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Bolivia y Evo  Morales en Peligro: Continental Schock Doctrine

Existe un plan de desestabilización regional que avanza rápidamente. El objetivo es la destrucción del socialismo del buen vivir. Aunque esto ha sido denunciado profusamente por intelectuales y líderes políticos como Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro, la prensa oligárquica se apura en calificar estas denuncias como paranoicas.  Es la vieja estrategia de desvirtuar al mensajero para debilitar el mensaje.

Recientemente el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, confesó abiertamente que  la intención de la Agencia es derrocar a Nicolás Maduro e instaurar un gobierno de “democracia y libertad afín al neoliberalismo privatizador”. Al parecer, la nueva administración Trump perdió toda sutileza. La abierta aceptación de la injerencia en nuestros países es la tónica. “Cada vez que tienes un país tan grande, y con la capacidad económica de un país como Venezuela, Estados Unidos tiene profundos intereses” reafirmó Pompeo en una entrevista ofrecida el 20 de julio a la presidenta de la firma de investigación Asymmetrica, Vanessa Neumann.

El interés de Estados Unidos es económico. Buscan replicar lo que realizaron en países como México y Chile en donde lograron obtener suculentos contratos a través de privatizaciones ilegales impuestas  a través del terror y la felonía. Al entender la mirada economicista y mercantil de la política e Estados Unidos podemos desprender que Bolivia y Evo Morales son un objetivo permanente.

Derrocar a Morales e implementar una contrarrevolución neoliberal en Bolivia, permitiría debilitar aún más al socialismo del Buen Vivir en la región. Sin la presencia de Correa en Ecuador se pierde una importante voz de defensa del progresismo y el socialismo democrático, pues la nueva administración ecuatoriana no tendrá el mismo liderazgo mundial que tuvo Correa, quien no dudó en enfrentar  y frenar la injerencia de Estados Unidos con acciones concretas, como por ejemplo: asilar a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres o expulsar a los Marines estadounidenses de la base aérea de Manta.  Desde esa perspectiva, es Evo Morales y Bolivia quienes quedan de pie para denunciar y enfrentar la injerencia criminal de la CIA. 

El centro de operaciones para llevar a cabo dicha operación es Chile, allí la CIA cuenta con dos poderosos aliados, a saber: Sebastián Piñera, quien ya colaboró con ellos en el bloqueo aéreo generado en contra de Venezuela -mientras era dueño de la aerolínea Lan, actual Latam- y la familia Luksic.

Piñera tiene por misión articular a la derecha sudamericana para desestabilizar a Venezuela, Ecuador y Bolivia; sus nexos con Temer y Macri lo colocan como el alfil de la injerencia. Incluso hay analistas que creen que en caso de ganar nuevamente la presidencia de Chile, podría buscar generar un enfrentamiento bélico con Bolivia para desestabilizar a todo el continente y justificar una invasión norteamericana en Bolivia y Venezuela. 

Por su parte, la familia Luksic que tiene objetivos corporativos para derrocar a Evo Morales por su interés en la gran minería, en  el uso del agua del manantial del Silala y el control del litio boliviano. Esta familia ya realizó a través del canal de televisión de su propiedad (canal 13) el montaje del caso Zapata, utilizando para ello al mercenario de la CIA que oficia de periodista y de nacionalidad Española, Gustavo Villarrubia, mismo agente que encubrió los casos de pedofilia, en donde participaron Marines estadounidenses en los puertos de Chile. Canal 13 básicamente funciona como un francotirador comunicacional que busca defenestrar a Evo Morales.  

El Presidente Morales denunció las operaciones de inteligencia psicológica, destinadas a desestabilizar su régimen mediante la publicación de mentiras sobre su vida personal, especialmente las referentes al escándalo “Zapata”, que lo vinculó sentimentalmente con una mujer llamada Gabriela Zapata y con un hijo no reconocido de ambos, que resultó inexistente. Este fraude mediático, fue disparado antes del referéndum, convocado para definir la eventual  reelección presidencial, con el objeto de contraponer a la opinión pública en contra del gobierno.

Villarrubia, es un pájaro conocido en Chile, quien cambia frecuentemente de apariencia, de corte militar al rape a cabello largo con bigotes, sin ocultar su acento que da cuenta de su origen español.

Tiene un pasado vinculado a operaciones mediáticas en Europa. Además, el año 2000 estuvo en Afganistán y el 2002 y 2003 en Irak, transmitiendo las mentiras de las armas de destrucción masiva que justificaron la agresión imperialista de Estados Unidos. Está ligado a los grupos financiados por la CIA para derrocar a Maduro en Venezuela y a Morales en Bolivia, enquistados  en televisoras como Antena 3 de España.

Por otro lado, es necesario recordar que en los años 2006 y 2009 los soldados de Estados Unidos de la Operación UNITAS, violaron impunemente a menores de edad en Valparaíso. El gobernante derechista, Sebastián Piñera, el 2011,  los volvía a invitar para que continuaran efectuando estas prácticas sexuales delictivas.

Estos deleznables sucesos fueron encubiertos por la Armada de Chile, a través de su servicio de inteligencia ANCLA 2, por la embajada de Estados Unidos en Chile  y por la Fiscalía chilena, encabezada, en dicha ciudad, por Pablo Gómez – exfuncionario de la Armada,  Pablo Avendaño y Rolando Melo.

Sebastián Piñera, como presidente de Chile  y colaborador de la CIA, pagó el favor nombrando  como ministra de Justicia a la cónyuge de Pablo Gómez, Patricia Pérez Goldberg,   y como Director del Servicio Nacional de Menores (SENAME), a Rolando Melo. Es decir, que a los encubridores de violaciones de niños, los nombró en la jefatura del servicio que los debe cuidar.

El canal 13 de televisión, hoy de propiedad del grupo Luksic, en el programa Contacto, en 2009, realizó una investigación sobre tales hechos, que en su momento fueron dados a conocer parcialmente por el programa de la competencia, Informe Especial, de Televisión Nacional de Chile (TVN), canal del Estado, a través de la periodista Mirna Schindler.

El elemento nuevo era la participación de los soldados de las UNITAS de 2006 en las violaciones, lo que fue denunciado por el Subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Ángelo Guzmán y por el abogado Rubén Jerez,  de la Corporación de Asistencia Judicial y por la oficina de Derechos Humanos, dirigida por el también jurista Nelson Caucoto.

Villarrubia fue infiltrado en canal 13 e instruido, por la embajada de Estados Unidos  en Chile, para omitir en el reportaje la vinculación de los soldados norteamericanos en la violación de menores que eran trasladadas en buses, para ser entregadas a sus victimarios.

Cumpliendo la orden, el programa Contacto, en su capítulo titulado: Los Ángeles del Charly, censuró  que,  en  la participación en los crímenes, estaban involucrados fiscales chilenos y marinos de Estados Unidos.  Por el contrario, se imputó  en tales eventos al denunciante, Ángelo Guzmán con el fin  de desacreditarlo.

Villarrubia participó, además, en la planificación de amedrentamiento, consistente en la detención del abogado Jerez, en un falso control de identidad por la unidad de inteligencia antiterrorista – BIPE, ubicada, en ese entonces, en calle Amunátegui con Rosas, en Santiago- por orden del Director de la Policía Civil, Arturo Herrera, conocido sirviente de la CIA  en Chile.

Villarrubia siguió efectuando labores de inteligencia  encubierta  en el conocido centro de investigaciones  CIPER CHILE, financiado por otro agente de la CIA, Álvaro Saieh, de origen colombiano, gran lavador del dinero proveniente de las operaciones de narcotráfico destinadas a financiar a la oposición venezolana y boliviana.

Villarrubia, en 2014,  año estimado como decisivo por las fuerzas reaccionarias para derrocar al chavismo, apareció trabajando junto a Rafael Cavada,  en  el canal de televisión derechista, MEGAVISIÓN, lleno de figuras ligadas a la dictadura militar de Pinochet .

En ese medio fraguaron un montaje con la ayuda de la CIA y la PDI chilena,  consistente en una celada al funcionario cubano en Chile, Docampo, ofreciéndole información, a  través de un infiltrado, sobre las operaciones de apoyo en Chile  a  los golpistas que deseaban asesinar a Nicolás Maduro. Los antecedentes que le daban credibilidad al informante se referían, principalmente, a congresistas de la Democracia Cristiana y del Partido por la Democracia (PPD), como Jorge Tarud , quienes nada dijeron cuando las guarimbas golpistas de Venezuela, mataron a la ciudadana chilena, Gisella Rubilar Figueroa, en Mérida, de un disparo en el rostro, en marzo de 2014.

Villarrubia, es un mercenario. Ahora entra y sale de Chile hacia Bolivia, con la pantalla que le brinda el canal 13 para conectarse con los colaboradores de la CIA en La Paz, con el objeto de explotar mediáticamente cualquier fraude en contra de Evo Morales.

Como podemos apreciar detrás de los medios de comunicación existe una compleja telaraña de influencias y ejercicios de inteligencia destinados a promover el caos y atentar contra la independencia y autodeterminación  de nuestros pueblos. Las audiencias son contraladas e informadas mayoritariamente por  oligopolios de la información, ligados a los grupos de oposición oligárquicos y neoliberales. La llamada restauración conservadora está en una cruzada por recuperar el poder y sus privilegios,  aunque en el papel no están relacionados entre sí, en la realidad mantienen  una coordinación permanente construyendo actos de desestabilización sofisticados inmersos en la guerra psicológica. El relato para desvirtuar los éxitos de los gobiernos progresistas se repiten en todo los países de Sudamérica, basados en falacias y afirmaciones “objetivas”, disfrazadas de buen periodismo que esconden una trama maligna de manipulación mediática.

Ya Noam Chomsky, el célebre lingüista e intelectual progresista, nos advertía hace años acerca del intervencionismo que efectúa Estados Unidos Unidos en países extranjeros… “Hoy por hoy la única forma de que Estados Unidos ataque a un enemigo mucho más débil es construyendo una enorme ofensiva propagandística que lo exponga como el mal absoluto, e incluso como una amenaza a nuestra supervivencia misma”.

Resulta fundamental que entendamos el por qué Estados Unidos y sus grupos parias en el continente necesitan terminar con los gobiernos que han recuperado el Estado de bienestar y el uso democrático de los recursos naturales. Para ello es prioritario que estudiemos casos de privatizaciones y saqueos, como el de Chile, Argentina y el de México, ya que solo de esa forma podremos ver el futuro de caos y aniquilación que le aguarda a nuestras economías, si no somos capaces de articular una defensa regional a esta amenaza. 

Historia de un gran saqueo: el neoliberalismo deshonesto

Un factor importante en la aplicación del neoliberalismo es la venta de empresas de la nación a sectores transnacionales, mientras que los gobiernos de turno se alegran del nivel de inversión que tienen en sus países respectivos. Sin embargo, ello ha ido asociado con un saqueo descomunal de las riquezas naturales, económicas  y sociales de las naciones. La privatización de las empresas es un camino elegido por organismos como el Banco Mundial (BM)  y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La venta de empresas también es una recomendación a escala mundial de los monopolios de la energía y de las grandes comercializadoras o de las grandes multinacionales.

El modelo del bienestar tenía como eje central al Estado interventor de la economía. El neoliberalismo tiene como base de sustentación el mercado.

La crisis de la década de 1980, provocada por la intervención de Estados Unidos en el continente americano, trae como consecuencia la idea de un nuevo modelo en donde el Estado no debe  estar presente. Bajo la consigna de que  no es un buen administrador, se da a toda costa la venta de empresas a grandes consorcios extranjeros. La venta precipitó a los gobiernos de los países a vender bajo un nivel de deshonestidad nunca antes visto. Fueron puestas en venta las industrias  y los sectores que se llamaron poco productivos.  Esta idea favoreció a los consorcios, a efecto de que se les vendieran más baratos que su valor.

Se creó la consciencia de que lo privado era lo mejor en materia de organización y ventas, así como del beneficio social a través de la creación de empleos llamados productivos y altas remuneraciones. Se consideró que un país que no entra  en el proceso modernizador quedaría a la deriva y estaría en riesgo de quedar al margen de los cambios tecnológicos y del avance científico-técnico… Es decir, la trampa perfecta para justificar el saqueo de nuestras economías.

Shock Doctrine México

Otro aspecto para la venta de empresas es la falta de infraestructura. Se deja de invertir a efecto de que sus activos causen problemas en la población o reflejen incapacidad productiva. Este es el caso de  Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya que sus instalaciones están tan deterioradas que ya no es posible vivir en los alrededores en donde existe tubería y equipo, puesto que constantemente se producen accidentes. Lo anterior es exaltado por los gobernantes, de forma tal que se hace urgente la privatización que venga a solucionar el problema.

Por último, se hace presión para hacer las reformas que requiere el país. La doctrina del shock busca implementar reformas en el campo laboral, fiscal, financiero y político; al no realizarlas se  va a dejar de crecer y, por ende,  la nación será más pobre. Este es el discurso falaz con que se justifica la injerencia y desestabilización en nombre de la libertad, el crecimiento económico  y la democracia. Esta idea estaba  envuelta en el foxismo y en los futuros gobiernos de México. Las reformas que requiere un país nunca se dicen en concreto en qué consisten y solo se plantean como algo general.  Hasta el momento  este concepto no ha mutado con el gobierno de Peña Nieto.

La iniciativa privada y los organismos financieros internacionales presionaron fuertemente para instrumentar la privatización de las empresas, la cual se realizó en dos tramos: el primero –centrado en fusiones, quiebras y venta- se llevó a cabo durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en el cual desaparecieron 743 entidades del sector público de las 1.155 existentes en 1982. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se desincorporaron 191 empresas entre las que se encontraban las más grandes y las más productivas. Sin embargo, ante la corrupción que primó en este proceso y tras sus efectos negativos, las políticas privatizadoras siguieron aplicándose en la administración de Ernesto Zedillo, pues en 1995 se inició el proceso para transferir empresas de los ramos energético, comunicacional y transportes, servicios financieros y tecnología, entre las que se pueden contar 61 plantas petroquímicas, puertos marítimos, ferrocarriles, aerolíneas y aeropuertos.

La privatización de activos en México no se detiene. Un ejemplo es la industria ferrocarrilera creada en 1857 con la línea férrea que unía México y Veracruz,  misma que fue expropiada  por Lázaro Cárdenas en 1927.  En 1995 se presentó una iniciativa al congreso para poder vender la empresa. Se dividió en tres secciones todo el conglomerado ferroviario y en junio de 1997, Kansas City, Southern Industries y Transportación Ferroviaria Mexicana se hicieron cargo de la zona noroeste a un precio de 1 000 millones de dólares. Después, la parte del Pacífico norte la compró el Grupo México y la Union Pacific, en 400 millones de dólares. Por cierto, el Presidente de turno de esa época, Ernesto Zedillo, forma parte en la actualidad de la empresa como alto directivo y por último, la tercera parte se vendió a Tribasa por 290 millones de dólares, quien la vendió a FRISCO, filial del Grupo  Carso.

México ocupa uno de los primerísimos lugares en la privatización de empresas sociales. México es el segundo país de América Latina que más privatizaciones realizó en la década de los noventa, cuando el gobierno transfirió a particulares activos por 31 mil 458 millones de dólares, que representan 20.4 por ciento de la venta total de empresas propiedad del Estado. Las privatizaciones alcanzaron un monto de 3.160 millones de dólares en 1990, para aumentar a 11 mil 289 millones en 1991 y sumar 6 mil 924 millones de dólares en 1992. Para junio de 1992, el gobierno había privatizado 361 de alrededor de 1200 empresas propiedad del Estado. Las privatizaciones hechas en 1993 representaron 2 mil 131 millones de dólares, en 1994 fueron de 766 millones y en 1995 sólo de 167 millones de dólares. En 1996 aumentó a 1.526 millones de dólares, en 1997 creció a 4.496 millones y en 1998 la venta fue por 999 millones de dólares. El informe del Banco Mundial señala que entre 1990 y 1998 las privatizaciones de empresas públicas alcanzaron un monto de 154.225 millones de dólares, cantidad apenas inferior al saldo de la deuda externa total de México que fue de 159.959 millones de dólares en 1998. El año que más ha captado es 1991 con un total de 11.289 millones de dólares, mientras que en 1998, México captó 999 millones de dólares.

La acumulación de capital social  por designio es vendida a sectores privados de manera  indecente lo que se convierte en un verdadero robo social.

Según el Banco Mundial, la venta de empresas en México, entre 1990 y 1999, representó 31.749 millones de dólares, la tercera cifra más alta después de Brasil y Argentina, quienes obtuvieron por dicha venta 71.129 millones de dólares y 44.561 millones de dólares, respectivamente. Para México la cantidad es menor que el pago de intereses en el mismo periodo que fue de 63.928 millones de dólares. En el caso de América Latina, en el mismo periodo, la venta de empresas fue de 177.839 millones de dólares  y el servicio de la deuda fue de 176.900 millones de dólares.

Shock Doctrine Argentina

Para Argentina la situación es muy similar a la de México. La privatización ha hecho estragos en la sociedad y ha incrementado los niveles de pobreza. Argentina gozaba de tal nivel de vida que se pensaba que se encontraba en el continente equivocado. Las privatizaciones se basaban en los mismos pretextos que en México, Brasil o Chile: la ineficiencia del Estado, la reducción del gasto público y por ende la reducción del déficit fiscal, así como la falta de modernización y la estabilidad en general, dado un nivel de gasto que provoca inflación.

De acuerdo a Viviana Cifarelli,  la privatización se llevó a cabo bajo la  dirección del FMI, el BID y el BM, así también y lógicamente bajo la dirección del Estado, en donde se modificó la Constitución Política a efecto de dar el poder absoluto al ejecutivo. Con ello, podía decidir qué empresas vender y el momento oportuno de hacerlo. Por otro lado, se dio la oportunidad de modificar las normas sobre la inversión, en el sentido de no diferenciar entre capital internacional y nacional. Es así que la privatización comenzó al ritmo del gobierno de Menem desde 1990.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones fue la primera en ser vendida a ENTEL. El 60% se vendió, el 30% lo retuvo el Estado y el 10% se les dio a los trabajadores. Los pasivos de la empresa de 2000 mil millones de dólares se quedaron para el presupuesto público. Después siguió el sector eléctrico, que se conformaba por cuatro empresas nacionales y dos binacionales; las nacionales contaban con el 84% de los activos y el resto las binacionales. De la venta, el gobierno obtuvo 1.294 millones de dólares, pero absorbió pasivos por valor de 1.480 millones de dólares. Ni siquiera cubrió la deuda por la que estaba comprometiéndose. El proceso consistió en atomizar la empresa. Algo parecido a PEMEX de México, en donde se dividió en: Generación, Transporte y Distribución. De esta manera se vendieron las hidroeléctricas, las centrales térmicas, las líneas de alta tensión, las líneas de menor tensión. En suma la mayor parte quedó en manos de inversionistas internacionales.

Así se vendieron las centrales térmicas, las hidroeléctricas; mientras que las líneas de alta tensión se vendieron como unidades independientes; las líneas de menor tensión fueron agrupadas y vendidas en unidades regionales; y las dos empresas de distribución pasaron, una a control provincial y la otra (SEGBA- que abarcaba el área metropolitana de Buenos Aires), se dividió en tres unidades comerciales privadas (EDESUR, EDENOR y EDELAP).

En Argentina el precio de los recursos básicos se incrementó enormemente. Si estudiamos el comportamiento de los precios  a partir del plan de convertibilidad en 1991, tenemos lo siguiente:

La falta de una visión de conjunto hizo que se desmoronara el país. Se vendió aquello que el Estado utilizaba para obtener sus recursos. Ahora, las empresas obtienen grandes beneficios que son llevados  a los países que mejor expectativa ofrezcan, para después volver a saquear al país en turno. Argentina cayó en insolvencia de pagos por la irresponsabilidad de sus gobernantes corruptos y por los órganos financieros mundiales, como el FMI y el BM.

En suma, podemos decir, como establece Manuel Holzapfel, estudioso de la venta de empresas públicas del cono sur, que Argentina básicamente vendió todo en la época de Menem. Hasta 1999 fueron 23.849 millones de dólares los ingresos por concepto de la venta de empresas del país. Solo mantenía en el año 2000 algunas propiedades de bancos a nivel provincial y nacional, además de algunas refinerías, trasportadoras, distribuidoras eléctricas, de gas y yacimientos secundarios de hidrocarburos y las empresas nucleares de energía eléctrica. Se despidieron decenas de trabajadores y aumentó el costo de la vida y el país quedó en bancarrota.

Como podemos observar, el proceso de privatización afecta directamente a los ciudadanos. Tal es el caso del aumento del gas residencial o el consumo de energía eléctrica residencial que se encuentra por arriba del consumo industrial. Asimismo, la telefonía básica sube de precio por arriba de los precios mayoritarios en general. Lo que podemos deducir es que a partir de las privatizaciones el pueblo argentino ha tenido que pagar el saneamiento de las empresas y además los altos precios. Un desempleo enorme que impacta sobre otros aspectos.

Shock Doctrine Chile

Con el Golpe de Estado de 1973, financiado y ejecutado  por la CIA,  comienza la primera etapa de privatizaciones que dura hasta el año 1975, en donde se regresan las grandes corporaciones a las empresas privadas. 

En esta fase se restituyen 258 empresas antes de diciembre de 1973 y se privatizaron 350. En esta etapa se pagaron, además, cuantiosas indemnizaciones a los consorcios norteamericanos a los cuales se les había expropiado (Gran Minera del Cobre, ITT y otras). Las indemnizaciones alcanzaron a 1.315,2 millones de dólares (Moneda de 1988) desde 1974 a 1988.

La segunda etapa de 1975 a 1982  comprende la consolidación de la dictadura de Pinochet y la recesión económica.  La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo),  se encargó de la venta de empresas del Estado. Transfirió a manos privadas 16 Bancos comerciales, 600 plantas agroindustriales, mineras, de bienes raíces y bienes inmuebles.

 Para la tercera etapa, de 1983 a 1985, ocurre el derrumbe de los Chicago Boys y con el antecedente de la crisis de 1982, nos marca una nueva fase en la venta de empresas y la conversión de deudas por activos nacionales. Aquí se ha dado en denominar las presas mayores, ya que el botín era muy grande. Recomendado por el FMI y el Banco Mundial, se llegó a las grandes empresas del Estado como Copec y sus filiales Informa, Indus, CTI, Compañía General de Electricidad Industrial, es decir, las mismas que fueron a dar al Grupo Angelini y al grupo neozelandés Carter Holt Harvey (Copec) Otros grupos que también  compraron fueron Hucke, mackay, Nestle, Victric Vidrios y Aluminios Lirquen.

Todas las compañías de seguros fueron compradas por  empresas norteamericanas como Bankers Truts, Aetna y American Internacional Group.  Instituciones de crédito como el Banco de Chile y el de Santiago se diseminaron.

Por otro lado, en 1985 se privatiza la Sociedad Minera de Chile, la Industria Azucarera Nacional, la Empresa Nacional de Explosivos, Compañía de Aceros del Pacífico, Laboratorios Chile, Empresas Eléctricas Metropolitanas, Quinta región, Chilectra generación, de Melipilla y de Coquimbo, Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), Compañía de Teléfonos de Chile, Telex de Chile, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empresas Eléctricas de Tarapacá, Del Norte, de Aysén, de Magallanes, Hidroeléctricas de Pilmaiquén, Pullinque, Colbún – Machicura, Pehuenche, Línea Aérea Nacional (Lan de Chile) Instituto de Seguros del Estado, Empresa Nacional del Carbón, Carbonífera Schager, Chile Films y Sociedad Chilena del Libro.

 

Esto nos aporta una idea de la gran venta chilena que siguió su laberinto después de 1988 en donde se privatizó la compañía de Teléfonos de Chile. Se terminaron de privatizar algunas empresas que ya se venían vendiendo como Chile Films, Sociedad Chilena del Libro y Edelnor.
Para 1989, la dictadura herida de muerte desmantela  Ferrocarriles del Estado y es privatizado por partes, dejando con vida a Codelco y al Banco del Estado.

La Sociedad Química de Chile, perteneciente a la industria del salitre, pasó a ser parte del yerno de Pinochet, ingeniero forestal que ya antes había sido nombrado por el dictador como presidente de la empresa. Se publica un documento en que las acciones están a la baja de los precios estimados  y así pasa a ser vendida en menos de su valor en libros. Lo que redundó en que se apoderaron de las reservas más grandes de nitrato, yodo y litio del país y del mundo.

Los principales beneficiarios de este modelo de privatizaciones y del crecimiento macro económico son las grandes empresas. 548 compañías para el año 2003 aumentaron sus ganancias, de las cuales la que más obtuvo utilidades fue Copec del grupo Angelini con 519 millones de dólares. Asimismo el holding Quiñenco, del grupo Luksic, con 300 millones de dólares y la minera Escondida con 529 millones de dólares. Esta misma obtuvo cuatro veces más ganancias que el año anterior. Tan solo 27 empresas controlan el 50% del valor total de las exportaciones y de éstas, son 10 las que tienen el 35% del comercio mundial de Chile (siete del sector minero y diez del sector forestal). Tan solo 16 grandes grupos económicos  generan el 80 por ciento del producto global total.

Cuatro bancos dominan el sector financiero, siete asociaciones de fondo de retiro manejan los 45.000 millones de dólares que capta el sistema privado de pensiones. D&S y Cencosud controlan el 54.3 % del mercado de los supermercados y la empresa Iansa controla el 78% del mercado de azúcar. Telefónica de Chile capta el 75% del mercado de telefonía fija, Endesa y Colbun tienen el control de casi el 70% del negocio de Energía eléctrica. Por su parte Lever domina el 75% del mercado de los detergentes y CCU (Luksic) el 89% de toda la cerveza chilena. Lan (Latam de Piñera y Cueto) domina el 88.2% de tráfico aéreo de carga y el 70% de pasajeros. Chiletabacos domina el 98% del mercado de los cigarrillos.

Por otro lado, cuatro empresas chilenas se ubican entre las dos mil más grandes del mundo: Antarchile, del grupo Angelini; Banco de Chile, de una sola familia de apellido Luksik; CMPC, del grupo Matte y la cadena de tiendas Falabella.

Chile es uno de los 10 países con la peor distribución del ingreso en el mundo.

En suma y hasta la fecha, no se sabe bien a cuánto equivale el saqueo que ha ocurrido en Chile. Algunos hablan de unos 6 mil millones de dólares a precios actuales de acuerdo a un informe de la Cámara de Diputados. Se presume que fueron 725 empresas privatizadas tan solo en la dictadura militar de Pinochet y que, como hemos visto, las más escandalosas fueron la Compañía de Aceros del Pacifico (CAP) vendida en 105.5 millones de dólares  cuando su valor era de 811.5 millones de dólares. La Sociedad Química y Minera de Chile adquirida por el yerno de Pinochet que deja una pérdida al Estado de aproximadamente 261.9 millones de dólares. La azucarera estatal  en donde la pérdida es de 184 millones de dólares, Endesa con una pérdida de 895.6 millones de dólares, Chilgener con 171.1 millones de  pérdidas. Chilectra con 96.4 millones de dólares  y Banco de Chile con una pérdida de 66.9 millones de dólares.

Chile, hoy por hoy, ha vendido hasta el agua que se toma. Siete bancos concentran el 74.17% del capital y tienen un 86.17 por ciento de rentabilidad. Tres cadenas farmacéuticas controlan el 96 por ciento de los medicamentos. Por ello es que la concentración de la riqueza es enorme en este lejano país del continente. Así como Carlos Slim en México, en Chile, es Andrónico Luksic Abaroa, ya fallecido, fue uno de los cuatro hombres más ricos de América Latina, junto con Piñera. Ambos acérrimos enemigos de Evo Morales y del Socialismo del Buen Vivir.

Fuentes:

www.panoramasnews.com

www.elmostrador.cl

www.elciudadano.cl

www.latercera.cl

www.eumed.net

María Olivia Monkeberg, El Saqueo de los Grupos Económicos, Editorial de Bolsillo, 2015.

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