El 18 de octubre de 2019, el pueblo chileno se levantó en una gran ola de manifestaciones para exigirle al gobierno que se hiciera cargo de la catastrófica situación económica y social en la que se encuentra sumergido el 95% de la población en Chile.
En vez de escuchar a los ciudadanos y poner en marcha la indispensable modificación del modelo económico, el gobierno respondió aumentando y exacerbando las medidas represivas.
En este marco, 2.500 jóvenes (entre ellos una cantidad aún no determinada de menores) se encuentran hoy en día en “prisión preventiva” (medida punitiva que en Chile puede extenderse hasta dos años) sin que haya habido proceso ni condena en su contra, y por actos cuyo carácter delictivo es, en la mayoría de los casos, discutible e incluso inexistente.