Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Bolivia, que es uno de los países en la región con mayor violencia sexual, calculan que a diario se realizan 185 abortos ilegales.
El proyecto también indica que «el sistema nacional de salud deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer, no podrá negar la interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos en el parágrafo precedente alegando objeción de conciencia y estará obligado a mantener el secreto profesional».