Son múltiples los cientistas sociales que concluyen que un auténtico régimen de soberanía popular solo puede ser viable en la existencia de una solvente democracia económica y social. Que en el atraso cultural, la pobreza o la indigencia es imposible que los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos. Menos, todavía, sin pluralismo informativo y cuando la Justicia y los Tribunales dependen, también, en sus presupuestos y nombramientos de los arreglos y cuoteos cupulares entre el Ejecutivo y el Parlamento.