Denuncian que la Corte de Apelaciones de Santiago negó el acceso a la información relativa a «antecedentes financieros y comerciales que se consideraron para poner término en enero del 2018 al arbitraje que mantenían Corfo y SQM, que les permitió a ambas suscribir contratos para que continuaran la explotación del litio en el Salar de Atacama».