La Araucanía: la dialéctica de los puños, las balas y la cárcel

26.09.2017
El candidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast, propone, nada  menos, que la militarización completa en la Araucanía, (es decir, la aplicación del terrorismo de Estado bajo el alero de la bota militar). La verdad es que esta macro-región, hoy está bajo la dialéctica de los puños, las balas, la ocupación y la cárcel.

Los comuneros mapuches, condenados a prisión preventiva mientras se investiga su culpabilidad en el incendio sendas iglesias – católica y protestante. En su petitorio, entre otras demandas, solicitan un juicio justo y, sobre todo, la no aplicación de la ley antiterrorista. Actualmente, los mapuches detenidos en las cárceles llevan 112 días sin consumir alimentos, y ahora se ha agregado un grupo de comuneros, involucrados en otras causas, como los acusados  de la muerte  de la pareja Luchsinger-Mackay.

El vocero de los detenidos, Alfredo Tralcal, anunció que comienza una huelga de hambre seca, que viene a agravar el deterioro de la salud ya menguado por el prolongado tiempo,  pudiendo llevarlos a la muerte inminente y podría ser seguido por los demás comuneros presos en distintas causas.

El padre jesuita Felipe Berríos fue convocado para ejercer como mediador del conflicto entre los comuneros mapuches y el gobierno que, hasta hoy, no ha tenido frutos favorables, por el contrario, la huelga de hambre se ha radicalizado, con las consiguientes consecuencias para la vida de los comuneros.

La ley antiterrorista ha sido condenada por varias Organismos Internacionales de Derechos  Humanos, y más cuando se trata de aplicarlas especialmente a los habitantes de los pueblos originarios. Amnistía Internacional ha seguido muy de cerca este caso en particular y ha manifestado su preocupación. La ley antiterrorista vulnera derechos básicos al incluir testigos secretos, por ejemplo, que pueden afectar al inculpado rompiendo el principio del debido proceso.

Los abogados defensores de los comuneros critican, con razón la prolongación en el tiempo en las investigaciones, lo cual se traduce en que la prisión preventiva se transforme en una “sentencia” anticipada, quebrando el principio de presunción de inocencia.

En estos últimos días fueron detenidos ocho comuneros, pertenecientes a la directiva de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), quienes fueron formalizados y con prisión preventiva, acusados de asociación de asociación ilícita y presunta participación en el incendio de camiones.

La violencia, la represión y la aplicación de leyes liberticidas   es el peor camino para enfrentar el grave problema  entre el Estado y los pueblos originarios.

Desde Diego Portales hasta nuestros días  el Estado chileno ha aniquilado a etnias completas – el caso de los Selknam en tierra del fuego – al servicio del capital privado, que pagaba por las orejas, los penes y los senos de los indígenas, con el solo propósito de  borrarlos de la faz de la tierra. En la historia de Chile es muy desconocida o bien, ignorada, la matanza de indígenas en Ranquil y Lonquimay, durante el gobierno de don Arturo Alessandri.

El problema mapuche no se soluciona con represión, militarización y cárcel: mientras más violenta sea la acción del Estado, más se profundiza el conflicto, pues como bien lo dice el ex intendente Francisco Huenchumilla, el problema no depende de la represión policial, ni de la acción de los fiscales y los jueces, pues el tema es netamente político: se trata de que el Estado entienda que debe dialogar con los representes y las comunidades indígenas, reconociendo su autonomía – no significa quebrar la unidad territorial del país – su carácter multicultural y multiétnico.

En contraposición con la brutalidad del Estado unitario portaliano, hoy debiera hacerse posible,  urgente y necesario un diálogo, mediante el cual el  Estado chileno reconociera, previa petición de perdón por los abusos,  violencia y muerte de millares de comuneros mapuches, desde  la llamada “pacificación de la Araucanía”, hasta nuestros días.

La condición fundamental del diálogo supone  que el Estado chileno y los gobiernos reconozcan el carácter de pueblo de las etnias originarias, como también que busquen los caminos institucionales para la integración del pueblo  mapuche en un Estado descentralizado, donde pueda participar, plenamente, en todas las instituciones nacionales, en igualdad de condiciones.

Un primer paso para la solución de los distintos problemas de los pueblos originarios sería la integración de una cuota de ellos en un parlamento, que tendría un carácter unicameral; el segundo, el reconocimiento de la cultura y organización propia de estos pueblos; el tercero, dejar de tratarlos como “colonias” sometidas o como etnias inferiores, que deben someterse al Estado y a los poderes económicos de los más poderosos; el cuarto paso, abandonar el tratamiento economicista del problema – el comprar tierras, a veces inservibles, y distribuirlas entre los mapuches, no es una solución al problema del despojo del pueblo mapuche -; el quinto, abandonar el tratamiento al pueblo mapuche como de “chilenos pobres”, lo que supone ignorar su cultura y su carácter de pueblo; el sexto, entender que la autonomía no equivale a soberanía, ni menos significa romper la unidad territorial de Chile, sino favorecer el diálogo intercultural y el respeto irrenunciable a la diversidad de nuestra conformación como nación.

La dialéctica de los puños, las armas y la prisión sólo conducen a la destrucción de destrucción de una nación y, a veces, a la aniquilación de nuestros ancestrales.

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