Luego de que el Juzgado de Garantía rechazara la solicitud de rebajar las medidas cautelares en contra de los comuneros Ariel, Benito y Pablo Trangol y el Lonko Alfredo Tralca, imputados por el llamado “Caso Iglesias”, el Gobierno decidió recalificar la causa, quitando la ley antiterrorista y manteniendo los supuestos delitos dentro del código penal. Esto significa que el gobierno deja de ser parte en el juicio, quedando la causa sin querellante. Sin embargo el Ministerio Público puede mantener la querella por ley antiterrorista, debido a que tiene autonomía.