una fuerte agitación estremece el escenario político estadounidense que comienza a mostrar una cara interna que expone estos movimientos y que son la explicación de la furibunda reacción de Trump y sus adláteres. La semana que viene daremos a conocer algunas repercusiones internacionales de este fenómeno.

Continuará…

-El autor, Sergio Rodríguez Gelfenstein , es consultor y analista internacional

*Fuente: PrensaOPAL

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Las siglas se explican al final del artículo

Imaginen titulares como: «La nieta de Mussolini, elegida presidenta de la República», o «La sobrina nieta de Hitler, elegida canciller federal».
Estamos en el Perú, que acaba de encontrarse con una presidenta llamada Keiko Fujimori. Repasemos los comentarios suscitados por esta desoladora victoria.

Cinco objeciones articulan la crítica internacional: el déficit de legitimidad de una victoria por la mínima y cuestionada; el temor a un retroceso autoritario ligado a la herencia familiar; el papel desempeñado por Fuerza Popular, el partido de Keiko, en el deterioro de las instituciones y la aprobación de leyes de amnistía; la fractura regional y étnica entre una costa urbana favorable a Fujimori y unos Andes indígenas leales a Sánchez; y, por último, la inserción del país en una ola conservadora continental alineada con Washington. Las voces favorables a Fujimori II, por su parte, apuestan por la continuidad económica y la promesa de estabilidad.

Elegida al término de la segunda vuelta más reñida de la historia reciente del país —50,13 % frente a 49,86 %, una diferencia inferior a 50.000 votos— y investida el 28 de julio de 2026, la hija del expresidente Alberto Fujimori ha provocado, desde Lima hasta las capitales asiáticas, un mismo conjunto de comentarios: la escasa legitimidad de una victoria por la mínima, el riesgo de un retroceso democrático asociado al fujimorismo, el peso del pasado paterno y el alineamiento regional con Washington.

Tras tres derrotas consecutivas, en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori alcanzó por fin, a los 51 años, la Presidencia del Perú. Investida el 28 de julio —fiesta nacional y aniversario de la llegada al poder de su padre treinta y seis años antes—, la dirigente de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida por sufragio para encabezar el país y en la novena persona que ocupa la Presidencia en una década. Su victoria sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez devuelve el fujimorismo al poder veintiséis años después de la caída de Alberto Fujimori, fallecido en 2024 tras cumplir parte de una condena por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

La estrechez del resultado, un escrutinio que se prolongó durante tres semanas, la impugnación de Sánchez —que denunció irregularidades en el voto exterior y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara su recurso— y el boicot a la ceremonia por parte de varios representantes de la izquierda marcaron el tono de los comentarios. En todas partes, estos oscilan entre la esperanza de una estabilización y el temor a una deriva autoritaria.

En el Perú: bajo examen la distancia entre el discurso y la práctica

En Lima, la crítica más afinada no se centra tanto en la etiqueta de «derecha dura» como en la distancia entre el discurso conciliador de la presidenta y la conducta de su fuerza política. En su editorial, La República se pregunta «cuál de las dos Fuerza Popular» gobernará: la de una presidenta que ha prometido diálogo y pluralismo, o la del bloque parlamentario que, desde sus primeras horas, ha demostrado que sigue actuando como siempre. El diario de centroizquierda reconoce que el primer mensaje fue breve, no confrontativo, evitó la figura del padre y se articuló en torno a siete objetivos concretos; pero recuerda que esa misma bancada parlamentaria acaba de aprobar, en las últimas sesiones de la legislatura saliente, una ley de fuero militar y otra sobre crímenes de lesa humanidad con criterios más restrictivos que los del Estatuto de Roma. Su conclusión es severa: si la brecha persiste, la moderación no habrá sido más que una fachada.

El conservador El Comercio optó por un examen metódico: evaluó cada promesa del primer Mensaje a la Nación a la luz de su viabilidad jurídica, presupuestaria e institucional y señaló sus puntos ciegos, entre ellos la ausencia de una estrategia para la investigación y la innovación. Desde una perspectiva militante, el portal intercultural Servindi reprodujo un ensayo del IDLADS que propone leer el discurso «por sustracción»: lo que lo define, escriben sus autores, no es tanto lo que dice como una serie de silencios precisos, que son decisiones y no olvidos.

La cobertura informativa de Infobae Perú documentó el litigio: una diferencia final de 49.641 votos, el recurso de Sánchez ante la CIDH y su rechazo por el JNE. CNN en Español recogió la advertencia de varios analistas: al tratar de controlar también el Poder Legislativo —el fujimorismo se hizo con la presidencia del Senado—, la nueva mayoría corre el riesgo de confirmar la idea de que ya domina la mayor parte de las instituciones y de volver rápidamente a la opinión pública en su contra.

La síntesis más alarmada procede de la revista Nueva Sociedad, muy leída en los círculos académicos andinos. Según su análisis, desde 2022 el Perú ya estaba gobernado por una coalición autoritaria en la que el fujimorismo desempeñaba un papel central, y las elecciones de 2026 no hacen más que otorgarle legitimidad electoral. Con el respaldo de las organizaciones empresariales y de unas fuerzas armadas protegidas por garantías de impunidad, una presidenta impopular y enfrentada a la protesta callejera podría, a juzgar por sus antecedentes, recurrir a la represión.

En América Latina: la consolidación de un «giro a la derecha»

En la región, el resultado fue interpretado ante todo como la culminación de un viraje conservador. La revista colombiana Semana habló de un «terremoto de reacciones» y subrayó los «silencios de la izquierda». La polémica más intensa se produjo en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro se pronunció antes de que concluyera el recuento oficial, lo que le valió las críticas de una oposición que lo acusó de injerencia.

El semanario mexicano Proceso insistió en el cierre de filas de la extrema derecha regional alineada con Donald Trump —que envió al subsecretario de Estado Christopher Landau— y en la llamativa ausencia de Lula, principal referente de la izquierda democrática del continente. La lista de asistentes, recogida entre otros por La Nación de Costa Rica, dejaba claro el clivaje: Javier Milei, José Antonio Kast, Rodrigo Paz y Daniel Noboa, junto al único presidente de izquierda, Yamandú Orsi, de Uruguay.

El editorial de El Tiempo, de Bogotá, recordaba que una saga familiar divide al Perú desde hace casi cuarenta años entre la adhesión y el rechazo. En la extrema izquierda, el World Socialist Web Site negó que existiera mandato popular alguno: mencionó centros de votación cerrados en barrios obreros, urnas abandonadas y la dimisión forzada del jefe de la ONPE, y vinculó el resultado con una intervención usamericana. El propio Sánchez, nada más conocerse su derrota, denunció un fraude y se negó a reconocer al futuro gobierno.

En USA: el prisma de la «descomposición democrática»

La prensa y los círculos de análisis usamericanos recurrieron ampliamente al vocabulario del retroceso democrático. En NPR, el periodista de investigación Gustavo Gorriti afirmó que el país podría perder la democracia o quedar con una democracia gravemente limitada. Recordó, además, que el Congreso dominado por el fujimorismo acababa de recomendar que se formularan cargos contra él, acusaciones que los defensores de la libertad de prensa consideran absurdas. Antes de las elecciones, el mismo medio había citado a una politóloga que anticipaba una «moderación performativa».

Varias lecturas recurrieron a la teoría política. El World Socialist Web Site recordó que el politólogo de Harvard Steven Levitsky considera el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 como la matriz del «autoritarismo competitivo» que después se reprodujo en la región, hasta llegar al Salvador de Nayib Bukele. The Christian Science Monitor y World Politics Review subrayaron la estrechez del mandato y la resistencia previsible de una amplia parte de la población, mientras Americas Quarterly planteaba la pregunta de frente: ¿quiere Fujimori un orden autoritario o democrático, ella que ha dicho que pretende «gobernar como su padre»?

En sentido contrario, los círculos económicos se aferraron a la promesa de estabilidad. Tanto el Atlantic Council como Bloomberg consideran que su llegada ofrece al país la mejor oportunidad de romper su ciclo crónico de destituciones presidenciales. En el terreno geopolítico, Reuters destacó su interés declarado por reforzar la cooperación con la administración Trump y el «Escudo de las Américas», mientras The Washington Times detallaba un proyecto de seguridad inspirado en El Salvador: una megacárcel basada en el modelo del Cecot y jueces con el rostro cubierto.

En Europa: el prisma de los derechos humanos

La cobertura europea, difundida en gran medida en francés a través de la AFP, encuadró sistemáticamente la investidura desde la perspectiva de los derechos humanos. France 24 describió una toma de posesión celebrada «mientras siguen vivas las críticas de los defensores de los derechos humanos», recordó el encarcelamiento de su padre por crímenes de lesa humanidad y retomó una acusación recurrente: el apoyo de Fuerza Popular a leyes de amnistía que benefician a policías y militares procesados por la violencia del conflicto interno de 1980-2000.

El análisis más severo llegó del medio británico openDemocracy, de la mano del politólogo Alberto Vergara. A su juicio, Fujimori no «podría» deslizarse hacia la suspensión de las garantías constitucionales porque ya se encontraría en ese terreno, tras haber respaldado las violaciones de los últimos años, incluida la muerte de manifestantes durante el gobierno de Dina Boluarte. La prensa suiza, con 24heures, y la belga, con L’Avenir, destacaron la salida del hemiciclo de los diputados de izquierda.

En España, el diario de referencia El País presentó la hoja de ruta inaugural con un tono menos alarmista que la mayoría de los medios europeos. Ya en su titular combinaba la «mano dura» en materia de seguridad con las grandes obras públicas y las ayudas estatales contra la desigualdad. Ese doble registro fue confirmado por la agencia EFE: Fujimori prometió encomendar temporalmente a las fuerzas armadas las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en estado de emergencia, reformar el sistema penitenciario y construir una cárcel de alta seguridad inspirada en el Cecot, pero también aumentar un 15 % el salario mínimo, hasta 1.300 soles [= 340 €]. La agencia IPS subrayó que la presidenta reconocía heredar «el país más desigual de América Latina», mientras el diario madrileño El Español relacionó el boicot de la izquierda con las acusaciones de fraude y señaló la presencia del rey Felipe VI.

En el plano procedimental, un elemento suele matizar las denuncias de manipulación: la versión en francés de Wikipedia, que reúne las distintas fuentes, recuerda que la misión de observación de la Unión Europea no detectó fraude en la primera vuelta, aunque sí se registraron incidentes.

En Asia: un eco discreto y ambivalente

En Asia, donde la doble ascendencia japonesa y peruana de la familia Fujimori confiere al acontecimiento una resonancia particular, la reacción fue más discreta. The Japan Times adoptó un enfoque bastante favorable y presentó la llegada de Fujimori como quizá la mejor oportunidad para romper el ciclo de rotación presidencial en un país donde todos los jefes de Estado elegidos desde la década de 1990 han sido destituidos, encarcelados o procesados. En los comentarios de Japan Today, los lectores se dividían entre las felicitaciones y el temor a un «regreso de la dictadura».

En el resto del continente, la cobertura se apoyó sobre todo en el despacho de Reuters reproducido por Arab News, que resumía el relato dominante: una nueva presidenta conservadora que prolonga el «giro a la derecha» de América Latina.

*Fuente: Faustotounsi

Siglas

ONPE — Oficina Nacional de Procesos Electorales. Organismo encargado de organizar materialmente la votación y efectuar el cómputo de los sufragios. Estuvo en el centro de las críticas en 2026 por el retraso en la entrega del material electoral y la dimisión de su responsable, Piero Corvetto.

JNE — Jurado Nacional de Elecciones. Autoridad electoral distinta de la ONPE: resuelve los recursos y proclama oficialmente a los candidatos electos. Fue el JNE el que rechazó la solicitud de anulación presentada por Roberto Sánchez.

RENIEC — Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tercer pilar del sistema electoral peruano, responsable del registro civil y de los documentos de identidad.

CIDH — Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos ante el que Sánchez presentó su impugnación.

Cecot — Centro de Confinamiento del Terrorismo: la megacárcel de Tecoluca, en El Salvador, símbolo de la política de «mano dura» de Nayib Bukele contra las pandillas. Fujimori ha prometido construir una prisión inspirada en ese modelo.

Fuerza Popular — Partido fundado por Keiko Fujimori en 2009-2010, principal formación del Congreso y estructura organizada del fujimorismo.

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¿Quién está ganando realmente la carrera de la Inteligencia Artificial? Mientras la conversación en Occidente parece atrapada en ver qué laboratorio lanza el próximo chatbot de vanguardia o rompe un benchmark comercial, el presidente chino Xi Jinping se subió al escenario en Shanghái para proponer algo completamente distinto: la IA como infraestructura global y diplomacia dura. En este video analizamos los puntos clave de un discurso histórico que va mucho más allá de la tecnología de consumo:

1. Cambios no vistos en un siglo: Xi Jinping abrió con su máxima geopolítica, advirtiendo que la IA no debe ser una actuación en solitario de una sola potencia, sino una sinfonía de cooperación internacional.

2. Contra las nuevas «Injusticias Históricas»: En una de las frases más contundentes de la cumbre, China se opuso a que el auge tecnológico deje atrás al Sur Global y advirtió contra el exceso de «estirar la seguridad nacional» para bloquear el avance de otros.

3. IA como infraestructura y bien público: A diferencia de Silicon Valley, Pekín no promocionó benchmarks. Prometió dar acceso a 30 países a un sistema de IA climática para predecir tormentas destructivas y anunció 5.000 oportunidades de formación técnica para bloques clave como la CELAC, ASEAN, los BRICS y la OCS.

4. La Organización Mundial de Cooperación en IA: Analizamos el pacto firmado por 29 países un día antes del discurso para establecer la sede de este nuevo organismo regulador en Shanghái.

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Durante meses, el Caso Hermosilla ha marcado la agenda pública. Pero ¿es un episodio aislado o el síntoma de un problema mucho más profundo? En esta conversación, la periodista de investigación Laura Landaeta presenta la tesis central de El Laberinto del Fraude, donde plantea que detrás de este caso existiría una red de relaciones entre política, justicia, empresarios e instituciones. También explica por qué decidió abordar el fenómeno como un «ecosistema» y no como una suma de casos independientes.

Más allá de compartir conclusiones de su investigación, la entrevista invita a reflexionar sobre cómo se construyen las redes de poder y qué preguntas siguen abiertas en uno de los casos más relevantes de los últimos años.

El laberinto del fraude

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La ruta final al Golpe de Estado: hace 53 años se iniciaba la embestida secreta y decisiva para derrocar a Allende

Porque nos une el lazo indisoluble del amor y el espanto

Había inquietud en Chile ese jueves 26 de julio de 1973. Se había iniciado un Paro Nacional, convocado por la Confederación de Dueños de Camiones, que presidía León Vilarín. La fecha elegida no parecía una coincidencia: era la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada, que fue el punto de partida de la Revolución Cubana. La ciudadanía imaginó que sería una reedición del “Paro de Octubre”, realizado el año anterior y detonado por el mismo gremio, pero había una diferencia fundamental no explicitada: la decisión ahora era mantener la paralización hasta lograr el derrocamiento del gobierno constitucional.

Había otro hecho diferenciador:

este paro sería acompañado por una ofensiva de atentados terroristas a lo largo del país, ejecutados por el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), “pero con la planificación operativa y la logística proporcionada por la Armada, la rama de las instituciones castrenses con más vínculos con la CIA y que, con la perspectiva de un Golpe de Estado en contra de Salvador Allende tomó contacto con civiles opositores, asignándoles diferentes roles. De hecho, la Armada era la que desde las sombras condujo ese paro de los camioneros”.

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Así me lo contó literalmente Roberto Thieme Schiersand, quien era entonces Jefe de Patria y Libertad, luego de que su directiva nacional se asiló en Ecuador por su participación en el intento de alzamiento militar del anterior 29 de junio, que pasó a la historia como “tancazo”. Desde los orígenes de esta organización en 1971 como “Frente Nacionalista”, había ejercido como Secretario General Territorial del movimiento y al momento del intento de alzamiento estaba fuera del país.

Por razones periodísticas, nos habíamos conocido el 2000, cuando Augusto Pinochet Ugarte se encontraba detenido en Londres. Fue el comienzo de una sucesión de conversaciones, con interrupciones, y que se extendió hasta poco antes de su fallecimiento el 1 de octubre de 2023, un poco después de que se conmemoraran 50 años del Golpe de Estado. De hecho, había llegado a Chile en junio por esa razón, abandonando su destierro voluntario en Buenos Aires. En esa larga historia de diálogo, fui acompañando su proceso de cada vez un mayor repudio a la dictadura y su herencia, y su conversión pública a la izquierda y el progresismo.

EL ORIGEN DE LA EMBESTIDA

Así como en el Paro de Octubre, a la paralización decretada por los camioneros se sumaron pronto otros gremios, como la Confederación del Comercio Detallista, la Confederación de Colegios Profesionales y la Confederación Única de Profesionales (CUPROCH). De la misma forma, recibió el respaldo de gremios patronales como la Confederación de la Producción y el Comercio. “Me consta que toda esa concertación fue promovida por la Armada”, me dijo Thieme.

Luego de regresar subrepticiamente al país, Thieme y su hermano Ernesto Müller, que había encabezado el estamento juvenil del FNPL, dieron una conferencia de prensa a mediados de julio en el drive–in Munchen de El Arrayán, en que manifestaron que el movimiento pasaba a la clandestinidad y que lucharían “hasta las últimas consecuencias” para lograr derrocar el Gobierno (“El Siglo”, 17 y 18 de julio de 1973).

A esas alturas, ya se había producido una señal de que algo se preparaba. Poco más de una semana después del “tancazo”, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones emitió una declaración en la que advertía respecto de un futuro paro de actividades. La excusa era el supuesto incumplimiento del Gobierno de Allende frente a sus demandas (“El Mercurio”, 9 de julio de 1973). Thieme dijo haber visto ese pronunciamiento, pero que no imaginaba aún su envergadura y alcances.

Recordó que “el domingo 22 de julio de 1973, casi una semana después de haber pasado a la clandestinidad, fui invitado a una reunión con oficiales de la Armada que formaban parte del círculo de colaboradores cercanos de José Toribo Merino. En el más absoluto secreto y tomando todas las medidas de seguridad, el encuentro se produjo en un departamento de la comuna de Vitacura. Asistí con Miguel Sessa y Vicente Gutiérrez, que estaban a cargo de las ‘Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales’ (BOFE) del movimiento. El interlocutor principal de los marinos era el comandante Hugo Castro, que asistió con un capitán”.

“Nos comunicó que se iniciaría un nuevo paro nacional de los camioneros, digitado por la Marina, al cual se sumarían pronto otros gremios, hasta paralizar todo el país y crear las condiciones para una acción militar contra el Gobierno de Allende”, detalló.

Hugo Castro Jiménez era, en efecto, uno de los hombres de mayor confianza de Merino, el cual asumió la comandancia en jefe de la Armada para el Golpe de Estado. Ambos integraban el “núcleo duro” de la conspiración golpista al interior de la institución. En la trayectoria de Castro figuraba el cargo de director de la Escuela Naval. Una vez instaurada la dictadura fue Ministro de Educación entre el 27 de septiembre de 1973 y mayo de 1975.

Thieme rememoró que la Armada les pidió que las Brigadas BOFE de Patria y Libertad, sus fuerzas paramilitares integradas por unos 500 militantes, se hicieran cargo de la misión de mantener cortadas todas las vías de ferrocarriles y las carreteras y sabotear los oleoductos y bencineras. Detalló: “La Armada nos indicaría los puntos de corte y proporcionaría el material logístico necesario: es decir, explosivos. También nos indicaría los días en los que tendríamos que producir cortes de energía eléctrica para interrumpir las comunicaciones radiales y televisivas e impedir que el mensaje del Gobierno pudiera llegar a la población”.

Los hombres de la Armada, explicaron, se encargarían secretamente de otorgar protección a los camioneros.

“El diseño de la Armada consistía en que los atentados, sumados a la paralización, crearían las condiciones de caos e ingobernabilidad que permitirían la intervención de las Fuerzas Armadas y deponer al Presidente Allende”, indicó.

Y señaló: “Hoy no tengo dudas de que la mano de la CIA estaba detrás de todo esto. En esos momento no sabíamos, pero la Armada había tomado contacto con profesionales y centros de estudios respaldados por la inteligencia estadounidense para dibujar las bases de una nueva institucionalidad y diseñar un nuevo modelo económico, que serían impuestos, como ocurrió, luego del Golpe de Estado”.

EL ASESINATO DEL EDECAN

El paro comenzó, en efecto, el jueves 26 de julio de 1973. Ese día el Presidente Salvador Allende concurrió a la Embajada de Cuba, con motivo de la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada. Fue acompañado por su Edecán Naval, el comandante de la Armada Arturo Araya Peters, y por miembros de su Dispositivo de Seguridad, más conocido como GAP. Luego de concluida la actividad, Araya se retiró a su residencia en calle Fidel Oteíza de la comuna de Providencia. Unas horas después, ya en la madrugada, fue acribillado. Era un oficial naval constitucionalista, que había cultivado una estrecha relación con el Presidente.

Al día siguiente, la prensa opositora informó con ribetes de escándalo, que el crimen ya se había resuelto. Que había sido detenido un socialista llamado José Riquelme Bascuñán, que habría confesado ser uno de los autores del asesinato. Unos de los primeros medios que divulgaron esas aseveraciones fue la Radio Agricultura, por decisión de su director Álvaro Puga, que integraba el “Frente Invisible” de Patria y Libertad.

La supuesta “confesión” de Riquelme indicaba que había sido contratado para realizar dos atentados terroristas a cambio de dinero; que el reclutador habría sido “un señor Blanco”, que los medios opositores pronto identificaron como Domingo Blanco, integrante del GAP; que además participaron “tres cubanos” y militantes del PS y del MIR; y que la orden era secuestrar a Araya “para producir un estado de conmoción que evitara cualquier arreglo que resultara del diálogo” del Gobierno y la Democracia Cristiana.

Más tarde, se conoció la verdad. Riquelme no había tenido participación alguna en la muerte del edecán y no era socialista. Fue una maniobra digitada por dos oficiales de la Inteligencia de Carabineros, Germán Esquivel Caballero, y la Armada, Daniel Guimper Corvalán, los que obligaron a Riquelme, bajo apremios, a firmar una supuesta confesión.

Roberto Thieme me señaló: “Luego se confirmó que los implicados, que fueron detenidos por la Policía de Investigaciones, eran un grupo que se había descolgado de Patria y Libertad, que consideraba insuficiente el nivel de violencia desplegado por el movimiento, los que yo mismo había expulsado un año antes. Se autoproclamaban ‘guerrilleros nacionalistas’ y se habían concertado con jóvenes del Partido Nacional y la Democracia Radical. En la noche de ese primer día de paro habían estado provocando desórdenes callejeros en Providencia”.

“En términos institucionales, Patria y Libertad no fue responsable del crimen, aunque debo advertir que el arma de fuego empleada, un rifle Marcatti largo, tipo Bataan, de fabricación argentina, la había ingresado clandestinamente a Chile desde el país vecino, con una partida que fue distribuida en el ‘tancazo’. Esa arma llegó a las manos del ex oficial de la Armada Jorge Ehlers, quien se la entregó a Guillermo Claverie, quien luego fue sindicado como el autor de los disparos que arrebataron la vida al comandante Araya”, explicó.

Y sostiene: “Pienso que lo más probable es que el asesinato de Araya fue resultado de un complot digitado desde la Armada, incluso el propio Merino. El comandante era un oficial leal al Presidente Allende y en septiembre debía ascender a contraalmirante y por lo tanto llegaría al alto mando de la institución naval, transformándose en un obstáculo al golpe. Por otro lado, la sospecha de que los autores procedían de la izquierda contribuía la cohesión institucional en torno al propósito de derrocar el Gobierno”.

Es interesante saber el destino de parte de los hombres que participaron en este hecho. Ehlers fue designado por la dictadura a cargo de la Dirección General de Deportes (Digeder), entonces dependiente del Ministerio de Defensa. Álvaro Puga fue unos de los pocos civiles que estuvo en el comando del Golpe de Estado el 11 de septiembre y luego asumió como “director de asuntos públicos” de la Junta Militar.

La periodista Mónica González descubrió, en plena dictadura, que ninguno de los detenidos en 1973 fue condenado. Y descubrió otra verdad incómoda: Germán Esquivel y Daniel Guimper pasaron a integrar las filas del llamado Comando Conjunto, aparato que coexistió con la DINA en los intentos de exterminio de la izquierda. Allí fueron colegas de tres participantes del grupo que participó en el asesinato del edecán naval: César Luis Palma Ramírez, Tito Alejandro Fígari Verdugo y Andrés Pablo Potin Lailhacar.

Domingo Blanco Tarrés, a quien intentaron falsamente involucrar en el asesinato, era uno de los jefes del GAP. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y hecho desaparecer.

LA ESCALADA DE ATENTADOS

El paro de los camioneros comenzó pronto a provocar estragos en el país. Según se informó, el conflicto afectaba el abastecimiento del 80 por ciento de los artículos de consumo, así como el suministro de combustibles e insumos para la gran minería del cobre (“El Mercurio”, 1 de agosto de 1973).

La ofensiva de atentados explosivos perpetrados por Patria y Libertad, con información y logística de la Armada, se propagó por el país. La revista “Chile Hoy” del 10 de agosto de 1973 constató que entre el 1 de julio y el 6 de agosto se registraron 128 atentados, en un proceso creciente, sobre todo con la utilización de elementos “profesionales” (es decir, cargas explosivas “cuya confección, manipulación y detonación no es atribuible a aficionados principiantes)”. Detalló que el tipo de atentado más frecuente fue el uso de “artefactos explosivos, dinamita  y afines”, con un total de “63 acciones terroristas y de sabotaje”. Se trataba de atentados cometidos “por grupos que actuaron de modo concertado, y a menudo con riguroso estudio previo del lugar y de las características precisas del blanco”.

Añadió que era evidente que “un altísimo número de las acciones terroristas apuntan directa o indirectamente a reforzar” el paro de los transportistas, destacando que se dirigían en forma prioritaria a vehículos de carga o locomoción colectiva; carreteras y vías férreas y puentes ruteros; y centro abastecedores de combustible .

A menos de un mes del derrocamiento de Allende, la publicación informó el 17 de agosto que “como parte de la cadena de casi 300 atentados terroristas desatada en todo el país por los sostenedores del paro de los camioneros, en la madrugada del 7 de agosto dos cargas de dinamita volaron un tramo del oleoducto de la ENAP que va desde Concepción a San Fernando. La tremenda explosión provocada por la rotura de la cañería a través de la cual (…) circulaba gas licuado, se convirtió por sus efectos devastadores y los dos muertos  y 17 heridos ocasionados, en la más bárbara de las acciones desplegadas por la derecha para crear un clima caótico que favoreciera sus proyectos golpistas”.

Detalló que los diarios de la cadena “El Mercurio” y, en general, la prensa de oposición, “desplegaron grandes titulares y publicaron ‘detalladas informaciones’, cuando el ministro encargado del proceso ordenó el arresto del obrero del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sabino Romero Salazar, atribuyéndole la condición de ‘sospechoso’ de haber intervenido” en el atentando, consignó. Detalló que “el obrero fue presentado indistintamente como militante del MIR o el Partido Socialista y en torno a él se tejió una maraña de mentiras”. Fue bautizado por los medios contrarios al Gobierno Popular como “comandante Sabino” .

El diario “La Prensa” de Curicó fue el primer en introducir aquella sospecha de la autoría de Romero, aseverando que se había “establecido” que se trataba de un “extremista” apodado “comandante Sabino”. Y que en Talca, el ministro en visita Hernán Correa de la Cerda había establecido que era el autor del atentado .

No tuvieron igual cobertura las declaraciones del Subcomisario Antonio Ocampo, Jefe de la Policía de Investigaciones de Curicó, que calificó de tendenciosas los reportes que entregó la prensa opositora, descartando que Romero fuera detenido por participación en el atentado. Lo más importante: señaló además que “todos los indicios conducen a un grupo de Patria y Libertad, pero aún no hemos logrado una prueba suficiente” .

El policía no se equivocaba. Consultado por el hecho, Roberto Thieme me dijo: “Como jefe en ejercicio de Patria y Libertad en esos momentos, señalo responsable y categóricamente que el atentado al oleoducto fue ejecutado por el movimiento. Y que, en coherencia con la solicitud de la Armada para que procediéramos, también en este caso la localización exacta del ‘blanco’ fue proporcionada por la institución naval, así como la logística. La Armada dispuso la ingeniería para la planificación y los medios, así como debe haber posibilitado la campaña de desinformación, y el movimiento puso la mano de obra” .

Sin embargo, hasta ahora en publicaciones de todo tipo en defensa del Golpe de Estado se insiste que el atentado fue obra de un atentado perpetrado por “el mirista Sabino”.

La ola de atentados terroristas se extendió hasta el mismo 11 de septiembre de 1973. Esa mañana, en su último discurso, el Presidente Salvador Allende señaló que “en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará”.

-El autor, Víctor Osorio, es periodista.

Santiago, 26 de julio de 2026.

*Fuente: Crónica Digital.

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