Chile busca Justicia para la asistenta degollada por la dictadura de Pinochet

 Santiago de Chile 27 de agosto de 2017
Sofía Yáñez Calfupán, de 23 años, embarazada, trabajaba en la casa de una abogada pro derechos humanos y es una de las últimas víctimas mortales del régimen

La abogada Carmen Hertz

La abogada Carmen Hertz  Foto: Sebastián Utreras

Tenía 23 años, un embarazo de dos meses y trabajaba como asistenta en la casa de la abogado pro derechos humanos, Carmen Hertz. Oriunda de Valdivia, en el sur de Chile, Sofía Yáñez Calfupán fue degollada por la espalda mientras lavaba en el baño la mañana del 22 de noviembre de 1988. Fue una de las últimas víctimas mortales de la dictadura de Augusto Pinochet, que había perdido el plebiscito celebrado algunas semanas antes. La Justicia chilena, que sigue investigando casos que quedaron impunes, luego de casi 30 años ha vuelto sobre el crimen de la muchacha. El magistrado Mario Carroza esta semana comenzó con los interrogatorios.

Hertz no tiene dudas: “Fue una acción de represalia de la CNI (la policía secreta de Pinochet)”.

En esos años era ya una conocida abogado pro derechos humanos de la Vicaría de la Solidaridad, una institución dependiente de la Iglesia católica que no solo se enfrentó a los militares y los paralizados tribunales de Justicia, sino que actuó como un aparato de contrainteligencia ante la dictadura. Como representante de Vasili Carrillo, involucrado en el atentado a Pinochet en 1986, Hertz se querelló por los tormentos sufridos por su defendido en manos de la Brigada Investigadora de Asaltos (BIA). La juez Dobra Luksic en forma inédita procesó a los agentes, que publicaron una declaración pública señalando que tanto la juez como la abogado estaban dejando a la ciudadanía en la indefensión total, en manos del hampa. “Dos días después, mataron a Sofía y allanaron la oficina de la juez, en forma completamente clandestina y silenciosa”, relata Hertz.

No era raro que la dictadura ejerciera acciones de violencia contra funcionarios de la Vicaría. En 1985 mataron a José Manuel Parada, jefe del Departamento de Análisis, y a algunos les lanzaban gatos muertos en el jardín o les enviaban cajas de regalo con cabezas de cerdo. Pero a esas alturas –luego del plebiscito–, el crimen de Sofía Yáñez se salió de los parámetros. Cuando Hertz presentó una querella –poco antes de tener que refugiarse en Francia por invitación de madame Mitterrand–, los tribunales determinaron que había sido un delito común y como en muchos casos no se encontraron culpables. Hubo testigos, sin embargo, que vieron un coche de la Policía de Investigaciones aparcado cerca de la casa de Hertz, en la calle Infante de Santiago de Chile. La víctima jamás participó en política, tenía un carácter afable, era una chica de pueblo y en la vivienda no hubo robo el día del crimen.

El asesinato de Sofía fue uno de los episodios violentos que tuvo que vivir Hertz, según relata en sus memorias La historia fue otra y en la serie de Andrés Wood, Ecos del desierto. Tenía 26 cuando quedó viuda: a su marido, el abogado comunista Carlos Berger, lo torturaron y ejecutaron el 19 de octubre de 1973 en la ciudad nortina de Calama. Su esposo tenía 30 años y ella quedó con un niño de apenas 11 meses, Germán, que de adulto relató su historia en el documental Mi vida con Carlos.

Luego del crimen de Berger en manos de la llamada Caravana de la muerte, Carmen se exilió en Buenos Aires y luego en Caracas junto a su hijo. Regresaron pronto a Santiago de Chile, en los primeros años de dictadura, cuando como abogado se dedicó por completo al trabajo por los derechos humanos desde la Vicaría de la Solidaridad. Interpuso denuncias, querellas y recursos de amparo en decenas de causas. A nivel personal hubo dolores irreparables: todavía llenos de dolor por la pérdida del mayor de sus hijos, sus suegros se quitaron la vida. Primero él, en 1982, y después ella en 1987. Luego el asesinato de Sofía, que trabajaba con Hertz hacía unos dos años. Fue ella la que la encontró tirada en el piso.

Hertz relata que apenas se produjo el asesinato encaró al general Fernando Paredes, de la Policía de investigaciones. Luego de 1990, cuando llegó la democracia, uno de los jefes de la Brigada Investigadora de Asaltos (BIA) le reconoció la culpabilidad de miembros de su unidad.

Si este caso se reabre ahora, en 2017, es por la querella que presentó el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. El juez Mario Carroza, que ha tenido en sus manos la investigación por la muerte de Salvador Allende y Pablo Neruda, entre otras causas de connotación social, será el encargado de buscar Justicia para Sofía, que según la Comisión de Verdad y Reconciliación de 1991 fue asesinada por agentes del Estado.

En Chile hubo unas 4000 víctimas mortales, entre ejecutados y desaparecidos. Muchos de esos casos quedaron impunes.

*Fuente: El País


Documental: Mi vida Con Carlos


SOFIA LEONOR YAÑEZ CALFUPAN

YAÑEZ CALFUPAN, SOFIA LEONOR: 23 años, soltera, trabajadora de casa particular, muerta el 22 de noviembre de 1988 en Santiago.

Sofía Leonor Yáñez Calfupán murió ese día, por una “herida cortante profunda cervical y asfixia por aplicación de vínculo cervical”, según acredita el Informe de Autopsia.

De acuerdo con declaraciones de testigos y antecedentes acopiados al proceso, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, en circunstancias que Sofía Yáñez estaba ocupada en las labores de aseo en su lugar de trabajo en la comuna de Ñuñoa. Los autores del asesinato entraron a la vivienda por una ventana y la atacaron por la espalda con un utensilio posiblemente tomado en la cocina, ocasionándole la muerte mediante degollamiento.

Testigos presenciales señalaron que ese día, alrededor de las 12:00 horas, vieron a dos personas salir en actitud sospechosa, las que no fueron identificadas en la investigación judicial. Los antecedentes reunidos en el proceso descartaron el robo como móvil, puesto que los hechores no sustrajeron especies ni valores que pudieron retirar rápida y fácilmente de la propiedad. También se descartó una oposición por su parte en contra de los hechores. La casa no se encontraba en desorden, ella tenía seis meses de embarazo y en esos momentos se encontraba sola en la casa.

Sofía Yáñez no desarrollaba ningún tipo de actividad política y era reconocida por su carácter afable y pacífico.

El domicilio donde murió pertenecía a una abogada de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos y vinculada a la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Esta profesional, tres meses antes, había presentado un recurso de amparo en su favor por amenazas telefónicas que había estado recibiendo por desconocidos en ese mismo domicilio. Por esta razón, la Corte de Apelaciones de Santiago había ordenado vigilancia policial especial por diez días en su domicilio. La abogada patrocinaba una querella por apremios ilegítimos y malos tratos a un preso político en contra de funcionarios de la Policía de Investigaciones. El despacho de la Jueza que instruía este proceso anteriormente había sido allanado por desconocidos.

También, ese mismo año, varios abogados reconocidos públicamente por su trabajo profesional en defensa de los derechos humanos, asimismo vinculados con el señalado organismo, sufrieron diferentes amenazas por parte de desconocidos y algunos fueron objetos de reiterados robos en sus domicilios particulares.

En virtud de los antecedentes reunidos y la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior, considerando la forma de su muerte y el contexto en que ésta se produjo, llegó a la convicción de que Sofía Leonor Yáñez Calfupán fue ejecutada por agentes del Estado, con el propósito de inhibir la labor profesional desarrollada por la persona para quien trabajaba. Por ese motivo, la declaró víctima de violación de derechos humanos.
(Corporación)

Esta pagina fue modificada el 17/07/2010

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Estas paginas han sido preparadas y son mantenidas por: Proyecto Internacional de Derechos Humanos – Londres © 1996 – 2015

*Fuente: Memoria Viva

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  • Manuel Gutiérrez

    Éste y otros horrorosos crímenes de la Dictadura de Pinochet son defendidos por la Derecha que apoya a Piñera, pidiendo el indulto para esos chacales que residen en Punta Peuco. La UDI y RN no tienen el menor escrúpulo en justificar estos asesinatos pidiendo analizar el “contexto histórico”, como con total descaro, lo pide el actual comandante en jefe del ejército.