El desconocido rol estelar de J.A. Kast en la “guerra santa” contra la OEA

Dos meses antes de lanzar la candidatura presidencial que en 2017 le abrió el camino a un liderazgo con proyección nacional, José Antonio Kast ya había timbrado su pasaporte a las grandes ligas continentales del conservadurismo. Kast anunció su postulación a La Moneda en agosto de ese año y solo el puñado de entusiastas seguidores que entonces le acompañaba se atrevía a vaticinar que terminaría adueñándose del extremo derecho del arco político. Pero Kast ya sabía dónde apuntaba: en junio de ese año, en Ciudad de México, dio un paso clave como aspirante al timón de las fuerzas conservadoras. Un capítulo poco conocido en su historial y que lo asocia con un gigante que en gran parte del continente ya es una fuerza electoral sin frenos: el mundo evangélico conservador.

El 15 de junio de 2017 se lanzó la Declaración de México, un manifiesto suscrito por 670 parlamentarios de 18 países de América Latina que se opone a que las resoluciones de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliguen a los estados miembros a modificar sus leyes locales “en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa” (vea aquí la declaración y sus signatarios).

Esa reunión en México no tuvo solo como objetivo la firma de una declaración. Fue un acto fundacional: los suscriptores pusieron en marcha el Congreso Hemisférico de Parlamentarios. Desde allí se articularían sus fuerzas políticas, económicas y religiosas, para evitar en estos 18 países que las resoluciones de la OEA y de los otros dos organismos interamericanos amplíen las libertades individuales en materias como aborto y derechos reproductivos, educación sexual, matrimonio homosexual y equidad de género.

En corto y simple: la declaración y el Congreso Hemisférico son hitos públicos del lobby internacional cristiano que presiona a gobiernos y parlamentos americanos para impedir que legislen a favor de lo que las fuerzas conservadoras llaman “ideología de género”.

Y allí, en el centro de la foto oficial de los principales líderes continentales que dieron vida a ambos hitos, un chileno: José Antonio Kast. Su rol fue estelar, pues el líder de Acción Republicana –movimiento que ya está en proceso de inscripción como partido político– integró el equipo de seis personalidades que organizó la reunión de junio de 2017 en México. De hecho, fue ungido como presidente del comité promotor del Congreso Hemisférico (vea un video con su vocería en ese comité).

El lobby que desembocó en la reunión de México ha sido impulsado y generosamente financiado por poderosas asociaciones cristianas de alcance internacional, donde el rol de mayor peso lo ha jugado la estadounidense Alliance Defending Freedom (ADF). En este tipo de organizaciones confluye el poder de grupos católicos y evangélicos conservadores, constituyendo una alianza de dos sectores cristianos que hasta hace algunos años caminaban por veredas diferentes y hasta antagónicas.

CIPER formó parte de la investigación periodística internacional Transnacionales de la Fe, integrada por 16 medios de comunicación de 13 países, coordinada por Columbia Journalism Investigation de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Esta red colaborativa rastreó las fórmulas que utiliza ADF, y otras organizaciones cristianas que la orbitan, para influir en las políticas gubernamentales y los debates legislativos desde Estados Unidos hasta el Cono Sur.

El resultado de esta investigación conjunta revela cómo y a través de qué vías la ADF –así como sus entidades asociadas– ha desarrollado estrategias para debilitar a la OEA y fortalecer al conservadurismo. Este impulso no solo fue el motor de la elección de Donald Trump, sino que también fue determinante en el fulminante crecimiento de la bancada evangélica brasileña que pavimentó la victoria de Jair Bolsonaro, así como en el triunfo del “No” al acuerdo de paz con las FARC en el plebiscito colombiano.

Todas esas victorias en votaciones populares se deben en gran medida al apoyo creciente que reciben sus dirigentes y articuladores desde entidades nucleadas bajo el paraguas de ADF.

En general, la influencia de estas poderosas organizaciones cristianas conservadoras se ejerce a través de cauces legales de asesoría legislativa y lobby regulado. Pero también hay evidencia de que en algunos países se impulsaron negociaciones reservadas para asegurar que los votos evangélicos beneficiaran a ciertos políticos, bajo el compromiso de que estos impulsarían normas anti aborto y contrarias a la ampliación de derechos de las minorías sexuales. Compromisos que aseguraban la designación de cristianos conservadores en puestos clave para las políticas de salud, educación y relaciones internacionales.

De todas las organizaciones cristianas que fueron investigadas por Transnacionales de la Fe, al menos cinco registran vínculos con personas o instituciones chilenas: ADF, Political Network for Values, Advocates International, Population Research Institute e International Human Rights Group. Esta última fue la que financió los pasajes de José Antonio Kast a la cita en México de 2017. Así lo consignó el entonces diputado en la plataforma de transparencia de la Cámara Baja.

En el mismo registro oficial del Poder Legislativo figuran los pasajes y la estadía en Maui (Hawai), viaje que hizo Kast en 2016 y que pagó la ADF Academy (entidad que especializa a abogados de toda Latinoamérica en “derecho de familia” y “libertad religiosa”) para que participara en un evento que esa organización auspició.

“DEFENDER LA SOBERANÍA”

El eje de la acción de ADF es la defensa jurídica de los valores profesados por el cristianismo más conservador. Nació en Estados Unidos en el año 2000, en respuesta al avance de las normas liberales que en ese país limitan o prohíben las manifestaciones religiosas en la educación pública, garantizan el acceso al aborto y amplían los derechos de homosexuales. Pero su origen se sitúa siete años antes, en 1993, cuando una treintena de pastores evangélicos se propuso organizar una fuerza legal capaz de enfrentar a las poderosas organizaciones progresistas –como American Civil Liberties Union (ACLU) y Planned Parenthood– que con sus arcas bien provistas iban sumando adeptos y éxitos en litigios y lobby.

Esa trinchera para resistir y contraatacar fue, finalmente, la Alliance Defending Freedom.

Los registros públicos estadounidenses de organizaciones sin fines de lucro, indican que la ADF maneja un presupuesto que en los últimos años ha escalado hasta US$50 millones. Aunque sus integrantes son mayoritariamente evangélicos, entre sus miembros también hay una minoría católica. De hecho, quien la presidió desde su creación hasta 2017, Alan Sears (colaborador del ex presidente Ronald Reagan), es un abogado “católico romano”.

Hasta mediados de esta década –ha dicho el propio Sears- la ADF colaboró con más de tres mil organizaciones y formó a cerca de cinco mil abogados provenientes de 20 países (Chile en esa nómina), 1.400 de ellos a través de su programa para jóvenes becarios Blackstone Legal Fellowship. Sus fondos fueron aportados por más de un millón de personas y mantenía no menos de 110 mil donantes activos (vea una entrevista de Sears cuando aún dirigía la ADF).

Hasta ese momento ADF había invertido US$42 millones para costear litigios en distintos tribunales. Una de sus últimas batallas emblemáticas en Estados Unidos fue su oposición en las cortes a la normativa para que los planes de salud de las empresas financien métodos anticonceptivos abortivos para sus empleadas.

Esa poderosa red tejida por la ADF fue la que dio sustento a la cita continental que lideró Kast en México. Allí, actuando como vocero, Kast exigió a la OEA ceñirse al marco legal que determina que sus funciones principales son “trabajar por la paz, la seguridad, la democracia y el respeto a los derechos humanos”. Y denunció “el abuso que ha cometido en el último tiempo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto de dictar órdenes y circulares ejecutivas para promover una agenda de género que sale del marco legal de la OEA y pretende instalar una agenda distinta, no solo en la OEA, sino respecto de cada uno de los países integrantes”.

José Antonio Kast remató con un llamado “a defender la soberanía y la autodeterminación de cada país que han sido pasados a llevar, de maneras distintas, tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la Comisión Interamericana de la Mujer”.

La OEA, la Comisión y la Corte Interamericana, han impulsado en sus resoluciones legislar a favor del matrimonio homosexual y la equidad de género, bajo el argumento de que son derechos que están garantizados por los tratados de derechos humanos suscritos por sus estados miembros.

De hecho, uno de los factores que gatilló la cumbre parlamentaria conservadora de 2017 en México, fue la inminente respuesta de la Corte Interamericana a una consulta crucial que le formuló el gobierno de Costa Rica: si para respetar el principio de no discriminación e igualdad jurídica, tenía la obligación de establecer un mecanismo expedito para el cambio de nombre legal en casos de personas que apelan a la “identidad de género” y para asegurar los derechos patrimoniales en uniones del mismo sexo.

El mundo conservador vio en esta consulta una maniobra del gobierno de Costa Rica para evitar el debate legislativo en su parlamento e imponer “por secretaría” las reformas liberales. Un atajo que podrían recorrer otros países.

“El gobierno de Costa Rica hace esta consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pasar por sobre su parlamento”, afirmó José Antonio Kast en su rol de presidente del comité promotor del Congreso Hemisférico. Y aseguró que la acción de Costa Rica instrumentalizaba el sistema interamericano de derechos humanos. Aunque las respuestas de la Corte no son vinculantes, la amenaza que ven los líderes conservadores es que los gobiernos liberales usen esas resoluciones en el debate legislativo de sus países para imponer sus agendas progresistas.

En octubre de 2017, cuando ya era candidato presidencial, Kast asistió a un nuevo encuentro del Congreso Hemisférico, esta vez en Washington. Una de las primeras decisiones del congreso fue entregar una declaración a los cancilleres de cada uno de los 18 países, instándolos a exigirle a la OEA que actúe dentro de su marco legal, que no vulnere la soberanía ni la autodeterminación de sus estados miembros y que no opere de hecho como un supra-poder legislativo y judicial.

En Chile esas gestiones no tuvieron éxito bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Pero el 25 de abril pasado se informó que la administración de Sebastián Piñera sí suscribió una carta –junto a Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay– dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se pide respetar las decisiones autónomas de los países miembros. CIPER pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia una versión oficial sobre cómo y dónde se gestó esa carta y quiénes la promocionaron ante el gobierno. La subsecretaría no entregó información y la Cancillería, a través de su unidad de comunicaciones, respondió con un escueto párrafo perfectamente vacío:

“Lo que el Ministerio puede señalar es que el envío de la carta a la CIDH fue un acuerdo entre varios países con el objetivo de, a través de una acción conjunta, buscar un procedimiento de mejoras del sistema”.

El canciller del gobierno anterior, Heraldo Muñoz, dijo a CIPER que no recuerda haber concedido audiencia o recibido mensajes sobre estos temas. Funcionarios de la Cancillería que trabajaron en esta área, dijeron a CIPER que nunca fueron objeto de presiones, pero que sí están conscientes del poder que tiene el lobby del mundo cristiano conservador a nivel latinoamericano. Uno de ellos recordó un capítulo que lo grafica:

-Cuando se votó la resolución en Ginebra (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2016) sobre diversidad sexual, esa resolución la lideraba Brasil en América Latina. Pero los brasileños nos llamaron porque estaban preocupados por la reacción de la bancada evangélica en su país. Nos dijeron que ellos no podían liderar públicamente la propuesta. Y nos pidieron a nosotros (los chilenos) que lo hiciéramos. Y en esto trabajamos con Canadá, que era el otro país que estaba liderando esta iniciativa.

Las mismas fuentes señalaron que la carta que ahora firmó el gobierno de Piñera no llegó a través de la Cancillería o el Ministerio de Justicia, sino que fue recibida directamente en el Palacio de La Moneda, apalancada por una entidad católica ultraconservadora. Y agregaron que el silencio oficial sobre el origen de esta iniciativa busca evitar que se conozcan las fuerzas que están detrás del lobby internacional que la impulsó. En todo caso, la carta no pasó inadvertida y generó críticas en la oposición: el pasado 14 de mayo, la Cámara de Diputados citó a una sesión especial en la que los ministros de Relaciones Exteriores y Justicia tuvieron que dar explicaciones sobre el sentido del documento enviado a la CIDH. El entonces canciller, Roberto Ampuero, dijo ante la Cámara que la carta solo promueve reformas que buscan perfeccionar el sistema regional de protección a los derechos humanos.

FIRMANTES CHILENOS

De los 670 parlamentarios de la declaración de México, 28 son chilenos (vea esa nómina). La mayoría pertenece a los partidos oficialistas Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), salvo un demócratacristiano: Jorge Sabag. CIPER logró contactar personalmente a una decena de ellos. La mayoría no recordaba el contenido del documento que rubricaron ni quién les había pedido que lo firmaran. Ignacio Urrutia (ex UDI y hoy adherente de Kast) aseguró que estas convocatorias se hacen por correo electrónico y que los parlamentarios se suman sin mayor compromiso posterior. Todos los legisladores consultados concordaron en que después de esa carta no ha existido una articulación entre los firmantes.

Ejercitando la memoria, la diputada María José Hoffmann (UDI) dijo que “le sonaba” que José Antonio Kast pudo haber impulsado la declaración, pero que no lo recordaba con exactitud. El diputado Jaime Bellolio, uno de los más liberales de la UDI, señaló: “Creo que fue Kast quien andaba en búsqueda de eso, en la línea de que los países sean quienes definan políticas específicas en materias como aborto y uniones civiles, ya que no existe un derecho humano al aborto o al matrimonio igualitario. Sí, en cambio, existe el derecho humano a la no discriminación arbitraria, a la igualdad de trato. Por eso voté a favor de las uniones civiles y del proyecto de identidad de género, como una manera de entregar mayor dignidad y no discriminación”.

El diputado Bernardo Berger (RN), quien inicialmente no recordó la carta ni quién le pidió su firma, dijo después: “Haciendo memoria, la suscribí en los términos que allí aparecen, porque ningún organismo internacional puede pretender imponer políticas desconociendo las profundas creencias religiosas y morales de los pueblos. Hacerlo es un atropello a la soberanía y autonomía de cada país”. Lo que definitivamente no recordó, fue quién le pidió su firma.

El diputado Alejandro Santana (RN): “No recuerdo bien, pero yo firmé por la agenda contraria al aborto y al matrimonio igualitario. Los detalles no los recuerdo. Ha habido reuniones aisladas, pero no tienen frecuencia. Era una carta de intención o de instalación de nuestra postura contraria a una agenda que no nos representa”.

En la Cámara Alta, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), también dijo no recordar quién le pidió la firma. Lo que sí sabe es que no hubo más coordinación entre los firmantes: “Y, para ser franco, no recuerdo que la idea fuera que la hubiera”, acotó.

Si la imagen que José Antonio Kast ha construido en el exterior es la del líder de un sector importante del parlamento chileno que se opone a las directrices de la OEA en materia de género, las bases que lo sustentan aparecen febles. Así lo evidencia la escasa importancia que los mismos firmantes chilenos le han dado a la promoción y continuidad de la Declaración de México.

Pero donde su discurso sí ha calado, y hondo, es en el mundo evangélico conservador. De allí que profundizar esa relación se haya convertido en un objetivo clave de su estrategia presidencial. El problema, es que los esfuerzos para organizar políticamente a los feligreses evangélicos aún están lejos de cuajar en una fuerza electoral disciplinada.

QUIEBRE EVANGÉLICO CON PIÑERA

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y algunos países de Centroamérica, donde el electorado evangélico es un actor relevante, en Chile las iglesias protestantes no han logrado consolidar una fuerza política. Los primeros pasos en esa dirección se dieron recién en las elecciones de 2017, cuando algunos pastores liderados por obispos como Eduardo Durán, Edito Espinoza y Jorge Méndez, con el auspicio de la poderosa iglesia Catedral Evangélica, le dieron su apoyo público a Sebastián Piñera y, en alianza con un partido de la coalición de derecha (RN), consiguieron tres escaños en la Cámara de Diputados (de 155 miembros).

Pero la decisión del gobierno de Piñera de dar curso a la Ley de Equidad de Género (promulgada en noviembre de 2018), que consagra el derecho de las personas trans a cambiar de nombre y sexo legal, quebró esa alianza. Desde entonces diversos pastores han comenzado a acercarse a Kast.

Otro elemento que debilitó la relación del gobierno de Piñera con el mundo evangélico es que el principal aliado de La Moneda entre los pastores, el obispo Eduardo Durán Castro, a fines de abril pasado se vio obligado a renunciar a sus cargos de presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal y Pastor Gobernante de la Catedral Evangélica. Durán ha sido investigado por lavado de dinero luego de recibir remesas producto de la alianza de su iglesia con la poderosa congregación estadounidense International Pentecostal Holiness Church (vea ese reportaje de CIPER).

La indagatoria salpicó a su hijo, el diputado de RN Eduardo Durán Salinas, pues trascendió que el obispo le entregaba sumas millonarias que no fueron incorporadas en la declaración patrimonial que, por ley, debe hacer el parlamentario. Pero no fue por estas irregularidades financieras que el obispo Durán perdió sus cargos, sino porque sus feligreses se rebelaron tras su anuncio de que se divorciaría para formalizar su relación con una nueva pareja.

EVÁNGELICOS Y CATÓLICOS: SANTA ALIANZA

Los evangélicos no tienen en Chile ni políticos ni partidos ni universidades ni centros de estudios influyentes. Lo que sí tienen son radios, canales de TV por cable y muchos recursos. Frente a la aridez en el escenario político, organizaciones como ADF se han visto obligadas a tejer alianzas con figuras e instituciones del catolicismo chileno más conservador. Entre esas figuras está el propio Kast, quien participa en el movimiento marianista Shöenstatt; y entre  las instituciones, la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), la Universidad de Los Andes (UANDES), la Fundación Jaime Guzmán (FJG) y Comunidad y Justicia.

Estas relaciones le han permitido por ahora a la ADF asegurarse de que sus ideas sean escuchadas en los procesos legislativos. Esto ha sido posible a través de su relación con la UC, UANDES, FJG y Comunidad y Justicia, entidades respetadas en materia jurídica y legislativa. Todas ellas elaboran minutas de asesoría para parlamentarios o bien participan como expositoras en las comisiones del Congreso cuando se discuten proyectos de ley relacionados con la “agenda de género”, derechos reproductivos, derechos de la infancia, aborto o unión civil (en Chile no se ha aprobado el matrimonio homosexual).

Los primeros registros públicos de vínculos entablados en Chile por ADF datan de 2011. Ese año la Fundación Jaime Guzmán en conjunto con la Universidad de Los Andes, recibieron a un pasante de ADF: Jonathan Richardson, estudiante de la Universidad de Forham (Nueva York), para que analizara el derecho comparado sobre uniones homosexuales e inmigración. Su mentor en Chile fue Luis Alejandro Silva, académico de la Facultad de Derecho de la UANDES. En una publicación interna de esa universidad, Silva explicó que querían “afiatar” la relación con ADF para recibir más estudiantes y enviar alumnos chilenos a capacitarse en Estados Unidos.

La Fundación Jaime Guzmán es un centro de estudios y de formación ideológica que tiene entre sus directores a José Antonio Kast. Está estrechamente vinculada al partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), en el que militaba Kast antes de crear Acción Republicana. La FJG presta asesoría legislativa a los parlamentarios de la UDI de manera permanente. Ese partido cuenta con una bancada de 30 diputados (de un total de 155) y nueve senadores (de 43). De los 28 parlamentarios chilenos que suscribieron la Declaración de México, 17 pertenecen a la UDI.

La Fundación Jaime Guzmán respondió por escrito las consultas de CIPER, indicando que “no posee un convenio explícito con ADF. No obstante, una vez al año, en la medida que exista interés, puede venir a Chile un estudiante por intermedio de este programa”.

La UANDES es una universidad del Opus Dei y una de las instituciones de educación superior que reciben más donaciones del mundo privado. En 2012, la UANDES recibió a una de las figuras más reconocidas de la ADF, el abogado Piero Tozzi, quien dictó una conferencia invitado por el centro de alumnos de Derecho. Tres años después, en 2015, un informativo interno de la UANDES promovió entre sus estudiantes de Derecho la postulación a la Beca Areté Academy, ofrecida por ADF, para asistir a un programa de instrucción legal en México “enfocado en derecho, justicia, derecho natural y perspectiva cristiana”.

Sobre sus nexos con ADF, la UANDES respondió por escrito a CIPER que “no ha suscrito ningún convenio de colaboración ni establecido una alianza con la entidad estadounidense Alliance Defending Freedom (…). En cuanto a la beca Areté Academy, que financia ADF, una ex alumna de la Facultad de Derecho postuló de manera independiente en 2016 y tuvo la posibilidad de participar en este programa, que es abierto a estudiantes de Latinoamérica que cursan carreras como Derecho, Ciencias Políticas, o se especialicen en campos relacionados”.

Respecto a la relación entre la ADF y la Universidad Católica (UC), los primeros registros públicos de sus nexos datan de 2013. Ese año, una publicación interna de la UC promovió entre sus alumnos la pasantía de verano del programa Blackstone Legal Felloship de ADF. Luego se informó que dos alumnas extranjeras (Lucía Vásquez, argentina, e Irene Zegarra, peruana), ambas becadas por el programa Blakstone Legal Fellowship, desarrollaron pasantías de seis semanas en las que elaboraron trabajos de investigación para dos entidades de la universidad: el Centro de Libertad Religiosa y el Centro UC de la Familia.

La UC es una universidad pontificia (depende directamente del Papa) y en ella operan varios centros de estudios que generan importantes insumos contrarios al enfoque de género. De hecho, sus informes y minutas fueron pilares de la oposición a la Ley de Despenalización del Aborto en Tres Causales, aprobada bajo el gobierno de Michelle Bachelet.