El informe de la «Gordi» Bachelet sobre Venezuela: «Mirada de una tuerta»

Venezuela: 70 objeciones al nefasto Informe Bachelet

Desde el Gobierno de Venezuela se instó a presentar una evaluación «objetiva e imparcial». | Foto: Mppre

 5 julio 2019
El Estado venezolano consideró que el reporte cuenta con una visión «selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación» que existe en el país suramericano.

El Gobierno venezolano rechazó este jueves lo mencionado en el informede la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación que vive Venezuela.

Mediante un comunicado, el Estado venezolano consideró que el reporte cuenta con una visión «selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación» que existe en el país suramericano.

Para el máximo estamento político en Venezuela, en el escrito presentado por Bachelet «se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».

¿Qué objeciones pone el Gobierno?

-Para la elaboración de su informe, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) prioriza entrevistas obtenidas fuera del territorio venezolano en lugar de basarse en las dos visitas que realizó la institución al país durante 2019.

-El informe omite los logros gubernamentales en Venezuela en materia de derechos humanos, por lo que recordó al ente internacional presentar una evaluación «objetiva e imparcial».

-La Oacnudh tampoco hace referencia a los avances obtenidos en materia de beneficios sociales y el impacto positivo que las medidas gubernamentales han tenido en el pueblo venezolano.

En este punto, se hace referencia a las medidas como «el sistema de asignaciones dinerarias mensuales a través del Carnet de la Patria, el subsidio general a los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, gas domestico, transporte, internet), la gratuidad del sistema educativo y de salud, así como, la universalidad en el sistema de pensiones de seguridad social, entre otras».

– En el informe de Bachelet se habla de una «escasez» en la disponibilidad de alimentos, lo que rechaza el Gobierno que preside Nicolás Maduro, que refiere a las inversiones de recursos públicos para asegurar a la población el derecho a la alimentación.

En este punto, se recuerda la omisión en el informe de la visita de la Oacnudh a dos establecimientos de expendio de alimentos en Venezuela y basó su argumento en las entrevistas realizadas fuera de Venezuela.

-Sobre el sector salud, la comisión internacional visitó tres establecimientos de salud, en el que se mostró el acceso de las personas «a salas de emergencia, depósitos de medicamentos, salas de diálisis, áreas de hospitalización y áreas de imagenología, entre otros espacios», en lo que quedó demostrada «la atención brindada y los reales niveles de disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos, así como de personal».

-Se rechaza desde el Gobierno venezolano que las personas beneficiadas por el Carnet de la Patria estén bajo «estructuras locales del partido gobernante», por lo que se refiere a que los favorecidos por este sistema son determinados «por las diversas instituciones del Estado responsables de cada uno de esos programas».

-Se menciona en el reporte que se deben «adoptar medidas para superar la crisis económica» en Venezuela. Sin embargo, no se refieren en ningún momento a las sanciones unilaterales ejercidas desde EE.UU., que buscan minar la calidad de vida del pueblo venezolano y así generar un clima de desestabilización y zozobra en el país.

En este punto, el ente gubernamental insta al organismo a que promueva el levantamiento de estas medidas coercitivas, ya que repercuten, principalmente en «las clases más vulnerables, en particular las mujeres, los niños, los enfermos y los ancianos, así como los pobres», quienes se ven imposibilitados de acceder a los medicamentos, alimentos y servicios vitales para satisfacer sus derechos como ciudadanos.

-Sobre el «supuesto cierre de medios de comunicación», el Gobierno suministró a la Oacnudh el proceso de renovación de concesiones, así como las consiguientes normas que deben seguir estos medios.

-Asimismo, la Oacnudh no hizo mención a hechos violentos promovidos por sectores de la derecha venezolana durante los años 2013, 2014 y 2017, y las implicaciones en fomra de fallecidos y heridos que significaron esos sucesos.

-De igual forma, sobre los centros de detención del país, se desconocen en el informe los avances gubernamentales sobre el régimen penitenciario, hechos que habían sido reconocidos previamente desde la Oficina internacional.

-Incluso, en el reporte de Bachelet se informa de una «supuesta violación de los “derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras”, obviando que se han entregado 102 títulos de propiedad colectiva a la población indígena, por lo que se ha respondido a la demanda de 73 por ciento de solicitudes presentadas y se han beneficiado a 683 comunidades indígenas.


Venezuela denuncia en Ginebra parcialidad del informe de la Alta Comisionada de DDHH

Este viernes el Gobierno la República Bolivariana de Venezuela, a través de su viceministro para Comunicación Internacional, William Castillo, intervino en la 41º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, para denunciar la parcialidad del informe presentado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, el cual fue calificado como «parcializado, carente de rigor científico y con graves errores metodológicos».

«Venezuela está segura de que usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio (…) Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina», señaló Castillo, quien remarcó que el escrito «ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y sólo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa».

Entre las inconsistencias de informe, destacó que de las 558 entrevistas realizadas, 460 fueron hechas fuera de Venezuela, un 82% de la muestra investigada. «No hace mención alguna a los avances de Venezuela en materia de derechos humanos, e ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre nuestro pueblo», señaló.

Entre las acciones de este bloqueo se desprende que el país no puede refinanciar su deuda, la confiscción ilegal de $30 mil millones en activos de la estatal petrolera PDVSA y la retención ilegarl por parte de bancos internacionales de $5 mil 400 millones.

Las consecuencias de este bloqueo impiden la compra de medicinas, alimentos e insumos para el pueblo venezolano, remarcó, al tiempo que expresó que el país valora el reconocimiento por parte de la Alta Comisionada de que las sanciones agravan la situación económica y lesionan los derechos humanos.

«Solicitamos a la Alta Comisionada que, en concordancia con las Resoluciones de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, exija el cese inmediato del bloqueo a Venezuela», expresó.

Comentó en su intervención que «la violencia política de la oposición llevó a la muerte a 43 ciudadanos en 2014 y a 120 en 2017. La Alta Comisionada se entrevistó con familiares de personas que fueron quemadas vivas sólo por parecer chavistas o tener piel oscura. Lamentamos que el informe haya obviado esos testimonios».

También señaló que Venezuela rechaza la criminalización de los cuerpos de seguridad y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los que se acusa «genéricamente de incurrir en violaciones masivas a los derechos humanos»

Asimismo, denunció que Venezuela es objetivo de una agresión multidimensional por parte de EEUU, mediante golpes de Estado, intentos de magnicidio contra el Presidente constitucional, Nicolás Maduro, sabotajes a la industria petrolera, servicios públicos.

«En Venezuela no existe una crisis humanitaria, padecemos problemas económicos asociados a la caída de los precios del petróleo y el bloqueo económico» afirmó el viceministro para Comunicación Internacional, quien destacó además que Venezuela ha defendido la paz del país, el ejercicio de la democracia, justicia social, salud y educación gratuitas.

Entre los avances, destacó que en 8 años Venezuela ha beneficiado a 12 millones de venezolanos con la entrega de 2 millones 600 mil viviendas y entrega alimentos a 6 millones de familias a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fijó un sistema de bonos para estabilizar el ingreso salarial y logró alcanzar el 100% de adultos mayores pensionados.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó este jueves las observaciones sobre el informe de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien emitió un informe acerca de la situación en Venezuela en el marco del 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El Gobierno «solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (OACNUDH) adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18 a través de un documento donde se exponen los errores de hecho, destacó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web.

Entre las observaciones realizadas por la diplomacia venezolana, se expone que la «versión avanzada no editada» del informe remitido el 28 de junio del 2019 al Gobierno Bolivariano, en idioma inglés, presenta una visión selectiva y parcializada sobre la verdadera situación de los derechos humanos en el país suramericano.

*VTV


Organizaciones sociales de Venezuela denuncian parcialidad de informe sobre Derechos Humanos en el país

Organizaciones sociales en Venezuela rechazan hoy el carácter discriminatorio y parcializado del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela, Michelle Bachelet, pues, de acuerdo con las autoridades, «privilegia fuentes carentes de objetividad y excluye información oficial y elementos aportados por el Estado venezolano».

Diversas organizaciones han rechazado el informe
Entre ellas, las organizaciones no gubernamentales integrantes de la Red Venezolana de Derechos Humanos lamentaron profundamente ser ‘excluidas, invisibilizadas y discriminadas’ por la oficina de la alta comisionada de la ONU, e hicieron un llamado a ampliar y democratizar las fuentes de información acerca de la situación en el país sudamericano.

«Observamos que ha decidido no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado a su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables», plantea una carta dirigida a la exmandataria chilena.

Bachelet con George Soros

Por su parte, el Comité de Víctimas de las denominadas guarimbas (acciones violentas de calle con fines políticos) precisó a través de la red social Twitter que Michelle Bachelet escuchó en persona testimonios de personas afectadas por la violencia opositora y se comprometió a incorporarlos en su informe.‘Hemos sido defraudados’, subrayó la organización al precisar que la alta comisionada ‘invisibiliza a las víctimas y protege a los responsables de la violencia que tanto daño ha hecho al país. Es innegable la parcialidad con que opera la Oficina de la Alta Comisionada en relación con Venezuela’.

Contradicciones

La versión preliminar del informe de Michelle Bachelet contrasta con las declaraciones brindadas por la funcionaria el 21 de junio al término de su visita, cuando manifestó preocupación por el impacto negativo del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la nación sudamericana.

En ese momento, la expresidenta chilena precisó que las sanciones implementadas este año por Washington sobre las exportaciones venezolanas de petróleo y el comercio de oro ‘están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica’.

No obstante, de acuerdo con el analista uruguayo-venezolano Pablo Siris Seade, dos semanas después Bachelet ya no condena el bloqueo, sino que se pliega al discurso de que el Gobierno se estaría escudando en este para no cumplir con sus obligaciones de garantizar alimentos.

(Con información de Prensa Latina)

*Fuente: Resumen Latinoamericano

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