Colombia: entre las urnas y las balas. Cada cuatro días están asesinando a un líder social

Hace unos días, el 29 de mayo, se cumplieron 19 años de la Masacre de Tibú, un olvidado poblado de la región colombiana del Catatumbo, cercano a la frontera noreste que lo separa del estado de Zulia, Venezuela. En esa ocasión, 200 paramilitares que respondían a los hermanos Castaño se apersonaron en el lugar, montaron retenes ilegales para detener a los vehículos que transitaban por la carretera que conduce al pueblo y asesinaron a varias personas.

Se trató tan solo de una de las tantas masacres que le tocó vivir a los y las tibuyanas. El municipio es un punto estratégico desde el punto de vista geopolítico por su ubicación, y, desde lo económico, por la posibilidad de explotación de variados recursos como la palma de cera, la coca, el petróleo y los minerales. Los distintos sectores armados se han disputado su control territorial y, tanto el conflicto armado como el extractivismo, han generado desplazamientos masivos.

A casi dos décadas de la llamada Masacre de Tibú, siguen frescas las huellas de la guerra. Sus habitantes se han traslado y han recomenzado su vida en otros sitios; los que se quedaron intentan reconstruir las suyas, a partir de prácticas colectivas de reparación que permiten el ejercicio de la memoria e impiden olvidar.

A principios de abril, Álvaro Pérez, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), fue asesinado a balazos en su camioneta mientras se dirigía en dirección a Cúcuta. En febrero, se encontró el cuerpo de Sandra Yaneth Luna, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tutumito Carbonera. La lideresa social había sido secuestrada de su casa por un grupo de hombres armados, en septiembre del año pasado. Cinco meses después, los tres impactos de bala que tenía en su cuerpo confirmaron el peor de los pronósticos. Los de Álvaro y Sandra son dos casos de los 385 asesinatos de líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC.

El proceso de “desmovilización” paramilitar de los años 2003-2006 permitía pensar en un freno a la escalada de violencia que se vivía en la región. Las negociaciones del gobierno con las guerrillas abrían otra oportunidad para pacificar la zona. En el territorio, la continuidad del asesinato de líderes sociales, la represión a la organización social y comunitaria, la presencia paramilitar y el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL) demuestran lo contrario. El domingo 27 de abril, casi 34 mil tibuyanos y unos 36.783.940 colombianos estaban convocados a elegir presidente de la Nación.

Los de Álvaro Pérez y Sandra Yaneth Luna son dos casos de los 385 asesinatos de líderes sociales desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC del 2016.

A poco más de 100 kilómetros de allí, el 3 de marzo, mientras el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, realizaba una gira por el Parque Santander en la fronteriza localidad de Cúcuta, su caravana fue atacada a pedradas. Las imágenes de Petro dentro de la camioneta que lo transportaba y del vidrio lateral astillado por un proyectil recordaban los hitos trágicos de la violencia política en Colombia: Gaitán, Galán, la Unión Patriótica, entre otros tantos. También los representantes del flamante partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) padecieron abucheos y repudios durante sus giras y finalmente no participaron de la contienda electoral. Síntomas de un escenario polarizado entre las posiciones de izquierda y de derecha, entre dos propuestas de Colombia distintas, entre la paz y la guerra, en el marco de otro de los puntales de los acuerdos, como la participación política de la insurgencia, puesto en tensión.

Iván Duque, un abogado de 42 años, exsenador de la República y delfín político del expresidente Álvaro Uribe, consiguió quedarse con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, en las que participó algo más de un 53% del padrón, un número mayor al de las últimas elecciones presidenciales. El candidato del partido Centro Democrático juntó casi un 40% de las voluntades del electorado (7.569.693 votos), sacándole una ventaja de 15 puntos a su inmediato competidor y próximo contendiente en el ballotage, el candidato de la centro-izquierda Gustavo Petro (con 4.851.254 votos). A menos de 300.000 sufragios quedó Sergio Fajardo, de la progresista Coalición Colombia.

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L’Ombelico del Mondo tuvo la oportunidad de conversar con el senador reelecto por el Polo Democrático AlternativoIván Cepeda Castro, quien compartió su mirada y su balance de lo que dejó la primera vuelta presidencial y sus reflexiones en torno a la actualidad colombiana.

En primer lugar, decir que las elecciones que han tenido lugar en Colombia arrojaron un resultado positivo para las fuerzas de izquierda y de centro-izquierda en Colombia. Es la primera vez que llegamos a los 10 millones de votos, de ciudadanos que están hartos de la política de las castas tradicionales colombianas y que están hastiados de la corrupción. Entonces, en este contexto, hay que decir que en Colombia las cosas están cambiando, pero hay sectores que se aferran al pasado”, señala Cepeda en referencia a las adhesiones cosechadas por las propuestas de Petro y Fajardo.

El 17 de junio se dirimirá la segunda vuelta, en un escenario de polarización y de contraposición de dos modelos divergentes para proyectar el futuro del país.

El 17 de junio se dirimirá la segunda vuelta, en un escenario de polarización (más allá de la diferencia inicial) y de contraposición de dos modelos divergentes para proyectar el futuro del país. En estos días, se aceleran las negociaciones y las definiciones de las distintas fuerzas políticas en relación a cómo actuar de cara al ballotage. “En este momento estamos definiendo en Colombia cuáles van a ser los bloques que se van a enfrentar en las urnas el próximo 17 de junio. De un lado, se están generando adhesiones de lo más decrépito de la política colombiana al candidato Duque; y, por otra parte, sectores de izquierda, sectores sociales, la ciudadanía que está por un cambio, que adhiere a la candidatura de Petro y busca un acuerdo lo más pluralista y multifacético posible que permita una alternativa y un gobierno alternativo en Colombia”, afirma Cepeda.

La sorpresiva elección de Sergio Fajardo lo dejó en las puertas de la segunda vuelta, y los cuatro millones y medio de votos cosechados por Coalición Colombia (Partido Alianza Verde, Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático) resultan determinantes para lo que pueda llegar a ocurrir en unos comicios que se anticipan disputados. Iván Duque ya venía sumando apoyos de los partidos tradicionales de la política colombiana, el Partido Liberal, el Partido Conservador y la bancada de Cambio Radical. En los últimos días, Fajardo manifestó que abandonará la política y que, en la segunda vuelta, votará en blanco para mantenerse coherente con lo dicho durante su campaña: “Ni Duque, ni Petro”. El Partido Alianza Verde optó por acompañar a Petro, al igual que el Polo Democrático, aunque un sector minoritario del partido, encabezado por el senador Jorge Robledo, manifestó que votarán blanco. Estas diferencias y el anuncio de que Fajardo deja la política siembran un manto de dudas en torno a la continuidad de Coalición Colombia. Por su parte, Humberto de la Calle señaló que votará en blanco, pero militantes de su espacio político promueven el voto a Colombia Humana. Más allá de los alineamientos partidarios y de los posicionamientos de los referentes políticos, la inclinación final de los electores, el caudal de voto en blanco y la participación serán claves para definir los resultados.

Iván Cepeda fue uno de los primeros referentes políticos que rápidamente hizo público su apoyo a Colombia Humana, la coalición encabezada por Petro para las elecciones del 17 de junio. Desde antes de los comicios, Cepeda abogó por una alianza más amplia que la que se terminó conformando en Coalición Colombia entre la Alianza Verde, el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano. “Siempre hemos sido partidarios de una alianza tripartita entre los sectores de centro-izquierda en Colombia. Creemos que esa es la alternativa. Ahora, por supuesto, hay sectores temerosos a los cuales les ha calado esta idea de que la candidatura de Petro representa ni más ni menos que el peligro de trasladar a Colombia al modelo venezolano o cubano. Y esta es una carta que utiliza la extrema derecha y la derecha internacional, no solo en Colombia, sino en muchos países”, plantea Cepeda.

Para el senador Iván Cepeda, el programa de Gustavo Petro es un programa que lo que exige es que se cumplan ciertos estándares de la Constitución de 1991.

La campaña electoral estuvo (y estará) signada por la construcción del temor al “castrochavismo”, concepto acuñado por las derechas latinoamericanas, que suelen desempolvar a la hora de los debates mass-mediáticos preelectorales. A cualquier derecho social y a cualquier reforma, por tímida que sea, la inscriben bajo esa lógica, la cual indica que lo que sigue son las expropiaciones y la vulneración a la propiedad privada. En este caso, el apuntado es el exguerrillero del M-19, Gustavo Petro. El senador del Polo Democrático, en diálogo con L’Ombelico del Mondo, manifestó que han demostrado que la candidatura de Petro y su programa “representan los intereses nacionales y un modelo auténtico que tiene propuestas para resolver los problemas no de Venezuela, sino de Colombia, que son muchos. La idea de que Colombia corre el peligro de convertirse en una Venezuela es una idea absurda, porque basta con ver los problemas que tenemos nosotros para decir que bastaría con resolver alguno de esos problemas para poder tener una situación mejor, que se asimila un poco a algunas conquistas sociales que hay hoy en Venezuela, valga la pena decir”.

En el fragor previo a los comicios, el propio Petro se tuvo que encargar de desmarcarse de los discursos que lo asociaban tanto al chavismo como a una propuesta radical de izquierda. “He sido de izquierda y no me arrepiento. Pero no propongo un programa de izquierda. No propongo un programa socialista. Eso no funcionó. El problema de Colombia es que no se ha desarrollado el capitalismo. ¿Una clase media rural qué es? ¿Socialismo? No. Nuestra propuesta es una clase media rural con tierras productivas que deben tener métodos privados y tener métodos mercantiles; en esa medida, lo que estamos proponiendo es el desarrollo del capitalismo. Lo que proponemos es el desarrollo de un capitalismo democrático”, afirmó Petro. En el tramo final de la campaña, se consolidó su viraje a posiciones discursivas más moderadas y su abierto distanciamiento del proceso chavista en Venezuela, señalando que el país vecino “transita un doloroso camino de secuestro de la democracia”. “Ambos están planteando supeditar la justicia a la política, construyendo un régimen dictatorial, lo hace Maduro, lo hace Uribe y lo hace Duque”, declaró el candidato de Colombia Humana a menos de 24 hs. de conocerse los resultados de la primera vuelta.

A sus tres años, la familia de Iván Cepeda se vio obligada a exiliarse en Praga, y su padre, Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica, fue acribillado por sicarios en 1994.

Para Iván Cepeda, el programa de Petro es un programa que lo que exige es que se cumplan ciertos estándares de la Constitución de 1991. Esa Constitución proclama que Colombia es un Estado social de derecho. Difícilmente, se puede decir que esa definición corresponda a la realidad. “Lo que proclama Petro son ideas, valga la pena decirlo, que no son ninguna revolución social. Lo que se pide es que haya una mínima reforma agraria; que se respeten los acuerdos de paz; que se profundice un modelo económico que salga del extractivismo minero, energético y petrolero; diversificar nuestra economía hacia una economía verde y ecológica que reclaman los peores efectos del cambio climático; que haya una universalización de la educación pública, que sea gratuita y que sea accesible a todos los sectores; que se permita un sistema de salud que tenga un carácter preventivo y que no se privatice la atención médica y el tratamiento de enfermedades terminales. Esos no son de ninguna manera consignas o proclamas que vuelvan a Colombia un proclama democrático, de derecho y social”, señala Cepeda.

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Iván Cepeda conoce de cerca lo que tiene que ver con la violencia política en Colombia. A sus tres años, su familia se vio obligada a exiliarse en Praga. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, congresista de la Unión Patriótica que denunció un plan militar de exterminio a dicha fuerza política, fue acribillado por unos sicarios a bordo de un Renault 9, una mañana de 1994 en la esquina de Avenida de las Américas y Carrera 74. En 2003, fundó el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para exigir verdad y justicia por las prácticas criminales llevadas a cabo por el Estado colombiano.

Cepeda entiende que la candidatura de Iván Duque representa a los sectores de la política colombiana que se aferran al pasado y al statu quo oligárquico del sistema político nacional. Y asegura que una eventual victoria de ese candidato pondría en riesgo los acuerdos de paz: “Si triunfa Duque, por supuesto va a haber una ofensiva contra los acuerdos de paz. Él ha sido muy explícito en que, si bien dice de manera un poco retórica que no quiere acabar con los acuerdos de paz, en la práctica quiere prohibir la participación política de los que estuvieron en la insurgencia armada, y quiere echar abajo el sistema de justicia que se creó como parte de los acuerdos de paz. Eso significa ni más ni menos que darle dos golpes a los fundamentos del acuerdo de paz y pondría en serios aprietos este proceso. El proceso de paz es parte de una lucha social y no basta con que se intente querer echarlo abajo. Es un proceso que ha traído cambios en los últimos años muy significativos para Colombia. Que yo creo que no van a ser tan vulnerables y tan fácilmente reversibles como lo cree la extrema derecha”.

Se discute la paz mientras las desiguales condiciones materiales persisten y mientras se profundiza la sistematicidad de los asesinatos selectivos.

La prédica guerrerista del uribismo busca retrotraer los avances en el intento por desmontar un conflicto armado que lleva medio siglo. Los sectores concentrados de la economía colombiana y la élite política se muestran poco dispuestos a realizar concesiones que desanden las injusticias que llevaron a la guerra y, en ese marco, un programa reformista como el de Gustavo Petro resulta amenazante. Se discute la paz mientras las desiguales condiciones materiales persisten y mientras se profundiza la sistematicidad de los asesinatos selectivos. Desde La Habana, donde se retomaron las negociaciones de paz con el ELN, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, manifestó que su orden es no retirarse de las negociaciones, y “si gana el señor Duque pues allí nos va a encontrar, en la mesa”.

A todo esto se suma el anuncio por parte de Juan Manuel Santos de que Colombia se asociará a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un estatus que ningún otro país de Latinoamérica había osado ostentar. “Nosotros estamos, por supuesto, rechazando semejante decisión. Es totalmente contraproducente que un país que proclama que está llegando a resolver un conflicto armado de 50 años, que está haciendo esfuerzos ingentes por llegar a la paz, decida ahora instalarse en una máquina de guerra transnacional como es la OTAN. La OTAN es un pacto militar que tiene como exclusivo propósito generar iniciativas bélicas. Así que, por supuesto, si hay un gobierno de Gustavo Petro, tal vez una de sus primeras medidas que vamos a exigir nosotros que se tomen es desvincular a Colombia de semejante camino aventurista y bélico que significaría entrar en ese pacto militar” señala Cepeda. Para los sectores progresistas del arco político colombiano, una eventual victoria de Petro los habilita a añorar a una Colombia menos subordinada a los intereses imperiales de los Estados Unidos en la región.

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Restan dos semanas para unas elecciones en las que no solo se definirá el ganador de la segunda vuelta, sino que se dirimirá una puja entre dos modelos de país enfrentados, que determinarán la suerte del Estado que ha sido punta de lanza de la avanzada imperialista en la región y un actor clave en la desestabilización del proceso bolivariano en Venezuela. La polarización que, no pocas veces, deviene en violencia y atraviesa el escenario. El narcotráfico, la narcocriminalidad, el paramilitarismo y el sicaratio siguen operando y en francas relaciones con la política colombiana.

La semana previa a las elecciones, Iván Cepeda denunció a Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, por calumnias, injurias y hostigamiento por razones ideológicas, tras los tweets en los que amenazó a los seguidores de Petro y planteó que la “familia del No” debía colaborar en el combate a los “colectivos petristas”. “El caso del señor Popeye, quien fuera el jefe del ala militar y de las acciones terroristas del cartel de Medellín, hombre cercano a Pablo Escobar, es una demostración fehaciente de que hay todavía sectores que practican la política del terror en Colombia. Y cuando se habla de una familia del No se hace referencia a sectores extremistas de derecha que quieren prolongar en Colombia la guerra, la confrontación, el odio. Y que no vacilan en emplear toda clase de métodos”, asegura Cepeda. Y agrega: “le instauré una denuncia penal apenas puso esos trinos en la red al señor alias Popeye por seis delitos diferentes y, efectivamente, a los pocos días se ha producido un resultado, que me parece alentador, y es que el señor ha sido arrestado. Y en este momento afronta cargos, no solamente por mis denuncias, sino por haber reincidido en narcotráfico, extorsión y otros delitos”.

Para Cepeda, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones del 17 de junio, lo que sobrevendrá es un escenario de confrontación social muy seria. En Colombia han proliferado los genocidios, señala, y refiere a un proceso en el que la violencia nunca se detuvo. “Colombia sigue ostentando una categoría de un Estado democrático, que puede tener algunos problemas como el narcotráfico, como ciertas expresiones de violencia; pero, de lejos, esa definición pálida no expresa lo que ocurre en Colombia. Cada cuatro días están asesinando a un líder social en nuestro país, y eso no quiere decir que el proceso de paz no haya tenido un efecto benéfico. En Colombia han disminuido sensiblemente las cifras de violencia política, pero esa disminución no significa de ninguna manera que la criminalidad de Estado, el paramilitarismo y otros fenómenos como el narcotráfico no sigan siendo una amenaza contra muchos sectores que quieren un cambio político y social en Colombia. Así que ese es el contexto de la lucha que estamos dando en Colombia. Una lucha que está registrando avances pero, por supuesto, en medio de una confrontación encarnizada”.

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