Publicado el 09 Junio 2014

De acuerdo al Diccionario de la RAE, se entiende por corrupción “acción y efecto de corromper o corromperse”; y por corromper, en su primera acepción, “alterar y trastrocar la forma de alguna cosa”. Esto último es lo que ha experimentado el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos que, luego de haber jugado un rol de gran apoyo en la lucha contra las dictaduras del continente, se ha ido convirtiendo en la práctica en un auxiliar de la preservación de los sistemas neoliberales que aquellas impusieron.

Esto es particularmente visible en el caso del derecho a la libre información y expresión.

Para que este derecho tenga efectiva vigencia se requiere de una legislación que impida sus restricciones administrativas, legislativas o judiciales. Pero tan o más importante que ello es que exista diversidad y pluralidad en la propiedad de los medios de comunicación; lo que se da muy poco en la generalidad de los estados latinoamericanos debido al incremento que efectuaron las dictaduras de la concentración de la propiedad de dichos medios. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría de Libertad de Expresión han manifestado una escasísima preocupación –básicamente nominal- al respecto, concentrando sus críticas en las legislaciones y actos administrativos y judiciales; e incluso en éstas, centrándose en el cuestionamiento a gobiernos contrarios al neoliberalismo, como los de Argentina, Ecuador y Venezuela.

Particularmente chocante ha sido el doble estándar que han utilizado en relación a Chile. No nos olvidemos que nuestro país es el que tiene menor diversidad y pluralidad informativa entre los signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Primero por obra de la dictadura y luego por la acción concertada de los gobiernos neoliberales concertacionistas y aliancistas. Recordemos que luego de 1990, debido a políticas activas de los sucesivos gobiernos (como el bloqueo de ayudas externas y la discriminación del avisaje estatal), fue eliminada la generalidad de diarios y revistas de oposición a la dictadura que surgieron en la década de los 80; y varios medios progresistas que se fundaron con posterioridad. Fueron los casos –entre otros- de Análisis, Apsi, Fortín Mapocho, Hoy, La Epoca, Plan B y Rocinante.

Pese a todo lo anterior ¡no se ha escuchado ninguna crítica de la CIDH ni de la Relatoría al respecto! ¡Qué contraste con las durísimas y permanentes críticas a los gobiernos venezolanos; en circunstancia que –más allá de las restricciones administrativas y legislativas allí presentes- la diversidad y pluralidad de medios existentes en el país de Bolívar constituyen un verdadero “paraíso” si las comparamos con la situación chilena!

Peor aún ha sido el contraste de cómo el sistema interamericano de derechos humanos –y varias ONG internacionales aparentemente serias- han tratado los casos de RCTV en Venezuela y de Clarín en Chile. En el caso del primero el gobierno de Chávez legalmente negó la renovación de la concesión a un medio televisivo que había apoyado el fugaz golpe de Estado de abril de 2002. Además, usó una legislación (lamentablemente) muy común en el resto del mundo y, desde luego, en la generalidad de los países americanos. Sin embargo, pese a ello, el sistema interamericano efectuó una durísima crítica contra dicho gobierno por aquella conducta.

En cambio, respecto de la persistente no devolución de Clarín a Víctor Pey -el diario chileno de mayor circulación a 1973 y que fue confiscado por la dictadura- ¡el sistema interamericano no ha dicho nada! Esto, a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado (1975) y un tribunal del Banco Mundial (2008) han establecido que su dueño es efectivamente Pey. Y pese a que el gobierno de Lagos, desconociendo la tesis del Consejo y “adelantándose” a la sentencia del tribunal internacional que ya tenía el caso desde 1997, ¡le entregó en 2000 una suma de 9 millones de dólares (por sí y ante sí) a los mismos que el Consejo había desechado como tales dueños en 1975!…

Pero además de lo anterior –de creerle a “El Mercurio”, en una información que no ha sido desmentida- estaríamos hoy en presencia de una forma derechamente inmoral de corrupción del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Se trata de que la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA ha publicado un libro de más de 600 páginas con un análisis país por país de la región en 2013, donde efectúa durísimas críticas a los gobiernos de Ecuador y Venezuela; y “levísimas” al de Chile. El problema es que “el documento fue elaborado con el apoyo financiero de seis gobiernos, entre ellos el de Chile” (“El Mercurio”; 24-4-2014)…

*Fuente: El Clarin