Una vez mas se toca en el dolor a miles de chilenas y chilenos victimas de violaciones a los derechos humanos, quienes esperan que pronto Cristian Labbé, un terrorista que las oficiaba de agente del Estado para torturar a personas inocentes sea juzgado y condenado. Este ex coronel de ejército formó parte de una maquinaria de exterminio, cuyos fines estaban determinados por objetivos políticos que emanaban directamente desde el gobierno de la época.

La justicia que esperamos en este y en otros casos pendientes, es un derecho humano, para que con sus decisiones aporte a educar a las futuras generaciones, actuando para impedir que reine la impunidad. El terrorismo de estado, y en todas sus formas, tiene que ser erradicado, para lo cual y de una vez por todas quienes cometieron crímenes de lesa humanidad deben asumir sus responsabilidades.

Los protectores de Labbé y compañía, la UDI, partido del cual es militante, presiona para que no se le juzgue, consecuentes con su pasado lo que defienden es la instauración del modelo económico neoliberal que este tipo de militares ayudaron a crear, un modelo que pudo aplicarse gracias a la violación de todos los derechos de la personas. Sin asco superponen las consecuencias del terrorismo de estado en millones de personas con los beneficios que una minoría recibió y recibe de la transformación económica y social, siendo inherentes a ellas la impunidad y la injusticia social.

Pero la historia concreta de la violencia en Chile, del terrorismo, está lejos de darles la razón, en el intento de tapar su participación en esta historia ellos le han achacado burdamente e interesadamente toda la violencia posible a la izquierda o a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura cívico militar. La historia no miente, en ella se registran los peores hechos de violencia, vinculados a sectores sociales, económicos y del Estado, cuyos herederos directos es la UDI, quienes la han usado para imponer sus intereses mediante el terror.

A diferencia de otro casos judiciales en los cuales el llamado gremialismo actúa presionando a la justicia, para a través de ella encontrar venganza mas allá si el acusado es inocente o culpable, como es el caso del asesinato de Jaime Guzmán, en el caso de Labbé no hay testigos falsos ni acuerdos con delatores compensados para levantar testimonios mentirosos. Labbé es acusado por quienes fueron sus victimas y por quienes como el, formaron parte de los grupos de exterminio que cometieron crímenes de lesa humanidad, actos que van mas allá de lo imaginable y tolerable por la comunidad nacional e internacional, son crímenes que ofenden a la humanidad.

Por lo tanto no hay excusa posible para que este fanático Pinochetista, que de manera cobarde justifica su actuar, diciendo que solo iba al principal campo de torturas de Tejas Verdes a dictar clases de educación física, no sea juzgado y condenado por conducta terrorista. Cristian Labbé fue instructor en la aplicación de torturas en centros clandestinos, cuyas victimas terminaron siendo asesinados o hechos desaparecer, actos terroristas que deben ser condenados como tales con el agravante de ser crímenes de lesa humanidad.

Labbé y los demás imputados deben ser identificados como criminales y no como ex militares, estos deben ser degradados para que la justicia actúe a cabalidad y sin presiones directas ni a través de poderes fácticos. Quiérase o no, al mantenérseles en sus filas como pensionados o jubilados, estos torturadores y violadores de los derechos humanos participan de las actividades oficiales con su rango militar, son parte de la FFAA y algunos de ellos en sus grados de oficiales superiores todavía influyen, directa o indirectamente en sus decisiones.

Si no se hizo en gobiernos anteriores es tiempo de evitar que la historia continúe pasándonos por el lado, las FFAA deben participar en educar a sus oficiales en el respeto a los DDHH, lo cual se inicia con erradicar los monumentos y los recuerdos de militares vinculados a crímenes de lesa humanidad en sus enseñanzas de historia. Educando en los valores democráticos surge la nueva ética que pondrá fin a la negación, al silencio que hasta hoy ofende a las victimas de estos crímenes atroces de la cual las FFAA, arrastradas por oficiales ambiciosos y corruptos, fueron parte activa y decisiva.

Es el gobierno quien debe diseñar una política de Estado que eduque para respetar los derechos de las personas, para la verdad, en una realidad como la nuestra, para crear una nueva cultura transformadora del hombre y de la mujer, generadora de la sociedad como utopía a concretar. Solo así se terminará con la política timorata y acomodaticia, cobarde por lo demás, de que no hablar de las cosas permite que ellas dejen de existir y que al no remover las heridas entonces se vive en paz.

Establecer la verdad en Chile es una urgencia, lo que implica replantearse el problema de la verdad individual como en el nivel más global de la sociedad. Al iniciar un proceso de educación que parta de la verdad del conocimiento de la confrontación y de la discusión objetiva del proceso histórico, que desnude las violaciones de los derechos humanos, se está propiciando el camino hacia la razón, la fe, el orden y la armonía.

Los intentos hechos en mas de dos décadas para que en las FFAA se de vuelta la página, respecto de su participación en la practica del terrorismo de Estado, aun no fructifican porque en ellas, es decir en sus mandos superiores no predomina una convicción democrática ni el repudio al terrorismo de Estado, aun no hay una absoluta autocrítica del papel que jugaron de violentar el orden constitucional en otros momentos. Mientras las Fuerzas Armadas permanezcan encerradas en sí mismas, en sus escuelas, y no tengan relación con una sociedad de la cual forman parte, los valores democráticos no encontraran el sustento que requieren en la defensa nacional.

Por todo lo anterior se necesita EDUCAR PARA LA VERDAD, lo que implica entender cómo fue posible que la crisis estructural de la sociedad chilena se manifestara en el irrespeto de la persona humana. Esta línea educativa también conduciría a definir cuáles eran los intereses políticos y sociales que estaban en juego en ese proceso; quiénes eran sus actores y portadores políticos y qué pasó realmente con ellos.

Se requiere EDUCAR PARA LA JUSTICIA, lo que significa educar para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan sin ambigüedades y erradicando la impunidad.

Educar para la justicia, es educar en el valor de la justicia como criterio fundamental de un nuevo orden social, es educar para que los jueces, y juezas y el Poder Judicial en nombre de la sociedad, puedan restablecer los principios de la equidad y el respeto a la vida.

El autor, Enrique Villanueva, es ex – dirigente Rodriguista