¿Cuánto más debemos esperar?

Jueves 28 de abril 2016
Advertíamos en los días anteriores que los integrantes del Tribunal iban a votar por sus convicciones políticas más que jurídicas y que, en algunos casos,  sería el voto dirimente del Presidente de este organismo (también político) el que inclinaría la balanza para uno u otro lado, respecto de las cuatro materias por las cuales la derecha lo requirió para que se encargara de derrumbar lo concordado por el Poder Legislativo en materia laboral.

Sin embargo, si bien no prosperaron algunas de las pretensiones de los recurrentes, la Reforma Laboral del Gobierno fue herida en un ala con la decisión de este Tribunal de declarar inconstitucional la titularidad de los sindicatos como la extensión de beneficios por afiliación sindical. De esta forma, ya no será necesario formar parte de un sindicato para poder negociar con los dueños o gerentes de las empresas, ubicándonos posiblemente en una excepción en el ancho mundo democrático que reconoce los derechos sindicales y le encomienda a las organizaciones de trabajadores negociar con sus patrones.

Se trata, como se ha dicho, de un ataque al corazón de una reforma discutida por largos años y aprobada por la amplia mayoría del Congreso Nacional, pero ya sabemos que en nuestra vergonzosa institucionalidad existe una instancia superior a la de los tres poderes del Estado, cuanto a la voluntad del pueblo representada en sus supuestos legisladores y gobernantes.

En un discurso que ya se hace una majadera letanía, cada uno de los miembros del gobierno que han sido derrotados nuevamente por el Tribunal Constitucional juraron acatar el fallo, y  someterse al veredicto del Tribunal Constitucional. Mal que mal, a las autoridades debe complacerle el jolgorio del mundo empresarial, cuyas cúpulas celebraron ayer hasta tarde la resolución de estos jueces que no son jueces, sino operadores políticos encubiertos de los partidos políticos de derecha y del oficialismo. Y cuya correlación de fuerza en este organismo se mantiene más o menos estable conforme al sistema de reparto de cargos que rige toda nuestra política.

Enorme frustración, en consecuencia, del mundo laboral que ya no estaba muy conforme con lo aprobado por el Gobierno y el Congreso y que ahora debe comprobar cómo se hace agua la  esperanza de recuperar los derechos conculcados por la Dictadura. Más encima con el acatamiento de una clase política que –junto con manifestar su deseo de que tengamos una nueva Constitución- finalmente se demuestra complacida con ella y acepta sin mayores remilgos las resoluciones de órganos que en un estado de derecho democrático serían intolerables.

Un golpe al mentón y al corazón de los trabajadores que el próximo domingo conmemoran el Primero de Mayo, pero una buena oportunidad para que por fin surjan las expresiones de rebeldía necesarias para provocar los cambios por tantos años prometidos, o más bien comprometidos,  por quienes nos han gobernado en toda esta larga posdictadura, que por más de 26 años ha estado sacralizando la Constitución de Pinochet y todo su espurio ordenamiento institucional y socioeconómico. Y en no pocos casos ahondando sus despropósitos privatizadores y anti republicanos,  si consideramos que fue con la rúbrica de ex presidente Ricardo Lagos que se definió la composición de este Tribunal que ciertamente tiene por misión velar por todo lo heredado y dispuesto por el régimen autoritario. Que fue durante los mandatos de la Concertación en que las empresas públicas regaladas por Pinochet a sus familiares cómplices y colaboradores acrecentaron sus utilidades y consolidaron su propiedad. Como es el caso de la putrefacta Soquimich que ahora acaba de imponer a un hermano del forajido Ponce Lerou (el yerno del Dictador) en su directorio.

Ejerciendo un oportunismo descarado, ayer surgieron voces que “con más razón ahora, como aseguran, estiman necesario cambiar la Constitución”: Cuando estamos en medio de un denominado “proceso constituyente” que solo sirve para distraer la atención ciudadana y diferir para un nuevo mandato presidencial y otro Parlamento la posibilidad de darnos una nueva Carta Magna. Encantado como está el conjunto de la clase política con la Constitución de Pinochet y su modelo económico y social que día a día aumenta la brecha en el ingreso de pobres y ricos y para colmo, ahora, alienta la práctica de la corrupción y el ejercicio de una política rendida a los negocios y el cohecho.

Ya sería hora, estimados auditores, que las organizaciones pro democracia se asumieran en disidentes y todos dejáramos por fin de someternos a las normas de este estado de derecho que, por lo que se ve, ni “en la medida de lo posible” tiene visos de ser republicano y democrático. Ya sería hora, que el pueblo movilizado, como siempre en nuestra historia,  vuelva a tomar las banderas del cambio,  y en una actitud radical (como la de nuestros libertadores y grandes líderes) dejara de ilusionarse que bajo la camisa de fuerza de la Constitución y las leyes heredadas de la Dictadura se puedan conseguir el cambio y alcanzar la justicia social; poner fin a los abusos de las AFPs y de las isapres;  corregir las inequidades de todo orden o se puedan elegir representantes genuinos de la voluntad popular en La Moneda o el Parlamento. Cuando ya está más que comprobado que es el dinero el que determina los procesos y resultados electorales.

Cuando lo que vivimos todos los días es impunidad, no solo respecto de los violadores de los DDHH, sino impunidad para los que definieron e implementaron el Transantiago, para los que diseñaron el Puente Cau Cau y pagaron casi 28 millones de dólares para un proyecto que ahora debe demolerse antes de ser inaugurado. Para los parlamentarios que recibieron coimas y cometieron otra suerte de otras indecencias, como Jovino Novoa, y que se libran, enseguida, mediante aquellos juicios abreviados; para los empresarios que se coluden y fijan arbitrariamente los precios, atestándole un rudo e inclemente asalto a los bolsillos de los inermes consumidores. Para los políticos tontos, desprolijos o más bien cínicos que, en sus reyertas, afán de poder y codicia, llegan tarde al Servicio Electoral a inscribir lo que evidentemente se resisten a implementar. Esto es, elecciones primarias.

Impunidad para los grandes y poderosos medios de comunicación que desde sus páginas editoriales (como lo ha hecho recién El Mercurio)  se oponen a que funcione la Ley de Transparencia y los periodistas tengan acceso a los archivos de las oscuras negociaciones político militares de la mal llamada transición. Expedientes que se mantienen ocultos, mientras Alemania de aviene a liberar los secretos de la Colonia Dignidad,  y en el mundo entero se admira el heroico papel de comunicadores como Edward Snowden y Julian Assange en favor del derecho humano a la libre información.

¿Cuánto más debemos esperar cuando ya hemos tenido seis gobiernos incapaces de restaurar siquiera la democracia representativa que tuvimos, mientras las genuinas repúblicas del mundo consolidan procesos de mucho mejor y mayor ejercicio ciudadano? Cuando lo que viene, de seguir todo así, es que la recesión económica, el reaparecido fantasma del desempleo, y otras lacras derivadas de la pobreza y la marginalidad,  solo les van a dar excusas a los detractores del progreso para mantener todo igual e, incluso, promover gobiernos más autoritarios y represivos. Que se propongan, incluso, como lo propicia el candidato estadounidense Donald Trump, acribillar los derechos de las personas y de los pueblos. Imponer la hegemonía de las políticas neoliberales  sobre todo el mundo a fuerza de su superioridad militar y vocación criminal.

(Alocución radial del jueves 28 de abril)

*Fuente: Radio UdeChile

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