La grotesca y triste explicación de un ex presidente chileno sobre la impunidad

Carta respuesta del Ex Presidente Lagos al semanario El Siglo (texto completo se puede leer más abajo, a continuación de esta declaración. Lo mismo con el artículo de El Siglo. )
Hacemos pública nuestra opinión sobre la respuesta del Ex-Presidente Ricardo Lagos a un artículo publicado en el diario El Siglo el pasado 19 de junio titulado «¿La última batalla?». Dicho artículo hace referencia a la Huelga de hambre que los Ex presos políticos de la dictadura cívico-militar están efectuando en estos momentos, desde hace 76 días (en Punta Arenas), para, según sus palabras, «insistir en sus demandas que resuelvan varios problemas pendientes».
Es sorprendente la ligereza y la falta de consideración con que el Ex Presidente reconoce después de tantos años que los Ex presos políticos se movilizan para exigir solución a sus problemas pendientes, pues los sucesivos gobiernos civiles, incluido el de su propia gestión, han hecho gala de un raro desprecio hacia ellos. En repetidas ocasiones se han hecho llegar a las autoridades cartas, peticiones, exigencias que nunca han tenido respuestas y en otros casos han dilatado las “negociaciones” que nunca han concluido en acuerdos. Ello explica el surgimiento de la iniciativa de la Huelga de hambre, del 13 de abril 2015, que contó con más de 115 participantes y efectuada en más de 16 ciudades del país.
En síntesis, las diferentes iniciativas realizadas en este último período por las autoridades del Estado, en los planos de la Verdad, la Justicia, la Memoria y la Reparación, han sido insuficientes y no han correspondido a lo estipulado en las normas internacionales en la materia, principalmente, en los diferentes puntos enumerados a continuación:

Los ex Presos Políticos no reconocidos.- Aún hay 22000 personas que no fueron calificadas como Ex Presos políticos por la instancia competente. Este punto, entre otros, es una de las reivindicaciones de los participantes en la Huelga de hambre.
Justicia a medias y parcial, mantiene la impunidad.- Si bien, nuevos procesos judiciales han sido establecidos contra los violadores de Derechos humanos, lamentablemente el número de militares y civiles condenados no corresponde a lo esperado y constatamos que sus condenas son irrisorias debido a la aplicación de la media prescripción por los tribunales de Justicia, al hecho que no existe una jurisprudencia en las decisiones judiciales y la utilización del argumento de supuestas «razones médico-humanitarias«. Un ejemplo que ilustra bien lo señalado es la reciente otorgación de la libertad condicional a uno de los responsables de los horrorosos y bestiales asesinatos de los profesionales Manuel Guerrero Ceballos, José Manuel Parada Maluenda y Santiago Nattino Allende, hecho ocurrido en marzo de 1985. Esta decisión del Ministerio de Justicia infringe gravemente las normas internacionales, pues estos crímenes no son “delitos comunes” y no son susceptibles de beneficio alguno, ni de indulto, ni media prescripción y deben ser castigados por el Estado, con todo el rigor de la ley.
La Impunidad con mayúsculas.– La ley de amnistía de 1978, que favorece a los militares responsables de exacciones, no ha sido abrogada, perpetuando así una intolerable situación de impunidad. Amnesty International en su informe anual en febrero de 2015, ha insistido una vez más en la derogación de esta ley.
Las instituciones de fuerzas armadas siguen con la omerta.- Las escasas informaciones entregadas por los militares en la denominada “Mesa de Diálogo” en enero de 2001, no han permitido encontrar los cuerpos de los Detenidos desaparecidos. Los datos entregados fueron mínimos y se comprobó ulteriormente que una parte de ellos eran falsos. Entonces, no correspondía alabar “el coraje y la valentía de las Fuerzas armadas”, como lo hizo el señor Ex-presidente en su mensaje al país, en ese entonces.
Presos políticos, torturados (Mapuches) y exilio forzado en “democracia”.- La existencia de prisión política y torturas en Chile, todavía, es un hecho indiscutible y ello está demostrado por el encarcelamiento de chilenos y mapuches (caso Berkoff y comuneros mapuches). Por otra parte, los prisioneros políticos fugados de las prisiones (año 1990) y otros, condenados a largas penas de exilio están en la imposibilidad, por decisión de la justicia, de volver al país.
El Estado chileno viola las normas internacionales.- El informe Valech en sus recomendaciones, hizo proposiciones sobre la reparación a las víctimas, que finalmente no fueron tomadas en consideración por el señor Ex-Presidente, ni por sus sucesores. La no conformidad del Estado chileno con las normas internacionales sobre este sujeto es inaceptable y la explicación dada por el Ex-Presidente chileno (esta reparación es «modesta» e «insignificante», pues nuestro país es «insignificante») no estuvo a la altura de las expectativas, ni de su investidura. Es vergonzoso que este Estado continúe a entregar una indemnización «anti-stress» a los militares torturadores y que entregue también el 10% de los ingresos de la venta del cobre a la Fuerzas Armadas. Este era otro punto de la lista de demandas de los huelguistas.
El Ex-Presidente Lagos, en su carta respuesta a El Siglo, hace una serie de precisiones sobre su rol jugado en el establecimiento del secreto por cincuenta años de los antecedentes recibidos por la Comisión Valech. Lagos señala que no negoció «secretamente» con el General Cheyre en la época, el mismo que ahora comparece delante de la justicia, por su vinculación en el caso de la “Caravana de la Muerte”; acusado de torturas, por ex presos políticos de La Serena. Lagos precisa que la razón de la reserva de confidencialidad en el Decreto (no una ley) que crea al Comisión Valech, fue la intención de garantizar un secreto de treinta años a las denuncias y testimonios entregados. Y que si la persona no quería mantener el secreto, bastaba que simplemente declarara públicamente lo dicho a la Comisión o fuera directamente a hacer la misma declaración a los tribunales.
Y finalmente explica por qué los treinta años al final fueron cincuenta años. El cambio fue creado por el impacto, según él, que los argumentos de una mujer produjeron en su decisión inicial. Ella le señaló el sufrimiento de una serie de vejámenes y que no deseaba que sus nietos conocieran las atrocidades sufridas y le solicitó extender la privacidad de su declaración por cincuenta años. El Ex-Presidente recapacitó y fue así como el cambio se produjo. Una burda justificación de la impunidad, con una argumentación muy débil y muy poco creíble.
Sin menospreciar la importancia del caso de la solicitante, pensamos que la decisión de imponer y extender el secreto a las denuncias atenta contra las normas internacionales de Justicia y en los hechos ampara y ha amparado a los criminales quienes terminan sus existencias libres de toda responsabilidad y sin ser juzgados. Prueba de ello, es por ejemplo la reciente muerte del senador Sergio Diez, de Renovación Nacional y ex embajador de la dictadura en las Naciones Unidas; que nunca fue amonestado por la justicia. Como también la larga y lenta tramitación de un proyecto de ley que duerme en el Parlamento, destinado a levantar dicho secreto de 50 años.
Todos sabemos que no es fácil obtener justicia en nuestro país. A pesar de los arrepentimientos y mea culpas de las autoridades, desde el comienzo de la dictadura, existió la decisión de negar la Justicia y de cerrar definitivamente las demandas. Numerosas han sido las tentativas para «dar vuelta la página», sobre todo, durante los gobiernos civiles. Es por ello que su «consejo» de hacer la misma declaración, hecha a la Comisión Valech, en los tribunales es inaceptable. El hecho que muchos de los testigos ya han fallecido, que los demandantes ya sobrepasan los 70 años y el impedimento por decreto para conocer a los victimarios demuestran, claramente, la dificultad de obtener justicia.
Finalmente, estimamos que una dimensión ética de la política, considerando las lecciones del pasado, debería justamente conducir a actuar con transparencia y coraje ante situaciones como aquellas que vive el país hoy día. Esta dimensión ética también podría contribuir a la toma de decisiones desligadas de un contexto de corrupción generalizada.
Como el señor Ex-Presidente Lagos lo señaló en ocasiones anteriores, pensamos que para nunca más revivir este pasado trágico de nuestra historia, jamás debemos olvidarlo, ni ocultarlo, ni negarlo. El deber y trabajo de memoria, la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación deben continuar.
Y haciendo referencia a los Ex Prisioneros políticos en Huelga de hambre, consideramos que la dignidad debe ser restituida a todos aquellos que resistieron y que contribuyeron duramente y valientemente a terminar con las horas negras de la dictadura militar.
No es éste el país soñado, por el cual muchos chilenos ofrendaron su juventud, sus anhelos y sus vidas.
Héctor Zavala Leiva – Carlos López Fuentes
Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili (France)
París, 16 de julio de 2015

* * * * * * *  0 * * * * * * *

La Carta respuesta de Lagos a El Siglo

Santiago, 3 de julio de 2015
Señor
Fernando Quilodrán
Director Diario El Siglo
Presente
Estimado Señor Director
Acabo de leer el artículo publicado en el diario El Siglo del pasado 19 de junio titulado ¿La Última batalla?. Dicho artículo se refiere a la huelga de hambre que están efectuando los presos políticos de la dictadura para insistir en sus demandas que resuelvan varios problemas pendientes. En dicho artículo en la parte final, se asevera que el suscrito Presidente de la república entre el 2000 y el 2006 “debió negociar secretamente con el ex General de Ejército Juan Emilio Cheyre”. Por lo tanto, agregan, “la balanza ha estado desbalanceada. Estamos consternados por la impunidad que rige en el país. La ley del Presidente Lagos estableció un secreto por cincuenta años de lo recibido por la Comisión. Es decir, impide que usemos estos antecedentes. Hay muchos compañeros que jamás vieron a quienes torturaban, pero si la justicia les entregara información de las personas que estuvieron en el mismo lugar, sabrían quienes eran los torturadores, y eso lo impidió el convenio del expresidente Lagos con los militares.
Debo señalar al respecto que jamás se me pasó por la mente la posibilidad de un convenio entre un Presidente de la República de Chile y un Comandante en Jefe del Ejército. Un presidente no hace convenios con generales de la república en un sistema democrático. En aquel entonces y a mucha honra puedo decir, que las instituciones armadas ya estaban subordinadas al poder civil como debe ser en un sistema democrático. Estoy cierto que tampoco un Comandante en Jefe del Ejército de Chile habría tenido la osadía de pensar que era posible tener un convenio de dicha naturaleza.
La razón por la cual se estableció la reserva de confidencialidad en el Decreto (no una ley) que crea la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, llamada Comisión Valech, fue que aquellos que iban a denunciar que habían sido objeto de torturas, por respeto a su dignidad humana, se le garantizaba un secreto por treinta años a lo que ellos declaraban. A nadie les agrada ventilar públicamente las humillaciones de las cuales fue objeto. Y por tanto, al establecer el secreto era una garantía de confidencialidad para el torturado. Si la persona quería no mantener el secreto, bastaba que simplemente declarara públicamente lo que había dicho en privado a la Comisión o fuera a hacer la misma declaración a los tribunales. Este fue un tema latamente discutido por los propios comisionados. Y les pareció que la privacidad de la declaración no podía ocultar, el tipo de tortura que se practicaba en cada uno de los recintos de detención en Chile de la dictadura y eso es precisamente lo que hace el informe, que hasta donde sé, es único en el mundo. El propósito era precisamente conocer la verdad de lo ocurrido y ello se logró. Basta leer el informe. Tanto así, que a diferencia de la Comisión Rettig 13 años antes, el Informe Valech no fue cuestionado por ninguna de las instituciones armadas. Por el contrario, Juan Emilio Cheyre como Comandante en Jefe antes de la publicación del Informe se adelantó a pedir perdón y a establecer como doctrina del Ejército el “Nunca más”. Pero si se buscaba además hacer justicia se les hizo ver a todos y a cada uno de los que declaraban a la Comisión que debían hacer la misma declaración ante los tribunales de justicia que son los encargados de hacer justicia.
Deseo explicar las razones de por qué los treinta años de reserva al final fueron cincuenta años. Estando por concluir el trabajo de la Comisión una mujer imperiosamente pidió hablar conmigo. Al final se le dio audiencia. Entró a mi despacho y me dijo “Presidente, usted puede ver que soy todavía joven. Me torturaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Sufrí todo tipo de vejámenes, incluyendo violaciones de todo tipo”. Ocurre Presidente que yo espero estar viva todavía cuando tenga ochenta años y no quiero que mientras esté viva mis nietos conozcan estas atrocidades que sufrió su abuela. Treinta años para mí son insuficientes y por eso le pido a usted extender la privacidad de mi declaración durante cincuenta años”.
Debo reconocer el impacto que me produjo este argumento. La fuerza con que habló esta mujer que se quebró al recordar las torturas. Recapacité y resolví que en lugar de treinta años deberían permanecer como declaraciones confidenciales durante cincuenta años. Y esto para amparar el derecho a la privacidad de aquellos que habían ayudado con su declaración a que se conociera la verdad de lo ocurrido. No era para proteger a los militares, pues basta y basta hasta hoy que esa misma declaración se haga ante los Tribunales. Lamento tener que hacer esta aclaración, pero la verdad histórica es la debe prevalecer.
Le saludo atentamente,
Ricardo Lagos
 

* * * * * * *  0 * * * * * * *

El artículo en El Siglo

CLAVES / EL SIGLO. Junio de 2015
Protesta de ex presos políticos ¿La última batalla…?
Con riesgo de sus vidas, los sobrevivientes de la dictadura, de distintas regiones de país, retoman la huelga de hambre, insistiendo en sus demandas y denunciando la falta de voluntad política para solucionar los graves problemas que los aquejan.
Hasta el cierre de esta edición continuaba la huelga de hambre de los viejos combatientes de la dictadura, cuyas demandas sólo reciben respuestas dilatorias y promesas que no se cumplen. Hombres y mujeres de Arica, Iquique, Chillán, Osorno, Antofagasta, Calama, Valparaíso, Puerto Natales y Santiago, desesperados ante la situación que les afecta, libran la que puede ser literalmente su última batalla, tal como explica Víctor Rosas, abogado y vicepresidente de la Unión de Ex-Presos Políticos de Chile: “Nuestra gente está desesperada, los compañeros y compañeras han intentado llamar la atención de una manera suicida, con riesgo en sus vidas para develar su desgraciada situación Dado su precario nivel de vida, muchos de ellos se arriesgan y hacen una huelga de hambre aunque sea su última batalla y en eso se les vaya la vida”.
Hace algunos días, se creyó que el movimiento se solucionaba, tal como lo informó erróneamente este semanario en su pasada edición, pero se trató solamente de un acuerdo parcial de los manifestantes de Rancagua, pertenecientes al Comando Unitario de ex Presos Políticos.
La huelga siguió adelante y el fin de semana pasado un grupo de hombres y mujeres -algunos de ellos militantes de esa colectividad- se tomó la sede del Partido Socialista en Santiago, de la que fueron desalojados y detenidos en la Tercera Comisaría.
Posteriormente, los manifestantes fueron liberados y recibieron el apoyo solidario de la ONG CODEPU, que ha aceptado mantenerlos en su sede mientras dure el movimiento, gesto que los ex presos políticos han agradecido públicamente.
Simultáneamente, el viernes 12 culminó con pleno éxito en Santiago la caravana de ex prisioneros que partiendo desde Iquique por el Norte, una segunda desde Puerto Montt, otra de Concepción y una cuarta desde Valparaíso y San Felipe culminó frente a la Moneda. Además, se hicieron presentes frente al local del Senado, donde sesionaba la mesa de alto nivel, para denunciar su incapacidad e impotencia para responder a sus demandas.
Más allá de lo contingente, el problema de fondo es la precaria reparación que han recibido estos miles de chilenos que hace cuarenta años lucharon heroicamente contra la dictadura, han recibido del Estado, cuyos agentes los persiguieron, encarcelaron y torturaron.
Víctor Rosas señala: “Para la mayoría de la población, supuestamente ellos han sido reparados, pero la verdad es que sólo reciben una pensión exigua que les entregó la ley 19.990, que fue sumamente cruel y que muchos de los ex Presos Políticos aceptaron dentro de sus miserias, pero sus problemas nunca han sido solucionados”.
Esta nueva huelga de privación de alimentos, explicó el dirigente, se debe a que las autoridades, a pesar de haberse comprometido, no han respondido a las exigencias que llevó a los torturados en dictadura a manifestarse en diciembre del año pasado y desde el 13 de abril de este año, por más de 40 días: “Tuvimos una conversación en que la ministra Ximena Rincón y la subsecretaria Patricia Silva se comprometieron a nombre del gobierno a que se iban a tomar nuestras propuestas, pero ha pasado el tiempo y no han contestado el correo ni el teléfono. Dijeron es que en 45 días nos reuniríamos, pero nunca se produjo. Pasó todo el verano y decidimos que no debíamos dejar pasar el 21 de mayo sin que volviéramos a retomar la movilización”.
Cabe señalar que las principales demandas de los ex presos políticos de la dictadura de Pinochet son: indemnización a cada uno de los detenidos y torturados reconocidos por el Estado, mejora de las pensiones, eliminación de la incompatibilidad de las pensiones Valech y las de exonerados políticos, la creación de una instancia de calificación permanente de las víctimas de la dictadura cívico militar, una Ley de Indemnización, establecer que la pensión de sobrevivencia acceda al cónyuge o conviviente por un monto igual al 100% de la pensión y permitir la adhesión de los beneficiarios PRAIS a FONASA, exentos de cotización.
Rosas recuerda que, además de las exigencias económicas, existe una demanda de justicia para quienes cometieron las torturas y las detenciones en dictadura: “El ex presidente Ricardo Lagos debió negociar secretamente con el ex general del ejército Juan Emilio Cheyre. Por tanto, la balanza ha estado desbalanceada. Estamos consternados por la impunidad que rige en el país.
La ley del presidente Lagos estableció un secreto por 50 años de lo recibido por la comisión, es decir, impide que usemos esos antecedentes. Hay muchos compañeros que jamás vieron a quienes les torturaban, pero si la justicia les entregara la información de las personas que estuvieron en un mismo lugar, sabrían quiénes eran los torturadores, y eso lo impidió el convenio del ex presidente Lagos con los militares”.
El abogado y vicepresidente de la Unión de Ex-Presos Políticos de Chile, Víctor Rosas, explicó que el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Justicia por estos delitos de lesa humanidad y que la ley internacional establece claramente que los estados que han cometido torturas o delitos de lesa humanidad tienen que garantizar en su legislación una indemnización “justa y adecuada” a quienes han sido violados en sus derechos humanos, lo que en Chile jamás se ha cumplido.
Los ex presos políticos han recibido una creciente solidaridad nacional e internacional, centenares de mensajes de apoyo de las bases del PS y de innumerables chilenos exiliados, personalidades y organismos de Europa y América del Norte y del Sur.
Este martes, en un comunicado público los huelguistas reiteran: “Manifestamos nuestra permanente disposición al diálogo y continuamos a la espera que la presidenta Michelle Bachelet nos reciba en audiencia para buscar una solución al más breve plazo. Estamos conscientes del enorme daño físico y moral que implica para los compañeros y compañeras mantener esta huelga de hambre, pero no estamos dispuestos a claudicar en esta lucha hasta lograr una verdadera y justa solución a nuestras demandas”.