La situación chilena: coyuntura y escenarios

“Hoy su poder  [NdR.: el de Enrique Correa] es el que está gobernando Chile” …. “Está en la izquierda y en la derecha, en la Fundación Salvador Allende y con los máximos empresarios de este país, incluyendo a Julio Ponce Lerou, el yerno de Pinochet. Tiene lazos en el Ejército, en la Iglesia y en el Congreso. Está en todos lados. Pero aspira apropiarse del poder político y ahora está apostando sus fichas a Isabel Allende, con quien habla casi a diario”
Mónica Echeverría

 

En un documento de la Consultora Imaginaccion, de Enrique Correa, titulado “La situación chilena: coyuntura y escenarios”, el exministro de la administración Aylwin. Correa ve en el alza de las cuentas de luz y del pasaje del Metro la causa de las protestas.  «Allí la crisis comenzó. Este es su origen. Si ese es su origen» sostiene Correa, «sólo una agenda social potente, ingresos mínimos más altos, mayores pensiones ahora, ayuda en la compra de medicamentos y mejores seguros de salud, debieran ser la clave de la solución». Es evidente, que esa receta no traerá las soluciones y la paz con que sueñan los poderosos. Si no hay justicia, no habrá paz.
NdR. piensaChile

 

 

 

Santiago, enero 31 de 2020

Escenario General

El objetivo de estas notas es proyectar escenarios futuros de mediano plazo, desde los menos probables a los más probables.

Para cumplir el cometido, tenemos que reconocer que, con los datos de hoy, hay más imponderables que ponderables.

Podemos afirmar que, después de casi cuatro meses de crisis, el país no se derrumbó.

Su economía ha tenido meses muy malos, sin embargo no se ha quebrado y los factores claves o pilares de su solidez macroeconómica (sistema bancario sólido, Banco Central autónomo, apertura económica y política fiscal responsable) siguen sólidos, sin riesgo inminente que los amenace. La posición fiscal es menos sólida y más alejada de la regla fiscal que en años pasados, pero la caja del Fisco está bajo control.

Las instituciones políticas cuya reputación ha sufrido más daño, Presidencia de la República y Congreso, siguen funcionando con normalidad y la discusión de las leyes en el parlamento sigue su curso, difícil a veces, pero avanza.

El Poder Judicial, la judicatura y el Ministerio Público siguen desarrollando su labor, con lentitud en la investigación sobre hechos de violencia, pero sus investigaciones no se detienen y siguen siendo manejadas con criterios institucionales y con alta neutralidad política.

En resumen, las instituciones del Estado funcionan en medio de un ambiente de muchas críticas que no alcanzan a impedir el cumplimiento de sus cometidos constitucionales.
Ni la economía está en recesión, ni las instituciones de Estado se han desplomado, lo que da muestra de la solidez del andamiaje político, económico y financiero chileno.

Pero todo esto no es suficiente.

 

¿Por qué no es suficiente?

Porque su funcionamiento normal convive con un país en situación de anormalidad. La vida cotidiana de la gente común sufre grandes alteraciones y la violencia no sólo no termina ni decae, sino que gana terreno y legitimidad.

En las primeras semanas de la crisis eran perfectamente distinguibles las manifestaciones pacíficas de las violentas. Hoy la frontera entre ellas es más tenue. En un primer momento, las marchas y manifestaciones fueron masivas y pacíficas, hoy son menos masivas y menos distinguibles de los episodios de violencia que las acompañan.

Se ha popularizado en Chile la expresión “Primera Línea”, aludiendo a quienes con escudos, palos y capuchas defienden o protegen a los manifestantes de la fuerza policial. Se difunde por redes y medios de comunicación más formales un culto a la “primera línea”, un culto a la resistencia, no precisamente pacífica, a la fuerza policial.

Volviendo a los párrafos iniciales, el funcionamiento formal de las instituciones continúa sin alteración y ello convive con una imposibilidad, hasta el momento, del restablecimiento del orden público por parte del Estado.

En el centro de la ciudad, la Plaza Italia se ha transformado en un lugar que, por largos momentos, queda fuera del alcance de la policía y del Estado de Derecho.

El país vive, o sobrevive, por las fortalezas acumuladas en esta década, pero no tiene garantizado su futuro mientras no se restablezca el orden público.

 

En cuanto al orden público, tres consideraciones:

₋ La violencia no ha sido condenada con energía por el mundo político, especialmente por el de oposición.

₋ Enfrentamos una crisis policial de envergadura. Carabineros no ha sido capaz de sobreponerse y derrotar a la violencia. Ha sido, hasta el momento, derrotado por ella.

₋ En los enfrentamientos y detenciones propias de los incidentes, ha surgido un número alto de violaciones a los Derechos Humanos. El tema es muy sensible para el país y para su imagen en el mundo, por su trágica historia de violación de derechos fundamentales durante la dictadura.

 

Otra arista: la desconfianza institucional

Chile tiene una historia de fortaleza de sus instituciones. Estas siguen siendo fuertes y funcionan pese a todo, pero pesa sobre ellas un clima de sospechas y desconfianzas. No despiertan adhesión y su reputación se ha derrumbado.

Especialmente peligroso, por nuestra historia, es la extrema debilidad del apoyo al Presidente. Si bien la crisis es más general y el enojo más multifactorial, ella se concentra con mucha fuerza en el rechazo al Presidente Piñera. La continuidad de los presidentes en sus cargos por todo el periodo que fueron electos es un valor de la institucionalidad chilena. La posibilidad de que se derrumbe y se vea obligado a irse antes del fin de su mandato representa un alto riesgo para el país. Si ello ocurriera, el daño para Chile sería mayor.

Los observadores internacionales levantan dudas sobre Chile en su análisis, toman en consideración nuestros problemas y aprecian también nuestras fortalezas. Se han levantado dudas en el mundo sobre nuestra situación. Si el Presidente cayera y fuera reemplazado, la duda terminaría y Chile pasaría al listado de los países inestables, con gran daño para nuestra política y nuestra economía.

Si bien “la calle” pide la salida del Presidente, el sistema político no comparte ese clamor y se inclina más bien por un acuerdo transversal de estabilidad del Presiente y, más en general, por la estabilidad de la institución Presidente de la República.

Otro elemento preocupante del cuadro político actual es la elevación de los grados de fanatismo, condena y agresión al que piensa distinto. Las redes sociales juegan un gran papel en la condena del disidente. Las funas (forma de agresión callejera), el descrédito, la condena al que piensa según su criterio y ejerce su libertad de expresarlo se generalizan en el país. Incluso son criticados y vandalizados sus símbolos, como la estatua de Alexis Sánchez o los discos de Paloma Mami, sólo porque éstos no se han pronunciado a favor de las movilizaciones. Algo parecido al fascismo, que ha ido convirtiendo al país y a la ciudad en un lugar hostil.

 

Hilando fino: el origen social de la crisis

No hay que olvidar el origen social de la crisis.

La crisis no es el producto de agitadores extranjeros como lo afirmó en su momento el Presidente y el gobierno. No es tampoco una explosión inmensa contra el neoliberalismo, como lo afirman los que marchan y un sector de la izquierda.

El origen de la crisis es el desplome económico del sector más vulnerable de la clase media, la capa inferior del C3. Son los recién llegados de la clase media con la pobreza a la vuelta de la esquina. Satisfechos con su progreso al salir de la pobreza y con miedo, a veces con pánico, ante el peligro de retornar a ser pobres. Por varios años, los estudios y las encuestas mostraron a este sector con una ambivalencia de sentimientos: esperanza y miedo.

Esperanza en el ascenso social y miedo a volver a la pobreza originaria.

Los estudios muestran rasgos más precisos aún. El temor al retorno a la pobreza se concentra en las bajas pensiones y en la incapacidad del sector público de resolver enfermedades catastróficas, es decir, en volver a ser pobre cuando el fin de la vida se avecina. La enfermedad cuyo tratamiento obliga a venderlo todo, a perderlo todo. La pensión tan baja que reduce a la nada la prosperidad relativa alcanzada durante la vida.

Sumemos a ello estos años de estancamiento económico. Bajísimo crecimiento en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, el que el segundo gobierno del presidente Piñera no logró mejorar.

Con ese magro crecimiento los salarios se estancaron y ello tiene una amarga consecuencia en el tramo inferior de la clase media, con 460 mil pesos de salario promedio.

En octubre, el alza de la luz, primero, y del metro después, rebalsó las posibilidades de muchos presupuestos familiares, muy estrechos y fuertemente endeudados. Por ello, respaldaron con simpatía las primeras acciones pacíficas contra el metro, estudiantes saltando los torniquetes de control de pago en el metro. Así como respaldaron con simpatía estas acciones, rechazaron con energía la criminalización de esas acciones por parte del gobierno.

Allí la crisis comenzó. Este es su origen.

Si ese es su origen, sólo una agenda social potente, ingresos mínimos más altos, mayores pensiones ahora, ayuda en la compra de medicamentos y mejores seguros de salud, debieran ser la clave de la solución.

[NdR. piensaChile.: Cuan equivocado está Correa. Pensando seguramente en los intereses de sus Clientes, cree que unos cuantos pesos y un par de limosnas pueden hacer cambiar lo que piensa, lo que siente y lo que exige la mayoría de la ciudadanía: democracia directa, participación en todas las decisiones de lo que afecta y determina la vida de la sociedad]

 

Los actores de la violencia

Tres actores relevantes han sido los causantes de la violencia más dura.

El narcotráfico, que recluta a jóvenes provenientes de la educación municipal pública (cuya mala calidad cierra las puertas a cualquier destino laboral) o del SENAME  (servicio de menores sin hogar). Probablemente este grupo de jóvenes sin destino y con ira combinados con el narcotráfico sean muy protagonistas en saqueos e incendios a supermercados.

Los anarquistas, muy influyente en estudiantes secundarios, que pueden tener una participación importante en los incendios a las estaciones de metro.

Las barras bravas del futbol, muy protagónicas en los desórdenes callejeros.

La presencia de agitadores extranjeros no tiene base empírica alguna.

Harina de otro costal son los marchantes de los viernes (marcha a la que concurren los otros grupos mencionados). En estas marchas, el rol protagónico lo juegan jóvenes sub 35, más acomodados que los otros, de grupos C2, C3, e incluso ABC1, con formación universitaria y muchos con postgrado, que buscan el cambio radical de todo, el fin de la experiencia neoliberal, como llaman a las políticas públicas de la última década. Esos jóvenes que marchan simpatizan con los violentos, se sienten protagonistas de una guerra o revolución y piensan que la democracia actual es una dictadura encubierta.

Esas marchas y esos marchantes tienen, sin embargo, respaldo de la gente. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos, la encuesta más prestigiada del país, da cuenta de un respaldo de un 56% a esta agitación callejera.

Probablemente ello se deba a que los resultados de la agenda social, ingreso mínimo, pensiones, pago de medicamentos y seguros de salud, todavía no llegan al bolsillo de este sector clave de la clase media, el más precario, pero el fiel de la balanza. Lo fue en las elecciones presidenciales anteriores y lo es ahora, en esta crisis.

 

El lado positivo

Señalamos al comienzo la existencia de factores ponderables (pocos) y de factores imponderables (muchos).

El primero de los elementos ponderables incluye el acuerdo que estableció el camino institucional -plebiscito, elección de constituyente y nuevo plebiscito- y los buenos acuerdos tomados en el Senado en materia económica.

El acuerdo constitucional, suscrito por todo el arco político democrático, con excepción de los comunistas, fue una demostración de gran capacidad política de nuestra dirigencia. Proyectó un camino con calendario de solución de la crisis. Propuso la construcción de una nueva estabilidad.

El otro ponderable que ofrece oportunidades de progreso es la fluida relación de acuerdos entre el ministro de Hacienda, los senadores de la Comisión de Hacienda y el presidente del Banco Central, respaldado éste por todo el Consejo del banco. Estos acuerdos con el ministro de Hacienda trasmiten certezas: permitieron aprobar el presupuesto y la reforma tributaria y son una garantía de que la agenda social aprobada por el Congreso será efectiva y sostenible. Este verdadero círculo virtuoso es clave para mantener al país alejado de la recesión, en una situación en que el crecimiento económico estará sobre cero sin llegar a uno.

Así como en la economía dependemos de esta relación entre el poder legislativo y el ministro de Hacienda, en lo político dependemos del cumplimiento de la hoja de ruta constitucional.
Probablemente su resultado será más equilibrado que el que aparece ahora en las encuestas. Lo más seguro es que gane la opción de aprobación a una nueva Constitución, pero que la opción “rechazo” consiga el 30% o más (algún número entre 30 y 40). Un 40% sería un gran éxito para los que sustentan el rechazo.

En la economía, dependemos del impulso fiscal para evitar una recesión y para atenuar el desempleo. Probablemente la fuerza del impulso fiscal estará puesta en proyectos de rápida ejecución, más que en mega proyectos de más larga duración.

La razón de fondo del protagonismo en el impulso fiscal en esta fase se debe a que no tendremos flujo positivo de inversiones mientras no tengamos clarificadas las principales cuestiones constitucionales.

Ruta constitucional, desempeño de la economía sobre cero y mantención del Presidente hasta el fin del período. Si Chile logra estos tres propósitos, las cosas irán mejor.

Todo depende del orden público. Si no se reestablece, los tres propósitos anteriores pueden quedar en entredicho.

Más precisamente, todo depende de cómo resolvemos la cuestión policial. Recurrir a los militares como última instancia no cuenta con la simpatía ni la aprobación militar. No ven razón los militares para que tengan que pagar altos costos institucionales por una institución en problemas que no pueden resolverlos por sí misma.

Si no hay arreglo para un desempeño mejor de Carabineros, muchos quisieran armarse para guardar su seguridad y el de su propiedad o negocio. Si así fuera, este es el peor escenario para el mediano plazo chileno, bajar en su desarrollo un escalón o más. No sería un mejor país, sino uno peor.

Probablemente lo que ocurra es que, después de un duro viacrucis construyamos una nueva estabilidad, más cara y un país más inseguro o no tan seguro como el actual.

Este podría ser el escenario que, no siendo óptimo, puede ser manejable.

Puede ser también el escenario más probable.

 

 

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