El “Nunca Más” que nunca fue: análisis de los cuatro informes sobre DD.HH. tras el 18/O

AMNISTÍA INTERNACIONAL
HUMAN RIGHTS WATCH
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
INFORME ONU (ACNUDH)
Fuente
Fuente
Fuente
Fuente
Fallecidos
5
INDH:
26
Casos Investigados por Fiscalía.
26
5 por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado.
26
4 de estos involucran la presunción de la acción de agentes del Estado
4 atribuidos a FFAA y 1 a Carabineros.
1 por haber recibido una golpiza de Carabineros.
2 por armamento militar, 1 por perdigones.
3 por disparos letales de militares.
1 atropellada por Infantes de Marina
Lesionados
2300
INDH
1100
Lesionados moderados o graves en Servicios de Urgencias
2808
Heridos constatados por el INDH en hospitales.
4.903 (M. de Justicia)
INDH: 3449 (51 sufrieron heridas por balas, 1.554 por perdigones, 198 por disparos de armas de fuego no identificadas y 180 por balines. 1.466 personas sufrieron heridas por golpes, inhalación de gas y otros al 06/12).
3.449 (INDH)
Heridos con arma de fuego
1400
INDH
1015
INDH
51
INDH
Trauma ocular
220
INDH
220
INDH.
Entre 194
MINSAL (194)
Entre 239 y 345
345 (Sociedad chilena de Oftalmología);
MINSAL: 16 casos de pérdida total visión en un ojo, y 34 heridas graves que podían resultar en pérdida total
y 283
352( INDH)
Colegio Médico (283)
239 (MINSAL)
Torturados
1100
Denuncias ante Fiscalía
44
Investigación de Fiscalía.
133
INDH
Delitos de carácter sexual
70
Denuncias ante Fiscalía
98
Investigación de Fiscalía.
24
(INDH) 14 mujeres, 6 hombres, 3 niñas, 1 niño.
Denuncias por violación o abuso sexual
16
Denuncias ante Fiscalía
26
Investigación de Fiscalía.
108
Querellas presentadas por el INDH, relativas a 166 casos (59 mujeres, 28 niñas, 52 hombres, 28 niños)
Violación de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
327
Defensoría de la Niñez. 118 lesiones físicas
422
Investigación de Fiscalía.
374
Defensoría de la Niñez
54 lesiones por perdigones y balas
Investigaciones sobre abusos
2278
Fiscalía.
2670
IND; M.de Justicia (2.052 denuncias son contra miembros de Carabineros [74%], 183 casos contra personal del Ejército, 50 casos contra la PD y 26 contra personal de la Marina)
173 Carabineros, 4 Carabineros y 5 FFAA han sido formalizados
Carabineros heridos
1600
Carabineros
1896
Carabineros
2.705*
*Carabineros, PDI y personal de Ejército (M. del Interior)
Carabineros con lesiones graves
70
Carabineros
127
Carabineros
Heridos en servicios de urgencia relacionados con las manifestaciones
11564
Servicios de Urgencia
12652
MINSAL.
12738
M. de Salud
Casos de violaciones a los derechos humanos
23
Documentado por Amnistía Internacional
2670
Investigación de Fiscalía.
2141
INDH
Evidencia de uso innecesario y excesivo de la fuerza
130
Documentado por Amnistía Internacional
Detenidos
15000
Carabineros. Retuvieron a 2000 personas por incumplir toque de queda.
20645
28210
M. de Justicia
INDH señala que detenidos son 6.972
Querellas
442
INDH: por lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios. 341 torturas y trato inhumano, 74 abuso sexual
377
INDH: por tortura y tratos crueles, torturas con violencia sexual.
709
INDH; M. de Justicia

 

CONCLUSIONES

Al día de hoy la situación de DD.HH. en Chile puede ser calificada de crítica. Las conclusiones ofrecidas por los cuatro informes referidos en este texto fundamentan esta afirmación de manera consistente. A pesar de sus diferencias estos reportes se complementan y construyen un panorama exhaustivo y acabado de la delicada situación en materia de derechos humanos que vivimos actualmente en nuestro país. A partir de lo planteado, quisiéramos enfatizar dos puntos que revisten una gravedad extrema y que, a la vez, plantean enormes desafíos actuales y futuros para Chile.

La sola constatación de la ocurrencia de graves violaciones a los DDHH, acaecidas desde el 18 de octubre, representa en sí misma una situación de suma urgencia que debe ser corregida, investigada y reparada. Según plantean los informes, estas violaciones se han concentrado especialmente en dos ámbitos. Primero, en lo que atañe al uso indebido y desproporcionado de armas no letales- por parte de Carabineros de Chile, percutadas hacia el cuerpo de las y los manifestantes (balines, perdigones y bombas lacrimógenas) de manera reiterada en el tiempo.

En segundo lugar, en el campo desregulado de las detenciones, ámbito en el que -como hemos visto- se han documentado actos vejatorios de tipo sexual, uso desmedido de la fuerza y torturas, en un contexto en el que los procedimientos para la detención y retención de personas son poco transparentes, carentes de revisión y control interno. En este sentido, resulta importante destacar que el informe ACNUDH hace mención a la recurrencia de abusos de tipo sexual contra mujeres, niños, niñas y disidencias sexuales, perpetrados por Carabineros, actos en los que se expresa, además, una discriminación específica propia de la cultura patriarcal. Incluye entre sus recomendaciones al Estado de Chile, la obligación de hacerse cargo de esta situación de manera particular, enfatizando la gravedad que reviste la violación de los DD.HH. de la infancia. El reporte señala que el 10% de los detenidos en las manifestaciones son niños y niñas, una cifra sin precedentes, y que transgrede los tratados internacionales suscritos por Chile.

Otro aspecto preocupante en extremo lo constituye la actitud asumida por el gobierno respecto al tema de DD.HH. en general y a los informes en particular. Se ha podido observar que en el discurso público del gobierno ha primado sobre todo la preocupación por el orden y el resguardo de la propiedad privada y pública, antes que la defensa de los derechos de las personas. De igual manera, la reacción del gobierno ante la publicación de los informes ha estado caracterizada por el negacionismo y el cuestionamiento, tanto a las metodologías, como a las conclusiones que los documentos exponen. Así, respecto al informe elaborado por Amnistía Internacional, el mismo día de su publicación el gobierno negó su validez a través de declaraciones emitidas por la subsecretaria de DD.HH. Lorena Recabarren, quien se hizo presente en los medios de comunicación solamente para cuestionar públicamente las conclusiones presentadas por el organismo internacional. Asimismo, Carabineros de Chile refutó las conclusiones del informe de HRW, discutiendo, principalmente, la cantidad de lesionados, la cifra de personas fallecidas por responsabilidad policial y los casos de abusos sexuales.

La información presentada por estos reportes reafirma que las policías han cometido graves violaciones a los DD.HH. que se han multiplicado en el tiempo. Esto especialmente en el caso de Carabineros de Chile, institución que, además de refutar públicamente los resultados del trabajo de organismos internacionales (Amnistía, HRW), ha atacado a personal defensor de los DD.HH. (ACNUDH, INDH), a trabajadores de la prensa nacional y extranjera, y ha transgredido sucesivamente protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza, gestión de reuniones masivas, uso de armas no letales (balines, perdigones, gases), maltratos y torturas a personas detenidas, violencia sexual, derechos de los niños/as y registro y control de detenciones (Amnistía, HRW, CIDH, ACNUDH).

La gravedad de este comportamiento y de sus consecuencias, demanda un esfuerzo colectivo que apunte a la comprensión de lo que está ocurriendo, con el objetivo de llegar a alguna explicación que nos acerque a posibles soluciones. Los informes ofrecen algunas interpretaciones iniciales, no pretendiendo explicarlo del todo.

“Durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y Chile Vamos, las políticas represivas se han aplicado con particular vigor sobre dos grupos específicos: la población indígena en general (focalizada en el Wallmapu) y los movimientos estudiantiles.”

Lo cierto es que más allá del contexto inmediato, la ocurrencia de estas graves violaciones a los DDHH durante la crisis aún en curso y la reacción del gobierno y de Carabineros de Chile, son consecuencias de que en Chile no ha existido una política relativa a la violación a los DDHH que actúe en los distintos niveles en los que un problema de este tipo exige ser tratado: promoción, prevención, investigación, sanción, reparación y garantías de no repetición. La consecuencia evidente de ello es que los atentados contra los DDHH por parte de agentes del Estado durante los últimos 30 años no ha sido excepcional.

Una vez finalizada la dictadura de Augusto Pinochet, el Estado ha respondido de manera insuficiente en el ámbito de los DDHH. Algunos puntos de conflicto en este sentido lo constituyen: una política de reparación parcial basada en información proporcionada por las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, resguardando el secreto y el silencio de las FF.AA. y de Orden; la mantención de colaboradores directos de la dictadura en el aparato del Estado, en las grandes empresas y en el mundo político y la aplicación de justicia solo en casos excepcionales. Asimismo, en lo que respecta al período 1990-2018, agentes del Estado de Chile se han visto implicados en una serie de casos de violaciones a los DDHH, en los que, en su mayoría, no han operado procedimientos claros en cuanto a la investigación de los hechos, sanción a los implicados y reparación a las víctimas.

A la luz de lo dicho, la única conclusión posible es que el “Nunca Más” por el que tanto se luchó, en realidad, nunca fue.

Se ha visto constantemente cómo las instituciones estatales han cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos. Estas prácticas incluyen acoso, discriminación arbitraria, amenazas, tortura y tratos crueles, violencia sexual, violación de derechos de niños, y una larga serie de tristes actos cometidos permanentemente en democracia por parte de las fuerzas policiales. Todo esto bajo el amparo de un discurso del orden y la lucha contra el “terrorismo” y la delincuencia común. Por su parte, la prensa ha legitimado este discurso y contribuido al silenciamiento de estos temas.

Durante los gobiernos de la Concertación, Nueva Mayoría y Chile Vamos, las políticas represivas se han aplicado con particular vigor sobre dos grupos específicos: la población indígena en general (focalizada en el Wallmapu) y los movimientos estudiantiles. Casos emblemáticos como los de Pedro Ortiz, José Huenante, Daniel Menco, Claudia López, Johnny Cariqueo, Alex Lemún, Matías Catrileo, Lorenza Cayuhán, Brandon Hernández Huentecol y Camilo Catrillanca, entre muchos otros, en los que los agentes del Estado actuaron violando los derechos humanos en la ejecución de actos como tortura, uso excesivo de la fuerza o asesinato; constituyen una prueba flagrante de este hecho.

Lo cierto es que la política de Derechos Humanos durante los primeros años de la llamada transición estuvo jalonada por la acción de los movimientos sociales, agrupaciones de familiares y organizaciones de la sociedad civil, sin que ello diera lugar a una reestructuración de las FF.AA. y de Orden como principales actores en los hechos ocurridos durante la dictadura, con el objeto de diseñar una política robusta de prevención de violaciones a los derechos de las personas. Así, durante las últimas tres décadas, el Estado de Chile ha mantenido una serie de resabios dictatoriales, tanto en el ámbito de los procedimientos de control de la protesta social, como en el de las políticas de seguridad y orden público, en la medida que la perspectiva de DDHH no ha sido central para su accionar. Es decir, hubo un abandono consciente por parte de los gobiernos civiles de las tareas indispensables para la conformación de un Estado de derecho y un régimen democrático, que garantizara que las atrocidades de la dictadura no siguieran ocurriendo.

NOTAS

[1] Amnistía Internacional es una Organización No Gubernamental (ONG) surgida en 1961 en Londres, fundada inicialmente para la defensa de los presos políticos en Europa y el mundo. Es organismo consultivo del Consejo de Europa. En 1977 recibió el Premio Nobel de la Paz por su campaña contra la tortura. De acuerdo a su sitio web, se financia a través de donaciones individuales de sus miembros. No recibe financiamiento directo de gobierno alguno.

[2] Human Rights Watch, por su parte, es una ONG que surge en 1978 para apoyar a grupos disidentes en Europa del Este y la Unión Soviética. En 1988 asume el carácter de ONG de promoción global de los derechos humanos. Su sede está en Nueva York y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1997 por su campaña para eliminar las minas antipersonales. Es financiada por individuos y fundaciones. No recibe financiamiento directo de gobierno alguno.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

*Fuente: CiperChile

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