Los correos que revelan la trama de las platas políticas de OAS en Chile
No solo fue la donación del avión a ME-O en 2013 ni las sospechas del pago de deudas de campaña de Bachelet un año después: al menos desde 2009 la constructora brasileña vinculada al caso Lava Jato -el mayor escándalo de corrupción en ese país y con ramificaciones a varios otros países- mantiene contactos y colabora con dirigentes de la ex Concertación y de la ex Nueva Mayoría. Esta es la historia.
La intervención de SQM que cambió la Ley de Medioambiente
SQM dictó a varios parlamentarios lo que debían incluir en la ley de Medioambiente que se discutía en el parlamento. La actual ministra de Medioambiente, Marcela Cubillos (UDI), diputada entre 2002 y 2010, quien aparece patrocinando las indicaciones que figuran en la minuta enviada por SQM, respondió por escrito a CIPER: “Efectivamente integré la Comisión de Medio Ambiente, como también la de Educación y Constitución. No sabría cómo reconstituir la historia de cada indicación que haya presentado en las distintas comisiones durante los ocho años que fui diputada. Lo normal es que las indicaciones se patrocinen por varios diputados”.
Por falta de querellas del SII no se pudo investigar a Bachelet y Piñera
Ex fiscal Gajardo dispara contra Impuestos Internos: asegura que por falta de querellas no se pudo investigar a Bachelet y Piñera. El ex persecutor recalcó que existían antecedentes «claros” para investigar a ambos por financiamiento irregular de sus campañas, sin embargo, explicó que «en ambos casos para seguir había que haber querella del SII”, las que hasta el día no existen, porque «las personas decididas a presentar querellas, Michel Jorrat y Cristián Vargas, fueron removidos de sus cargos”, señaló.
Mauricio Daza: «El Ministerio Público está dispuesto a hipotecar su credibilidad con tal de garantizar impunidad a un puñado de personeros del ámbito político y económico»
Ante la decisión de la fiscalía de poner un pronto cierre a las causas por financiamiento irregular de la política -casos Penta y SQM- contemplando salidas alternativas como suspensión condicional y decisiones de no perseverar, el representante de Ciudadano Inteligente sostuvo que «todo indica que existe un esfuerzo organizado con la finalidad de poner término sin esclarecer la verdad de estas redes de corrupción«.
El Frente Amplio pagando sus errores
Poco se aprende de las experiencias/derrotas/fracasos electorales anteriores desde los tiempos de la llamada “izquierda extraparlamentaria”, hasta lo que hoy se conoce como Frente Amplio, donde confluyen algunos pequeños grupos de izquierda sin ninguna representación y que no llegaron a cuatro ceros en las últimas elecciones, junto a otros nuevos con expresiones socialdemócratas que desaparecerán al día siguiente de conocidos los resultados electorales.
Los pagos de SQM a proveedores de la campaña de Sebastián Piñera en 2009
El pago de casi $5 millones que recibió la productora Pandemia de parte de SQM, revelado por El Mercurio, no es el único vínculo que conecta a proveedores de la campaña 2009 de Piñera con financiamiento aportado por la minera de Julio Ponce Lerou. Otros tres proveedores de esa campaña también figuran en las facturas que SQM rectificó ante el SII cuando estalló el escándalo de las platas de la política. Un transportista, un proveedor de material gráfico y un operador territorial de la campaña, además de Pandemia, boletearon un total de $103 millones que la minera no pudo justificar.
Lo que en 6 meses todos habrán olvidado: «La impunidad en el financiamiento ilegal de la política»
¿Qué perspectiva institucional y ética puede tener un país en que se decide que el financiamiento ilegal de la política –que disuelve la igualdad ciudadana y toda la teoría de la representación, que pone el dinero por encima del voto ciudadano y en que se venden decisiones legislativas– es un problema económico y no político ni criminal? ¿Uno donde se han utilizado miles de millones de pesos por un vasto número de empresas para torcer la voluntad popular y el orden público? ¿Un país donde el Tribunal Constitucional se usa para litigar como órgano de fuero común, pero no se recurre a él para dar certidumbre a la norma constitucional, como ha ocurrido con el SII y el Ministerio Público, y todo presionado por el Gobierno y la oposición de manera conjunta?
La impunidad en el financiamiento ilegal de la política
¿Qué perspectiva institucional y ética puede tener un país en que se decide que el financiamiento ilegal de la política –que disuelve la igualdad ciudadana y toda la teoría de la representación, que pone el dinero por encima del voto ciudadano y en que se venden decisiones legislativas– es un problema económico y no político ni criminal? ¿Uno donde se han utilizado miles de millones de pesos por un vasto número de empresas para torcer la voluntad popular y el orden público? ¿Un país donde el Tribunal Constitucional se usa para litigar como órgano de fuero común, pero no se recurre a él para dar certidumbre a la norma constitucional, como ha ocurrido con el SII y el Ministerio Público, y todo presionado por el Gobierno y la oposición de manera conjunta?
La épica de Caimanes: La reunión nunca concretada
«Ayer al terminar la reunión te acercaste gentilmente y me diste tu tarjeta para tomar contacto para cualquier petición de información u otros que necesitara de tu parte.
Aceptando tu gentil invitación, tengo una petición concreta, que exijas como miembro del directorio de Antofagasta PLC, una investigación de los actos de corrupción en que han incurrido los hermanos Luksic, financiando la política, comprando parlamentarios, poniendo amigos y empleados en puestos claves del gobierno como el ministro de Energía y la ministra de minería, entre muchos otros… Eso es cooptación del Estado, un acto ilegal.»
El Gobierno con más imputados de la historia: los colaboradores que Piñera debe esconder en el clóset
A Longueira -sobre el que pesa la formalización por presunto cohecho- se suman el ex ministro de Minería Laurence Golborne; el ex subsecretario de la misma cartera, Pablo Wagner; los senadores desaforados Iván Moreira y Jaime Orpis; el ex secretario de Estado Gabriel Ruiz-Tagle; y el ex administrador electoral de Piñera, Santiago Valdés. Una nómina completa que pecó de falta de probidad y que eclipsa la premisa del “Gobierno de excelencia”, que Piñera usó casi como mantra político durante su administración.