La sentencia sorprende y desconcierta. Es más, resulta inexplicable. A no ser que se la asocie a las denuncias recientemente formuladas por el magistrado Alejandro Solís en el sentido de señalar que existen constantes presiones de los institutos armados a los tribunales para conceder beneficios a los condenados por violaciones a los derechos humanos. Pero, en ese caso, surge la pregunta de rigor: ¿por qué, si se sabe de tales hechos, por qué si se sabe el nombre de los oficiales que fueron a golpear las puertas de la Corte Suprema intentando viciar su imparcialidad no se les ha llamado a retiro?