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Día de las FFAA, reivindicar el honor militar

Día de las FFAA, reivindicar el honor militar
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Se aproxima el día de las FFAA, un motivo que tradicionalmente fue para el encuentro entre los militares y su pueblo, situación que hoy simplemente es una celebración sin contenido, en la cual se ven las caras las autoridades políticas, militares y de la iglesia, mostrando al mundo una imagen de reconciliación civil militar que no tiene contenido. Las fiestas patrias que es el contexto del desfile militar, la algarabía de los bailes y las expresiones representativas de nuestras tradiciones, intentaran dejar atrás por un momento la realidad que distancia a las FFAA del pueblo, incapaces las primeras de abrir un dialogo valiente y digno que cierre el doloroso pasado que nos divide.

La realidad es que durante 44 años el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros, continúan siendo el paraguas protector de criminales que hablan corporativamente, para involucrar a las Fuerzas Armadas en la defensa u ocultamiento de sus crímenes, intentando que sus condenas afectan a la institución militar. Eso es lo que han pretendido hacer recientemente un grupo de ex comandantes en jefe y algunos ex coroneles de las tres ramas de la defensa y carabineros, reclamando a través de una carta pública, “la falta de debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros y “el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas”, refiriéndose a los criminales y violadores de derechos humanos presos en la cárcel de lujo de Punta Peuco.

Cabe señalar que, entre los ex comandantes en jefe firmantes, se encuentran el ex general Fernando Rojas, uno de los pilotos que bombardeo el palacio presidencial en 1973 y que hasta hoy se encuentra impune, a pesar de haber intentado asesinar al presidente de la república, Salvador Allende. Los ex coroneles, Cristián Labbé, presidente del Centro de coroneles del Ejército en retiro, hoy procesado por torturas y crímenes cometidos en Tejas Verdes, Sergio Lizasuain, presidente del Círculo de Coroneles de Aviación en retiro, torturador en la Academia de Guerra Aérea, entre otros.

Todos estos personajes representan a parte de una generación de oficiales y suboficiales, quienes deben responder por sus crímenes de lesa humanidad, los que no se pueden justificar en un contexto de guerra inexistente. Inventada con el fin de identificar un enemigo político y para establecer la legalidad de la tortura como método para conseguir información, pasando por encima de la dignidad de las personas.

Es cierto que ya han pasado casi cincuenta años de sucedidos esos deleznables hechos, pero la hora de asumir las responsabilidades está pendiente y los actuales jefes del ejército, quienes ciertamente no están comprometidos con estos crímenes, son los que deben separar las cosas. Son los encargados de condenar a quienes, hoy como militares en retiro e independientemente de sus grados jerárquicos, deshonraron a la institución y el uniforme militar. Son ellos quienes deben establecer una necesaria separación entre las FFAA y todos los ex militares comprometidos, procesados y condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad.

Es inaceptable que aun en el ejército se le rindan honores a Pinochet, que en la marina aún se conserve una estatua que resalta la figura del ex almirante Merino, en la escuela naval que es el centro de formación de futuros oficiales. Es inconcebible que hasta solo hace unos años atrás, aún estaban en servicio activo, oficiales que conspiraron en contra de un gobierno legítimo, para derrocarlo, que para conseguir esos fines asesinaron a un comandante en jefe del ejército, el general Rene Schneider, al edecán de Allende, el comandante de la armada Arturo Araya. Como lo es también que los pilotos que bombardearon La Moneda para asesinar al presidente de la república aun no sean enjuiciados por ese y otros actos delictuales que cometieron.

En las filas del ejército, algunos en servicio activo y otros en retiro, los oficiales y suboficiales que fueron los responsables de todos los centros detención y tortura instalados en bases aéreas, regimientos, buques de la armada y cuarteles de carabineros gozan de total impunidad. La información de los chilenos que fueron brutalmente asesinados por orden de Pinochet, de los prisioneros y prisioneras políticas que fueron lanzados desde helicópteros al mar, de quienes ordenaron y quienes exhumaron los restos de las víctimas para dinamitar sus cuerpos y hacerlos desaparecer también, toda esa información está en las FFAA.

Las Fuerzas Armadas no pueden seguir protegiendo a estos criminales, hoy jubilados y en retiro, por ese camino se desprestigia a la institución militar, resguardando a quienes, de manera cobarde, hoy desprovistos del poder de antaño, niegan que torturaron, desconocen las masacres o desapariciones que cometieron o pretenden refugiarse en el concepto de la obediencia debida.

Los mandos actuales del Ejército, de la Marina, la Fuerza Aérea y Carabineros, son los responsables de la formación de las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales. Un proceso que no puede ser desarrollado bajo la influencia de aquellos a quienes les interesa perpetuar, desde su condición de oficiales en retiro en la institución militar, el impartir y aceptar ordenes que conducen a reprimir cobardemente a un pueblo desarmado, cegando injustamente la vida de miles de compatriotas.

Los actuales mandos institucionales deben instituir con claridad, que no hay obediencia debida, porque nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de la constitución y reglamentos militares. Estableciendo que, quien lo hiciera, incurre en una conducta viciosa y, que delinque quien para cumplir un fin determinado imparte órdenes y emplea medios injustos e inmorales.

Que no es válido el argumento que se ha entregado para esconder la participación en actos delictivos, que los jóvenes tenientes, capitanes, cabos y sargentos que torturaron, asesinaron, violaron a mujeres, en esos años, con todo el poder de la vida y la muerte de sus víctimas en sus manos, “cumplían órdenes superiores”.

Que los oficiales y sub oficiales de inteligencia (como lo fue el ex general Cheyre), eran los hombres de confianza para perseguir y aniquilar a “los enemigos de Chile”, “a los marxistas”, los que eran dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales.

Es tiempo entonces de aportar a que las FFAA se reconcilien con su pueblo, con acciones concretas, valientes, lo cual requiere ir más allá de los discursos y de una retórica vacía. Los gobernantes democráticos y los jefes militares tienen el deber y la responsabilidad política, de establecer los mecanismos para educar a las nuevas generaciones de chilenos y chilenas en la verdad histórica, sin ambigüedades.

Todos, pero particularmente el gobierno y los actuales jefes militares, tenemos que aportar a terminar con el argumento mentiroso, que Chile, en 1973, se encontraba al borde de una guerra civil, “razón por la cual los militares actuaron, respondiendo al llamado del pueblo, para salvar la patria de caer en el comunismo”. Un argumento que políticos de derecha y ex militares, utilizan para justificar las torturas en contra de 42 000 chilenos y chilenas, el asesinato de 3.300 compatriotas y los horrores cometidos en contra del pueblo,

Finalmente, y en este mes de septiembre, los chilenos y chilenas si recordamos a los militares honestos, quienes en el Ejercito, en la Marina en la Fuerza Aérea, Carabineros y en la Policía de Investigaciones, arriesgaron sus vidas, fueron torturados, otros asesinados, por mantenerse leales a sus principios y a su juramento. Entre ellos, el general Rene Schneider, el comandante Arturo Araya, el General Alberto Bachelet, el general Sergio Poblete, el coronel Efraín Jaña, el cabo Enrique Ibáñez, el cabo Ivan Figueroa y todos quienes valientemente se opusieron al golpe de estado en 1973, son los ejemplos que deben inspirar a las nuevas generaciones de oficiales y suboficiales de nuestras FFAA.

Hoy el foco de la acción política no está en divagar si proteger o no a criminales manteniéndoles en una cárcel de lujo, Punta Peuco, el deber de las autoridades políticas y militares esta con el país y con las FFAA.

A esto aporta el oponer el legado histórico de los militares patriotas, a la acción criminal de los exmilitares que están comprometidos en actos deleznables y crímenes de lesa humanidad. Un legado histórico que espera ser reconocido y sacado de injusto olvido, para ser trasformado en un aporte para la formación espiritual de nuestros hombres y mujeres de armas.


 

 

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