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Los ambientalistas olvidados

El fin de semana pasado millones de personas, jóvenes la mayoría, marcharon en diversas ciudades de Europa y Canadá en respuesta al llamado de la ambientalista Greta Thunberg, adolescente sueca que cobró fama mundial súbita, quien previamente visitó Nueva York para tomar la palabra en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Con una cobertura mediática masiva, la activista participó en Montreal en una manifestación en la que también estuvo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y cuya asistencia fue calculada en medio millón de personas.

El movimiento iniciado por Thunberg tiene como finalidad agitar a la opinión pública para que presione a los políticos y al final éstos adopten medidas más eficaces para frenar las causas antropogénicas del cambio climático.
Lejos de esas grandes movilizaciones, el cadáver del dirigente ambientalista Milgen Idan Soto Ávila, de 29 años, fue localizado en una fosa clandestina por vecinos de Locomapa, departamento de Yoro, Honduras. Soto Ávila, indígena tolupán que luchaba por la preservación de los bosques de su tierra natal en contra de empresas madereras, había desaparecido desde el lunes de la semana pasada.

Antes que él, en febrero de este año fueron asesinados otros dos indígenas tolupanes: Salomón Matute y su hijo Juan Samuel Matute, ambos comprometidos con la defensa del territorio frente a intereses empresariales depredadores, lucha que hace tres años también costó la vida a la dirigente indígena Berta Cáceres.

En el curso del año pasado la organización no gubernamental Global Witness documentó 164 asesinatos de defensores del territorio, del medio ambiente y del agua en distintos países. A decir del colectivo, 14 de esos crímenes tuvieron lugar en México y en 11 de ellos las víctimas fueron indígenas.

A diferencia de lo que ocurre con el movimiento iniciado por Greta Thunberg, para estos ambientalistas no hay atención de los organismos internacionales, de los medios informativos hegemónicos ni de las redes sociales.
Significativamente, los segundos no se confrontan con un grupo abstracto de políticos –que es el único destinatario identificable en las denuncias de la joven ambientalista sueca y de sus seguidores–, sino con corporaciones concretas que cometen daños ecológicos específicos y documentados.

Adicionalmente, los protectores comunitarios del territorio no se limitan a expresar angustia e ira por el avance de la catástrofe planetaria, sino que formulan propuestas precisas sobre un modelo civilizatorio alternativo al consumismo exacerbado de la era digital y planteamientos sobre formas de organización social que permitan una mayor armonía entre las sociedades y el entorno.

Sin desconocer el impacto internacional logrado por Thunberg ni el enorme respaldo mediático que ha conseguido, es inocultable y lamentable la desconexión entre ese movimiento y los ambientalistas que luchan en el terreno en contra de la devastación de empresas madereras, explotaciones mineras y petroleras, megaproyectos industriales y agroindustriales y otras expresiones de la voracidad corporativa que es la causa principal del grave deterioro sufrido por la naturaleza en nuestra época.

-Artículo recomendado por Other News

*Fuente: La Jornada

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Asesinados 437 ambientalistas y activistas proDerechos Humanos en dos años

Amnistía Internacional lanza una campaña para denunciar el acoso que sufren y para reclamar a Gobiernos y multinacionales “que se les permita trabajar en un entorno más seguro”

Manifestación reclamando justicia para la activista Berta Cáceres. AFP/ Marvin Recinos

Manifestación reclamando justicia para la activista Berta Cáceres. AFP/ Marvin Recinos

Defender la tierra sale caro en muchas partes del mundo. Reivindicar la libertad, también. Tanto como para que en los dos últimos años Amnistía Internacional haya contabilizado la muerte violenta de 437 activistas proDerechos Humanos, buena parte de ellos ambientalistas, en 22 países.

“Miles de defensores de los Derechos Humanos soportan campañas de hostigamiento, agresiones, detenciones irregulares e incluso homicidios”, explica Miguel Ángel Basés, portavoz de Amnistía Internacional (AI) en Aragón, que este martes ha presentado en las Cortes autonómicas la campaña Valiente, con la que la oenegé pretende denunciar el acoso y las amenazas que sufren esos activistas y reclamar que desde los gobiernos “se les permita trabajar en un entorno más seguro”.

El informe distribuido a los parlamentarios, que recuerda cómo “hoy se incumplen abiertamente tanto el espíritu como la letra de la declaración” de la ONU que en 1998 señaló a los defensores de los derechos humanos como “agentes del cambio”, pese a que los Estados miembros se comprometieron a apoyar su labor “y a permitirles trabajar sin obstáculos y sin temor a represalias”, considera “esencial, por tanto, que se les conceda protección efectiva contra la violencia, incluida la violencia sexual, y la discriminación”.

Agresiones en nombre de otras empresas

Sin embargo, la batería de 28 medidas que promueve en la campaña no van únicamente dirigidas a las instituciones públicas. Hay un apartado específico para las empresas, a las que llama a “implementar procesos adecuados de diligencia debida” para “garantizar que se respetan los Derechos Humanos de las personas y comunidades” afectados por sus actividades o las de “sus filiales, subcontratistas o proveedores”.

La propuesta no es para nada infundada. De hecho, el último dictamen del relator de la ONU sobre la situación de los activistas documenta los vínculos de grandes compañías con “violaciones de los derechos humanos, que van desde la restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas de seguridad privadas en nombre de otras empresas”.

El activista, Gustavo Castro, el primero por la derecha, compareció este martes en las Cortes de Aragón con los representantes de Amnistía Internacional Miguel Ángel Bases y Luis Ángel Muñoz para presentar la campaña ‘Valientes’.

El activista, Gustavo Castro (primero por la derecha), compareció en las Cortes de Aragón con los representantes de Amnistía Internacional Miguel Ángel Bases y Luis Ángel Muñoz para presentar la campaña ‘Valientes’.

El mexicano Gustavo Castro, superviviente del ataque en el que murió asesinada la indigenista y ambientalista hondureña Berta Cáceres y que también participó en la comparecencia, es una de las víctimas de esa violencia de las oligarquías. Hoy, tras haber pasado un mes detenido mientras intentaban colgarle el crimen, vive acogido por AI. “El Gobierno me tuvo secuestrado un mes para tratar de imputarme”, apunta.

“No se ha querido investigar e ir más allá, hacia los autores intelectuales”, explica, en referencia al ‘cortafuegos’ judicial que rodea a los ocho detenidos por el asesinato, entre ellos el gerente de la empresa hidroeléctrica Desa, promotora de la presa a la que se oponía la comunidad Ienca, cuyo territorio iba a ser inundado, con Cáceres a la cabeza, además de varios militares y presuntos sicarios.

El 95% de los crímenes quedan impunes

El 95% de los crímenes contra ambientalistas y activistas proDerechos Humanos en el mundo quedan impunes, según las estimaciones de AI, que también admite que la cifra oficial de 427 víctimas queda restringida a las documentadas. La cifra real de asesinatos es mucho mayor.

“La historia no nos da muchas expectativas, con tanta impunidad, pero tenemos que seguir exigiendo justicia”, anota Castro, que recuerda cómo varias organizaciones han llevado al Gobierno de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que esto no quede impune”.

“Es paradójico que la misma policía vaya persiguiendo y asesinando a los defensores”, anota, con sarcasmo, al evocar los 120 ambientalistas asesinados en los últimos siete años en ese país; “cinco de ellos con medidas de la comisión interamericana”, recalca.

“Cada vez más gobiernos atacan a los defensores de los Derechos Humanos y dificultan su labor con fuerza excesiva”, refuerza Luis Ángel Muñoz, responsable de la campaña Valientes, que describe a esos activistas como “personas que tratan de defender los derechos de otros y que se oponen a los intereses de grupos políticos, grupos armados y empresas”.

“La persecución contra las mujeres es terrible”

El grueso de esos conflictos en América Latina, donde el año pasado se produjeron el 75% de los asesinatos documentados de activistas, están relacionados con actividades extractivas, ya sea de hidrocarburos o de minerales. Estas últimas afectan a 90 millones de hectáreas en México y al 40% del territorio en Guatemala, mientras países como El Salvador y Costa Rica han declarado una moratoria para frenarlas.

“Este modelo de extractivismo tan voraz implica necesariamente desplazar población”, explica Castro, para quien “a final de cuentas el problema no es solo de allá, sino que tiene un impacto global, va en detrimento de la alimentación y de la salud, de la calidad de vida de nuestro planeta”.

Castro llama la atención sobre el hecho de que “los feminicidios están aumentando de una manera impresionante” en la represión de los movimientos sociales en Latinoamérica. “La persecución contra las mujeres es terrible, porque eso minimiza e incide en la concienciación social”, apunta. “Ya no hay ninguna inhibición por parte de las fuerzas represivas –añade-. Saben que con eso también impiden mucho la movilización social, y las mujeres están cada vez más al frente de la lucha por la defensa de sus hijos, de la tierra, del agua”

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