21.10.2020
El observatorio aragonés para el Sáhara Occidental inaugura hoy en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza la exposición ‘No es país para periodistas’. Su presidente, el profesor de derecho Francisco Palacios, pone en contexto para los lectores de Espacio 3 la realidad histórica y jurídica de la que fuera la 53ª provincia española.

El Sáhara Occidental era la principal colonia española en África desde 1884 y en 1961 fue integrado en España como su provincia 53, con efectos jurídicos de ciudadanía y nacionalidad. Pero, ante todo, el Sáhara Occidental tenía derecho a ser Estado, según Naciones Unidas (ONU). Todos los pueblos colonizados se fueron autodeterminando, en peor o mejor medida. Pero el Sáhara no se descolonizó porque España incumplió tanto su mandato legal como su compromiso ético, entregando el territorio a Marruecos, cuya satrapía invadió en 1975.

Esta traición ha costado al pueblo saharaui casi medio siglo de muerte, tortura y abandono. Cien mil saharauis viven bajo ocupación y apartheid de Marruecos, ciento cincuenta mil viven en la franja liberada o refugiados en la hamada de Tinduf (Argelia), y unos cincuenta mil en exilio.

Siete claves políticas y jurídicas explican la actual situación. En primer lugar, la resolución 1514 de la ONU, de 1960, que reza: “La sujeción de pueblos a subyugación extranjera constituye negación de los derechos humanos, contraria a la Carta de Naciones Unidas. (…) En los territorios que no han logrado su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes”. Así, se elaboraría un listado territorial donde estaba -y está- el Sáhara Occidental. La Resolución 2625 (de 1970) haría de la autodeterminación colonial un principio estructural del derecho internacional.

La segunda clave nos lleva a 1975, cuando la Corte Internacional de Justicia dijo no encontrar relación de soberanía entre el Sáhara, Marruecos o alguno de sus sucedáneos históricos, dada la “inexistencia de vínculos jurídicos que modifiquen la resolución 1514”. Hasta 1884, año de la colonización española, ningún sultanato marroquí asentó dominio sobre territorio saharaui.

En tercer lugar, el Acuerdo de Madrid de 1975, que transfirió la administración a Marruecos, es ilegal. Lo recordó la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU en el 2002: “El Acuerdo no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confería estatus de potencia administradora (…) Marruecos no se encuentra anotado como potencia administradora”. La cesión a Marruecos provocó ocupación militar, ejecuciones sumarias, bombardeos indiscriminados, exilio de miles de saharauis y subordinación bajo estado de excepción.

El cuarto hito es la guerra de defensa y liberación que emprendería como respuesta el Frente Polisario, el legítimo movimiento de liberación saharaui. Mas adelante cedió a una tregua, bajo el compromiso de un referéndum de autodeterminación. Así, la ONU elaboraría sucesivos planes, aceptados por el Frente Polisario e incumplidos por Marruecos, como el Plan de Arreglo, de 1991, que proponía votarlo bajo el censo español de 1974.

En 1997, los Acuerdos de Houston se saldaron con nuevos sabotajes de Marruecos a la elaboración del censo. El vicepresidente de la Comisión de Identificación de la ONU, en su Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, de 1995, señalaría manipulaciones e intrigas. Y el Plan Baker, del 2003, suponía la aceptación de nuevo plan marroquí, incorporando su propio censo, aunque posteriormente se negaría a aceptar su propio plan. Dicha negativa fue convalidada por el Consejo de Seguridad bajo amenaza de veto de Francia y Estados Unidos, en violación de las Resoluciones 1514 y 2625.

Desde ese año, se vienen sucediendo las resoluciones anuales del Consejo de Seguridad que invitan a las partes a alcanzar un acuerdo, que no ha llegado. Marruecos no quiere y el Consejo de Seguridad no actúa, dilación paralela a una estrategia de ocupación con miles de colonos marroquíes llegando al Sahara ocupado, y miles de saharauis perseguidos.

Esta era la quinta clave. La sexta es el hecho de que Marruecos es una satrapía. La Constitución de 1996 describe un régimen autoritario con la siguiente concentración de poder del sátrapa: a) presidir, nombrar y cesar al gobierno; b) reserva de ley para nueve materias, vaciando al parlamento; c) nombramiento del tribunal constitucional en un 50%; d) disolución del parlamento por decreto; e) estados de excepción.

La llamada modernización de Marruecos también es falsa. El Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2018 constata un indicador de pobreza de 42.5, solo superado por 26 estados de 173. Es país número 121 en índice de desarrollo humano, cuando en 1993 estaba en el 119, cifras que reposan sobre la vergüenza de ser socio preferencial de la Unión Europea. Eso se llama cleptocracia.

El séptimo punto nos habla sobre la legitimidad y la epopeya saharauis, con acatamiento de toda decisión internacional, abnegada renuncia a la violencia y estoica resistencia ante todo tipo de violación de derechos humanos. La total escolarización de su población y una organización institucional en condiciones de refugiado, ¿compensan? La defunción de su causa por inanición internacional tiene ejecutores más allá de la dictadura de Marruecos, bajo bandera de Francia, Estados Unidos y España. Lo llaman realismo político, pero no deja de ser militancia activa con los verdugos.

 

*Fuente: ElPeriodicoDeAragon