La trama de Punta Peuco

14/03/2018
Jaime Campos ha sido el ministro más descriteriado del Gabinete de Michelle Bachelet, y para ostentar este récord hay que hacer muchos “méritos”; por su parte,  Michelle Bachelet tuvo muy mal gusto para elegir sus secretarios de Estado.

En medio de esta intriga, la Presidenta ha  quedado en muy mal pié, pues nadie puede explicarse cómo una mandataria con tanto poder que le confiere la Constitución – como monarca elegida – no exigió, de inmediato, la renuncia de este secretario de Estado que se negaba a obedecerla, que puede deberse a una notable debilidad de carácter, o bien, temor a su ministro, también miedo a los militares.

Michelle Bachelet había prometido a Carmen Gloria Quintana el cierre de Punta Peuco, y lo reiteró en varias entrevistas periodísticas, incluso, días antes de entregar el mando, seguía manteniendo el suspenso sobre el traslado de los reos de ese recinto a cárceles comunes.

Los familiares de detenidos desaparecidos, fusilados y otros  defensores de derechos humanos se habían ilusionado con la promesa de la Presidenta, pero nuevamente fueron defraudados por el incumplimiento de la palabra empeñada de que, de una  vez por todas, se hiciera justicia y se aplicara la igualdad ante la ley.

Para completar el cuadro de “desencuentros” y torpezas, el ministro Campos, que anda buscando chivos expiatorios para sacarse el peso de encima con relación a los desatinos que, durante su permanencia en esa cartera ha cometido cada vez que tiene un micrófono a la mano, culpa a la Sra. Uriarte de haberlo presionado para nombrar como notario al ex fiscal de Rancagua, Luis Toledo, quien estuvo a cargo del caso Caval, en que aparece como formalizada la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon.

Más allá de este juego de culpabilidades con respecto al cierre de Punta Peuco es muy triste constatar que tanto los gobiernos de la Concertación, como el de la Nueva Mayoría han dejado una deuda pendiente en la verdad, justicia y reparación respecto de los atropellos de los derechos humanos.  Durante el gobierno de Eduardo  Frei Ruiz-Tagle, por ejemplo, no sólo liberó a Augusto Pinochet de la justa detención en Londres, sino que también se negó siempre a recibir en audiencia a las Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos; el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar instalo a Manuel Contreras y su clique criminal en la “casa de veraneo del ejército”, el recinto Cordillera, que tenía cabañas de lujo, (es una vergüenza para la Concertación el que hubiera sido el Presidente Piñera, durante su primer mandato, quien los enviara de a Punto Peuco. Por otra parte, fue el primero en hablar de “cómplices pasivos” para referirse a los civiles que colaboraron durante y después del golpe militar.

Michelle Bachelet, tanto en su primero como en su segundo gobierno, despertó muchas esperanzas de verdad y justicia en los familiares de las víctimas de atropellos de  derechos humanos. Desgraciadamente, en este tema concreto, su gestión no fue diferente a la de los otros Presidentes de la Concertación, es decir, en estos sensibles aspectos dejó mucho que desear.

En la Subsecretaría de Derechos Humanos, dirigido por Lorena Fríes, aunque ha representado un avance en este campo, hasta ahora su labor ha sido poco visible y efectiva – en Chile aún se tortura -.

La Presidenta Bachelet perdió una gran oportunidad de dejar un legado en derechos humanos al no cumplir su promesa de cerrar la cárcel de Punta Peuco. El deficiente ministro Jaime Campos puede terminar feliz en su yo reaccionario, pues los presos de Punta Peuco lo consideran su salvador – lo manifiestan explícitamente en una declaración pública -.


 

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