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Cosa Nostra chilena queda sin procesamiento

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El pasado 4 de octubre  el ministro Carlos Cerda dictó sendos procesamientos en contra de 23 personas pertenecientes al círculo de la Cosa Nostra de Pinochet por el delito de malversación de caudales públicos. De inmediato quince de ellas decidieron recurrir de amparo como una forma de eludir y anular el dictamen.

El proceso tiene su origen en una investigación del Senado de EEUU que, en julio de 2004, reveló que Pinochet tenía cuentas secretas en el Banco Riggs y en otras entidades.

Tras este hallazgo se descubrió que el ex dictador llegó a tener 125 cuentas bancarias fuera de Chile y se detectaron las presuntas irregularidades que habían adoptado el acusado y su familia para esconder una fortuna estimada en  más de 27 millones de dólares.

De allí que la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, después de diversas presiones ejercidas desde el mundo militar, del pinochetismo y de la Alianza por Chile (UDI-RN), resolvió acoger los recursos de amparo en favor de los familiares del padrino (R) Augusto Pinochet, su viuda y cuatro de sus hijos, conocido como la Cosa Nostra chilena los que fueron procesados junto a otras 17 personas por el juez Carlos Cerda por el delito de malversación de caudales públicos en el marco del denominado caso del Banco Riggs.

El primogénito Augusto Pinochet Hiriart, quien en 1989 apareció como beneficiario de tres cheques del Ejército, que estaba comandado en ese entonces por su padre, por tres millones de dólares, como pago por su supuesta intermediación en la compra de una fábrica de fusiles por parte de la institución castrense, fue el único que no interpuso una acción judicial de este tipo de manera que continúa encausado por este caso.

El tribunal acogió 13 de los 15 amparos presentados, rechazando sólo los correspondientes al abogado Gustavo Collao y a Eduardo Castillo Cádiz.

De esta forma, se acogieron los recursos en favor de la mafia cívico militar integrada por  Marco Antonio Pinochet, Lucía Hiriart, María Verónica Pinochet, Ambrosio Rodríguez, Oscar Aitken, Jacqueline Pinochet, José Sobarzo Poblete, Jaime Lepe, Sergio Moreno, Lucía Pinochet, Guillermo Letelier, Guillermo Garín y Juan Fernando Romero.

La decisión, adoptada por los jueces Juan Eduardo Fuentes, Dobra Lusic y Mauricio Silva, puede ser apelada por las partes ante la Corte Suprema. Sin embargo una vez más a nivel internacional los tribunales de justicia chilenos dejan por el suelo la imagen del país y se inclinan por la impunidad antes los delitos económicos cometidos por la familia Pinochet-Hiriart y el circulo de civiles y militares que han sido cómplices de robos al erario nacional.

En el ínter tanto cabe destacar que los maleantes de los medios de comunicación del sistema encabezados por el órgano oficial de la CIA en Chile, el diario golpista El Mercurio, y el Consorcio Copesa,  han desatado una fuerte persecución y campaña en contra del juez Carlos Cerda, quien decidiera procesar a la familia Pinochet-Hiriart y su allegados civiles y militares mas cercanos.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) planteó que la fortuna del fallecido ex dictador criminal y ladrón (R) Augusto Pinochet provenía tanto del uso de gastos reservados como de la venta del tráfico de armas, defendiendo de esta forma la legitimidad del fallo dictado por el ministro Carlos Cerda.

De inmediato los abogados querellantes en la causa anunciaron que apelaran ante la Corte Suprema cuya Sala Penal será la encargada en definitiva de definir el destino procesal de estos delincuentes de la familia militar. Al respecto, el abogado querellante, Alfonso Insulza, anunció que apelará a la decisión porque, a su juicio, "está acreditada la red financiera y la asociación ilícita que se formó para abultar el patrimonio financiero de los  Pinochet-Hiriart".

Mientras tanto como "un retroceso en materia de justicia" calificó el viernes el senador del PS Jaime Naranjo el fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió los recursos de amparo y dejó sin efecto los encauzamientos contra la viuda, hijos y algunos de los ex colaboradores del dictador (r) Augusto Pinochet en el marco del caso Riggs.

"Me parece una pésima señal", afirmo el parlamentario y presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta. Añadió que "esto implica un grave retroceso en materia de justicia y demuestra que para algunos la familia Pinochet sigue siendo intocable y que nunca los tribunales chilenos tendrán el coraje para enjuiciarlos".

En ese sentido Naranjo afirmó que "tal como no lo hicieron con el ex dictador por las graves violaciones a los derechos humanos, ahora tampoco lo hacen con su familia por las acusaciones relacionadas con malversación de caudales públicos".

La evidencia es clara, nuevamente el poder Judicial, manifiesta su posición de clase, su servicio a los grupos dominante del país y su propia complicidad frente a hechos que se tienen a la vista, haciendo vista gorda y tomando parte de una bien hurgada forma de robo desfalco y utilización de fondos de todos los chilenos para beneficio personal.

El juez Carlos Cerda ha hecho una labor impecable en cuanto a evidencia presentada, tiene hasta copias de los cheques que se giraron, los nombres que aparecen en las cuentas en USA, que casualmente aparecen poderes otorgados por Lucia y por los hijos de ésta. Los abogados de la Cosa Nostra chilena (familia Pinochet-Hiriart) evidencian una vez más que tienen tentáculos insospechados para evadir una vez más la justicia.

Mientras en Chile no exista una democracia real, una Constitución representativa de todos los sectores de la vida nacional, el Estado de derecho seguirá siendo conculcado por los propios Tribunales de Justicia, los que seguirán amparando bajo el signo de la impunidad no solo a los violadores de los derechos humanos en dictadura, sino que continuara  la impunidad en torno de todos los delitos económicos cometidos por civiles y militares durante el oprobioso régimen militar de Pinochet.
27/10/07
* Fuente: AIP (AGENCIA INDOAMERICANA DE PRENSA)

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