La OEA, Ministerio de las Colonias
por Crismar Lujano y Sergio Martín-Carrillo (CELAG)
7 años atrás 5 min lectura
30 de marzo de 2017
La OEA está actualmente integrada por 35 países. Decir que está dirigida por los Estados Unidos no resulta un brindis a la retórica anti-imperialista. No hay más que ver su financiamiento para entender de modo claro a quién obedece y para quién trabaja. Estados Unidos financia el 80% del presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos , que se ha convertido en los últimos años en la principal punta de lanza contra el gobierno democrático de Venezuela. Por otro lado, es la Secretaría General de la OEA la encargada de preparar el programa anual para la asignación de fondos a cada uno de los ejes temáticos de la institución. Es aquí donde se determina el poder de cada Estado sobre la Secretaría General, que se basa en cuotas ligadas a las asignaciones de cada uno de los miembros. En 2015, Estados Unidos financió con 2 mil millones de dólares, lo que representó el 52% del total de su presupuesto. Queda claro, por tanto, a quién debe obedecer el Secretario General Luis Almagro.
Tan solo año y medio después de que Luis Almagro fuera elegido al frente de la Organización, se comenzó una fuerte reforma institucional que venía a reforzar el poder de los Estados en función de sus aportaciones, alejando aún más el funcionamiento de cualquier tinte que pudiera sonar a democrático. La reforma incluía un recorte de 10,5 millones de dólares en su presupuesto anual, monto que principalmente venía de la reducción de personal y la eliminación de algunos programas. Mientras que otros ejes como el de Derechos Humanos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana, obtenían una duplicación en el monto de sus recursos.
Pero la pregunta es si la OEA contaba con cada vez menos recursos ¿de dónde obtenían las CIDH y la Corte Interamericana los mismos? Según un estudio elaborado por Indian Law, la duplicación de recursos provenía de donaciones externas a los canales formales de la OEA y, que hasta la fecha, provenían principalmente de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y algunas ONGs.
En otras palabras, financieramente la CIDH depende cada vez más de las contribuciones voluntarias de países u otras organizaciones públicas o privadas. Esto ha provocado que el modelo de la OEA con financistas externos al propio Sistema Interamericano, tenga un importante sesgo ideológico de signo conservador para el tratamiento, defensa y promoción de los Derechos Humanos en el continente.
Si atendemos al presupuesto aprobado para el fondo regular de la OEA, que es financiado por contribuciones de los países miembros mediante el pago de las cuotas, éste asciende a 84,9 millones de dólares. En cuanto a los gastos, el mismo los concretaba en un valor de 73,5 millones de dólares. Esto supondrá una reducción de 10,8 millones de dólares respecto al presupuesto del año anterior. Sin embargo, el monto dedicado a las partidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí que experimentan un incremento en el presupuesto, pasando de 4,9 a 5,64 millones de dólares la primera, y de 2,6 a 2,75 millones de dólares la segunda.
Es, por tanto, clara la intención que tiene la trama que dirige a la OEA de impulsar el nuevo papel de la organización en el continente. Ya relegado a un segundo, o tal vez tercer plano su rol de foro de discusión política en la región, ahora su intervencionismo se basa en una interpretación sesgada y dirigida de los derechos humanos, con una clara intención de doblegar la voluntad de los gobiernos que no se sometan a sus intereses.
En este sentido, adquiere nitidez el objetivo del documento de 75 páginas enviado por el Secretario General Luis Almagro para su discusión en la OEA. En el mismo, se daba un ultimátum a Venezuela para que celebre elecciones en 30 días bajo la amenaza de aplicación de la Carta Interamericana y la consiguiente expulsión del país caribeño de la organización. Esta nueva arremetida es derivada de una clara intención política, pero también hay que tener en cuenta el trasfondo económico que conlleva, pues el gobierno estadounidense se ha propuesto reducir un 50% sus aportaciones a organizaciones internacionales. En este sentido se hace necesario por parte de la OEA demostrar su utilidad para los intereses geopolíticos estadounidenses. Luis Almagro teme por su cargo y por el futuro de la organización que lidera y está dispuesto a salvar el mismo cueste lo que le cueste. No importa si por delante se lleva a un gobierno elegido por la voluntad popular expresada en las urnas. Lo importante no es la democracia ni los derechos humanos, lo importante es demostrar lo que uno puede hacer por los intereses de su principal financista. La OEA se comporta como los antiguos Ministerios de las Colonias, aunque ahora sea un “nativo” quien lo lidere.
Por Crismar Lujano (@clujan0) y Sergio Martín-Carrillo (@Sergio_MartinC)
*Fuente: CELAG
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