LA PAZ (Reuters) – Aunque no puede descartarse violencia, la crisis política en Bolivia, que el próximo domingo tocará un hito cuando la provincia más rica del país vote sobre su autonomía, probablemente será resuelta antes de que la sangre llegue al río, dijo un prestigioso antropólogo.

El referendo en Santa Cruz, en el oriente de la nación, es un abierto desafío al izquierdista presidente Evo Morales, cuyo plan de nacionalización de los recursos naturales y promesas de reformar la Constitución para darle más poder a la mayoría indígena encrispó a la oposición de derecha.

"Ni golpe ni guerra civil. Cada uno sabe a la larga, a la larga, que necesita del otro," dijo a Reuters recientemente el sacerdote jesuita e investigador Xavier Albó, en referencia a la región andina, baluarte de Morales, y a las tierras más bajas, controladas por sectores conservadores.

Albó, quien acumula varias décadas de estudio de la problemática indígena de la empobrecida e inestable Bolivia, sostuvo que los empresarios y ganaderos de Santa Cruz que promueven la autonomía regional "saben que para hacer sus negocios y para exportar necesitan del Estado y las carreteras del occidente."

Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos de izquierda son aliados de Morales, advirtieron la semana pasada que el referendo en Santa Cruz busca desestabilizar al mandatario.

Sin embargo, el Gobierno, que considera la consulta como ilegal, pidió a sus seguidores que no la boicoteen para evitar violencia.

El experto sostuvo que recientes enfrentamiento en la región del Chaco sudoriental, donde hacendados frenaron un proceso oficial de reordenamiento de tierras que apuntaba a liberar a indígenas guaraníes de una condición descripta como de semi esclavitud, serían "los últimos coletazos de un esquema que ya tendría que darse por completamente superado."

Una nueva Constitución, defendida por Morales y rechazada firmemente por la oposición conservadora en Santa Cruz, consolidaría una ya iniciada "revolución agraria" que pretende eliminar los latifundios y repartir millones de hectáreas entre indígenas y campesinos.

En contraste, el estatuto que sería votado el 4 de mayo en la provincia oriental -en un referendo al que seguirían consultas similares en otros tres distritos- dispone que la política de propiedad agraria sea definida por las autoridades regionales y no por el Gobierno nacional.

"Los terratenientes del oriente pelearán por sus quesitos y tratarán de mantener su poder, pero no creo que lleguen a dividir al país," sentenció.
TIERRAS Y ALGO MAS
Albó dijo que, si bien la disputa entre la nueva Constitución y las autonomías se centra en la tenencia de la tierra, no se deben perder de vista otros factores como "la lucha entre ricos y pobres, lo étnico y la confrontación política."

"El componente tierra tiene un importante peso en este conflicto, pero no es todo. Yo creo que lo que ha ocurrido en este país, y va ocurriendo desde hace bastante tiempo, es que varias contradicciones han quedado cada vez más polarizadas, en dos áreas territoriales," señaló.

El experto sostuvo que la lucha entre ricos y pobres en Bolivia se ha transformado porque la concentración tradicional de riqueza en la región andina minera del occidente se ha trasladado en las últimas décadas a las tierras bajas agrícolas.

Esto ha acentuado la pobreza en las zonas altas, que tienen una población mayoritariamente aborigen, a diferencia de la tierras bajas, donde los indígenas son minoría.

En tercer lugar, prosiguió Albó, en la crisis boliviana se presenta un problema político, en el que "la emergencia de los pueblos indígenas de las tierras altas en el Gobierno polariza a la oposición en las tierras bajas."

"El problema de la tierra en el oriente es si hay o no superficies extensas poco productivas, que son tierras de engorde, pero lo que es muy correcto es que ahí no hubo reforma agraria, entonces ahí hay injusticias enormes," dijo.

Albó agregó que el poder político conservador del oriente está relacionado, en parte, con un reparto de grandes extensiones de tierra hecho durante la dictadura del general Hugo Banzer, en la década de 1970, "donde los indígenas han quedado reducidos a unas zonas muy pequeñitas."

"Los hacen endeudarse en su propio trabajo, como en el caso de la zafra de azúcar, o guaraníes empatronados en las haciendas donde los mantienen en condiciones subhumanas, o la explotación de la castaña en el norte," añadió.