Los candidatos presidenciales deberían colocar en sus agendas temas de verdad. Si ganan y dirigen el Estado, deberían comprar una parte de las acciones de empresas estratégicas –como Enel– para incidir en sus decisiones de inversión; pero, por sobre todo, para permitir que el Estado cuente con información de primera mano sobre sus deficiencias, que posibilite subsanarlas a tiempo. Además de cambiar el actual marco regulatorio, para impedir, durante por lo menos cinco años, el paso de agentes públicos reguladores a cargos en las compañías que debían regular.