Julian Assange desafió a gobiernos, ejércitos y servicios de inteligencia revelando secretos que nunca debían salir a la luz.

Esta es la historia de WikiLeaks, de su guerra contra el poder y del precio que acabó pagando por ella.

Guion y narración: Eduardo Rodríguez (periodista)

Edición: Álex Muñoz & José Green

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COMUNICADO DE PRENSA

Miércoles 19 de agosto de 2026

La ampliación del uso de tecnologías de vigilancia en Argentina durante los dos primeros años de gobierno de Javier Milei ha servido para ampliar la capacidad de vigilancia, establecimiento de perfiles y represalias del Estado en el país, y ha creado un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.

El informe, titulado Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina, documenta la manera en que el gobierno, mediante resoluciones y decretos ejecutivos, ha introducido grandes reformas institucionales para ampliar su capacidad de recopilar información y, por tanto, sus mecanismos de vigilancia. Entre 2024 y 2025, el gobierno adquirió también tecnologías por valor de al menos 1,2 millones de dólares estadounidenses, entre las que se encontraban herramientas de seguimiento de las redes sociales, tecnologías de reconocimiento facial y herramientas de vigilancia aérea. Unidas, estas políticas y tecnologías constituyen un sistema de vigilancia masiva.

“Se está utilizando la vigilancia generalizada contra la población argentina en los espacios tanto físicos como digitales, con efectos devastadores. Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal: se ha atacado la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias”,

ha manifestado Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.

“Cuando el poder no quiere rendir cuentas, ataca a quienes hacen preguntas y utiliza cualquier medio a su disposición para vigilar, controlar y reprimir.”

El informe se basa en entrevistas con 21 personas (entre ellas periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores y defensoras de los derechos humanos), en análisis de decenas de documentos de contratación y datos relativos a las tecnologías de vigilancia adquiridas, y en información obtenida mediante peticiones basadas en la legislación sobre libertad de acceso a la información.

Una infraestructura de vigilancia cada vez más amplia

El gobierno argentino ha adquirido diversas tecnologías de vigilancia, incluidas plataformas de información de fuentes abiertas diseñadas para recopilar, verificar y visualizar grandes volúmenes de datos procedentes de redes sociales, sitios web, la web oscura (dark web), datos personales, infraestructura técnica y otras bases de datos públicas.

Las compras incluyen también licencias para software de reconocimiento facial de empresas con un historial de explotación masiva de datos biométricos sin suficiente base legal, así como la adquisición de drones y estaciones de control terrestre con capacidades de rastreo automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.

“Hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el mundo [….] A veces, cuando caminas, llegas a [donde estés yendo] y de repente ves el dron en el aire justo sobre tu cabeza. A veces a un par de metros. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?”,

dice Ana Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes.

En Buenos Aires, cada miércoles tiene lugar una marcha de pensionistas hasta el Congreso Nacional para protestar contra los recortes de las pensiones realizados por el gobierno de la nación.

El informe documenta el impacto directo que esas capacidades de vigilancia está teniendo en diversos grupos, incluidos periodistas, activistas y migrantes. En él se concluye que algunos se estaban autocensurando en las redes sociales y los espacios públicos, reduciendo su participación en protestas por miedo a ser identificados y tomados como objetivo, y tomando más precauciones en la planificación de actividades públicas.

Oleada global de tecnoautoritarismo

Amnistía Internacional ha documentado el abuso y el uso indebido de este tipo de tecnologías en todo el mundo. La adquisición y ampliación por parte de las autoridades argentinas de vigilancia basada en la inteligencia artificial refleja una tendencia global en la que el uso de estos productos por parte de los Estados incentiva a las empresas a emprender negocios que comercializan la vigilancia en gran escala. Si se unen estos elementos, se agrava el riesgo para derechos como el derecho a la privacidad, la igualdad y la no discriminación, la libertad de expresión y la de reunión pacífica, al tiempo que se reprimen la transparencia y la libertad de información.

“Lo que está sucediendo en Argentina no es un hecho aislado. En todo el mundo, los Estados que implantan prácticas autoritarias están aumentando su uso de las tecnologías de vigilancia contra personas que defienden los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes. Demasiado a menudo esto va acompañado de una falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas”,

ha declarado Matt Mahmoudi.

Amnistía Internacional pide a las autoridades argentinas que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto para una vigilancia discriminatoria tanto masiva como específica, y que prohíban el uso ilegal de estas tecnologías por parte de todos los actores públicos y privados.

Además, las autoridades deben adoptar medidas reguladoras adecuadas para la adquisición, el desarrollo, la producción, la venta, la importación y la exportación de tecnologías de vigilancia, y deben especificar marcos de política pública para su uso.

“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos”,

ha manifestado Matt Mahmoudi.

Para concertar entrevistas contactar a: Débora González, periodista de Amnistía Internacional Chile, a debora.gonzalez@amnistia.cl o a +56 9 5776 6652

Publicado en: https://amnistia.cl/argentina-el-despliegue-incontrolado-de-la-vigilancia-basada-en-la-ia-refuerza-una-infraestructura-tecnoautoritaria-de-control-social/

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Exposiciones, cine y mediación durante agosto

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, el espacio cultural de memoria, patrimonio y cruces transdisciplinarios invita a recorrer los últimos días de “Rostro de Chile”, exposición que reúne trabajos del reconocido fotógrafo nacional Antonio Quintana, señalado como “el padre de la fotografía social en Chile”. Además, la programación de agosto en Plataforma Cultural contempla la apertura de la exposición “La ciudad de Pepe Moreno”, del fotógrafo José Moreno Fabbri, mediaciones con los públicos y la proyección del documental “La ciudad de los fotógrafos”, actividades que buscan poner en valor la fotografía y generar experiencias en torno a esta disciplina durante su mes conmemorativo.

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Que el árbol no tape el bosque: se frenó la mayor extranjerización de tierras, pero hay vía libre contra los pueblos originarios y desalojos exprés.

Un análisis en clave jurídica y de derechos, detalla cómo el Gobierno intenta avanzar sobre las comunidades originarias para favorecer más a las empresas extractivas. La derogación de la Ley 26.160, el RIGI y un modelo que viola derechos humanos.

Martes, 18 de agosto de 2026

La Cámara de Senadores dio media sanción a la llamada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, a pesar de un rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, siguió adelante con dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos. En el primer caso, requiere de más condiciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble para luego expropiar; en el segundo, flexibiliza el procedimiento, lo agiliza para facilitar los desalojos.

Es probable que la discusión en Diputados llegue con otras sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valiosa y ponderada para el sector empresarial, pero totalmente ignorada para el mundo indígena: la seguridad jurídica.

En primer lugar, la acción de desalojo para inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido para juicios sumarísimos. En otras palabras, y evitando tecnicismos, los plazos se acortan, no se admiten excepciones previas, los abogados no puede presentar alegatos y las apelaciones —revisión de la medida— son restrictivas.

En segundo lugar, amplía la legitimación activa o permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo. En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción, y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial, complejiza mucho más el escenario.

Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial. Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente.

Una ley de tierras para un modelo que arrasa territorios

Lo que el Senado logró aprobar en una sesión atravesada por protestas en todo el país no es una medida aislada. Aunque debió ceder frente a su pretensión de liberar la extranjerización de la tierra, y modificar el destino y los plazos de las tierras incendiadas, insistió en votar el proyecto de ley para modificar la expropiación y el desalojo.

Esto debe, necesariamente, vincularse con el conjunto de acciones que viene llevando delante de forma consistente —vale sólo pensar en el Regimen de Incentivo para Grandes Interviones (RIGI) y en el Súper RIGI—, y que responde a un modelo económico, una matriz productiva y energética, un modelo de desarrollo, que demanda para su consolidación de territorios despejados, territorios vacíos.

Las comunidades indígenas son uno de los principales sujetos afectados. No sólo por el desconocimiento de sus derechos, sino porque prolijamente se fue desarticulando un andamiaje que, aunque precario, permitía austeramente avanzar hacia la titulación colectiva. La derogación de la Ley de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160), es sólo una señal de los objetivos perseguidos por la actual gestión de gobierno.

No obstante, se debe insistir en el estatus que revisten las carpetas técnicas, producto del relevamiento técnico jurídico catastral que ordenó la derogada ley. Éstas son expresión de un acto administrativo del Estado con efecto jurídico. La ley invistió como autoridad de aplicación al INAI. Más allá del cambio de este instituto en el organigrama del Estado, independiente de la derogación de la ley, las carpetas técnicas fueron resultado de un trabajo con las comunidades indígenas y no pueden soslayarse, aunque parece ser la intención de la gestión de gobierno cuando va anulando, de a poco, carpetas que son problemáticas para otros intereses generados alrededor de los territorios demarcados.

Si bien la anulación de carpetas por parte del INAI, o su apertura para revisión, genera enormes incertidumbres, las carpetas que todavía no son cuestionadas revisten relevancia porque, vale la pena insistir en ello, son actos administrativos del Estado con consecuencias jurídicas. Deben utilizarse estas carpetas como herramientas que impulsen la obtención de los títulos.

Volviendo entonces al debate parlamentario alrededor de la “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, no es menor que el oficialismo se haya visto obligado a dejar de lado la extranjerización de la tierra y la reforma a la Ley del Manejo del Fuego. Resta que en Diputados la presión de organizaciones y ciudadanía —que se expresó claramente en contra de esta avanzada del gobierno— pueda finalmente hacer caer el proyecto.

Las modificaciones a la expropiación y al desalojo son también una llamada de alerta, y una pieza más para el montaje de una maquinaria que sólo pretende generar recursos económicos a costa del sufrimiento de enormes sectores de la población. Dentro de ellos, y como siempre, se encuentran las comunidades indígenas.

-La autrora, Silvina Ramírez, es especialista en Derechos Indígenas. Docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI).

*Fuente: Litigio periodismo judicial

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Hablar de la construcción de un frente nacional palestino unido, en medio de la guerra de exterminio que vive nuestro pueblo, podría parecer una propuesta para otro momento. Pero la realidad es exactamente la contraria. Cuando los pueblos enfrentan los desafíos más graves de su historia, la unidad nacional se vuelve aún más urgente, y la ausencia de un marco común puede convertirse en un peligro tan grave como los ataques que sufre el propio pueblo.

Palestina enfrenta hoy una guerra abierta contra su existencia: un genocidio en Gaza, una limpieza étnica y una expansión acelerada de los asentamientos en Cisjordania, desplazamientos y destrucción del tejido social y geográfico palestino, junto con proyectos políticos destinados a liquidar la cuestión palestina y redefinir su futuro al margen de la voluntad de su pueblo.

Precisamente en este momento surge una pregunta que ya no puede seguir postergándose: ¿dónde está el marco nacional común capaz de convertir la voluntad del pueblo palestino en una fuerza política y popular organizada?

El pueblo palestino contó en etapas anteriores con un marco de estas características. La Organización para la Liberación de Palestina (OLP), durante sus años de auge, constituyó un paraguas nacional que reunió fuerzas y corrientes políticas e ideológicas diversas y representó, pese a sus contradicciones y diferencias, una referencia común de la lucha nacional palestina.

Pero ese papel se debilitó profundamente desde la firma de los Acuerdos de Oslo y las transformaciones políticas e institucionales que le siguieron.

Por ello, el llamado a reconstruir la OLP, reformar sus instituciones y recuperar su carácter nacional y democrático sigue siendo una necesidad indiscutible. Pero reformar la OLP no puede convertirse en una justificación para postergar la construcción de un amplio marco nacional y popular. La verdadera pregunta es: ¿por qué ambos procesos no pueden avanzar simultáneamente?

¿Por qué no trabajar al mismo tiempo en la reconstrucción de la OLP sobre la base de la asociación nacional y en la creación de un Frente Nacional Palestino Unido, que constituya un marco común de lucha, fortalezca la resistencia del pueblo, organice sus energías y enfrente la ocupación y los proyectos de liquidación de la causa palestina?

El frente nacional que proponemos no es una alternativa a la OLP ni un proyecto destinado a eliminar a ninguna facción o corriente política. Es un marco más amplio que las organizaciones y superior a las divisiones faccionales, basado en un programa nacional común acordado por las fuerzas políticas y sociales, sindicatos, asociaciones, organizaciones populares y personalidades nacionales.

Palestina no necesita otra organización que se sume a la larga lista de organizaciones existentes, sino un marco que reúna a quienes ya existen en torno a un mínimo común que no debería estar sujeto a disputa: poner fin a la ocupación, enfrentar la colonización y los asentamientos, rechazar el desplazamiento y la limpieza étnica, defender la unidad de la tierra y del pueblo, defender el derecho al retorno y a la autodeterminación y recuperar la decisión nacional de cualquier tutela o monopolio.

La propia experiencia palestina demuestra que esto es posible.

Durante la década de 1970 y, con mayor claridad, durante la Primera Intifada, surgieron en Cisjordania y Gaza marcos nacionales unificados capaces de organizar a las masas, coordinar huelgas y movilizaciones, emitir comunicados y establecer posiciones políticas. El pueblo no esperaba declaraciones contradictorias provenientes de múltiples centros; existía una voz nacional que le permitía saber qué hacer y cómo actuar.

Aquello fue un modelo de unidad política en el terreno, y no simplemente una unidad de declaraciones.

Hoy, en cambio, la ausencia de un marco semejante deja el espacio abierto a la polarización faccional y a la división política, y permite que intereses estrechos y prácticas tribales ocupen, en ocasiones, un lugar por encima del interés nacional común.

Aquí debemos afrontar las raíces de la crisis.

Los Acuerdos de Oslo constituyeron un punto de inflexión fundamental en el retroceso del proyecto nacional palestino. Israel obtuvo reconocimiento político, mientras el pueblo palestino no recibió un reconocimiento equivalente de sus derechos nacionales fundamentales, entre ellos el derecho al retorno y a la autodeterminación.

En lugar de conducir al fin de la ocupación, asistimos a una expansión masiva de los asentamientos, a la fragmentación de la tierra palestina, a una creciente dependencia y a la continuidad del control militar, hasta llegar a la realidad de genocidio y limpieza étnica que vemos hoy en Gaza y Cisjordania.

Israel también se benefició de Oslo para eludir sus responsabilidades como potencia ocupante, mientras la Autoridad Palestina fue transformándose progresivamente en administradora de la realidad de la ocupación, en lugar de ser un instrumento para ponerle fin.

El problema, además, no se limitó al acuerdo, sino que alcanzó la estructura del propio sistema político palestino: retroceso de las instituciones democráticas, suspensión de las elecciones, debilitamiento de los marcos representativos de la OLP y concentración de la decisión política en manos de un liderazgo reducido, lejos de una participación nacional amplia.

La modificación de la Carta Nacional Palestina en 1998 constituyó asimismo una etapa dolorosa de este proceso, cuando se eliminaron, bajo presión política externa, disposiciones fundamentales, profundizando la crisis de la OLP y debilitando uno de los principales marcos que expresaban los derechos nacionales palestinos.

Pero la crítica nacional debe ser integral.

No sería justo atribuir únicamente a la dirección de la Autoridad y de la OLP la responsabilidad por la continuidad de esta realidad. Diversas fuerzas palestinas participaron, en distintos grados, en las instituciones creadas por Oslo y en sus procesos electorales, pese a haber declarado en diferentes momentos su oposición al acuerdo.

Ese camino podría haber sido una vía hacia el cambio si hubiera estado acompañado por una posición nacional clara que estableciera como condición para reconstruir la unidad política el abandono de Oslo, de sus consecuencias y de la coordinación de seguridad.

Sin embargo, continuó la división, mientras la unidad nacional fue planteada muchas veces como un lema general sin un programa político común ni mecanismos obligatorios para aplicarlo.

Esto explica el fracaso de numerosos acuerdos e iniciativas, desde El Cairo hasta Beijing y otros esfuerzos.

Ha llegado el momento de pasar de administrar la división a construir la unidad.

Aquí adquiere toda su importancia la idea del Frente Nacional Unido.

La experiencia argelina ofrece, en particular, una lección de enorme relevancia. Frente al colonialismo francés, el Frente de Liberación Nacional logró reunir a corrientes, fuerzas y sectores sociales diferentes alrededor de un objetivo central: liberar Argelia y recuperar su independencia.

La unidad argelina no significó que todos los argelinos pensaran igual ni que compartieran las mismas orientaciones. Por el contrario, la diversidad existía. Pero el Frente logró convertir esa diversidad, de una fuente de dispersión, en una fuente de fuerza, mediante un programa nacional común, una amplia movilización popular y una actividad política y diplomática que llevó la causa argelina al mundo.

Esta es precisamente la lección que Palestina necesita recuperar hoy:

No necesitamos convertirnos en una sola organización; necesitamos un marco nacional común que reúna nuestra diversidad alrededor de nuestros derechos fundamentales.

Este principio también fue confirmado por otras experiencias de liberación en el mundo, donde los frentes nacionales sirvieron para movilizar a la sociedad y unir sus fuerzas sin eliminar su pluralidad.

¿Por qué no puede hacerlo también el pueblo palestino?

Afirmar que la existencia de la OLP impide la creación de un frente nacional supone confundir el marco representativo con el marco de lucha. La OLP debe ser la casa nacional común, mientras que el frente puede constituir un instrumento popular y de lucha que la fortalezca, contribuya a reformarla y ayude a recuperar sus instituciones democráticas.

En cuanto a la representación internacional, esta tampoco debe convertirse en una justificación para congelar la vida política palestina. La legitimidad internacional no obtiene su fuerza del monopolio de la decisión, sino de la legitimidad de la causa y de la voluntad del pueblo al que representa.

Los últimos años han demostrado que la cuestión palestina ha recuperado una amplia presencia internacional y que los crímenes de la ocupación ya no pueden ocultarse detrás de declaraciones políticas. Existen hoy importantes vías jurídicas e internacionales, pero necesitan una fuerza nacional organizada que las respalde, las defienda y evite que sean convertidas en simples cartas de negociación.

Al mismo tiempo, el mayor peligro que enfrenta Palestina hoy es que los proyectos destinados a liquidar la causa palestina sean presentados bajo títulos aparentemente palestinos o «nacionales», y que se pretenda que nuestro pueblo considere una entidad fragmentada y sin soberanía como una victoria histórica, mientras la ocupación continúa controlando la tierra, las fronteras y los recursos.

Nuestro pueblo ya enfrentó en el pasado numerosos proyectos de esta naturaleza, desde los llamados «Ligas de Aldeas» hasta los planes de desplazamiento y reasentamiento, y logró derrotarlos cuando contó con voluntad, organización y conciencia nacional.

Hoy, mientras se expande la guerra de exterminio, crece la colonización y se extienden las agresiones a los campamentos y ciudades de Cisjordania, ya no es aceptable que las fuerzas nacionales permanezcan divididas y que la voz del pueblo siga fragmentada entre múltiples centros.

La construcción del Frente Nacional Unido puede comenzar desde la base: mediante comités populares, organizaciones profesionales, sindicales, estudiantiles y sociales; desde los campamentos, pueblos y ciudades; y desde las comunidades palestinas en el exterior, hasta alcanzar un amplio marco nacional que ninguna facción monopolice y ninguna autoridad controle.

Esto no es un llamado a eliminar las diferencias políticas, sino a organizarlas dentro de un marco nacional que proteja la causa de que las diferencias se conviertan en una herramienta para desintegrar la sociedad.

Frente a un proyecto que pretende dividir la tierra, debemos unir nuestras filas.

Frente a un proyecto que pretende vaciar la causa de su contenido, debemos unificar nuestro programa.

Y frente a un proyecto que pretende imponer desde fuera un liderazgo o una solución al pueblo palestino, debemos recuperar la iniciativa desde dentro.

La unidad nacional no es un lema que levantamos cuando las crisis se agravan para volver a la división cuando disminuyen. Es una condición para la supervivencia y la victoria.

Por ello, la creación del Frente Nacional Palestino Unido ya no es una idea postergable, ni un lujo político, ni un proyecto que pueda dejarse para el futuro.

Es una necesidad nacional urgente.

Puede comenzar desde la base, mediante iniciativas populares sinceras, un diálogo que no excluya a nadie, un programa mínimo acordado por las fuerzas y componentes nacionales y una voluntad capaz de superar los cálculos faccionales y personales.

Un pueblo que enfrenta el genocidio, la limpieza étnica y la colonización no puede librar su batalla con voces dispersas.

La unidad del pueblo necesita un marco; el marco necesita voluntad; y la voluntad necesita iniciativa.

Y la etapa actual plantea a todos una pregunta sencilla y clara:

Si la unidad nacional es una necesidad, ¿qué nos impide comenzar a construirla ahora?

*Fuente: Faustotounsi

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La medida busca declararse ante una «amenaza grave e inminente» contra la seguridad pública.

El Gobierno ingresó ayer lunes al Congreso su reforma constitucional en materia de seguridad. Dentro de los puntos centrales está una modificación a los estados de excepción. En el documento hacen un amplio despliegue con las modificaciones, del que para el Ejecutivo se llama «Estado de excepción de seguridad pública».

Establece que se puede declarar cuando exista una «amenaza grave e inminente» contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada.

Asimismo, estipula que lo declara el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas.

Otro cambio es que puede durar hasta 120 días. El Presidente puede prorrogarlo por igual período, pero para sucesivas prórrogas necesita el acuerdo del Congreso Nacional.

Ahora, una vez declarado, las zonas quedan bajo la dependencia inmediata del Oficial General que designe el Presidente.

El Presidente debe informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas durante el estado de excepción. Una ley orgánica constitucional establecerá las atribuciones y deberes de la autoridad a cargo de las zonas afectadas, las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la eventual colaboración de las Fuerzas Armadas.

La reforma incorpora un nuevo inciso al artículo 43 que establece que, durante este estado de excepción, el Presidente podrá:

Suspender o restringir la libertad personal y de locomoción – Restringir el derecho de reunión – Restringir el derecho de asociación – Interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones – Disponer requisiciones de bienes.

¿En qué se diferencia del estado de emergencia? De acuerdo al documento ingresado, la propuesta busca que este nuevo estado pueda utilizarse antes de que la situación llegue a niveles difícilmente reversibles, pero también cuando la afectación grave de la seguridad pública ya se haya producido.

El mensaje dice que el crimen organizado puede afectar progresivamente la seguridad pública, controlar territorios e intimidar comunidades sin necesariamente encajar desde el inicio en las hipótesis tradicionales de los estados de excepción.

Territorios acotados 

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo en radio Universo que «lo que hemos pensado en este estado de excepción de grave alteración o amenaza a la seguridad pública es que hoy hay situaciones muy complejas de abordar, muy complejas, y depende del fenómeno delictual. Por ejemplo, pueden haber zonas rurales de nuestro país que estén tomadas por grupos terroristas o de narcotráfico».

Sin querer profundizar en qué zonas tienen pensado implementarlo, comentó que «tenemos simulaciones de zonas donde podría aplicarse. Mucho más acotadas. Nosotros hablamos de polígonos y dependen de fenómenos intelectuales, de dinámicas anarquistas, terroristas, en algún caso».

Fuentes conocedoras de la reforma señalan que ya hay 30 «polígonos» identificados.

Fuente: Emol.com

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ESTO IMPORTA: Nuevo estado de excepción constitucional entrega amplísimas facultades (¡mayores al Estado de sitio!) al Presidente de la República por 240 días sin pasar por el Congreso.

 

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