El Estado de Chile a toda costa ha impedido el fiel cumplimiento del convenio 169, empeñándose en aplicarlo de modo torcido, dando la apariencia de “buena Fe”, con interpretaciones que no tienen otro fin que impedir el ejercicio de derechos garantizados y protegidos por los cuerpos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos y de los pueblos indígenas plenamente vigentes en el país.