Para no creer: Un gobierno con 6% de apoyo envía proyecto para criminalizar las protestas en su contra y el parlamento lo aprueba

No hay otro país en el mundo, donde un presidente con menos del 10% de respaldo, que envíe un proyecto que criminaliza la protesta en SU contra, y la oposición que es mayoría en el congreso lo aprueba. Con votos DC, de Harboe e Insulza se aprueba ley contra las protestas. ¡Es de locos!

 

Congreso aprueba finalmente la maldita Ley Anti-Protesta

Llegó el día menos esperado, en horas de estas tarde la cámara de diputados terminó de aprobar finalmente para su promulgación la maldita ley anti protesta.

La ley que ya había sido aprobada el 5 de diciembre por la Cámara de diputados, fue devuelta con algunas enmiendas desde el Senado que el día de hoy se terminaron de aprobar, dando finalmente paso a su despacho, como dice la jerga legal, para que esta se promulgue como ley de la república.

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El proyecto había sido ingresado en un primer momento al Parlamento por diputados del oficialista Chile Vamos y de la Democracia Cristiana, con el auspicio de Piñera, el 25 de noviembre, solo días después de la firma del «Acuerdo por la paz y una nueva constitución».

El 5 de diciembre fue aprobado en la Cámara de Diputados en general por la derecha y la vieja Concertación, junto a la mayoría del Frente Amplio, y con la abstención mayoritaria del Partido Comunista.

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El proyecto contó con el apoyo de toda la derecha, pero también con el de algunos diputados de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista de Bachelete. La votación fue de 84 votos a favor y 64 en contra. El diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) pidió reserva de constitucionalidad, lo que significa que deberá intervenir el Tribuna Constitucional y que la ley podría no promulgarse de inmediato.

En concreto el proyecto plantea imponer penas de cárcel a todo aquel que “valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público”, especificando como desorden público 6 casos concretos, dentro de los cuales el más alarmante es “Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento”. Esto significará que, por ejemplo, si los trabajadores de un hospital hacen huelga, afectando el funcionamiento del hospital, podrán ser encarcelados, lo mismo con los trabajadores del Transantiago ( hoy RED), del metro o de los puertos.

Por otro lado, impone penas de hasta 5 años de cárcel a quienes participen de cualquier tipo de manifestación que implique una barricada o el lanzamiento de objetos contundentes, es decir, lanzar una piedra podría obtener la misma pena que asesinar a una persona.

Este conjunto de leyes, que van directamente en contra de la movilización de aquellos millones que han salido a las calles a cuestionar el Chile neoliberal, de las pensiones de hambre, de una educación segregadora, de una salud precarizada, que no alcanza los mínimos para atender a la mayoría de la población, mientras un grupo de empresarios se hacen ricos con las clínicas privadas.

La avanzada represiva va de la mano con el otro proyecto que negociaron junto a la oposición parlamentaria: el de la trampa de la Constituyente con una derecha con poder de veto para que nada cambie realmente.

No es casual que la UDI pusiera como condición para firmar, que en la llamada “Convención Constitucional” un tercio de los representantes pueda frenar la votación de cualquier artículo de la nueva Constitución. Junto con esto, el método de elección de dichos representantes a la medida de los partidos tradicionales, asegura que la derecha tenga ese porcentaje y poder de veto.

Por otra parte, los partidos de la cocina acordaron de antemano que la Convención no podrá modificar los tratados internacionales vigentes, asegurando que los tratados de libre comercio por los que Chile está sujeto a los grandes monopolios transnacionales y los intereses del imperialismo, sigan intactos. Para colmo, el proceso constitucional prohíbe la participación de las y los estudiantes secundarios, que son quienes iniciaron la rebelión.

Este sera el escenario de articulado de partidos que voto hoy esta ley maldita, la que discutirá una nueva constitución.

Piñera y la derecha saben que para poder pasar una constituyente tramposa de ese tipo después de una movilizaciones que hicieron temblar los cimientos del país, y cuestionaron los últimos 30 años de historia, necesitan una política represiva para atacar a los que se mantienen en las calles.

Por eso es necesario que las organizaciones que han venido participando de las protestas, empezando por las del movimiento obrero, como el Colegio de Profesores, las centrales sindicales como la CUT, la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Mesa de Unidad Social, llamen a retomar las movilizaciones, con un plan escalonado y paro nacional de todos los sectores productivos.

La única forma de enfrentar esta ley represiva es seguir adelante con la movilización y potenciarla desde los lugares de trabajo, paralizando el cobre, los puertos, la celulosa, el transporte, las salmoneras. Si las y los secundarios están movilizados hoy, la unidad entre trabajadores y estudiantes tiene el potencial de hacer retroceder cualquier ley represiva que el Gobierno intente hacer pasar.

Aprobada la ley anti-protesta en el Senado, gobierno ahora va por la libertad de reunión

*Fuente: La IzquierdaDiario

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