Esta medida, que anula los efectos de la sentencia de 2009 por delitos de lesa humanidad, va en contra de las obligaciones del Estado peruano frente al derecho internacional y es una mancha en la lucha por justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el Perú. Asimismo, debilita la lucha contra la impunidad en el Perú al librar a Fujimori de un proceso penal en curso por la matanza de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la sierra central del país.