Declaración UNExPP sobre el contexto de la “Misa del Perdón”

Misa del perdón ¿Show mediático? ¿Circo?, nada de eso, “la misa del perdón”, no fue algo aislado; no fue otra cosa que parte del engranaje de un proceso que busca favorecer la impunidad, y que comenzó el año 1990; momento en que el dictador le entregó el Gobierno a la Concertación, previo acuerdo de “no tocar más, de lo estrictamente necesario”, a los criminales y torturadores.

Muchísimas cosas que se han hecho y muchas otras que se han dejado de hacer, obedecen al mismo fenómeno: instalar en forma “discreta y sistemática” la impunidad, en nuestro país. Nada ha sido casual ni producto de la improvisación o motivo de “olvido, o errores involuntarios”.

Importante es revisar los hechos más significativos que dejan en evidencia esta afirmación:

  • En el periodo, agosto de 1999 y junio de 2000, se realizó la bullada Mesa de Dialogo por iniciativa del gobierno chileno y con la participación de militares, abogados de derechos humanos, académicos y dirigentes religiosos, como estrategia para limpiar la imagen del ejército y hacerlos aparecer como interesados en buscar la verdad con respecto a los desaparecidos. El resultado es por todos conocidos.

  • El reconocimiento solamente de los detenidos desaparecidos y ejecutados, como únicas víctimas del terrorismo de estado. Solo 15 años más tarde y gracias a la presión y lucha de las propias víctimas sobrevivientes de la prisión y tortura, se les reconoce como víctimas del TERRORISMO DE ESTADO.

  • La demora y lentitud, en la investigación de los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados. Al año 2014 no se había aun iniciado un juicio en más de 1000 casos de detenidos desaparecidos y ejecutados.

  • A fines de 2004, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski planteó la tesis de la “amnistía impropia” en defensa de la cúpula dirigente de la DINA.

  • El 26 de enero 2005, el presidente de la Corte Suprema anunció que las causas de DD.HH. deberían ser cerradas en un plazo de seis meses, y que transcurridos los seis meses, se pondría fin a la dedicación exclusiva o preferente de los jueces especiales de DD.HH.

  • El 17 de mayo de 2005, el Comandante en Jefe del Ejército aseguró que no tiene información sobre los antecedentes entregados por el ex director de la DINA, general (r) Manuel Contreras, e insistió en que la institución se había “desnudado ante la justicia” para esclarecer los casos de DD.HH.

  • El 2 de junio de 2005, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió absolver a cinco ex agentes de la DINA de las condenas que habían recibido por el secuestro calificado de la encargada de comunicaciones del MIR. Es la primera vez que una sala del Tribunal de Alzada aplica el Decreto de Ley de Amnistía para revocar una condena.

  • El 4 de agosto de 2005, el Presidente Lagos, luego de reunirse con Pablo Longueira, propuso al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rubén Ballesteros Cárcamo, para que integre la Corte Suprema. Rubén Ballesteros es conocido por sus fallos favorables a la impunidad de Augusto Pinochet y de otros altos funcionarios dictatoriales ligados a la represión. Participó en calidad de Presidente en 6 Consejos de Guerra, juicios en los que SIN UN PROCESO DEBIDO se condenó a altas penas a muchos ex prisioneros políticos, sin existencia de pruebas.

  • Agosto 2005, el Presidente Lagos indultó al suboficial (r) Manuel Contreras Donaire -autor material del crimen de Tucapel Jiménez, cometido el 25 de febrero de 1982; dando la excusa de que el indulto lo realizó por “el bien superior del país“, pues le “parecía que era indispensable, además, dar una señal potente para comenzar a dejar las cosas en el pasado“.

  • Septiembre de 2005, los senadores de la UDI, Hernán Larraín y Jorge Arancibia, junto a los senadores designados concertacionistas, Enrique Silva Simma y Edgardo Boeninger, presentaron un proyecto de ley para limitar las condenas de militares a diez años de cárcel y la remisión de penas para los criminales uniformados mayores de 70 años. Curiosamente; se trata del mismo proyecto por el que estuvieron en huelga de hambre los criminales de Punta Peuco, quienes se beneficiarían de aprobarse el proyecto de ley de Hernán Larraín.

  • La aplicación de la prescripción, media prescripción, que rebaja las penas de feroces crímenes que permiten “cumplir las penas en libertad”. Y a los pocos que deben cumplir penas efectivas van a cárceles de lujo.

  • La no aprobación en la Cámara de Diputado, por falta de quórum, del proyecto para terminar con el secreto por 50 años de los antecedentes entregados por las víctimas sobrevivientes de la prisión y tortura, a la comisión Valech I y II.

  • El 9 de mayo de 2016 se realizó una reunión con el sacerdote jesuita y ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, quien hace un fuerte lobby a todo nivel para lograr que los criminales de derechos humanos sean liberados.

  • En junio 2016 en el Senado se realizaron gestiones tendientes a otorgar beneficios a violadores de DDHH, presentando tres proyectos de ley que buscan permitir otorgar beneficios carcelarios a reos que cumplen penas de diferentes tipos. Las tres mociones hacen énfasis en la edad, la condición de salud, por razones humanitarias, “sin distinción de ningún tipo”. Este proyecto contó no sólo con el apoyo de la derecha, sino también con el apoyo transversal de muchos Senadores de la Nueva Mayoría, tales como los DC Manuel Antonio Matta, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar, el PPD Eugenio Tuma y los independientes Alejandro Guillier y Antonio Horvath.

  • En noviembre 2016, la Corte Suprema le concedió la libertad condicional al criminal de lesa humanidad, culpable del secuestro y homicidio de las tres víctimas del Caso Degollados, Guillermo González Betancourt.

  • La recientemente nombrada Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, en una de sus primeras intervenciones como titular del cargo, manifestó que no se cierra a la posibilidad de que se discuta en el Congreso que condenados por crímenes de lesa humanidad que padezcan enfermedades terminales puedan salir de la cárcel.

  • Luego completa el cuadro el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Campos Quiroga, con declaraciones en el mismo tenor que la Subsecretaria Lorena Fries.

Es importante señalar que éstos son algunos, de los muchos hechos, que demuestran como se viene tejiendo una red de apoyo en torno a la idea de liberar al puñado de criminales, recluidos en Punta Peuco. Por lo tanto, es poco inteligente enmarcar esta misa del perdón, como un show mediático o un espectáculo circense. Esto es parte de la preparación del ambiente y embestida comunicacional, que busca justificación y apoyo en la opinión pública para proceder a realizar lo que se “tiene en tabla para más adelante”, tema que debido al compromiso y apuro de sus lobistas, lograron poner sobre la mesa, antes de tiempo. No es casualidad la cobertura de los medios de comunicación por sobre todo de El Mercurio.

Sólo 148 detenidas/os desaparecidas/os han sido encontradas, mientras que las restantes 1045 víctimas aún no aparecen y el ejército y los inculpados siguen negándose a entregar la información. Del consiguiente DAÑO PERMANENTE A SUS FAMILIARES, nada se dice.

De igual manera, hay casi 40.000 víctimas de prisión política y tortura siguen a la espera de justicia, en su gran mayoría sometida y condenada a vivir en la pobreza, cargando con secuelas físicas y psicológicas que han marcado dolorosamente su sufrida existencia, tanto personal como familiar. Este grupo ni siquiera puede acceder a una atención de salud digna que les permita sobrellevar de mejor forma estas secuelas. En estos casos, nadie se conmueve con su situación, ni hace lobby, ni busca sensibilizar a los diferentes actores para que de una vez por todas el Estado de Chile cumpla con los tratados internacionales que suscribió al respecto.

Los criminales que se encuentran hoy recluidos en Punta Peuco, fueron funcionarios del Estado y torturaron, violaron, asesinaron a personas indefensas, muchas de ellas eran mujeres embarazadas e incluso fueron parte de esta máquina de la muerte muchos niños.

Todos estos criminales, actuaron protegidos por el Estado y nunca se han arrepentido. Muy por el contrario, siguen insistiendo que lo que hicieron obedeció a un acto heroico en pos del bien superior de Chile. Estos no han colaborado con la justicia, han estado gozando permanentemente de diversos beneficios desde el momento de su detención y procesamiento. De igual forma, estos mismos no han sido torturados, pero han tenido la mejor atención médica. Han tenido un debido proceso, con derecho a defensa y fueron condenados por la justicia, en base a pruebas irrefutables. Hoy, pretenden repetir la estrategia del General Pinochet para liberarse de cumplir las más que merecidas penas que les fueron impuestas.

Otorgar la libertad a estos criminales, no sólo viola la legislación internacional suscrita por Chile, si no que se traiciona el derecho a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, perpetradas por agentes del Estado en nombre de una criminal política de exterminio de quienes pensaban diferente. Se traiciona la legítima demanda de los chilenos de construir una nación fundada en sólidos principios éticos. Con esto, sentaríamos un pésimo precedente, que alentaría a repetir estas atrocidades y pondríamos en riesgo a las futuras generaciones.

Por eso tenemos que exigir, ¡Basta de impunidad! ¡No a la liberación de criminales de D.D.H.H!

Unión Nacional de Ex-Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP)

27 de diciembre de 2016

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  • Patricia Lagunas

    NO HAY PERDON NI OLVIDO, deben seguir en carcel los que ya estan ella y se debe seguir exigiendo todos los criminales que estan libres tambien vayan a la carcel, que se lo merecen, deben declarar donde estan los detenidos desaparecidos y reconocer todos sus crimenes.

  • Serafín Rodríguez

    Chapeau a la UNEXPP! La clave en todo este embrollo de pedidas de perdón en un contexto religioso al cual se le pretende conferir implicaciones jurídicas es que los recluidos de Punta Peuco que leyeron sus testimonios (por lo demás de medias aguas) y los que no participaron en la faramalla, además de los que todavía andan sueltos, son todos TERRORISTAS DE ESTADO, una cuestión que se minimiza cuando sólo se habla de crímenes de lesa humanidad. Estaban TODOS tácitamente confabulados en la comisión de sus crímenes bajo el manto protector del aparato del Estado que manejaba la dictadura a su amaño.

    Así como hoy el Estado de Chile debe pagar las indemnizaciones por los crímenes de lesa humanidad que cometieron, de ninguna manera puede ser indulgente con ellos pues sería una contradicción aberrante que además de injusta, abre las puertas para que el proclamado “Nunca más” no pase más allá de ser un par de palabras vanas.

    Las decisiones de la justicia deben prevalecer.