Ni la emergencia por coronavirus puede ponerle un freno a las peores miserias del gobierno de facto de Bolivia. El golpe de Estado iniciado el 10 de noviembre de 2019 para desplazar del poder al expresidente Evo Morales deja, hasta el momento, un triste saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Seis meses después de su acto inaugural, las masacres de Sacaba y Senkata , el régimen encabezado por Jeanine Añez reacciona a las urgencias de las clases populares con la misma receta: represión salvaje, oídos sordos y distorsión de la realidad. La pretendida reconversión económica del país, impropia de un gobierno de transición que sin embargo pretende aferrarse al poder, ha llevado a miles de bolivianos a violar la cuarentena para salir a las calles, organizando cacerolazos y marchas espontáneas en distintas regiones. Hoy, la mayoría de los trabajadores, acostumbrados a subsistir día a día, se ven forzados a optar por una trágica disyuntiva: morir de coronavirus o morir de hambre. Página/12 contactó a cuatro figuras representativas de la coyuntura boliviana que analizan este duro presente e intentan desmembrar la lógica operativa del régimen.

“Estos seis meses de gobierno de facto arrojan un balance negativo, como no podía ser de otra manera. Su rasgo principal es el predominio casi absoluto del aparato del Estado (fuerzas armadas, policía y magistratura) sobre el resto de la institucionalidad. Y dentro del aparato del Estado, la policía mantiene un fuerte predominio sobre las fuerzas armadas”. Quien habla es Hugo Moldiz, exministro del gobierno de Bolivia (2015) que permanece asilado en la residencia de la Embajada de México en La Paz. La feroz interna entre policías y militares se vio reflejada la semana pasada cuando oficiales subalternos de las fuerzas armadas, asignados a la ciudad de El Alto, denunciaron mediante una carta dada a conocer por la cadena televisiva ATB graves irregularidades cometidas por la policía nacional.

Pero Moldiz no menciona otra arista de ese aparato ideológico que cumplió un rol fundamental en la consumación del golpe: la jerarquía eclesiástica. “Se ha utilizado el fundamentalismo de las iglesias para profundizar el racismo, la estigmatización de las personas no sólo vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS) sino de las personas indígenas que han construido el proceso de cambio”, advierte Adriana Guzmán, activa militante social e integrante del colectivo Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Una de las imágenes más simbólicas de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez fue su ingreso al Palacio Quemado sosteniendo una enorme Biblia entre sus manos, en un país que desde 2009 se declara laico.

El hambre del pueblo

“Uno de los problemas relacionados con la aplicación a punta de bota militar y policial, y persecución judicial por parte del régimen, es la cuestión del hambre del pueblo. Muchos sectores de la población, hombres y mujeres del campo y la ciudad que viven del día a día, se han visto en una situación muy precaria y ahora están en una contradicción terrible entre infectarse y morir por el coronavirus o morir de hambre”, advierte desde Cochabamba el sociólogo Boris Ríos, en diálogo con este diario. La situación para la mayoría de la población de Bolivia es dramática desde el inicio del golpe, y se agravó en el contexto pandémico: una de las ciudades más afectadas por la crisis sanitaria es Cochabamba, donde muchos habitantes ya no tienen forma de alimentar a sus familias y exigen que se flexibilice la cuarentena.

“Las clases populares viven del día a día por las características estructurales de la economía boliviana. Más de un 70 por ciento vive de la economía no formal, y esto ciertamente está generando un peligroso clima social que el gobierno trata de minimizar”, afirma Moldiz. La respuesta del régimen ha sido nuevamente la represión de la protesta y la persecución política, apuntando al Movimiento al Socialismo (MAS) como promotor de las movilizaciones, y al expresidente Evo Morales como cabeza de un supuesto complot que vienen denunciando hace seis meses. “Días pasados han habido 21 arrestados por el hambre, de los cuales algunos son incluso acusados de terrorismo”, agrega Ríos.

La respuesta del régimen

Desde que hace dos meses se conoció el primer caso de coronavirus en Bolivia comenzó un constante tira y afloje entre el ministerio de Salud, que busca liderar el combate a la pandemia, y los servicios departamentales, que defienden su autonomía. Los desencuentros fueron creciendo hasta generar destituciones de personal jerárquico, incluyendo el alejamiento del propio ministro de Salud, Aníbal Cruz. En ese sentido, Guzmán revela datos de la corporación médica que muchas veces escapan al análisis: “Los médicos han estado más de 60 días en paro antes del golpe de Estado. Por ende, el sector médico ha sido parte del golpe. Si no se han transformado las condiciones en salud ha sido porque los médicos permanentemente se han opuesto a las transformaciones para beneficiar a sus clínicas privadas, pero también por su profundo racismo y colonialismo”.

Las pocas pruebas que se realizan en el interior del país tardan días en llegar a algún laboratorio ubicado en La Paz, epicentro del sistema de salud. Las clínicas privadas cobran hasta 11 mil bolivianos por día (más de 1.500 dólares) si el paciente tiene coronavirus, y sólo aplicar el test implica un costo de entre 700 y 1.000 bolivianos. En tanto, el sistema público de salud carece sistemáticamente de reactivos, kits de pruebas clínicas, equipos e insumos. Hasta el momento, son 4.088 los casos confirmados y 169 los muertos por la covid-19 en Bolivia. “No han podido desarrollar una acción planificada y ordenada en el manejo de la pandemia”, concluye Pérez, quien además es el primer refugiado político en la provincia de Córdoba tras la asonada militar en Bolivia. 

En el medio, las presidenciales

Bolivia tendría que haber celebrado elecciones el pasado domingo tres de mayo, pero éstas fueron aplazadas por la emergencia del coronavirus. El gobierno de facto salió a escudar su decisión bajo el pretexto de que “la salud es lo primero”. Hasta el momento, no hay una fecha estipulada para volver a las urnas, pese al plazo de noventa días aprobado por el Parlamento. Por eso, los temores y especulaciones crecen en torno a una figura impredecible como Añez, que asumió el gobierno para ejercer una gestión transitoria, mientras toma medidas estructurales que impactan en la población a corto y largo plazo. Como si fuera poco, la exsenadora de derecha decidió postularse a la presidencia, aunque las encuestas la sitúan muy lejos del favorito candidato del MAS y exministro de Economía, Luis Arce.

 

“El pedido de fecha de elección no sólo es un pedido de la población en su mayoría, sino también de los exsocios de este gobierno transitorio que se han dado cuenta que si no se acelera este proceso pueden encontrarse con un rechazo que también los alcance y un apoyo al anterior gobierno”, expresa Pérez. En tanto, Guzmán considera que Añez, al contar con escasas chances de triunfar en los comicios, apostará a “seguir alimentando la fragmentación y el racismo en la sociedad para que (el expresidente) Carlos Mesa sea la opción de centro supuestamente, por más que sea también cómplice del golpe y culpable de la Masacre del Gas”. Por último, Moldiz teme que la postergación de estas elecciones se deba a una casi segura victoria de la fórmula Luis Arce – David Choquehuanca. “Sería demasiado nefasto para la historia democrática de Bolivia”, alerta. Aunque al interior del realismo mágico diseñado por Añez y sus amigos, nada parece imposible

*Fuente: Página12