El conflicto con los mineros cooperativistas es una disputa entre el pueblo y el capital por el excedente. El mal llamado cooperativismo quiere libertad para poder asociarse con trasnacionales y explotar los recursos naturales a fin de obtener la máxima plusvalía posible tanto a la Madre Tierra como a sus trabajadores asalariados. En ese sentido el gobierno puede sentarse a escuchar demandas, pero no puede violar la soberanía del pueblo boliviano sobre los recursos naturales que establece la Constitución Política del Estado.