El proceso de asignación de licencias para la transmisión de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Uruguay –aún no concluido definitivamente- es verdaderamente desconcertante, además de lesivo para la sociedad y particularmente para la fuerza gobernante. Las denuncias de irregularidades formuladas por uno de los oferentes, que en términos menos eufemísticos deben ser traducidas directamente como corrupción, son una suerte de corolario tardío de las torpezas, zancadillas y pusilanimidades -¿de una parte?- del Poder Ejecutivo, que demuelen o al menos sabotean el espíritu de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que trabajosa y tardíamente viene elaborando el progresismo parlamentario y que estaría próxima a su sanción.