La declaración de la Cancillería, en conjunto con los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, en el que manifiestan sus «inquietudes en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos”, y en la que pidieron  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que respete la autonomía de los países en la promoción y protección de derechos sin invadir las competencias de los Estados, ha desatado una ola de reacciones en amplios sectores del establishment.