“La gravedad del caso (facturas ideológicamente falsas) además, radica en que mediante este delito tributario se logró financiamiento para una campaña con la que consiguió nada menos que acceder al Senado de la República (…); el juicio oral es el camino que se debe seguir en nuestro concepto y no retroceder”, escribió Gajardo tras calificar la suspensión como “improcedente”