Agendas Cortas Laboral y Anti-Delincuencia encubren mas impunidad e injusticia

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Los medios influyen la opinión pública para que se incline por aquella moción a la que los poderes fácticos necesitan dar credibilidad para cuidar sus intereses. Y, por supuesto, lo logran sin ninguna dificultad. Son los dueños de los medios de comunicación que muestran lo justo y necesario para que haya mucha discusión, pero por otro lado, que evite un despertar real de la opinión pública.

Además de este factor tienen otro más a su haber. Es el poder político influenciado por sendas facturas ideológicamente falsas, boletas truchas, maletines ejecutivos por debajo de la mesa, etc., que portan el incentivo necesario para asegurar los votos en el parlamento.

Es así como entre tanto argumento en pro y en contra de una “Reforma Laboral”, que se supone debe ser un avance para la defensa de los derechos de los trabajadores, termina transformándose en una nueva herramienta que debilita la capacidad de sindicalización. Con una cuidadosa redacción, esta termina entregando más herramientas y atribuciones, además de “flexibilidad”, a los empresarios para imponer horarios y condiciones de trabajo que deterioran el derecho de los trabajadores y su capacidad para enfrentar de mejor manera las huelgas. Así, la nueva ley les permite a los patrones “reordenar” turnos y personal. En otras palabras, les permite el reemplazo de los huelguistas.

Igualmente, entre argumentos en pro y en contra de la agenda corta anti delincuencia, se vuelve a la detención por sospecha, de viejos tiempos dictatoriales. Incluye también nuevas atribuciones que se le entrega a la policía para detener y encarcelar a las personas (pobres) sin prueba alguna. Sumamos a esto la censura para evitar que los periodistas denuncien los abusos de las policías, y la mordaza a los fiscales para evitar filtraciones investigaciones de corrupción. Como si esto fuera poco, entre gallos y medianoche aprovechan de incluir algunos artículos que permitirá a TODOS los delincuentes y asesinos que cumplan 75 años abandonar la cárcel.

Esto es claramente una forma de aumentar la impunidad, que traspasa la esencia de este país, ya que al no especificar en este artículo ninguna excepción, será absolutamente aplicable a los criminales de delitos de lesa humanidad. Si sumamos a esto la visita del Senador Baldo Prokurica a los condenados en Punta Peuco, haciendo declaraciones conmovido por las “inhumanas” condiciones de los internos y las últimas declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, de que la compasión debe ser para “todos”, se completa el puzle.

Todo calza, nada es al azar. Por esta razón es que debemos reforzar la presentación de las querellas criminales que propicia la UNExPP y obligarlos a impartir justicia. Y si no lo hacen siempre tendremos el camino a la justicia internacional, además de levantar la voz y protestar en contra de estas pésimas señales que entrega el Gobierno en el ámbito de los derechos humanos, incluyendo en ellos el derecho de los trabajadores.

(Artículo en cuestión)
4º Agréguese en el artículo 33 los siguientes incisos décimo, undécimo, duodécimo y decimotercero, nuevos: “Asimismo, el tribunal podrá, de oficio o a petición de parte, previo informe favorable de gendarmería de Chile, en los términos expuestos procedentes, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad originalmente impuesta, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero, cuando la persona condenada cumpla 75 años”.

-La autora, Nelly Cárcamo, es Presidente Nacional de la Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos (UNExPP)

*Fuente: UNExPP

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